Negación de Derecho a la Propiedad, a la Tierra, omisión institucional Cooperativa de Trabajadores Agrarios Blanquicet
Nuestra Constancia y Censura Moral ante la incapacidad de propiciar diligente, eficaz transparentemente y con medidas de protección la restitución del derecho a la propiedad de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet, COOTRAGLOBLAN ubicada en el municipio de Turbo, a pesar de la existencia de un fallo judicial, de la resolución de Medidas Cautelares para proteger la vida e integridad personal de sus asociados.
Bogotá, D.C. Mayo 11 de 2007
Doctor
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Doctor
CARLOS HOLGUÍN SARDI
Ministro del Interior
Doctor
FERNANDO ARAUJO
Ministro de Relaciones Exteriores
Doctor
MARIO IGUARÁN ARANA
Fiscal General de la Nación
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
Doctor
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref: Negación de Derecho a la Propiedad, a la Tierra, omisión institucional Cooperativa de Trabajadores Agrarios Blanquicet
“Pisan contra el polvo de la tierra, la cabeza de los débiles” Amos 2, 7
Nuestra Constancia y Censura Moral ante la incapacidad de propiciar diligente, eficaz transparentemente y con medidas de protección la restitución del derecho a la propiedad de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet, COOTRAGLOBLAN ubicada en el municipio de Turbo, a pesar de la existencia de un fallo judicial, de la resolución de Medidas Cautelares para proteger la vida e integridad personal de sus asociados.
Las estructuras paramilitares que se apropiaron por la fuerza y la ilegalidad de 106 hectáreas y 8 mil de tierra desde 1.996, de la propiedad de la cooperativa llamada “La Esperanza” luego de crímenes – asesinatos, desapariciones forzadas – amenazas de muerte y persecución sistemática a los habitantes de Blanquicet continúan bajo nuevas técnicas de operación ejerciendo un poder real en la como “Águilas Negras”. Estas estructuras continúan hoy impidiendo la restitución de ese derecho.
Hoy semanas después de no haberse podido entregar la propiedad a sus legales y legítimos dueños, se ha producido el saqueo sobre la propiedad, expresión de la falta de voluntad política para obrar integralmente sobre el paramilitarismo, pues no se trata de un proyecto militar contrainsurgente sino de un proyecto social, económico y de Estado sustentado en el crimen, la ilegalidad y la imposición de un modelo autoritario de sociedad.
En 1.996 los paramilitares se ubicaron en la finca “El Trébol” ubicada en el punto conocido por el kilómetro 25, carretera panamericana aledaña al corregimiento de Blanquicet. La hacienda comprende cerca de 7000 mil hectáreas de propiedad de ADRIANO PINO. De acuerdo con los testimonios varias personas fueron víctimas en esa misma propiedad de daños irreparables. Allí coincidentemente se encuentra operando “Águilas Negras”, 11 años después del desplazamiento y unos pocos de la “desmovilización” de las estructuras paramilitares de las “Autodefensas Unidas de Colombia”, Autodefensas de Córdoba y Urabá”, “Bloque Bananeros”, “Bloque Elmer Cárdenas”
Nuestra Censura Moral ante las actuaciones del gobierno, pues informaciones confidenciales en desarrollo de las Medidas Cautelares han sido filtradas a terceros que participan en la estrategia de legalización de la ilegalidad; la estructuras paramilitares ligadas a negocios del tráfico de drogas continúan operando sobre la carretera panamericana desde el kilómetro 7 hasta más allá del kilómetro 35 en frente de autoridades militares de la Brigada 17.
Dejamos Constancia de que cualquier daño irreparable a la vida e integridad de los integrantes de la Cooperativa, o las familias de OSCAR MAUSA, MANUEL RODRIGUEZ o SIGIFREDO BRAVO es responsabilidad estatal porque en absoluto se ha hecho algo frente a la criminalidad existente, ha prevalecido la fuerza ilegal al Derecho.
Hoy los responsables del desplazamiento, de las operaciones criminales y la apropiación de tierras se encuentran activos como alias “Palillo”, cuyo nombre es al parecer, el de LUIS EMILIO USUGA; y alias “55” o “Campeche” cuyo nombre es LUIS ÁNGEL RAMÍREZ RAMÍREZ y a alias “Napo”, de quien hasta la fecha se desconoce su nombre, pero existen versiones en las que se indica que este fue lugarteniente de PABLO ESCOBAR, y recibió el apodo de “Napo”, por la famosa hacienda “Nápoles”. Las estructuras criminales continúan intimidando, hostigando e impidiendo que los pobladores ejerzan un derecho real sobre la propiedad, a pesar del proceso de desmovilización y en medio del burocratismo institucional. La respuesta a los derechos conculcados a las 12 personas y sus familias de COOTRAGLOBLAN ha sido la amenaza, el saqueo de su propiedad por integrantes de las mismas estructuras criminales. Todo ocurre ante la mirada impávida de la institucionalidad toda.
Solamente seis años, desde el 13 de agosto de 1990 que se constituyó la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet, Cootragloblan, con personería jurídica No. 2394, y hasta mayo de 1.996 el proyecto de un mejoramiento de la calidad de vida y la prestación de servicios de la Cooperativa se logró. Los propósitos fueron abruptamente interrumpidos por la violencia paraestatal desde hace 11 años. Desde 1.996 y hasta 1.998, un período de dos años, se desplazaron forzadamente cerca de 240 familias del caserío de Blanquicet, entre ellos las que forman parte de la Cooperativa. Las familias se desplazaron hacia los municipios de Chigorodó, Turbo, Chigorodó, Valencia, Medellín.
Años después, en el 2003 creyendo en el Estado de Derecho, en la realidad de una “desmovilización” empiezan a constatar y a percibir que la política de seguridad es favorecimiento para los armados en estrategias criminales, que la misma beneficia a quiénes detrás de la violencia se han apropiado de las tierras.
Al lado de las actuaciones armadas en 1.996 muchos fueron obligados a vender sus fincas por precios inferiores a la mitad del precio comercial. Los paramilitares amenazaron a las familias de Blanquicet, entre ellas, los de la Cooperativa afirmando: “o vende usted o negociamos con su viuda”. Cuando no podían forzar a los propietarios a realizar firmas bajo presión ocupaban los predios o falseaban las escrituras públicas de compraventa.
Ese modo de operación avalado por oficinas de Instrumentos Públicos, notarios en medio de la tolerancia policial y de la Brigada 17, se oculta bajo formas ilegales de legalización y mecanismo de presión.
Al leer en el paso del tiempo la situación de los integrantes de la Cooperativa, se percibe la estructuración de una ingeniería de la impunidad, disfrazada en formalidades legales y en actuaciones simuladas de reconocimiento de la propiedad
Lo de hoy solamente se ha podido estructurar gracias a una serie de maniobras perversas que luego del desplazamiento forzado de la mayoría de los habitantes de Blanquicet, entre ellos los de Cootragloblan, se realizaron desde 1.997
* Abril de 1997 alias “Palillo” se acercó al Señor MANUEL ESTEBAN RODRIGUEZ CORDERO con uniforme de paramilitar, de camuflado y armas largas, y le manifestó que debía presentarse al otro día a la Notaría Única de Chigorodó para que firmara la escritura de venta de la finca La Esperanza, perteneciente a la Cooperativa. El Representante Legal manifestó que no podía ir por falta de dinero, el paramilitar le entregó 30 mil pesos, y le citó entre las 8:00 a.m. a 9:00 a.m., del siguiente día en la cafetería “El Tone” en Chigorodó, recordando que debía llevar la escritura.
Al siguiente día a “El Palillo” vestido de civil recogió al Representante Legal en la cafetería, en la Notaría el militar “palillo” tomó la palabra y expresó que venían a elaborar una escritura de venta.
El Notario al constatar que el predio era de una Cooperativa con personería Jurídica, expresó a “Palillo”, que el Representante Legal no podía efectuar el contrato porque tenia que tener un poder autenticado de todos los socios”. Y agregó el funcionario que se podría realizar un “contratito” de dos o tres meses para que este trabaje en su finca. El paramilitar expresó su conformidad con la sugerencia del Notario-
Al salir de la Notaria, el llamado “Palillo” le exigió entregar al representante legal la escritura.
Semanas después con ese documento bajo presión se apoderaron del terreno, empezaron a trabajar en él y lo tuvieron arrendado a nombre del señor REMBERTO AVILEZ.
Luego un alias “55” o “Campeche” administró la finca, ordenó la entrada y salida de ganado e inició el aprovechamiento de la propiedad y sus bienes, entre ellos des 7 hectáreas de yuca sembradas.
* Julio de 2003, MANUEL ESTEBAN RODRIGUEZ CORDERO se dirigió a la alcaldía municipal de Turbo para cancelar el valor del impuesto predial del inmueble “La Esperanza”. Allí constató que se había protocolizado escritura pública de venta sobre dicho inmueble, mediante la falsificación de su firma y la suplantación de su huella digital.
El supuesto negocio jurídico de compraventa, de modo irregular se elevó a escritura pública No. 333 de 28 de mayo de 2001; a partir de ese acto jurídico se originaron posteriores negocios jurídicos de traspaso de la titularidad, registrados en la oficina de instrumento públicos de Turbo, bajo las escrituras de compraventas No. 582 de septiembre 13 de 2001; No. 305 de abril 21 de 2003; y escritura No. 1394 de marzo 19 de 2003.
Igualmente se observó que dentro de la escritura No. 333 de mayo 28 de 2001, se había realizado la venta del predio rural denominado “Nueva Vida”, cuando este procedimiento no se puede efectuar por cuanto este inmueble figura de forma independiente con el folio de matrícula inmobiliaria No. 034-23219.
* Agosto 3 de 2000 el Procurador Regional de Antioquia dirigió comunicación escrita al Director Seccional de Fiscalías en la que informó sobre la queja presenta por el señor MANUEL ESTEBAN RODRIGUEZ CORDERO con copia de la escritura No. 333 suscrita en la Notaría Única de Carepa; escritura pública No. 582 suscrita en la Notaría Única de Carepa; y folio de matrícula No. 23270.
Ellos con estos u otros nombres continúan intimidando, hostigando e impidiendo que los pobladores ejerzan un derecho real sobre la propiedad, mientras el burocratismo institucional es la respuesta a los derechos conculcados a las 12 personas y sus familias de COOTRAGLOBLAN.
* Septiembre 10 de 2004, la Fiscalía 66 Seccional de Chigorodó ordenó abrir investigación preliminar ordenando versiones de los intervinientes en el negocio jurídico falseado.
* Marzo 10 de 2005 rindió versión libre el Notario Único de Carepa HERNAN JAIME ARANGO ISAZA, quien alegó en su defensa que fue presionado por los paramilitares a suscribir una escritura en la que abiertamente se suplantaba al representante legal de la Cootragroblan, figurando como vendedor de un predio de más de 106 hectáreas, ubicadas en el corregimiento de Blanquicet del municipio de Turbo. Al proceso se allegó igualmente un cotejo dactiloscópico elaborado por el DAS de Apartadó en el que se concluyó que la firma estampada en la Escritura Pública de venta No. 333, no pertenece a MANUEL ESTEBAN RODRIGUEZ CORDERO. (Fl. 33).
El Laboratorio de Investigación científica de Medellín allegó el dictamen grafológico No. G:G: 1962, en la que concluyó: “Se colige de los argumento técnicos anteriormente descritos que: La firma atribuida a Manuel E. Rodríguez, plasmadas en la escritura pública Nro. 333, protocolizada en la notaría Única de Carepa (Antioquia), Es producto de una Imitación Rápida o por Asimilación de Grafías y en estos casos no es posible determinar su autoría escritural”. (Folio 42)
* Mayo 23 de 2005, la Fiscalía 72 Seccional de Chigorodó profirió resolución inhibitoria a favor del Notario Único de Carepa HERNAN JAIME ARANGO ISAZA por considerar que su conducta se enmarcó dentro de una de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el artículo 32 del Código Penal de Colombia, ley 600 de 2000.
En el punto segundo de la resolución se ordenó la cancelación en todas sus partes de la Escritura Pública No 333 y su consecuente registro de instrumentos públicos No. 034-50889.
Como tercera decisión ordenó la entrega material del bien inmueble referenciado en la escritura pública, disponiendo que “las partes interesadas deberán utilizar los medios idóneos para lograr cometido, se sugiere la colaboración de la fuerza pública a fin de evitar traumáticos en la entrega de la finca.” (Folio 96)
Por último, se dispuso el archivo del proceso.
* Junio 29 de 2005, la Fiscalía ordenó reabrir parcialmente la investigación preliminar para efectos de cancelar otras escrituras, arguyendo que el numeral segundo de parte resolutiva de la resolución inhibitoria estaba incompleto. A partir de la escritura tachada de falsa (No. 333) se había protocolizada otras escrituras públicas debidamente registradas, la No. 582 de diciembre 13 de 2001, la No. 305 de abril 21 de de 2003 y la No. 1394 de marzo 19 de 2003; por tanto era necesario ordenar sus cancelaciones. (Folio 103).
A esa fecha el proceso se encontraba archivado.
* Agosto 3 de 2005, la Fiscalía 72 Seccional de Chigorodó dirigió el oficio No. 903 al la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo en la que ordenó la cancelación de la inscripción de las escrituras anteriormente anotadas, pero solo se refiere al folio de matrícula No. 034-50889 correspondiente al predio “Nueva Vida” de 15 hectáreas con 8.632 metros cuadrados, sin hacer referencia al predio “La esperanza”.
Formalmente se ha cancelado en su totalidad las escrituras originadas a partir de la escritura Pública tachada de falsa No 333, con respecto al predio “Nueva Vida”; en cuanto al inmueble de mas 106 hectáreas denominado “La Esperanza”, solo se ha cancelado la escritura No. 305 abril 21 de 2001.
* Diciembre de 2005 LIDER ALFONSO CHAVERRA MOYA, abogado abordó al señor OSCAR MAUSSA integrante de la Cooperativa y le expresó: “es mejor recibir algo de dinero, antes de salir corriendo y seguir la denuncia”.
Igualmente paramilitares vestidos de civil con armas cortas hicieron llegar a las familias de la Cooperativa el mensaje que deben acercarse a hablar con “Napo” para arreglar.
* Febrero de 2006 nuevamente a través de intermediarios, el reconocido paramilitar “Napo” hizo llegar el mensaje a los integrantes de la Cooperativa que se encuentran desplazados que deben acercarse para arreglar el pago de la finca “La Esperanza”.
* Agosto 4 de 2006 un hombre llamado FREDDY ALEMÁN, buscó a OSCAR MAUSA, otro de los líderes de la Cooperativa, en su residencia para que trataran de negociar, y “se se acabara ese problema”.
Días después tres integrantes de la Cooperativa, OSCAR MAUSA, MANUEL ESTEBAN RODRIGUEZ y SIGIFREDO BRAVO se encontraron con FREDDY ALEMÁN en una cafetería del centro de Chigorodó, éste expresó que venía a nombre de “El patrón” para hacer negocios, “él vino el fin de mes de julio y me autorizo a hablar, yo hablo a nombre de “Napo”.
Los integrantes de la Cooperativa expresaron que estaban actuando en Derecho y todo se encuentra en manos de un grupo de abogados.
* Noviembre 3 de 2006 un desmovilizado que ahora se identifica como “Águilas Negras” expresó: “adviértale a su papá y a los demás que dejen de estar reclamando esa finca, que les vamos a dar en la cabeza”.
* Diciembre 12 de 2006 en reunión de seguimiento de medidas cautelares a cuatro familias de Cootragloblan, los estamentos institucionales representantes manifestaron que la propiedad sería devuelta pues la decisión de la Fiscalía se encontraba en firme.
La jefa de Instrumentos Públicos reiteró que la finca era de la Cooperativa, y la última anulación se había hecho el 6 de diciembre. La Inspectora de Policía indicó que por la acción judicial interpuesta, incidente, realizado por el abogado CHAVERRA se había obstaculizado el trámite de la entrega.
* Diciembre 29 de 2006 en horas de la mañana ante la Fiscalía 72 de Chigorodó uno de los integrantes de Cootragloblan de dirigió allí para denunciar que miembros de grupos paramilitares en el comercio manifestaron que “ya nos llevamos uno, vamos a ver si pelamos a otros dos o tres de los que están reclamando las tierras este fin de semana”.
Dos días antes, 27 de diciembre, el señor JUSTO ASPRILLA, quien colaboraba con la comunidad de la vereda El Diez ubicada entre los municipios de Bajirá y Ríosucio conocido por los integrantes de la Cooperativa, y quien desarrolló una actividad para lograr la restitución de otra propiedad fue asesinado por los paramilitares.
Días antes había sido amenazado por alias “Gallito”, de nombre LEOGARDO LOPEZ DUQUE uno de los subordinados por “Napo”
SIGIFREDO BRAVO recibió información según la cual, un hombre llamado WALTER, apodado “El Guajiro”, quien al parecer fue escolta del señor MARIO PRADA, ex alcalde de Valencia y quien había sido candidato a la Gobernación de dicho departamento, dijo que lo estaba buscando para asesinarlo.
* Febrero 26 de 2007, la Fiscalía 72 Seccional Medellín mediante oficio Radicado 1034743-72, ratifica que la propiedad “La Esperanza” es de Cootragloblan.
* Marzo 27 de 2007 en la sede la Cancillería en reunión de seguimiento de las Medidas Cautelares y como medio preventivo de protección para la vida e integridad personas de los socios de Cootragloblan se planteó la necesidad de una inspección técnica de expertos (fosas comunes, minas antipersonales, siembra de hoja, laboratorios de cocaína entre otros), que pudieran identificar actuaciones criminales que coloquen en riesgo la vida y la propiedad, pues “La Esperanza” estuvo apropiada por paramilitares desde 1.996.
Igualmente se solicitó la presencia permanente de la Policía de Urabá para ejercer sus labores de protecciòn en el entorno de la finca “La Esperanza”.
* Abril 10 de 2007 en Turbo en seguimiento de las Medidas Cautelares se realizó la reunión previa para la definición del procedimiento de entrega del predio “La Esperanza”. Se usaron cámaras de video para registrar el hecho sin consulta con las víctimas y sus acompañantes, así como, grabaciones de audio que fueron descubiertas y frente a las cuales se solicitó el retiro inmediato por no valorarse como conveniente y convertirse esta acción en una limitación para la libertad de expresión de las vìctimas
Igualmente la Inspectora Policial de Turbo abogó permanentemente por la presencia de ILDER CHAVERRA y MIGUEL RAMOS MEDINA en la diligencia de entrega, quienes no tienen ninguna legitimidad para participar en el proceso
* Abril 11 de 2007 en horas de la mañana en Chigorodó se hizo presente ILDER CHAVERRA, quien llegó en compañía de la Inspectora de Policía, con la intención de participar en el proceso de entrega.
Al promediar la mañana se inició la diligencia de entrega en un predio vecino, la policía realizo una inspección parcial de 300 metros sobre posibles minados, en los límites de la panamericana, la corraleja y un camino. Al tiempo realizo una observación sobre la posible existencia de siembras de coca
Al finalizar la tarde no se firmó el Acta de Entrega en tanto no se terminó la verificación, no se aceptaron los términos de la Inspectora respecto a la entrega de un poseedor de buena fe.
En horas de la noche SIGIFREDO BRAVO, miembro de la Cooperativa fue objeto de seguimientos en la vivienda de su familia en el municipio de Chigorodó, por parte de reconocidos paramilitares que participaron del proceso de reinserción.
* Mayo 3 de 2007 hacia las 2:30 p.m. en Bogotá en reunión de seguimiento a las Medidas Cautelares se reiteró la solicitud de protección perimetral por parte de la Policía al predio “La Esperanza”. EL Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que la seguridad estaba brindada el ejército de manera perimetral con la Brigada 17
* Mayo 6 de 2007 a las 3:00 p.m. domingo los miembros de Cootragloblan recibieron información de vecinas de la finca “La Esperanza”, propiedad de la cooperativa en el corregimiento de Blanquicet, que hombres sin identificar llegaron a la finca buscando a los integrantes de la cooperativa. Luego empezaron a arrancar las puertas de madera de la corraleja.
* Mayo 7 de 2007 hacia las 8:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz tuvo conocimiento del hurto de las puertas de la corraleja y de las tasas sanitarias del centro de acopio.
De modo inmediato la Vicepresidencia de la República fue informada solicitándoles el cumplimiento de los compromisos en materia de protección del predio. La Vicepresidencia se comprometió a comunicarse con la Alcaldía del municipio de Turbo y con la Fuerza Pública en Urabá para que se tomaran las medidas de protección del predio y evitar que se repitieran los hechos.
* Mayo 9 de mayo a las 3:15 p.m. nuestra Comisiòn de Justicia y Paz fue informada del hurto de 550 metros de alambrada de la cerca que deslinda la finca “La Esperanza”.
Nuestra Comisión informó sobre estos nuevos hechos a la Vicepresidencia, reiterando el cumplimiento de compromiso de protección perimetral del predio por parte de la Fuerza Pública. La respuesta de la Vicepresidencia fue que por orden presidencial las unidades militares se habían trasladado a otros sitios a realizar una misión y que los hechos sucedidos tenían que ser denunciados, pero que volverían a comunicarse con la Brigada 17 del ejército y el comando de Policía de Urabá para informar de la situación.
Nuestra Constancia ante la persistente, sistemática e inocultable forma de apropiación violenta e ilegal y destrucción de sus bienes que continúa padeciendo las familias de la Cooperativa Cootragloblan y el incumplimiento de autoridades locales a las responsabilidades que se derivan de las Medidas Cautelares.
Nuestra Constancia ante el hurto que ha sufrido la propiedad “La Esperanza” después de 11 años de apropiación paramilitar expresan la ausencia de capacidad del Estado para actuar en Derecho, y restituir los Derechos de las víctimas ante el poder paramilitar y el poder de la ilegalidad.
La aparición de estructuras de tipo paramilitar bajo el nombre de “Aguilas Negras” es motivo de profunda preocupación, más cuando alguno de sus integrantes se amparan en la desmovilización para desarrollar otras técnicas de represión, de control social y de la tierra en Blanquicet.
Nuestra Constancia ante la ausencia de una investigación pronta y oportuna que posibilite la destructuraciòn de la impunidad en la que se ampara el paramilitarismo como estrategia militar, social e ilegal en la apropiación de tierras, dejando como principio fundante de las relaciones el uso de la FUERZA y la ILEGALIDAD, ACTUACION CONTRA DERECHO
Solicitamos a ustedes a actuar en conformidad con el espíritu de la normatividad existente y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y el resarcimiento y restitución de los Derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral
A FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República; FERNANDO ARAUJO, Ministro de Relaciones Exteriores; CARLOS HOLGUIN SARDI Ministro del Interior les requerimos a:
° Actuar en coherencia con los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana en la pasada sesión de trabajo de marzo de 2006, en la que se comprometieron a la devolución del predio conforme al fallo judicial y con una actuación de apoyo a la Inspección de Policía de Turbo.
° Adoptar las medidas preventivas de protección sobre el predio “La Esperanza”, para evitar nuevos saqueos, destrucción de la infraestructura básica que fue instalada por los integrantes de la Cooperativa, antes de su desarraigo y apropiación por paramilitares
° Adoptar las medidas de verificación técnica del predio sobre minas fosas comunes, antipersonales, caletas de dinero, cocaína, en tanto, la propiedad estuvo en manos criminales
° Adoptar las medidas de presencia perimetral de la Policía de Urabá”; enfrentamiento a las estructuras “Aguilas Negras” que operan en Chigorodó y sobre la Carretera Panamericana entre el kilómetro 18 y 35 de la panamericana, a fin de posibilitar condiciones de seguridad para las familias que regresarían al predio conocido como “La Esperanza
° Adoptar las medidas necesarias humanitarias en materia de Techo, Alimentación y Productivas para las familias que regresan
° Explicar las razones por las cuales terceros ajenos a las medidas cautelares, conocen partes del expediente y se han pronunciado al respecto generando temor y desconfianza en los beneficiarios.
Al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN ARANA, le requerimos a
° Informar sobre el estado de la individualización de los apodados “Napo”, “Palilllo”, “Gallito”, “55”, y las razones por las cuales no se encuentran vinculados, en investigación alguna, a pesar de haber participado en la comisión de más de 70 crímenes cometidos en Blanquicet, el Desplazamiento Forzado de sus habitantes y la apropiación de tierras.
Esperamos sea respetada la vida, la integridad personal y el derecho a la propiedad de Cootragloblan
Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz