No a la exploración ni a la explotación
Un despertar de la sensibilidad colectiva parece despertar en sectores que tradicionalmente aparecían ajenos a la crisis ambiental, a los intereses de las multinacionales sobre los territorios y la vida de los colombianos. En Cartagena y Santa Marta la discusión se ha hecho pública pues los intereses de complejos hoteleros ven diezmados sus ganancias con la construcción de obras de infraestructura para la salida al mar de la extracción de recursos naturales. Pero al mismo tiempo, los excluidos, los sectores medios de la población empiezan en medio de los intereses de los sectores del capital a dar su opinión, a expresar su objeción a tanta expoliación.
Igualmente, en dos regiones, el Bajo Atrato y el Catatumbo, en donde el gobierno actúa de modo claro a favor de los intereses transnacionales, simulando el ejercicio del derecho a la consulta, militarizando y judicializando a las organizaciones y comunidades indígenas, campesinas mestizas y afrocolombianos se enfrentan al poder económico multinacional que usa formalmente el Derecho de Consulta para imponer la extracción de los recursos naturales. Aparición inusitada o mejor explícita de los intereses del capital internacional en medio de la implementación de la política de seguridad “democrática”, con su estela de legalización o institucionalización paramilitar, la judicialización de los líderes sociales, la reingeniería paramilitar, combinada con la configuración del Estado Comunitario
Hace menos de tres semanas en el Carmen del Darién, delegados de la Muriel Mining Corp. presentaron un supuesto balance de las “consultas” realizadas desde Marzo 2006. En realidad tres reuniones de recolección de información empresarial sobre el pensar y el sentir comunitario indígena y afrocolombiano para acomodar esas solicitudes a las técnicas de consentimiento y de control social, en las que se oculta la verdad sobre la destrucción ambiental, las afecciones sobre la vida colectiva.
Más allá de “las bellezas” con las que se presentó la explotación a cielo abierto para la extracción de moligdeno, oro y cobre, la empresa con una actitud candorosa explicó que en la etapa previa se harían solo 6 “huequitos”, uno por cada 25 hectáreas, con una profundidad de 300 a 600 metros y de 25 a 30 cm. Pequeña labor de año y medio, para comprobar si en el Jiguamiandó existen minerales; hallazgo que no requiere mayor investigación, pues es claro que existen informes científicos y técnicamente elaborados que así lo corroboran, y que dejan en claro, que se causaría una afección profunda sobre la identidad indígena. La empresa indica que si se encuentran minerales habría un proceso de consulta para la explotación y esta empezaría en unos 5 años. Y agregan, que “la exploración no creará ningún tipo de impacto” y el Ministerio del Interior será veedor del proceso en el que se respetaran las tradiciones de las comunidades. Cómo quién dice, si pero no, que en realidad es un Sí a la exploración y explotación.
La objeción de la mayoría de las comunidades indígenas, en particular, los que habitan el Resguardo de Coredocito y Uradá fue evidente. Ellos expresaron que no estaban de acuerdo ni con la exploración ni la explotación del Cerro. Los habitantes de los resguardos indicaron que no han sido consultadas todas las comunidades, ni afros ni mestizas, que sus lugares sagrados van a ser afectados y su identidad cultural. Incluso, a pesar de que se niegue que la exploración esté desligada de la militarización, es claro que, la forma como se piensa asegurar la desterritorialización es con las armas, mucho más en esta fase de la institucionalización paramilitar y la reingeniería militar. La misma decisión de objeción y de negación a la exploración fue expresada por las mujeres que estuvieron en la reunión. Los afrocolombianos que habitan en las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad han objeto la iniciativa empresarial han afirmado un no público, a pesar de que no han sido ni convocado ni consultados, pues, como siempre, se usa de testaferros.
Los pueblos que habitan ancestralmente el Bajo Atrato están en altísimo riesgo por la implementación de la Interconexión Eléctrica, la carretera panamericana, el poliducto al pacífico, los agronegocios de palma, de plátano y de banano, y la extracción maderera, estos tres últimos con control paramilitar. La decisión de un no ante el proyecto del Cerro Cara de Perro es una decisión por el bien no solo de las comunidades locales sino para el bien de la humanidad, justo cuando el calentamiento global.
La misma postura han asumido las organizaciones de los pueblos indígenas, mestizos que habitan en el Catatumbo respecto a la extracción carbonífera. La región geoestratégica fronteriza con Venezuela, punto de interconexión de infraestructura energética, de comunicación del comercio transnacional, la extracción petrolera, gasifera y agreonegocios de palma y extensión ganadera, recientemente se han pronunciado por la NO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES POR PARTE DE LAS EMPRESAS NACIONALES, MULTINACIONALES Y TRANSNACIONALES
La Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia, Asocbari; la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, el Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca desde un ejercicio de la memoria han reconstruido el sentido de la concesión que favoreció los intereses extranjeros en 1905, con la que se posibilitó la ocupación y usurpación del territorio, el etnocidio del pueblo Barí y por tanto han afirmado la protección ambiental. Las organizaciones identifican claramente que a los intereses petroleros se suman los de la extracción carbonífera, lo que explica la militarización territorial Brigada 30, “Aguilas Negras” y las fases previas de operación paramilitar de desalojo violento, desapariciones forzadas, y millares de Crímenes de Lesa Humanidad. Los beneficiarios, los rostros ocultos que se disfrazan de progreso son las empresas la Compañía Minera Río de Oro, Compañía Minera La Esmeralda, Promexco, Sopromin, Carbo Fuels and Minerals, Geofisin EU, Prominorte, y, Mora y Mora Multinversiones Mineras que pretenden operan sobre 25.000 hectáreas de los municipios de Convención, Teorema, Tibú y El Tarra y en zonas de Resguardo del Pueblo Barí. La explotación es mucho mayor que la que se ha realizado en El Cerrejón en la Guajira. Como en el bajo Atrato, no solo se trata de la extracción de los recursos sino también de agronegocios como la palma africana, se pretende pasar de 6000 hectáreas sembradas en palma a 20.000 hectáreas y de la instalación de una planta extractora de aceite.
Despertar de sentidos colectivos, de sujetos históricos, quiénes a pesar de la represión, de la destrucción de proyectos de vida, hoy continúan erigiéndose como protectores de la vida no solo la suya sino la de la humanidad, sometida a una crisis ambiental, expresión de las secuelas de la idea de “progreso” en la que se ha fundado el terror de Estado, el terror empresarial y los Estados sin derecho.
Adjunto
1. COMUNICADO DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL BAJO ATRATO
2. COMUNICADO DE ORGANIZACIONES DE CATATUMBO ASCAMCAT
3. La Riqueza perturba en Cara de Perro http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/nacion/2007-08-20/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3687519.html
4. Hasta la vida darán indígenas embera para evitar explotación de cobre, molibdeno y oro http://media.eltiempo.com/nacion/medellin/2007-08-19/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-PRINTER_FRIENDLY-3686471.html
Riosucio Chocó septiembre 26 de 2007-10-02
Señores:
ONIC, ASOCIACIÓN OREWA, ACILEL, OIA, OXFAN, JUSTICIAYPAZ, PARROQUIA DE RIOSUCIO, PASTORAL SOCIAL, OPCIÓN LEGAL, ASCOBA, COMUNIDADES EN GENERAL Y DEMÁS ORGANIZACIONES.
Se les informa a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, indígenas y afro, locales, departamentales, regionales y extranjeras, que el cabildo mayor de indígenas de la zona del bajo Atrato y del Uraba Chocoano – camizba.
1. No está apoyando ni de acuerdo con los procesos de exploración y explotación que la compañía la Muriel Minig corporation piensa desarrollar en el cerro Care Perro, hoy llamado Mande Norte, Ubicada exactamente en los territorios del resguardo indígena de Urabá – Jiguamiandó y el consejo comunitario de la cuenca del río Jiguamiandó, jurisdicción del municipio del Carmen del Darién.
2. Que no han delegado a ninguno de sus miembros para que hable con los gobernadores de Coredocito y Urabá a favor de la firma con dicha empresa.
3. Que ningún miembro de Camizba está autorizado para negociar, firmar o interlocutar con personal de la compañía Muriel.
4. Y si así lo hicieran, estarían en contra de los principios y reglamentos internos de nuestra organización y de los históricos procesos de lucha que nos ha caracterizado a los pueblos indígenas del Bajo Atrato Chocoano.
5. y se verían sometidos a cumplir con las sanciones dadas por nuestra justicia indígena.
Agradeciendo por su entendimiento
MARINO SALAZAR TILBARO MEMBACHE
Presidente Camizba Secretario Camizba
POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO: NO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES POR PARTE DE LAS EMPRESAS NACIONALES, MULTINACIONALES Y TRANSNACIONALES
La ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL CATATUMBO – ASCAMCAT, en el marco de la defensa integral del territorio, de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, de la autodeterminación de los pueblos y en la lucha por una vida rural digna, expresa a la comunidad nacional e internacional su OPOSICIÓN a las actividades de EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN de los recursos naturales no renovables del Catatumbo Colombiano adelantada por diferentes empresas de índole nacional, multinacional y transnacional.
El Catatumbo es una zona de gran importancia geoestratégica debido a su condición de frontera con Venezuela así como su cercanía al Lago de Maracaibo, pues se convierte en un punto de interconexión de toda la infraestructura energética, de transporte, ambiental, social e industrial que requiere el comercio transnacional. El Catatumbo y el Estado Zulia se relacionan especialmente en la explotación carbonífera, petrolera, gasífera, agroindustrial, forestal y ganadera.
La historia de ésta región ha estado marcado por la violencia, la agresión y la usurpación, que ha contado con la aprobación del gobierno de turno, ejemplo de ello ha sido la nefasta concesión Barco, firmada el 16 de octubre de 1905 por el presidente Rafael Reyes, en donde se favorecía inicialmente al general Virgilio Barco Martínez y posteriormente a las empresas norteamericanas Mobil Texas y la Tropical Oil Company, con la autorización para usufructuar el petróleo de alrededor de 200 mil hectáreas baldías del Catatumbo por un plazo de 50 años, exento de impuestos y con unas ganancias para el estado de un paupérrimo 15% de las utilidades líquidas. Esta concesión no sólo favoreció los intereses extranjeros sino también la ocupación y usurpación del territorio y por ende el etnocidio del pueblo Barí, pues la estrategia militar auspiciada por el gobierno de Reyes generó la creación de cuadrillas especiales del ejército para contener la fuerza y la resistencia de los indígenas Barí y así facilitar la entrada de dichas empresas a regiones inhóspitas y “salvajes” donde se podrían encontrar reservas de petróleo.
Hoy en día, luego de 100 años, la historia se repite pero ésta vez, los intereses no sólo se centran en los yacimientos petroleros sino también en las grandes riquezas carboníferas de la región. Actualmente la explotación de carbón representa uno de los mayores intereses en el Catatumbo, ya que se pretende en la zona realizar actividades de exploración y explotación del mineral a cielo abierto, pues las reservas son superiores a las del Cerrejón (Guajira). Las empresas que se encuentran tras este megaproyecto en el Catatumbo son aparentemente dos empresas canadienses, una mexicana y cinco colombianas : Compañía Minera Río de Oro, Compañía Minera La Esmeralda, Promexco, Sopromin, Carbo Fuels and Minerals, Geofisin EU, Prominorte, y, Mora y Mora Multinversiones Mineras. Las empresas impactarían una zona superior a 25.000 hectáreas, en los municipios de Convención, Teorema, Tibú y El Tarra.
Pero hablar de explotación a cielo abierto implica hablar de los impactos ambientales que generaría en el medio ambiente y esto no significa sólo las alteraciones de Fauna y Flora sino también la afectación de la calidad de vida de los campesinos catatumberos e Indígenas Barí. En este sentido, es pertinente decir que la exploración y explotación del Carbón a cielo abierto tendrá como resultados la alteración del paisaje; la afectación de la calidad del agua superficial y agua subterránea ya que impactaría considerablemente caños como Caño Mariela, Caño Danta, Caño Pereza, Quebradas y Ríos, todos éstos afluentes que surten al río catatumbo el cual desemboca en el lago Maracaibo(Venezuela) que son vitales para la vida humana, animal y vegetal; los ecosistemas terrestres como por ejemplo: el oso perezoso, el oso de anteojos, el pajuil, sadinos, guagua, picure, aves, plantas de uso medicinal ancestral, cultivos de pan coger (yuca, plátano, maíz, arroz, fríjol entre otras) y las fuentes hídricas que hacen parte de la vida y existencia del ser humano y del entorno; los ecosistemas acuáticos indispensables para la vida de los Indígenas Motilón Bari y de los Campesinos que vivimos de la pesca del bocachico, la mariana, el mana mana, etc; impactaría también las características del suelo, la salud y especialmente la calidad del Aire, debido a la contaminación que generaría y a la falta de vegetación para la producción de oxígeno; igualmente, las rutas de movilización pues ya no podremos transitar por los caminos de herraduras ni por los caminos ancestrales del Pueblo indígena Bari; las actividades de subsistencia se verían también afectadas ya que no se podrá sembrar los cultivos que constituyen la dieta alimenticia de los campesinos e indígenas, y por ende las actividades culturales, especialmente las del pueblo Bari, que tiene lugares sagrados importantes para su cosmovisión; y ni que decir de las alteraciones que en materia de orden público traería pues el incremento de las Fuerzas Militares ya fue mencionado por parte del gobierno nacional para cuidar los intereses de las Empresas Multinacionales.
Por ejemplo, únicamente en 1531 hectáreas ubicadas en la vereda Caño Mariela , se pretende la explotación durante el primer año de 60.000 toneladas proyectando llegar el quinto año a 790.000 toneladas. Además, a la par de la explotación, se pretende la implementación de líneas férreas y tres termoeléctricas para generar 18 Mw/h donde se consuman aproximadamente 35.000 toneladas de carbón no exportable. La explotación a cielo abierto de carbón ocurrirá en zonas de resguardo y ancestrales del pueblo Barí.
La construcción de la vía Tibú – La Mata , conocida como “la troncal del carbón”, la cual está recibiendo el impulso de las autoridades departamentales y del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien está interesado en que el departamento tenga una salida al mar propia, para la movilización de los productos de mineros y agrícolas. La inversión en la adecuación y pavimentación de la vía la calcularon en $220.000 millones y el presidente Uribe en el Consejo Comunal del 29 de enero de 2006, en Tibú, anunció el aporte de $50.000 millones para iniciar las obras. Se trata de que el carbón que se explota en la zona del Catatumbo tenga una salida a los mercados internacionales por territorio colombiano. Hoy los industriales del carbón están utilizando la vía del lago de Maracaibo, en territorio venezolano. Se pretende por medio de esta vía exportar 2 millones de toneladas de carbón al año, con un promedio diario de 7575 toneladas, en vehículos con capacidad de 32 toneladas.
Sumado a esto, la presencia del Estado es casi inexistente, y prácticamente lo hace a través de la Fuerza Pública, más en términos de una política de control territorial y social que ofrezca estabilidad política a los grandes inversionistas y proyectos económicos, que con la intención de proteger y mejorar las condiciones de vida de la población civil. Es así como en el Catatumbo operan la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, la cual está conformada por el Batallón de Infantería “Francisco de Paula Santander”, Batallón de Infantería “García Rovira”, Grupo Mecanizado GMAZA, Batallón de Servicios No. 30, Batallón del Plan Energético Vial No. 10, Batallón de Contraguerrillas No. 46 “Héroes de Saraguro”, con puesto de Mando en Tibú. Así mismo, hace presencia la Brigada Móvil No. 15 con el Batallón Contraterrorista No. 95 “Ricardo Díaz” y la Brigada Móvil No. 5 con el Batallón Contraterrorista No. 45 “Héroes de Majagual”, las cuales suman más de Diez mil soldados operando en Norte de Santander, además se proyecta la implementación de nuevas brigadas móviles, las 20 y 21, las cuales entrarán en funcionamiento antes de finalizar el 2007 y cuyo objetivo es garantizar la seguridad a proyectos mineros, petroleros y agrícolas promovidos por el gobierno en la región del Catatumbo.
En este sentido, la militarización de la región del Catatumbo también está encaminada a promover la implementación de monocultivos extensivos agroindustriales de cacao y palma africana. En el caso de la palma africana se proyecta llegar a cubrir 20.000 hectáreas (actualmente existen alrededor de 6200 hectáreas sembradas) y construir, en el corregimiento de Campo Dos (Tibú), una planta extractora de aceite, esta planta tendrá un costo de 8000 millones de pesos, de los cuales la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos – USAID, pondría 1200 millones. Las obligaciones adquiridas por medio de créditos y endeudamientos para poder adelantar los procesos de explotación hacen que los campesinos de la región corran el enorme riesgo de perder sus tierras, el interés en la implementación de estos cultivos se remonta al gobierno de Andrés Pastrana, cuyo Ministro de Agricultura, Carlos Murgas Guerrero, fue el promotor de la palma aceitera en el Catatumbo, y hoy aparece como socio mayoritario de la promotora hacienda las Flores Ltda. y de la planta extractora Catatumbo.
Todo este panorama se ha visto agravado por la incursión Paramilitar que ha marcado la historia de la violencia en la región con más de 100.000 desplazados, más de 10.000 muertos y más de 600 desaparecidos. La estrategia paramilitar ha permitido a las transnacionales un control territorial en la región y ha generado el desplazamiento de las comunidades que allí habitan facilitado sus actividades de exploración y explotación de los recursos naturales.
Así mismo el rearmamiento de reductos paramilitares ahora conocidos como Águilas Negras, poco después de la desmovilización realizada en el marco del supuesto proceso de paz entre Uribe y las AUC [Bloque Catatumbo y Bloque Norte], ha generado que la población catatumbera se sienta nuevamente intimidada, pues la misma Fuerza Pública le ha manifestado a los pobladores que después de ellos vienen las Águilas Negras y que hay presencia de ellas en las tropas regulares. Lo paradójico, es que dichos grupos vienen presentándose en zonas en las que anteriormente hizo presencia el Bloque Catatumbo y dentro de sus líderes se reconocieron varios mandos medios regionales de las AUC, algunos de ellos participantes del proceso de Ralito, como “Camilo”, “Omega”, “Jhon Palma” y “Sinaí”, los tres primeros asesinados y el último detenido por la policía.
Otro aspecto que ha perturbado la región del Catatumbo son las fumigaciones indiscriminadas que bajo el discurso de una política antinarcóticos ha afectado no solo los cultivos de pan coger del campesinado, sino que también ha afectado las zonas de reserva forestal, el parque natural binacional, los resguardos indígenas y el territorio tradicional. (Como estrategia para generar desplazamiento y dejarle la vía libre a los intereses de las multinacionales sin importar La Vida y dignidad humana del Pueblo catatumbero.
Los fuertes intereses que se proyectan en el Catatumbo hacen creer que se recurrirá nuevamente al terror como mecanismo que permita la implementación de los megaproyectos, las fumigaciones indiscriminadas, la fuerte militarización y los altos niveles de crecimiento de los grupos paramilitares en la zona son un síntoma de lo que se puede presentar y que ya en épocas anteriores vivimos los catatumberos.
Las masacres, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las detenciones arbitrarias, los empadronamientos a la población civil, los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, los bloqueos económicos, señalamientos hacia la población civil por supuestos “reinsertados”, la estigmatización del movimiento popular, el pillaje, los bombardeos indiscriminados, etc., son el resultado de la implementación de esta nueva estrategia para la exploración y explotación de la riqueza natural de la región.
Ante este panorama, sólo la unidad de acción del pueblo Catatumbero en los diferentes escenarios que se planteen (sociales, políticos, jurídicos, etc.) podrá impedir que la zona se convierta en un socavón bordeado uniformemente de palma, custodiado por militares y paramilitares, donde todos los recursos y riquezas marchen sobre rieles hacia el extranjero en la repetición sin fin de la historia de nuestro continente: tener la riqueza y no disfrutar de ella, porque así funcionan las estructuras contemporáneas del despojo, ese es el destino que el capitalismo tiene para el campesino y para el pueblo indígena Barí.
Es por esto que la Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia – ASOCBARI, Comité de Integración Social del Catatumbo – CISCA y la Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT, hemos unido esfuerzos, como sujetos históricos comprometidos en la defensa del territorio y la vida digna, para impedir el saqueo de nuestras riquezas como hace cinco siglos.
Por lo anterior, la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL CATATUMBO – ASCAMCAT, aclara:
1. Las empresas Carboníferas han desconocido los derechos de las comunidades campesinas y del pueblo indígena Barí asentadas en la zona del Catatumbo Colombiano.
2. El pueblo indígena Barí NO participó en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de Manejo, toda la información que dan sobre las características de la población indígena son MENTIRAS, desconocen la organización de las comunidades ancestrales, su ubicación, su cultura, sus usos y costumbres.
3. No se han adelantado procesos de consulta previa ni con indígenas ni con campesinos, todo lo contrario han desinformado y mencionado que las comunidades ha autorizado dichas actividades o recibidos dineros.
4. Según lo expresado por el presidente de Aso juntas del corregimiento de La Gabarra, Benito Chacón Rodríguez, en comunicación fechada noviembre 20 de 2006 a ASCAMCAT, en la que solicita “respeto por la decisión avalada por 27 líderes comunales, en la cual permiten que las empresas que ya hicieron presencia continúen en sus labores de sus estudios sísmicos en la zona del Catatumbo, ya que las más beneficiadas son nuestras comunidades, generando así empleo y desarrollo económico para las familias más necesitadas”. Frente a esto queremos informar que el señor Dionel Carranza, miembro activo de nuestra asociación manifiesta no haber participado de reunión o asamblea alguna el día 19 de noviembre, mucho menos firmado en respaldo al oficio y que por lo tanto la firma allí consignada no es la suya. En reunión sostenida por esta Asociación el 7 de diciembre de 2006 con el señor Chacón e Ingenieros de la Compañía Geofísica Latinoamericana – CGL y comunidades campesinas e indígenas, el señor Benito Chacón ratificó que la firma del dirigente comunal fue falsificada por el Mayor del Ejército con sede en La Gabarra.
5. Las zonas en las cuales se van adelantar la exploración del carbón a cielo abierto, ha sido sometida a la más cruel violencia paramilitar para desalojar a los habitantes de esta región desde 1999, ahora son víctimas de la militarización y la violación a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, bombardeos, amenazas, bloqueos económicos, tratos crueles y denigrantes, etc.
6. Existen en estas zonas decenas de fosas comunes con las víctimas de las masacres y asesinatos cometidos.
7. En las zona donde se quiere adelantar la exploración del carbón a cielo abierto se iniciaron nuevamente fumigaciones desde el 25 de julio de 2007, realizando aspersiones indiscriminadas sobre los cultivos de pan coger, las fuentes hídricas, y fauna y flora.
Por la defensa de nuestros recursos naturales y de nuestro ecosistema, por la creación de una conciencia colectiva entorno a la explotación racional y de beneficio general de nuestros recursos naturales, entendiéndolos como un patrimonio nacional que debe contribuir al desarrollo y del bienestar social colombiano
ASOCIACIÒN CAMPESINA DEL CATATUMBO – ASCAMCAT
Basados en el documento El Catatumbo: los intereses que se mueven, las amenazas que se esconden de Freddy Ordoñez. Ver: www.prensarural.org/spip/spip.php?article635
Agosto 20 de 2007
La riqueza perturba en Careperro
El cerro que lleva este nombre tiene un valor espiritual para los embera del Atrato Medio y será objeto de exploración por una empresa minera. Los líderes indígenas dicen que se opondrán con su propia vida a la explotación de cobre, oro y molibdeno en ese sitio, ubicado en los límites entre Antioquia y Chocó.
Una prohibición ancestral de los embera que habitan en el Atrato Medio dice que solo los jaibaná -sus médicos tradicionales- pueden subir al cerro Careperro a comunicarse con los espíritus que curan y neutralizan tragedias.
Por eso, ante la posibilidad de que esta cumbre entre en un área de exploración entre Antioquia y Chocó para buscar cobre, molibdeno y oro, los dirigentes indígenas sostienen que lucharán con el tesón del choiva o almendro.
Así llaman a un árbol maderable que crece en la zona. El tronco es fuerte, el follaje escaso y aun cuando se pudre permanece erguido. Cuando uno va por la corriente del río Murindó con dirección a Careperro se encuentra varios ejemplares en ambas orillas.
El permiso para perforar durante tres años, prorrogables a cinco, en 16 mil hectáreas (4.000 en Antioquia y el resto en Chocó) le fue otorgado a la Muriel Mining Corporation, entre finales del 2004 y principios del 2005. Vencido ese periodo vendrían 30 años de explotación.
Los 16 títulos mineros tocan territorios de comunidades negras, así como los resguardos de Chageradó, Murindó y Urandá-Jiguamiandó, en los cuales viven cerca de 2.000 indígenas.
Nevera para los embera
Careperro representa apenas 2.000 de las hectáreas pero se ha convertido en el símbolo de la lucha de los embera contra el proyecto extractivo.
De lejos se ve como un simple bosque tupido, pero en medio de la espesura viven el mico, la pava y el pavón, el venado y la tatabra (especie de marrano con colmillos) e infinidad de plantas medicinales. Además, nacen varias quebradas vitales para la supervivencia de los poblados ribereños.
Es la nevera donde los embera guardan la comida y el agua para las generaciones futuras. Algunos dicen que es la savia de su cultura y que por eso lo preservan.
Sus tabúes han sido más efectivos en ese propósito que cualquier guardabosques, pues aprenden desde la cuna que es intocable.
El mito dice que al penetrarlo no solo se acabarían las fuentes hídricas y la caza en los alrededores, sino que se desbocarán los jai (espíritus) malos y los jaibaná perderán ese vínculo con los espíritus buenos que les dan el poder de curar con ramas las mordeduras de víbora, ayudar a las parturientas en alumbramientos difíciles, llamar las lluvias y atajar maleficios.
Farmacia de jaibanás
Unos 80 jaibanás se surten de las plantas medicinales en Careperro. Antolino Sapia es uno. Tiene 55 años que no revela y no modula ni una palabra de español.
A pesar de su estampa de campesino común y silvestre le atribuyen hazañas sobrenaturales. En el 2003, por todo el Atrato -dicen los indígenas- se desataron espíritus malos que obligaban a las adolescentes más bonitas a colgarse de sus propias parumas (faldas)hasta morir. Acá mismo hubo 9 niñas fallecidas y 9 suicidios frustrados.
Antolino se batió en duelo y, a juzgar por el hecho de que desde entonces no ha habido un caso más, salió vencedor.
Teme que si otros pisan Careperro ni él ni sus otros colegas volverán a ganar batallas como aquella y los perjudicados serán todos los embera.
Por su parte, Guillermo Pardo, representante legal de la Muriel, critica que algunos indígenas han utilizado a Careperro como caballito de batalla para oponerse al proyecto.
Pero los miedos de los indígenas van más allá, pues creen que con los capunea torro (blancos) -también llamados por ellos libres- vendrán las plagas de una civilización que avasallará la de ellos.
“Con la explotación viene la militarización y eso desplaza a los indígenas, que se niegan a salir con las presiones de los grupos armados”, dice el gobernador de Chageradó, Alberto Siniguí Cuñapa.
El Estado tendrá la palabra para resolver un conflicto de vieja data entre cultura y desarrollo económico, un asunto que en casos como el de la represa de Urrá y los yacimientos de Samoré dejaron mal librados a los indígenas.
“Nunca vamos a negociar con empresas aunque el Estado diga. Tendría que acabar con los indígenas que existen alrededor del cerro”.
Alberto Siniguí Cuñapa, gobernador de Chageradó.
“Yo nací aquí y me envejecí aquí. No pueden dañar el cerro porque los abuelos decían que es como nuestra sangre. Si nos sacan nos morimos”.
Eloísa Siniguí, anciana de 70 años, residente en Guagua.
“Careperro no tiene ningún interés para nosotros, de hecho estamos tramitando con el Ministerio del Medio Ambiente para que lo excluya de la concesión”.
Guillermo Pardo, representante legal de la Muriel Mining Corp.
No es como dicen indígenas: Muriel Mining
Aunque la concesión abarca 16 mil hectáreas, de acuerdo con el representante de la Muriel Mining Corporation, Guillermo Pardo, el impacto será mínimo.
Primero, porque en la etapa exploratoria solo se harán seis perforaciones de 20 centímetros de diámetro por 300 metros de profundidad, de manera que por cada uno requerirá a lo sumo 400 metros cuadrados. Muy diferente a los pozos petroleros, que necesitan equipos más voluminosos y áreas extensas.
Los indígenas sostienen que dos de los huecos estarán en plenas comunidades de Guagua y Corodocito.
Pardo lo niega, pero no asegura que en un futuro no vayan a extender su centro de interés hasta allá.
En todo caso, dice, habría una consulta y concertación con la comunidad.
Es enfático, en cambio, en que Careperro no está en sus planes.
Por otra parte, el proyecto sigue siendo incierto y solo se sabrá qué zona abarcará la explotación cuando se agoten los estudios que se realizan.
NÉSTOR ALONSO LÓPEZ L.
ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO
MURINDÓ (ANTIOQUIA)
Agosto 18 de 2007 –
Hasta la vida darán indígenas embera para evitar explotación de cobre, molibdeno y oro
Un proyecto incluiría al cerro Careperro, entre Antioquia y Chocó, al que, según una prohibición ancestral, solo pueden subir los jaibaná -médicos tradicionales- a comunicarse con los espíritus.
Los dirigentes indígenas sostienen que lucharán con el tesón del choiva o almendro. Así llaman a un árbol maderable que crece en la zona. El tronco es fuerte, el follaje escaso y aun cuando se pudre, permanece erguido. Cuando uno va por la corriente del río Murindó con dirección a Careperro se encuentra varios ejemplares en ambas orillas.
El permiso para perforar durante tres años, prorrogables a cinco, en 16 mil hectáreas (4.000 en Antioquia y el resto en Chocó) le fue otorgado a la Muriel Mining Corporation entre finales del 2004 y principios del 2005. Vencido ese periodo vendrían 30 años de explotación.
Los 16 títulos mineros tocan territorios de comunidades negras, así como los resguardos de Chageradó, Murindó y Urandá-Jiguamiandó en los cuales viven cerca de 2.000 indígenas.
Nevera para los embera
Careperro representa apenas 2.000 de las hectáreas pero se ha convertido en el símbolo de la lucha de los embera contra el proyecto extractivo.
De lejos se ve como un simple bosque tupido, pero en medio de la espesura viven el mico, la pava y el pavón, el venado y la tatabra (especie de marrano con colmillos) e infinidad de plantas medicinales. Además, nacen varias quebradas vitales para la supervivencia de los poblados ribereños.
Es la nevera donde los embera guardan la comida y el agua para las generaciones futuras. Algunos dicen que es la savia de su cultura y que por eso lo preservan.
Sus tabúes han sido más efectivos en ese propósito que cualquier guardabosques, pues aprenden desde la cuna que es intocable.
El mito dice que al penetrarlo no solo se acabarían las fuentes hídricas y la caza en los alrededores, sino que se desbocarán los jai (espíritus) malos y los jaibaná perderán ese vínculo con los espíritus buenos que les dan el poder de curar con ramas las mordeduras de víbora, ayudar a las parturientas en alumbramientos difíciles, llamar las lluvias y atajar maleficios.
Farmacia de jaibanás
Unos 80 jaibanás se surten de las plantas medicinales en Careperro. Antolino Sapia es uno. Tiene 55 años que no revela y no modula ni una palabra de español.
A pesar de su estampa de campesino común y silvestre le atribuyen hazañas sobrenaturales. En el 2003, por todo el Atrato -dicen los indígenas- se desataron espíritus malos que obligaban a las adolescentes más bonitas a colgarse de sus propias parumas (faldas)hasta morir. Acá mismo hubo 9 niñas fallecidas y 9 suicidios frustrados.
Antolino se batió en duelo y, a juzgar por el hecho de que desde entonces no ha habido un caso más, salió vencedor.
Teme que si otros pisan Careperro ni él ni sus otros colegas volverán a ganar batallas como aquella y los perjudicados serán todos los embera.
Por su parte, Guillermo Pardo, representante legal de la Muriel, critica que algunos indígenas han utilizado a Careperro como caballito de batalla para oponerse al proyecto.
Pero los miedos de los indígenas van más allá, pues creen que con los capunea torro (blancos) -también llamados por ellos libres- vendrán las plagas de una civilización que avasallará la de ellos.
“Con la explotación viene la militarización y eso da desplazamiento de indígenas, que incluso se han negado a salir con las presiones de los grupos armados”, explica el gobernador de Chageradó, Alberto Siniguí Cuñapa.
El Estado tendrá la palabra para resolver un conflicto de vieja data entre cultura y desarrollo económico, un asunto que en casos como el de la represa de Urrá y los yacimientos de Samoré dejaron mal librados a los indígenas.
No es como dicen indígenas: Muriel Mining
Aunque la concesión abarca 16 mil hectáreas, de acuerdo con el representante de la Muriel Mining Corporation, Guillermo Pardo, el impacto será mínimo.
Primero, porque en la etapa exploratoria solo se harán 6 perforaciones de 20 centímetros de diámetro por 300 metros de profundidad, de manera que por cada uno requerirá a lo sumo 400 metros cuadrados. Muy diferente a los pozos petroleros, que necesitan equipos más voluminosos y áreas extensas.
Los indígenas sostienen que dos de los huecos estarán en plenas comunidades de Guagua y Corodocito. Pardo lo niega, pero no asegura que en un futuro no vayan a extender su centro de interés hasta allá. En todo caso, dice, habría una consulta y concertación con la comunidad.
Es enfático, en cambio, en que Careperro no está en sus planes.
Por otra parte, el proyecto sigue siendo incierto y solo se sabrá qué zona abarcará la explotación cuando se agoten los estudios.
NÉSTOR ALONSO LÓPEZ L.
Enviado especial de EL TIEMPO
Murindó (Antioquia)