No cesan los atentados, los señalamientos, y las versiones de una próxima incursión militar en Cacarica
No cesan los atentados, los señalamientos, las ambientaciones negativas y las versiones de una próxima incursión militar en el Cacarica. Desde el desplazamiento forzoso y masivo en febrero de 1.997 hasta hoy, a pesar de las denuncias que realizamos en su momento, posteriormente con nuestra Constancias y Censuras Morales, a pesar de los llamados de la comunidad internacional y de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, las estructuras y las causas que dieron origen al desplazamiento de la comunidad negra y mestiza, continúan sin haber sido efectivamente reprimidas ni controladas, no se han evitado nuevos daños irreparables contra integrantes de la comunidad; persisten las amenazas y las ambientaciones que justifican actuaciones contra la población del Cacarica.
Bogotá, Diciembre 8 del 2.000
Doctor
ANDRES PASTRANA ARANGO
Presidente de la República
Doctor
GUSTAVO BELL LEMUS
Vicepresidente de la República
Doctor
HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA
Ministro del Interior
Doctor
ROMULO GONZALEZ TRUJILLO
Ministro de Justicia y Derecho
Doctor
ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Fiscal General de la Nación
Doctor
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Vice Fiscal General de la Nación
Doctor
JAIME BERNAL CUELLAR
Procurador General de la Nación
Doctor
EDUARDO CIFUENTES
Defensor Nacional del Pueblo
Reciban un respetuoso saludo.
No cesan los atentados, los señalamientos, las ambientaciones negativas y las versiones de una próxima incursión militar en el Cacarica. Desde el desplazamiento forzoso y masivo en febrero de 1.997 hasta hoy, a pesar de las denuncias que realizamos en su momento, posteriormente con nuestra Constancias y Censuras Morales, a pesar de los llamados de la comunidad internacional y de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, las estructuras y las causas que dieron origen al desplazamiento de la comunidad negra y mestiza, continúan sin haber sido efectivamente reprimidas ni controladas, no se han evitado nuevos daños irreparables contra integrantes de la comunidad; persisten las amenazas y las ambientaciones que justifican actuaciones contra la población del Cacarica.
* JHONY MOSQUERA, de 20 años de edad, fue asesinado el pasado 29 de noviembre en la carretera que de Turbo conduce a Apartadó, en el sitio conocido como La Caleta, localizado a 1 kilómetro del Coliseo Municipal de Turbo, donde aún se encuentran familias desplazadas del Cacarica. JHONY, desplazado del Cacarica, salió de su sitio provisional de vivienda aproximadamente a las 14:00 horas. El jueves su cuerpo sin vida fue encontrado en el sitio donde desde hace más de cuatro años, los paramilitares dejan tirados los cuerpos de sus víctimas. El cadáver de JHONY presentaba signos de tratos crueles, degollado, con machetazos en la cara, los dedos de las manos cortadas y las uñas arrancadas.
Aproximadamente, hace unos tres meses, JHONY fue detenido por los paramilitares en el caserío de Tumaradó, ubicado sobre el río Atrato, cuando regresaba con unos bultos de maíz y unas rastras de madera que extrajeron de una parcela familiar que tienen en el Cacarica. Los paramilitares le advirtieron a él y a unos familiares que lo acompañaban que era la última carga que podían transportar, “desde hoy no tienen más permiso”. Posteriormente, los paramilitares le entregaron una lista con productos que debía llevarles a su regreso de Turbo y que tenía que comprarles obligatoriamente.
* Desde Tumaradó, los paramilitares continúan haciendo presencia permanente, reteniendo embarcaciones, amenazando, intimidando. Solamente con excepción del 13 al 20 de octubre, los paramilitares dejaron de estar presentes en el retén.
Desde el 21 de octubre su presencia militar se ha incrementado. De cuatro a seis integrantes, que permanecieron durante más de seis meses a la vista de todo el mundo, se han triplicado. Los paramilitares se mantienen con armas cortas y vestidos de civil, hacen las señales para que las embarcaciones se detengan, cuando se hace caso omiso de su orden, persiguen a las embarcaciones en dos pangas que suelen pernoctar en el puerto de Turbo.
* El jueves 9 de noviembre, al promediar la tarde, una embarcación chalupa que se dirigía de Turbo al Cacarica fue obligada a detenerse. Sus ocupantes, pobladores del Cacarica, entre ellos varios indígenas, fueron obligados a bajarse y la embarcación
en que transportaban sus alimentos fue saqueada. A los pobladores les volvieron a anunciar que no iban a permitir más entrada de alimentos y que todo debían informarlo.
* El viernes 10 de noviembre aproximadamente a las 18:30 horas, varios campesinos del Cacarica que venían de Turbo se detuvieron en el caserío de Tumaradó. Inmediatamente un grupo de seis paramilitares, vestidos de civil y con armas cortas, se les acercaron y les dijeron: “se van de aquí si no quieren que los echemos al río. Fuera o si no los hundimos.”
* De acuerdo con versiones reunidas en la zona, el domingo 12 de noviembre en horas de la mañana, un grupo de aproximadamente cinco guerrilleros de las FARC – EP, a las 9:00 horas, llegaron al caserío de Tumaradó. Los paramilitares iniciaron una estampida hacia el arracachal y la vegetación acuática y otros se ocultaron entre los habitantes. Los guerrilleros después de algunas horas se retiraron del lugar y al parecer se dirigieron a Sautatá, lugar donde se encuentra una casa de Parques Nacionales.
Luego de retirarse los guerrilleros, vinieron embarcaciones tipo panga provenientes del municipio de Unguía y del sitio conocido como El 40 en los que un grupo de paramilitares recogió a la totalidad de sus integrantes.
* El lunes 13 de noviembre, de acuerdo con la versión reunida, en horas de la mañana se escuchó el sobrevuelo de un helicóptero de las Fuerzas Militares y la movilización de varias embarcaciones del Batallón Fluvial Nro. 50 por el río Atrato. Ese mismo día en horas de la tarde los paramilitares regresaron al caserío.
* El Martes 14 de noviembre, estuvieron durante todo el día cerca de 150 paramilitares en el caserío detuvieron varias embarcaciones. A sus pasajeros los intimidaron y los señalaron como auxiliadores de la guerrilla, afirmaron igualmente, como hace varios meses que iban a ingresar a los asentamientos.
A las 16:30 en una de las embarcaciones retenidas durante ese día se movilizaron dos funcionarios oficiales. A ellos les preguntaron por la Defensora del Pueblo, por el lugar dónde se encontraba, por el nombre y apellido. Los paramilitares posteriormente preguntaron: “los de la ONG y la Defensora se encuentran en Sautatá?”. Agregaron que ellos tenían que entregar la lista de sus funcionarios y que debían informarles cada vez que entraran y salieran.
* Un mes antes, el miércoles 11 de octubre, los paramilitares de Tumaradó siguieron a funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, entre las 16:30 y las 18:30. Los paramilitares persiguieron e intentaron embestir la embarcación de los agentes
que regresaban del Territorio Colectivo del Cacarica luego de realizar algunas acciones propias de sus responsabilidades. La persecución terminó en el caserío de Bocas del Atrato.
La panga de color blanco con una franja verde en que se movilizaron los paramilitares fue vista a los dos días siguientes en el Puerto de Turbo. Esta embarcación es la misma que se viene utilizando desde hace más de tres meses en el lugar, y cuya matrícula ha sido conocida por todas las autoridades nacionales.
* Tres de los paramilitares que se encuentran en Tumaradó han sido vistos en las calles y los establecimientos públicos que expenden licor alrededor del Puerto de Turbo, particularmente en los barrios Obrero y El Gaitán.
A mediados de octubre entre el 20 y 21, varios de ellos, a algunas personas de la comunidad del Cacarica que van a retornar se les han acercado diciéndoles: “No se asusten. A ustedes aquí no les vamos a hacer nada. Esperen allá – refiriéndose al Cacarica -, allá los vamos a visitar”.
* En la segunda semana de octubre en la emisión nocturna de la 21:30 del telediario del canal privado RCN se presentó una información según la cual, aproximadamente 600 hombres de los paramilitares de las Autodefensas Campesinas, al mando de un hombre apodado “El Alemán“ se estaban preparando para desarrollar una “persecución en caliente a los subversivos que crucen territorio panameño, en donde dice hay poca acción de las autoridades”.
De acuerdo con la información presentada por este noticiero, el grupo paramilitar opera en el 80% del Tapón del Darién, “patrullan constantemente la frontera en donde instalaron sus campamentos, aseguran que cuando entraron en territorio vecino encontraron campamentos de desplazados trabajando para los subversivos”.
Desde septiembre varios habitantes del norte del Chocó habían informado a nuestra Comisión de la existencia de un campamento de paramilitares en Zapzurro, en donde se encuentran desarrollando tareas de adiestramiento y preparación militar de más de 500 hombres, en comunicación con Necoclí, Unguía, Turbo, Riosucio. Dentro de las versiones que han cobrado fuerza y que se han conocido en Turbo a finales del mes de octubre, hay una en la que se expresa que, entre el 10 y el 15 de diciembre, estarían ingresando militarmente a los asentamientos, justo cuando haya culminado las etapas de retorno.
En este mismo sentido algunos paramilitares que se encuentran en Turbo a diversas personas de la comunidad en proceso de retorno, les han dicho: “vayan que allá nos vamos a encontrar”. Con estos anuncios se ha hecho una guerra psicológica con todas las familias que se encuentran dispuestas a retornar en la última fase de retorno.
* En noviembre 10 en horas de la mañana, a uno de los coordinadores de la comunidad, le hicieron llegar el mensaje que tenía que reunirse con un jefe paramilitar. El asunto que debían abordar está referido al retorno. “Usted no puede retornar, debe unirse a nosotros, porque allá se va a morir”. Por razones de seguridad este coordinador de la comunidad decidió salir de Turbo para salvaguardar su vida.
* A comienzos de este mes, el 4 de noviembre, a eso de las 11:00 a.m. un hermano de otro coordinador, fue abordado por un paramilitar en la calle principal de Turbo que conduce a Apartadó. El paramilitar lo confundió con el hermano y lo llamó por el nombre de éste, expresándole: “Vayase de aquí, porque se va a morir. Usted está de buenas pero no se le va a perdonar más.” Los reiterados mensajes de amenazas a este coordinador desde diciembre de 1.997 lo llevaron a tomar la decisión de abandonar la región a él y a su familia.
* En este enrarecido ambiente de tensión, de amenazas, de guerra psicológica frente al retorno al Cacarica, se publicó una nota comentario en el periódico El Urabaense, edición de Octubre página 5, en el que se lanzan una serie de afirmaciones contra ONG y nuestra Comisión, acerca del manejo de recursos, el trato dado a los desplazados, los intereses económicos que hay detrás de nuestro acompañamiento al retorno.
“Tres largos años han transcurrido y los desplazados de Turbo, aún no encuentran solución a sus problemáticas, las tierras a las que algunos desean retornar se encuentran en disputa, estas aún son escenarios de la guerra que libran las guerrillas de las Farc y las Autodefensas. Algunas ONGs insisten en gestionar recursos ante Organismos Internacionales que permita a los desplazados retornar a sus lugares de origen. Los proyectos que hablan de retornar han sido muy cuestionados, algunas comunidades desplazadas se oponen a estos planes, consideran que regresar a estas zonas es enviarlos nuevamente a zonas en guerra, además existen en la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en Apartadó un sin fin de quejas y de denuncias, donde se cuestiona el trabajo de acompañamiento de algunas Organizaciones No Gubernamentales, quienes ven en los desplazados una mano barata para trabajar en “granjas comunitarias” donde son tratados como siervos sin tierra. Los primeros facilitan los medios de producción, la tierra, las semillas, etc. y las familias desplazadas la mano de obra, la fuerza de trabajo; lo producido en gran porcentaje es para los primeros, los segundos únicamente alcanzan a recibir un pequeño sustento con el cual apenas pueden subsistir”.
(…) Los alimentos y demás ayudas son entregadas a aquellas familias que se han dejado asesorar de la Congregación Justicia y Paz, los que se encuentran en los asentamientos Madre Laura, Santo Ecce Homo; las otras familias que no cedieron a la manipulación y que optaron por denunciar los casos de corrupción fueron desalojadas (…)”. “Se dice que la situación ha llegado a tal extremo, que se han presentado amenazas por parte de funcionarios acompañantes de Justicia y Paz a estas personas desplazadas, quienes se han visto en la necesidad de denunciar los casos ante las autoridades competentes buscando proteger su vida, “no nos mató la guerrilla, ni los paras, para que nos venga a matar un doctorcito de estos”, son las palabras de una de las víctimas”.
Agrega el artículo que ante esta situación, los gremios bananeros y ganaderos vienen apoyando un “Proyecto Social” en el que están gestionando la compra de 1.200 hectáreas para reubicar 314 familias desplazadas; 112 familias vienen trabajando en la búsqueda de un terreno para la implementación de proyectos ganaderos o para agricultura. “De todas maneras consolidar la Paz en el Urabá es preocupación de todos, reubicar población desplazada y solucionar sus problemas fundamentales, contribuirán a convertir sin lugar a dudas a Urabá y Antioquia en la Mejor Esquina de América; más justa, más equitativa, pero sobretodo en paz y en armonía”.
Mientras la prensa regional hacía resonancia de estas afirmaciones contra las familias que desean retornar al Cacarica y contra nuestro acompañamiento, el 25 de octubre, nuestra Comisión recibió la información de una fuente de altísima credibilidad, según la cual, un grupo de los paramilitares manifestó que “el jefe de Justicia y Paz entró al Cacarica a un guerrillero. Y eso no lo vamos a perdonar más”. En el mes de noviembre, los paramilitares expresaron a varios pobladores de Turbo que necesitan hablar con uno de los de Justicia y Paz.
* En este ambiente de tensión y de cuestionamiento al proceso de Retorno al Cacarica se atravesaron nuevas dificultades, generadas por la falta de una actuación eficaz y pronta de la justicia respecto al corte ilegal e irracional de madera realizado por MADERAS DEL DARIEN, Madarién.
En una reunión convocada por la Red de Solidaridad Social entre el 23 y el 25 de octubre frente al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, la comunidad del Cacarica fue puesta en cuestión por funcionarios de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible, CODECHOCO, entre ellos un abogado. Este manifestó que el Cacarica estaba dividiendo a las comunidades del Chocó, que la Comisión Justicia y Paz manipulaba a las comunidades y querían que se encarcelaran a las comunidades, que todo lo que dice Justicia y Paz son calumnias y se estaba violando el derecho de autonomía de las comunidades.
A renglón seguido el funcionario de CODECHOCO en Riosucio expresó: “el Cacarica es una piedra en el zapato. El Cacarica promulga el racismo. No quieren trabajar con las demás Cuencas. Nosotros vamos a ir a la Cuenca del Cacarica, gústele a quién le guste vamos a entrar. De cualquier forma entramos al Cacarica, así no les guste a los que se dejen manipular”.
Efectivamente entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, varios funcionarios de CODECHOCO entre ellos el Dr. FERNANDO TEJADA, FRANCISCO SALAS y ANTONIO ARIEL PALACIO, estuvieron tomando fotografías en el sitio en el que se está construyendo el Asentamiento “Nueva Vida”.
Al lado de los tres funcionarios se encuentran dos habitantes del Cacarica. Uno de ellos, el anterior representante legal de la comunidad expulsado de la organización por ir contra el Proyecto de Vida, al haber, insistentemente, a pesar de los llamados de la comunidad, manejado irregularmente los recursos de la comunidad, y al haber, autorizado cortes de la empresa MADERAS DEL DARIEN a espaldas de la comunidad y con el apoyo de CODECHOCO.
Hacia las 13:00 horas, dos funcionarios de CODECHOCO solicitaron hablar con un líder, a lo que la comunidad respondió que era con toda la comunidad y con la Coordinación. “Nada lo hacemos solos”. Los funcionarios manifestaron que están haciendo una investigación preliminar acerca de una explotación irregular que al parecer vienen haciendo las comunidades retornadas al Cacarica en terrenos particulares. La comunidad le solicitó conocer por escrito la denuncia que existe. Uno de los funcionarios responde que el Director de CODECHOCO, LACIDES MOSQUERA lo ha hecho llegar a la comunidad. Los coordinadores le expresaron que eso no es cierto y que para la comunidad era importante conocer el escrito. Agrega el funcionario que “es una investigación preliminar y la cuestión es muy informal”.
Después de tres intentos de solicitud del texto escrito, el delegado de CODECHOCO permite leer el oficio que se encuentra en papel membreteado de CODECHOCO, fechado 20 de octubre del 2000, expediente 055-99, 07-99, firmada por JESUS LACIDES MOSQUERA, y trata sobre el aprovechamiento irregular de madera en la Cuenca del Cacarica denunciado a través de una llamada telefónica. El funcionario de CODECHOCO, manifiesta que ellos son Estado y pueden investigar. La comunidad les expresó que eso es claro y no se oponen a que se realicen, lo que ellos solicitan es el carácter de la actuación por escrito. “No nos oponemos a que investigue, los invitamos a que estén varios días, observen, pregunten y acompañen las construcciones. Nosotros no realizamos un aprovechamiento comercial. Los árboles cortados son para las unidades familiares de las casas. No entendemos porque no saben si todo es de público conocimiento. Todo lo hacemos a la luz. No hay nada oculto. El Estado nos desplazó y solo estamos ejerciendo nuestro derecho de un retorno digno y en la ley 70” (…) “ Los invitamos a que sigan la investigación y hagan una comisión. No entendemos porque en la zona donde sí se está dando una explotación ilegal e irracional con fines comerciales, CODECHOCO, no haga absolutamente nada”. Los funcionarios no responden y proponen retirarse.
Antes de partir, la Comunidad le expresa a los funcionarios que no entiende porque presenta como guía a quién en otros documentos aparece como Representante Legal del Consejo Mayor, aunque en la realidad no lo es. En ese momento el guía salta y grita: “desagradecidos, hay un poco de gente aprovechándose de la pobreza y las necesidades de la comunidad y no hacen nada”. Luego en un tono amenazante le expresó a la Comunidad: “tranquilos después nos vemos. Se van a tragar lo que están diciendo”. A varios de los Matriarcas y Patriarcas de la Comunidad les expresó: “Tranquilos que esta tierra, ya tiene dueños”.
Dejamos ante su despacho nuestra Constancia y expresión de Censura Moral porque desde hace más de nueve meses hemos dejado en su conocimiento del control que realizan los paramilitares en Tumaradó y nada absolutamente nada efectivo se ha realizado para reprimir o para controlar esta presencia de terror contra la población civil de la región. A pesar de los nombres entregados, de darse a conocer las matrículas de las embarcaciones, de señalar los lugares desde lo que se movilizan los paramilitares, nada se ha hecho. Pero no es solo la omisión que en últimas se convierte en complicidad efectiva, es también, la curiosa certeza que los paramilitares tienen para cambiar de lugar cuando existe alguna presencia naval por el río Atrato. Es la pasmosa tranquilidad, nueva forma de cinismo, como se mueven en Turbo, en Riosucio, en Unguía, en Zapzurro todo orientado desde Necoclí sin que las autoridades policiales y militares actúen.
Es evidente que sin ninguna acción de alto nivel de represión, de control, de investigación y de sanción, decidida desde sus despachos, con definición mecanismos efectivos de resultados, la masacre anunciada para los próximos días entre el 10 de diciembre, día universal de los derechos humanos, y el 15 de diciembre, se realizará más tarde que nunca, en enero, en febrero o cuando ellos lo decidan, pues cuentan con todo el apoyo, todo el aval, y la “legitimidad” de la impunidad y de la erosión del Estado de Derecho.
Mucho de lo acaecido en Tumaradó por la acción paramilitar seguirá en el tiempo siendo desconocido, tal vez olvidado. En algunos casos, los testigos o víctimas del terror en el retén paramilitar, que han compartido sus experiencias de intimidación, de amenazas, de condicionamientos, de chantajes, nos han exigido que no se nombren los hechos, ni los días ni las horas, porque para ellos pronunciar la verdad es contribuir a la impunidad y a la injusticia. Eso lo comprendemos y lo respetamos. Otros han decidido sin embargo, a pesar del temor a compartir los hechos y han autorizado revelar algunos detalles.
Sin embargo, unos y otros, los testigos o las víctimas de estas violaciones a sus derechos, han visto que todo lo que ellos han vivido, junto con sus hermanos que han estado en situación de desplazamiento en Turbo, en Cupica y en Bocas del Atrato, quiénes desde hace 11 meses están retornando, ha sido tergiversado, cuando no manipulado para hacerlos ver como responsables del desplazamiento o cuando a pesar de sus testimonios rendidos ante las autoridades competentes no han evitado por lo menos nuevos daños irreparables, ante la imposibilidad de acceder a la justicia. Ese es la gran verdad que a ellos les acompaña denunciar no lleva a la justicia, denunciar no evita nuevas muertes. Por eso, al escuchar y al saber que los victimarios están planeado nuevos daños irreparables contra la comunidad del Cacarica y nada se hace lo que va quedando para ellos es que no es posible creer en la justicia. Por eso ante el asesinato de JHONY, la víctima 81 en este proceso de organización comunitaria, retenido en el retén paramilitar, ahora víctima en Turbo, dejamos nuevamente nuestra Constancia para que algún día en la mirada internacional sea posible allanar caminos de justicia.
Crímenes sin castigo, crímenes en la impunidad, criminales fortalecidos, criminales actuando sobre seguro, crímenes ambientados bajo el pretexto de la confrontación militar a la insurgencia armada, crímenes que se orientan contra la población civil del Cacarica. Estructuras, métodos y mecanismos de represión modificados y actualizados 55 meses después de los primeros retenes paramilitares. Como el mito de un eterno retorno, la misma historia se repite y no hay nada absolutamente nada de fondo modificado.
Todos saben desde donde actúan, desde dónde operan, nuevos entrevistadores y periodistas nacionales e internacionales dialogan y ofician anunciado lo que va a pasar, largas horas de preguntas y de respuestas, graban los campamentos como los de Zapzurro o los de Necoclí, pero las autoridades no los ven no los conocen o no saben.
Es evidente una omisión conciente, que es complicidad, que va más allá y significa relación. No existen razones ni explicaciones lógicas políticas ni militares que comprendan la ausencia de una actuación contundente no solo frente al retén paramilitar en Tumaradó con todas las unidades y logística con que cuenta el Batallón Fluvial 50, porque no existen razones ni explicaciones políticas ni militares que comprendan por qué las estructuras del paraestado coordinadas desde Necoclí y desde San Pedro de Urabá con decisiones sobre la frontera con Panamá, el Atlántico y el Pacífico, no han sido reprimidas ni controladas por la Brigada XVII
Ahora, la anunciada persecución en caliente contra las FARC EP, Frente 57, que realizarán los paramilitares en la frontera con Panamá donde habitan las comunidades indígenas, las comunidades del Cacarica y otros centenares de familias entre Juradó y Zapzurro, pasando por Cacarica, Unguía, Acandí y el Parque Nacional de los Katíos, no estará dirigida a la insurgencia armada, pues desde ya está orientada a la población civil que intenta reactivar su vida económica y sus medios de subsistencia. Desde ya se está ambientando la masacre y el bloqueo económico, la negación del derecho a la alimentación, la persecución en caliente será a los campesinos, a los indígenas, porque ellos son en la política contrainsurgente la subversión. Esa vieja tesis está ahora en utilización frente al Cacarica o sus acompañantes. No es nada nuevo, lo único nuevo es que por tratarse de comunidades en frontera se hará en caliente, y frente a los anuncios como siempre nada se hará, más allá de cartas de respuesta o de unas llamadas.
Nada es extraño ni preocupante, porque cuando menos se espere van a actuar. Por eso no es extraño, lo que sucede con los medios regionales, especialmente con el periódico El Urabaense que hace unos meses enfiló los argumentos del poder de la desinformación contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ahora contra la Comunidad del Cacarica y contra nuestra Comisión; y no nos extraña porque pocas veces los medios expresan la verdad, mucho menos cuando de los pobres y excluidos se trata, y mucho menos cuando ellos hablan desde sectores de poder; pero tampoco nos extraña porque el año pasado, gracias a una intervención equívoca, a pesar de nuestros diálogos con la Defensoría del Pueblo de Urabá, en ese entonces en cabeza del Dr. PATIÑO, se animaron acciones jurídicas contra nuestra Comisión carentes de todo peso, pero con graves señalamientos en el que se nos ubicó como “clérigos” de tendencia marxista y de carácter insurreccional, así como de haber manipulado, hostigado y hasta amenazado de muerte a varias personas, lo que obligó la intervención del Comandante de la Brigada XVII. Si estos hechos alentados por funcionarios públicos nunca fueron sancionados, siquiera investigados y de los cuales ustedes tuvieron conocimiento a través de nuestra Constancia de agosto 17 de 1.999, como no esperar, que este mismo tipo de afirmaciones no puedan provenir de los sectores privados que tienen toda la influencia y la capacidad de hacerlo en la región a través de medios de prensa.
Pero detrás de todo esto, lo que nos parece grave y supremamente preocupante, es que las convicciones construidas por las comunidades del Cacarica antes del desplazamiento, fortalecida su identidad como comunidad negra y mestiza en la situación de desplazamiento, así como sus principios de Autodeterminación (postura como población civil ante la guerra), Vida (promoción, defensa de la vida humana y natural), Dignidad (ejercicio de derechos pacíficos) sean tergiversados, manipulados, puestos en cuestión para justificar de cualquier manera y de cualquier modo, graves atentados.
Es evidente que la ambientación recurrente es el comienzo, es el anuncio de algo por venir, como el asesinato de JHONY. Ante este mar de hechos solo nos queda la palabra y nuestro profundo respeto ante la decisión de la mayoría de la comunidad de continuar su proceso de Retorno, porque como ellos lo expresan: “Si nos van a matar, que nos maten en nuestra tierra y no en la de ellos. Si van a matarnos no va a ser aquí”. Esas palabras son sagradas y son una apelación en medio de la falta de voluntad política para hacer real y efectiva la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Pero la impunidad ocurre no solamente frente a sus Vidas sino en relación con los territorios en los que ellos habitan y en los que las autoridades ambientales regionales continúan amparando la ilegalidad, planeando proyectos, desconociendo las autoridades ancestrales de las comunidades, las mismas disposiciones de la ley 70, o los principios éticos desde los que se construye una democracia participativa. Por eso no es extraño escuchar a CODECHOCO contra las comunidades justo porque no amparan la ilegalidad en el desarrollo de las políticas ambientales, porque no contemporizan con la corrupción, porque no aceptan el tráfico de influencias, porque no comparten el desarrollo de propuestas y proyectos que son desconocidos por la comunidad.
Tan desolador panorama de la autoridad regional ambiental corroe hasta la administración municipal en su dilación. Desde marzo todas las acciones de derecho administrativo se han interpuesto recurso de impugnación (marzo), recursos de anulación (julio) frente a la supuesta legalidad de la representación legal del Consejo Mayor del Cacarica y hasta hoy no hay ninguna respuesta. Mientras tanto a nivel nacional, regional y local, el representante legal sancionado por las normas éticas de la comunidad, destituido fulminantemente por la comunidad, de modo legal como lo comprende la ley 70 y legítimamente con toda la autoridad moral, sigue actuando al lado de las autoridades ambientales como la representación “legal” de la comunidad.
Es evidente que mientras las empresas privadas sigan incidiendo y continúen amparadas en autoridades ambientales y en sectores del gobierno, seguirán definiendo los proyectos de las comunidades del bajo Atrato, seguirán estimulando sus beneficios particulares a partir de las necesidades de las comunidades abonadas por la ausencia de una política social del Estado que ha sido complaciente con la corrupción y responsable de la marginalidad de las comunidades negras, comunidades indígenas y ahora con todas las comunidades que han retornado desde hace tres años al bajo Atrato.
A ustedes nuestra Constancia de lo que aquí sucedió, está sucediendo y se está anunciando. Ante ustedes nuestra expresión de censura moral ante los evidentes signos de la erosión del Estado de Derecho y la consolidación de la lógica y de la actuación para estatal.
De toda consideración,
COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ