No hay garantías para que las victimas exijan sus derechos
Reproducimos el comunicado del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en rechazó al asesinato de YOLANDA IZQUIERDA, quien públicamente había reclamado el derecho a saber la verdad durante la versión libre del paramilitar MANCUSO en el mes de diciembre. Este hecho evidencia nuevamente la ausencia de Estado de Derecho en Colombia y la ausencia de garantías para por lo menos afirmar el derecho a saber, el derecho a la verdad, menos aún podremos esperar Justicia.
MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO
Comunicado a la Opinión Pública
NO EXISTEN GARANTÍAS PARA QUE LAS VICTIMAS EXIJAN SUS DERECHOS
Bogotá D.C., Febrero 1 de 2007. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia el asesinato de la Señora YOLANDA IZQUIERDO ocurrido el día de ayer en la ciudad de Montería, quien era víctima del accionar paramilitar en el departamento de Córdoba y venia asistiendo a las audiencias de versión preliminar rendidas por el jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso.
La Señora IZQUIERDO venía siendo amenazada desde Diciembre pasado, cuando asistió a la primera de las audiencias de Mancuso, hechos que fueron difundidos públicamente por el Diario El Tiempo y que puso en conocimiento de la Fiscalía de esa localidad, solicitando protección para su vida.
Yolanda Izquierdo representaba a por lo menos 700 campesinos que reclamaban sus tierras, las que se vieron obligados a vender por presión de los paramilitares. Las parcelas reclamadas habían sido entregadas en 1990 por Funpazcor (organización creada por los hermanos Carlos y Fidel Castaño Gil) como respuesta al desarme del EPL.
El asesinato cometido contra esta dirigente de los desplazados, se suma a las agresiones contra las víctimas y que sólo en las últimas dos semanas da cuenta del asesinato de FREDDY ABEL ESPITIA (presidente del Comité de Desplazados de Córdoba) y al incendio de la Liga de Mujeres Desplazadas de Turbaco (Bolívar). Estos hechos son muestra fehaciente de que el proceso de “negociación” no ha conducido al desmonte del paramilitarismo, y que el estado colombiano es no sólo cómplice sino responsable del aniquilamiento de las expresiones de organización popular.
La mal llamada “Ley de Justicia y Paz” no cumple con los derechos de las víctimas en términos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes de lesa humanidad, lo que ha sido ampliamente denunciado por nosotros. Las víctimas del terrorismo de estado vuelven a sufrir el ocultamiento y el despojo de sus derechos, y como queda evidenciado, no se les ofrece ni las mínimas garantías a su integridad personal en el proceso de visibilización, organización y exigencia de sus derechos.
COMITÉ NACIONAL DE IMPULSO