NO AL PREMIO AL PRESIDENTE DE COLOMBIA
Tengan miedo a los que matan el alma, expresa un evangelista. Un no al premio a Álvaro Uribe Vélez en Cádiz España es un sí a la Vida.
La Coordinación del Estado Español de los Comités Oscar Romero se une a las acciones de diversas plataformas de organizaciones de Europa, para intentar detener la entrega del premio a la libertad que el ayuntamiento de Cádiz otorgó al presidente de Colombia Alvaro Uribe.
Aquí la carta dirigida a las autoridades del ayuntamiento de Cádiz, responsables del premio.
http://www.comitesromero.org/denuncias/
Ver, también la carta dirigida al ayuntamiento de Cádiz, por el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad Oscar Romero -SICSAL-:
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad
con los pueblos de América Latina
“Oscar Arnulfo Romero”
Calle 61ª No. 17-26. Bogotá, Colombia.
Ruiz de Castilla No. 2692 y Sosaya, Quito, Ecuador.
Teléfonos: Bogotá (00571) 346.36.13 / Quito: (00593) 23.20.09.68
Correo Electrónico: secretariasicsal@gmail.com Página Web: www.sicsal.net
23 de febrero de 2009
Señora y señores
Teófila Martínez, Alcadesa de Cádiz
Lorenzo del Río Fernández, Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz
Rafael Sánchez Saus, Director de la Real Academia Hispano Americana
Miguel González Saucedo, Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz
Cordial saludo.
En nuestra condición de creyentes religiosos de Asia, Europa, Norte América y América Latina, aglutinados en torno a la memoria martirial y profética de Monseñor Oscar Arnulfo Romero queremos expresar nuestro profundo sentimiento de indignación por decisión del ayuntamiento de Cádiz de otorgar el premio a la libertad al Presidente de la República de Colombia Álvaro Uribe Vélez.
Razones de orden sociológico, y ético- teológico nos asisten para manifestar nuestro rechazo y nuestra solicitud de que se desista de hacerle entrega al mandatario de Colombia de este importante reconocimiento destinado a las mujeres y hombres que trabajan por la libertad.
En septiembre del año 2003, un año después de iniciado el primer mandato del presidente Uribe, todos los medios de comunicación en Colombia, reconocieron que la sociedad colombiana se estaba paramilitarizando, es decir, que los mecanismos ilegales que el Estado ha ido implementado para adelantar el control de la sociedad, se estaban imponiendo en el conjunto de la vida social. Estos mismos medios masivos de información, dieron cuenta de que este paramilitarismo se ha desarrollado en cuatro etapas a saber: 1) terror- arrasamiento; 2) represión selectiva- amenaza permanente; 3) seducción – organización comunitaria: pensamiento único; 4) institucionalización – para Estado: poder económico, político, militar y cultural.
Las cifras que dan cuenta de este proceso de paramilitarización no pueden ser más escandalosas e hirientes de la conciencia moral de la humanidad: los paramilitares, en complicidad con el Estado, son responsables de más de 15.000 desaparecidos, han asesinado más de 1.700 indígenas, 2.500 sindicalistas y cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Son responsables de la existencia de más de 3.000 fosas comunes. Entre 1982 y 2005, los paramilitares han perpetrado no menos de 3.500 masacres y se han apropiado de más de 6 millones de hectáreas de tierra de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Colombia tiene 4 millones de desplazados y es el segundo país del mundo, después de Sudan, en cantidad de desplazados, la mayoría por la actuación paramilitar.
El periodo que va de agosto de 2002 a lo que va del 2009, en el que el presidente Uribe ha ejercido como presidente de Colombia, se ha dado un proceso creciente de institucionalización del paramilitarismo en miras a la constitución de un pensamiento único que se expresa en la concentración del poder militar, político, económico y cultural de estos sectores, con graves consecuencias para el conjunto de la vida social, fundamentalmente en la pretensión de muchas y muchos hombres y mujeres del país, de construir una sociedad reconciliada que se funde en la verdad y en la justicia.
Durante el citado período militares, bajo su mando, son responsables directos, de 1.388 asesinatos, como el de los 11 jóvenes desaparecidos en enero en Soacha, muy cerca de Bogotá y después reportados como guerrilleros en combate. Como consecuencia de las evidencias en relación con su responsabilidad, el presidente destituyó a 27 militares que hoy gozan de buen retiro y de la libertad que les otorga la impunidad por los crímenes contra la humanidad de los que son responsables. A ninguno de ellos se le ha impuesto medida de aseguramiento por la gravedad de la responsabilidad que se le imputa.
Esta actuación de la Fuerza Pública motivada por la decisión gubernamental de pagar a los soldados en dinero por cada guerrillero dado de baja, se suma al pago de recompensas cuantiosas por la cabeza de los subversivos, provocando actuaciones macabras como la fuga de subalterno con la mano lacerada de su comandante para cobrar la cuantiosa suma de dinero.
En este mismo periodo, se ha desarrollado, por iniciativa del presidente Uribe, la operación más grande de impunidad de la que se tenga memoria en Colombia con el llamado “acuerdo de paz” con los grupos paramilitares: mientras se daban los diálogos, en medio de un supuesto cese de hostilidades, fueron asesinados o desaparecidas por paramilitares, desde noviembre de 2002 hasta junio de 2008, 3.600 personas. Los grupos paramilitares adoptaron nuevos nombres para persistir en el control de bastas zonas de la geografía nacional.
En lo que va del gobierno del presidente Uribe han estallado múltiples escándalos por el control paramilitar de instituciones encargadas de la inteligencia militar, dependientes directamente del mismo presidente como ocurre con del DAS. Lo mismo acontece con las instituciones encargadas de la política de tierras y de la política agraria como el Incoder, Fondo Inversión del Agro, FINAGRO, FIDUAGRARIA y el Ministerio de Agricultura.
El Congreso de la República, también es objeto del control de estas estructuras paramilitares. El 35% según reconoció el jefe paramilitar hoy extraditado a los Estados Unidos, Salvatore Mancuso, está bajo su poder. Como consecuencia de la gestión de la Corte Suprema de Justicia, 63 congresistas están vinculados en investigaciones por paramilitarismo y 31 congresistas están presos. Esta Alta Corte ha sido objeto de múltiples presiones por parte del Presidente en razón de su trabajo que ha permitido la vinculación judicial de políticos de los partidos de la coalición Uribista que lo llevó al poder.
Para nosotras y nosotros las y los seguidores de Jesús, la verdad se constituye en condición de posibilidad de la libertad: “la verdad os hará libres” ( Juan 8,32).
Un gobierno que se cimienta en los crímenes del pasado y del presente, no puede más que acudir a la mentira para intentar sostenerse. El actual gobierno ha impuesto, por la fuerza de su poder, falacias que han sido descubierta por la fuerza de los hechos y en algunos casos gracias a la presión de la comunidad internacional.
De modo recurrente, el gobierno ha afirmado que en Colombia no existe conflicto armado, para cerrar las puertas a una salida humanitaria, y a una salida política negociada que termine con una guerra de mas de 50 años en este país, afirmación desmentida por el mismo CICR; ha repetido ante la comunidad internacional que los grupos paramilitares se desmontaron; afirmación desmentida por los informes de la CIDH y otros organismos multilaterales.
En el combate a las guerrillas ha afirmado que el ingreso a Ecuador para atacar un campamento de las FARC fue una persecución en caliente informada a su vecino presidente, afirmación que fue desmentida en las sesiones de la OEA; de entrada el gobierno afirmó, luego de la “Operación Jaque” que dejó, a buena hora, en libertad a Ingrid Betancourt y a unos secuestrados más, que no había usado emblemas del CICR en la operación que los militares adelantaron; afirmación desmentida por un video que hizo público la cadena de televisión CNN; ha afirmado que decenas de campesinos han sido guerrilleros dados de baja, información desmentida por las investigaciones internas del mismo Ejército a pedido del Departamento de Estado de Usa; han afirmado que el Ejercito no disparó contra indígenas del Cauca en octubre de 2008, afirmación desmentida por videos publicados por CNN; ha afirmado que las tierras sembradas en palma aceitera del Curvaradó y Jiguamiandó por empresarios paramilitares cercanos a sus afectos han sido ya devueltas a sus verdaderos dueños; afirmación desmentida por las víctimas; ha afirmado que la masacre de San José de Apartadó del 2005 fue perpetrada por la guerrilla, afirmación desmentida gracias a la presión del congreso de Usa que obligó a la Fiscalía a adelantar una investigación en la que están vinculados 83 militares.
“¡El engaño en la guerra es virtud!” afirmó el asesor más cercano al presidente Uribe como cínica respuestas a las falsedades que se fueron desvaneciendo por el peso de las evidencias. Si bien es “virtud” para un gobierno que profundiza enormemente el vacío ético que ya se vienen apreciando en la sociedad Colombiana, no puede ser para los hombres y mujeres del mundo que orientan su comportamiento en los valores del Evangelio y en los principios del Derechos Internacional de los Derechos Humanos y Del Derecho Internacional Humanitario.
La tradición judeocristiana es clara en develar la inversión de los valores desde la que se cimienta el poder que de las mentiras hace verdades y de las verdades mentiras, que tuerce el derecho y la justicia. “Pobres de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas” (Is 5, 20) Por eso con convicción evangélica nos permitimos expresar, en conciencia, nuestra voz de censura el premio que a nombre de la libertad es estregado a un presidente que representa innumerables e irreparables daños a la concreción de este valor en un país tan sufrido como Colombia.
Apelamos a la recta conciencia de los jurados y de quienes ejercen el gobierno en el ayuntamiento de Cádiz, para que consideren los argumentos que desde nuestro sentimiento de profunda indignación hemos elevado en el día de hoy.
De toda consideración,
Vienen firmas
Por la Presidencia
Hna. Raquel Saravia
Por la Secretaría Ejecutiva
Nidia Arrobo Rodas
Por Región de Asia- Pacífico
Sean Cleary
Por la Región Norte América
Scott Swright
Por la región Caribe
Magali Millán
Por la Región Centro América
Conrado Sanjur
Por la Región Sur de Sudamérica
José Frías
Por la Región Europa I (Estado Español)
José Manuel Mira
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http://www.sicsal.net/manifiestos/CadizUribe.html->http://www.sicsal.net/manifiestos/CadizUribe.html]