No a la venta de territorios colectivos
Red De Alternativas a la impunidad y a la globalización del mercado
El Decreto 1015 es una herramienta para el despojo de territorios indígenas Organizaciones campesinas, agrarias e indígenas promovida por Alan García Pérez y destruir las formas tradicionales de trabajo, economía, organización e identidad socio cultural. Con este Decreto se modifica la Ley 26505 sobre la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional. Esta disposición exigía como requisito para la venta de tierras comunitarias el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes de la comunidad. Ahora solo se requiere de 50 por ciento más uno de los asistentes a la Asamblea sin que haya presencia de la totalidad de los pobladores y esta misma Asamblea podrá aceptar la compra de tierras. La flexibilización legal es un mecanismo que propicia el desalojo legal de las empresas extractivas.
Ante tal mecanismo de legalización de los intereses de poder empresarial privado que niega el reconocimiento de habitación ancestral, más de 7000 comunidades del Perú convocaron a un Paro Nacional de dos días, el 8 y 9 de julio. Organizaciones de Francia tomaron la iniciativa de exigir a Alan García, entre otros aspectos, el de respeto a la autonomía de las comunidades, el apoyo a sus iniciativas y la derogación del Decreto ley 1015-
Como en Perú, en Colombia, en Guatemala, en México se viene adelantando una ofensiva legislalitiva de los Estados para minar los derechos de los pueblos originarios indígenas, afros y mestizos que habitan en regiones rurales estratégicas para la extracción de sus recursos, el desarrollo de monocultivos o agronegocios. Estatutos rurales, leyes de bosques, leyes de aguas, militarización territorial son parte de una estrategia integral de desalojo mental y físico de los campesinos que deben ser convertidos en mano de obra no calificada, en cuidadores ambientales como imagen de la “explotación verde” y el resto en residuos o deshecho para las grandes ciudades.
Súmate con tu firma a la protección de la propiedad colectiva, del ambiente y los ecosistemas y de la vida de los pueblos exigiendo al Gobierno de Alán García por el bien de la humanidad
1). Anular el Decreto Ley 1015. 2). Adoptar las medidas necesarias de respeto a los derechos humanos integralmente concebidos y 3) modificar el modelo económico causante de la destrucción de la vida humana y natural
LLAMADO A FIRMAS
Alto a la venta de las tierras de las «Comunidades Campesinas» del Perú
El decreto ley 1015, aprobado el 20 de mayo 2008 por Alan Garcia, Presidente de la República del Perú, establece que la venta y las inversiones privadas en las tierras de las Comunidades Indígenas y Campesinas de este país pueden ser autorizadas por el voto de una mayoría simple (la mitad de miembros más un voto), de los miembros de las asambleas comunales. Este decreto modifica la ley 26 505 que exigía como requisito el voto del 66.6 % de los miembros calificados de cada comunidad para la venta de tierras comunales.
Alan Garcia ha decidido de pasar por la fuerza, sin contar con el acuerdo del parlamento, contra el artículo 89 de la Constitución que declara estas tierras comunales imprescriptibles, inalienables e inembargabilidades. Sin respetar los convenios internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas firmados por el Perú, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Autóctonos, cuyo artículo 8 condena « Todo acto teniendo por objetivo o por efecto de desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos», asi como la Convención 169 de la OIT que impone a los gobiernos, consultar a los pueblos indígenas las medidas legislativas o administrativas que les pueden afectar.
Son más de siete mil comunidades y centenas de miles de familias de los Andes y de la Amazonía que están amenazadas por esta medida. Que como lo señala la AIDESEP (Asociación Inter-étnica por el Desarrollo de la Selva Peruana) pone en peligro la existencia de la propiedad comunal, y hace correr el riesgo de la desaparición de la comunidad o de una población indígena. Las tierras comunales en el Perú son la base material de la vida de las Comunidades Campesinas, institución ancestral, espacio de identidad social, económica y cultural de los pueblos indígenas, donde la vida se organiza en base a criterios democráticos y de justicia social, y la práctica de antiguas formas de trabajo en común de la tierra (minga, ayni).
Este decreto ley responde a una estrategia del gobierno peruano, que critíca el régimen tradicional de administración de las tierras colectivas, las grandes superficies no utilizadas en la Amazonía, asi como las protestas sociales y las reivindicaciones políticas de las ONG, de los movimientos sociales, de los sindicatos, etc. como los obstáculos principales al desarrollo económico y social del Perú. Con este decreto ley pretende acabar con estas «taras» de tiempos pasados para que el Perú entre definitivamente en la modernidad.
El Perú es un país rico en recursos naturales (minas, pesca, tierras agrícolas, selva amazónica), que se sitúan en grand medida en las tierras comunales, se ha convertido hoy en «El Dorado» de las empresas multinacionales. La corrupción de los dirigentes comunales por las empresas toma proporciones alarmantes. Los enfrentamientos entre los comuneros y las empresas son frecuentes. Los primeros denuncian los problemas de contaminación y de salud pública y las ambiciones de monopolio sobre los recursos naturales, la tierra, el agua de parte de las empresas. Este nuevo decreto ley creará una fuerte inestabilidad social, y abrirá la puerta a divisiones internas y conflictos entre campesinos mismos.
Pedimos al gobierno de Alan Garcia de :
Proceder a la anulación del Decreto ley 1015
Velar por el respeto de los derechos humanos y sociales y las libertades democráticas de las «Comunidades Campesinas» una de las poblaciones más vulnerables y del pueblo peruano.
Modificar profundamente las política económicas y el modelo ultra liberal de desarrollo del gobierno, que privilegia las inversiones privadas incapaces de armonizar el crecimiento económico y la justicia social, e incompatibles con la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible del país. Asi mismo pedimos al gobierno asumir su parte de responsabilidad en los graves problemas ambientales del planeta.
Nos solidarizamos con la Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por las Industrias Mineras en el Perú (CONACAMI), la Coordinación Andina de organizaciones Indigenas (CAOI) y los numerosos movimientos regionales (Loreto, Madre de Dios, Puno, Cuzco, Apurimac, Ancash) y otros que están mobilizados para pedir la anulación inmediata del Decreto ley 1015.
Paris, 3 de julio 2008
Contacto : Helia Caceres
00 33 + 1 41 13 67 76
00 33 + 6 01 96 82 83
projet@franceameriquelatine.fr y mondecolo@free.fr
Organizaciones firmantes :
France Amérique Latine (FAL)
Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement (CCFD)
France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand
Centre de Recherche et d’information pour le Développement (CRID)
Survival International France
Université Populaire José Carlos Mariategui (UNIPOMA-France)
ATTAC-France
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)- France.
CDLP (Comité de Défense des Luttes du Peuple péruvien)
Les Alternatifs
Association latino-américaine “TINKU”
Coordination Populaire Colombienne à Paris (CPCP)
CIALN, (Comité d’Information sur l’Amérique Latine de Nanterre – France)
Le Cercle Bolivarien de Paris
CSIA-Nitassinan,
Terre et Liberté pour Arauco,
Fondation Frantz Fanon,
Edition Cultures Croisées,
Union des Associations latino-américaines en France,
Cercle d’Etudes Jose Carlos Mariategui,
Association des marchés paysans 34 France…
APPEL A SIGNATURES
Halte au bradage des terres des « Comunidades Campesinas » du Pérou
Le décret législatif 1015, approuvé le 20 mai 2008 par le Président de la République du Pérou Alan Garcia, établit que la vente et les investissements privés sur les terres des communautés indigènes et paysannes de ce pays peuvent être autorisés par vote de la majorité simple (la moitié des membres plus une voix) des membres des assemblées communales. Ce décret modifie la loi 26 505 qui exigeait comme pré requis le vote de 66.6% des membres qualifiés de chaque communauté pour la vente des terres communales.
Alan Garcia a décidé de passer en force, sans l’avis du Parlement, et allant à l’encontre de l’article 89 de la Constitution qui déclare ces terres communales imprescriptibles, inaliénables, et insaisissables. Mais également à l’encontre des conventions internationales sur les droits des peuples Indigènes signées par le Pérou, telle la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui dans son article 8 condamne «tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources », ou la Convention 169 de l’OIT qui impose aux gouvernements de consulter les populations indigènes sur les mesures législatives ou administratives qui peuvent les affecter.
Ce sont plus de sept mille communautés et des centaines de milliers de familles des Andes et de l’Amazonie qui sont menacées par cette mesure qui, comme le souligne l’AIDESEP (Association Interethnique pour le Développement de la Forêt Péruvienne), met en péril l’existence même de la propriété communale en faisant courir le risque de la disparition de la communauté ou d’une population indigène. Les terres communales au Pérou sont la base matérielle de la vie des « Comunidades Campesinas », institution ancestrale, espace d’identité sociale, économique, culturelle des peuples Indigènes, où la vie s’organise autour des critères démocratiques et de justice sociale, et la pratique d’anciennes formes de travail en commun de la terre (minga, ayni).
Ce décret répond à une stratégie du gouvernement qui dénonce le régime traditionnel de gestion des terres collectives, les grandes superficies non utilisées dans l’Amazonie, mais aussi les protestations sociales et revendications politiques des ONG, mouvements sociaux syndicats, etc., comme principaux obstacles au développement économique et social au Pérou. Il promet de s’attaquer à ces tares d’un autre âge pour que le pays entre définitivement dans la modernité.
Le Pérou un pays riche en ressources naturelles (mines, pêche, terres agricoles, forêt amazonienne), sises pour la plupart sur des terres communales, est devenu aujourd’hui « l’El Dorado » des entreprises multinationales. La corruption de dirigeants communaux par les entreprises est pratiquée à grande échelle. Des confrontations violentes entre les « comuneros » et les entreprises ont lieu régulièrement. Les premiers dénoncent les problèmes de pollution, de santé publique et les ambitions de monopole sur les ressources naturelles, terre et eau exercées par les entreprises. Cette nouvelle norme créera une forte instabilité sociale, ouvrant la porte aux divisions internes et conflits entre paysans.
Nous demandons donc au gouvernement d’Alan Garcia de :
Procéder à l’annulation du D.L 1015,
Veiller au respect des droits humains et sociaux et des libertés démocratiques des «Comunidades Campesinas», parmi les populations les plus vulnérables, et du peuple péruvien,
•Modifier profondément les politiques économiques et le modèle ultra libéral de développement en vigueur au Pérou, privilégiant l’investissement privé, incapable de concilier croissance économique et équité sociale, incompatible avec la lutte contre la pauvreté et un développement soutenable. Nous demandons par ailleurs au gouvernement d’assumer sa part de responsabilité dans les graves problèmes environnementaux de la planète.
Nous nous solidarisons avec la Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confédération Nationale des Communautés Affectées par les industries minières au Pérou (CONACAMI), Coordination Andine d’organisations Indigènes (CAOI), et les nombreux mouvements régionaux (Loreto, Madre de Dios,Puno, Cuzco, Apurimac, Anchash et autres qui se sont mobilisés et demandent l’abrogation immédiate de ce décret-loi).
Paris, le 3 juillet 2008
Contact : Helia Caceres
00 33 + 1 41 13 67 76
00 33 + 6 01 96 82 83
projet@franceameriquelatine.fr et mondecolo@free.fr
Premiers signataires
FAL, CCFD, CRID, France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand, Survival International (France), CDLP, Les Alternatifs, Association latino-américaine “TINKU”, Coordination Populaire Colombienne à Paris (CPCP), CIALN, Le Cercle Bolivarien de Paris, CSIA-Nitassinan, UNIPOMA, MRAP, Terre et Liberté pour Arauco, Fondation Frantz Fanon, Edition Cultures Croisées, Union des Associations latino-américaines en France, Cercle d’Etude Jose Carlos Mariategui, Association des marchés paysans 34 France…
FRANCE AMERIQUE LATINE
37, Bd. Saint Jacques 75014 Paris
Tél. (33)1 45 88 27 04 Fax : (33)1 45 65 20 87
Email : projet@franceameriquelatine.fr
Súmate a la acción de exigencia al Estado peruano suscribiendo la comunicación enviando su firma projet@franceameriquelatine.fr et mondecolo@free.fr
Súmate en un acto de solidaridad con los pueblos originarios y campesinos de Perú enviando mensajes de respaldo ético y político al Paro Nacional el 8 y 9 de julio para que se respenten sus derechos
Súmate a las exigencias de los pueblos conociendo la Sentencia del Tribunal de los Pueblos que sesionó el 15 de mayo en Perú
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A la impunidad y a la Globalización del Mercado
Julio 4 de 2008