Negación de entrada a Apoyo Solidario Internacional
Ayer, el gobierno colombiano impidió el ingreso al país y ordenó la expulsión de una delegación internacional de sindicalistas, quienes venían como observadores internacionales con el fin de solidarizarse y expresar su voluntad política de apoyo al movimiento sindical colombiano.
Contrario a lo publicado en el diario El Tiempo: “La Cancillería dio por superado el incidente en el que se deportaron varios sindicalistas que venían al país a participar en una conferencia”. Ninguno de los miembros de la delegación internacional pudo entrar al país, por el contrario fueron inmediatamente expulsados. El gobierno colombiano, en su afán de negar el motivo real de su decisión, ofreció disculpas a los sindicalistas internacionales y “La Cancillería informó a través de un comunicado que el incidente que se presentó en el Aeropuerto El Dorado, fue fruto de determinaciones que tomaron los oficiales de inmigración y que en ningún momento obedeció a una política gubernamental de limitación al movimiento sindical”.
El hecho evidenció la falta de garantías políticas para el libre ejercicio de la labor sindical en Colombia, al tiempo que demuestra la persecución y estigmatización del trabajo sindical, al derecho a la asociación y a la libre expresión.
Esta expulsión del país de una Comisión Sindical internacional muestra la ausencia de garantías para el libre ejercicio de asociación y expresión, lo que requiere entonces de la depuración y la transformación de la Fuerza Pública, el desmonte de los grupos paramilitares, establecer una comisión de verdad sobre los crímenes, persecuciones y atentados contra los sindicalistas en Colombia.
Transcribimos uno de los comunicados realizados como reacción a la expulsión de la Comisión Sindical, elaborado por la organización ECOLOGISTAS EN ACCION:
“Madrid, 2 de noviembre de 2004
Varias delegaciones sindicales del mundo, entre ellas la de CC.OO de Madrid (Pilar Morales de la secretaría de la Mujer y los Movimientos Sociales), tenían previsto hoy a participar en el IV Congreso Nacional de la Mujer Trabajadora CUT-Colombia, la central sindical más importante del país andino. Lamentablemente, a los dirigentes sindicales internacionales que llegaban, les impidieron las autoridades colombianas su ingreso al país, que implicó el no ingreso y su deportación inmediata o en máximo 48 horas. Entre ellos, a Víctor Báez, Secretario General de la ORIT; Cameron Duncan, Secretario de la Internacional de los Servicios Públicos; y Pilar Morales de CCOO-Madrid.
Al parecer el gobierno colombiano envió una lista al Departamento de Administración de Seguridad (DAS; servicios de inteligencia y migración, entre otros) para impedir el ingreso de quienes estuvieron en el “SOS” del Sindicalismo Mundial Frente al Aniquilamiento del Sindicalismo Colombiano, una movilización nacional e internacional contra los asesinatos de sindicalistas en Colombia que se realizó el pasado 16 de septiembre y en la que participaron delegaciones de 23 países.
En el marco de las conclusiones del “SOS” y en respaldo al sindicalismo colombiano, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores CIOSL/ORIT, convocó a los Secretariados Profesionales internacionales del sindicalismo a una reunión de trabajo y a participar en IV Congreso Nacional de la Mujer Trabajadora CUT. Actividades a las que ya no pueden asistir las delegaciones internacionales.
Ecologistas en Acción trabaja con CCOO-Madrid, entre otras organizaciones, en el Comité Impulsor de la Asamblea Internacional de la Sociedad Civil por la Paz de Colombia, donde dinamizamos iniciativas que apoyan los esfuerzos realizados por los movimientos sociales colombianos a favor de una solución política negociada del conflicto armado en Colombia. Rechazamos la política del Estado colombiano que apuesta únicamente por más terror, violencia y crímenes.
El hecho de impedir la entrada de observadores internacionales al país y además criminalizar el trabajo sindical y político de la oposición demuestra la verdadera cara del gobierno y su política de “seguridad democrática”. Por lo tanto exigimos el derecho a la libre circulación de las personas, el respeto del derecho de libre expresión y asociación, derechos fundamentales que en Colombia son impedidos por el Estado y su gobierno.
Al tiempo que el gobierno de Álvaro Uribe Velez está negociando con los grupos paramilitares un “perdón y olvido”, institucionalizando así el paramilitarismo en todo el país, intenta desarticular a los movimientos sociales y a la oposición política. Incluso, como se ha vuelto a demostrar con la expulsión de los sindicalistas, impide el acompañamiento internacional para que nadie manche la “buena” imagen que tiene su gobierno en el exterior.
Responsabilizamos además a los gobiernos de la Unión Europea por los hechos ocurridos y concretamente al gobierno español, por su complicidad con el gobierno Uribe y por su pasividad ante las violaciones permanentes de Derechos Humanos en ése país. Violaciones de las que también son responsables las empresas transnacionales españolas que operan allá, como es el caso de Repsol-YPF, el BBVA, Gas Natural, el SCH, Sanitas, Unión Fenosa, Endesa, AgBar, etc.
Por último nos solidarizamos con las compañeras y los compañeros sindicalistas expulsados de Colombia, especialmente con Pilar Morales de CCOO-Madrid con la que nos une un trabajo colectivo. No nos cansaremos nunca a exigir el cese de los asesinatos de sindicalistas, defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas, líderes políticos y sociales y un fin del terrorismo de Estado contra los Derechos Humanos y fundamentales en Colombia. Apostaremos por un movimiento internacional por la Paz con justicia social en Colombia.
Ecologistas en Acción
(Comisión Internacional)
Bogotá, D.C., 3 de noviembre de 2004