02 Mar 2008
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Negación a la restitución de la propiedad

Ref. Negación a la restitución de la propiedad Colectiva. Asociaciones constituidas por paramilitares “Águilas Negras”. Actúan con conocimiento de Policía y Brigada 15 del Ejército. Persiste deforestación de bosque primario.. Personero e Inspector Policial actúan a favor de ocupantes de mala fe.

FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República

CARLOS HOLGUN SARDI
Ministro del Interior

FERNANDO ARAUJO
Ministro de Relaciones Exteriores

JUAN LOZANO
Ministro Ambiente

MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación

EDGARDO MAYA VILLAZON

Procurador General de la Nación

JULIO CESAR TURBAY
Contralor General de la Nación

VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo

“Mira, Dios, cuantos son los criminales, cuan violento es el odio que nos tienen. Protégenos, líbranos, claridad para ser amparados en tu justicia”. Salmo 25, 19-20

Hace17 días radicamos en sus despachos nuestra última Constancia Histórica y Censura Ética. Desde esa fecha hasta hoy, nada, absolutamente nada se ha realizado por parte de ustedes a fin de prevenir nuevas acciones criminales, enfrentar el control paramilitar, sus abusos, la destrucción ambiental y territorial que continúan realizados a nombre del “progreso” y del “desarrollo” empresas palmeras, y otros agronegocios, así como la extensión ganadera.

La ausencia de eficacia y de celeridad estatal se refleja en las operaciones contra derecho que se realizan por empresarios, al lado o con la complacencia de la Brigada 15, de los organismos de protección municipal, de las inspecciones de policía, con la inacción de autoridades ambientales y la ausencia de actuaciones oportunas desde el gobierno central. Actitud institucional que prefigura su responsabilidad directa ante las actuaciones contra derecho de estructuras paramilitares y empresariales en la cuenca del Curvaradó, articuladas a la expansión destructiva de la identidad ancestral, del ambiente en la cuenca del río Jiguamiandó.

La omisión o el dejar hacer, el no actuar se ha ido constituyendo en responsabilidad por Comisión. Hoy se percibe la consolidación de un Estado descentralizado como Estado de Hecho.

También se trata de la actuación parcializada, directa a favor de la ilegalidad de Inspectores de Policía, Personeros municipales como el de Riosucio y autoridades de Carmen del Darién que se niegan a aplicar la ley conforme a sus responsabilidades institucionales. Se percibe la instrumentalización del Derecho y la fuerza de la legalidad para beneficiar a ex militares, empresarios, traficantes de drogas y castas paramilitares insertadas en la política y la economía. Se percibe la pretensión de imponer, sin la restitución de la propiedad y la consulta en condiciones de equidad, la legitimación de la ilegalidad con las manifestaciones del Senador de la República EULISES TORRES, promoviendo modelos de desarrollo en contra derecho.

Nuestra Constancia y Censura Ética ante las actuaciones que a todas luces son ilógica, irracionales y que sólo ocurren ante la incapacidad estatal de actuar conforme al Estado de Derecho y o la pretensión de imponer un modelo de desarrollo y de sociedad negador de garantías y de derechos.

  • Viernes 25 de enero, en horas de la mañana, MARTHA MARTINEZ, secretaria del Consejo Comunitario de Caño Manso, fue advertida de la necesidad de que saliera de la región para evitar que le sucediera lo mismo que pasó con los hermanos MIGUEL y WALBERTO, quiénes fueron víctimas de un atentado por parte de paramilitares en el que resultaron heridos.

    Hacia las 10:00 a.m. en Caño Manso, en la caballeriza donde permanecen los soldados de la Brigada 15 del ejército, los ocupantes de mala fe convocaron a una reunión, en la que además estuvieron presentes, el Personero del municipio de Riosucio, DARIO BLANDON; el supuesto Inspector de Policía de Belén de Bajirá, CARLOS ELOY ELJACH y su secretario, NEMESIO CUESTA; un representante del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó y delegados de los Consejos Comunitarios de El Siete, Playa Roja, La Punta; el ocupante de mala fe ARMANDO GOMEZ GARZON, conocido con el alias de “El Secretario”, quien se presentó como agente de seguridad privada; LUIS FELIPE MOLANO, conocido como “El Tío” y o “El Coronel MOLANO”, quien se presentó como propietario de esas tierras; LUIS FERNANDO JARAMILLO, representante legal de Asociación Campesina, Asoprobeba, fundada por SOR TERESA GOMEZ y RENE PALACIOS, comisionista que adelantó negocios ilegales con las tierras de Caño Manso. En la reunión participaron efectivos de la Brigada 15, entre ellos el Teniente RODRIGUEZ

    MOLANO manifestó que el regreso de la comunidad de Caño Manso al Territorio le había generado perjuicios pues se ha prohibido por orden del gobierno la extracción de madera y el transporte de la misma. E invitó a hacer acuerdos: “Yo quiero que negociemos amablemente para que no haya problema”.

    El conocido como “El Tío” agregó que les entregaría la mitad de la tierra que tenían antes del desplazamiento, les facilitaría préstamos para proyectos productivos, y los emplearía en la Hacienda Villa Alejandra 1, nombre del caserío de Caño Manso, “para que puedan progresar”.

    Afirmó el ocupante de mala fe: “Mejor doy solamente 4 hectáreas, más 4 vacas para la leche, se las busco de las más lecheras. Puedo abrirles el portón para pasar por el camellón pero por un período de un año, el control de la llave de la puerta lo seguimos teniendo nosotros, para observar el comportamiento de la comunidad, y si todo va bien, ustedes pueden entrar y salir con libertad por ahí, usando el portón. Mientras tanto, dejamos una parte pequeña en el lado del portón para que pasen las motos y las bicicletas, nada más, por que después me dañan la carretera con carros pesados. También si se acogen a la propuesta, les entrego un lote de monte para que corten madera”.

    Posteriormente, acusaron a la comunidad de estar armada: “hasta los niños andan con machetes y navajas”. El secretario de la Inspección de Bajirá, afirmó que los campesinos de Caño Manso estaban incentivando a los niños a la violencia por el modo como reclaman sus tierras. El inspector CARLOS ELOY ELJACH, reconocido paramilitar ¿desmovilizado?, invitó a que los padres de familia sacaran a sus hijos de Caño Manso, para que no se den cuenta del conflicto. Segundos después instó al a comunidad a aceptar la propuesta de LUIS MOLANO, expresando: “yo veo muy viables los proyectos que el señor LUIS FELIPE propone para una mejor convivencia con ustedes” Igualmente, el personero de Riosucio, DARIO BLANDON CAICEDO, manifestó “si no aceptan la propuesta, entonces no pueden abrir el portón”.

    El representante de Asoprobeba leyó la escritura donde aparece RENE PALACIOS cediendo al reconocido paramilitar y narcotraficante HUGO FENEL BERNAL MOLANO y este a la prófuga de la justicia SOR TERESA GOMEZ, 1100 hectáreas de tierra, sustentando que esas pertenecían efectivamente a esa asociación de campesinos, creado por estructuras ilegales, y no a los legítimos habitantes.

    Uno de los afrodescendientes del Consejo Comunitario, NEMESIO CUESTA intervino sosteniendo que esa escritura era falsa, porque dentro de ese globo, había una finca de su propiedad en la que Asoprobeba ilegalmente construyo un canal y deforestó desconociendo que él era ocupante de buena fe y con títulos legales

    En relación con la prohibición de la movilización de la madera, el Personero de Riosucio BLANDON CAICEDO, manifestó a los ocupantes de mala fe: “ustedes pueden sacar la madera, yo soy la única autoridad competente para levantar esa prohibición”. Y los avaló indicando que podían seguir extrayendo el recurso forestal y transportando madera.” El funcionario solicitó a la comunidad de Caño Manso que le llevaran un censo a Riosucio “pues, si se acogen a la propuesta del señor MOLANO, yo puedo empezar a diligenciar las ayudas para ustedes”.

    A eso de las 6:00 p.m. se levantó la reunión. El personero de Riosucio planteó una nueva reunión para el 15 de febrero.

    Es de anotar que la líder MARTHA MARTINEZ ha sido objeto permanente de hostigamientos. Miembros de las estructuras paramilitares le han hecho seguimientos y la han intimidado. Supuestos desmovilizado en el municipio de Apartadó, el martes 4 de diciembre de 2007, la acusaron de ser colaboradora de la guerrilla. “usted es informante de la guerrilla, abra el ojo sobre lo que está haciendo”.

    Un mes después en Belén de Bajirá, el viernes 4 de enero MARTHA MARTINEZ conoció por pobladores de este municipio que desmovilizados estaban preguntado por ella. El Jueves 10 de enero, hacia las 11.00 a.m. en Caño Manso, Curvaradó, ARMANDO GOMEZ GARZON, conocido como “El Secretario, lugarteniente del HUGO FENEL BERNAL MOLANO, traficante de drogas, y el coronel (r) LUIS FELIPE MOLANO, mostró un arma a un miembro de la comunidad en actitud intimidatoria. MARTHA MARTINEZ intervino fuertemente exigiendo respeto por sus vidas manifestando: “ustedes solo amenazan, pero siempre mandan a otros a que maten”.

  • Miércoles 30 de enero en horas de la mañana se conoció que la Inspección de Policía local de Carmen del Darién negó la admisión de los 9 procesos policivos presentados por los consejos de Curvaradó, Jiguamiandó y propietarios individuales para hacer efectivas las resoluciones del Incoder que reconocen su propiedad sobre esos territorios.

    La acción policial pretendía que los afrocolombianos recibieran realmente la propiedad colectiva que se encuentra en propiedad, en uso y disfrute real de las empresas palmeras y las ganaderas.

    La insana e ilógica argumentación del Inspector de Policía consideró equívocamente que la presentación de la solicitud se hizo de manera extemporánea. Argumento que habían transcurrido 72 meses, desde el año 2001 período de la ocupación del Territorio Colectivo realizada por parte de los palmicultores sin que se hubiese actuado. Ignoró que durante más de 5 años, las autoridades nacionales argumentaron que las tierras estaban en litigio jurídico porque los empresarios expresaron que eran ocupantes de buena fe. En efecto solo hasta septiembre y noviembre de 2007 fue reconocida la titularidad por parte de la autoridad competente, es decir, el Incoder. La institución gubernamental indicó que los legítimos propietarios, podrían adelantar un proceso de lanzamiento por indebida ocupación con las autoridades policivas de la región.

    Adicionalmente, la Inspección de Policía señala que, de manera inexplicable, los querellantes dejaron de acudir a las autoridades competentes para solucionar la ocupación ilegal de los territorios. La afirmación del Inspector desconoce de plano no solamente las acciones nacionales realizadas, las adelantadas ante la Corte Interamericana y la Organización Internacional del Trabajo, y el conocimiento público que de años atrás se conoce de la situación padecida por las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó por la siembra ilegal de palma en su Territorio.

  • Miércoles 30 de enero hacia las 12:00 m. arribaron al caserío Caracolí ocupados de mala fe por empresarios palmeros, en un automotor de color gris, tipo 4 puertas con vidrios polarizados, una persona vinculada a la empresa “Palmado”, escoltado por 12 miembros del Ejército Nacional que se movilizaban a pie y con dos hombres de civil movilizados en motocicletas. El empresario se acercó a la casa de VIRGILIO PEREZ, presidente del consejo comunitario menor de Caracolí, preguntando por SIXTO PEREZ y FACTOR EMILIO ZAPATA, miembros de esta comunidad. VIRGILIO les manifestó que todos son parte de una Zona Humanitaria y que como propiedad privada no se permite el ingreso de extraños

    Las familias de Caracolí regresaron desde hace 8 meses a su territorio después de 10 años de desplazamiento forzoso. A la fecha no han logrado la restitución de la propiedad, las autoridades competentes no han reconocido la inscripción del Consejo Comunitario. Empresarios apoyados por efectivos regulares de la fuerza pública han permitido la destrucción de las siembras de pan coger de los campesinos generando nuevas condiciones de hambre, de negación del derecho a la alimentación

  • Jueves 1 de febrero hacia las 10:00 a.m. el teniente RODRIGUEZ, de la Brigada 15 abordó en el caserío de Caño Manso, a una integrante de esta “Zona Humanitaria”. El efectivo militar luego de preguntarle por el censo de la comunidad y su envío a la alcaldía de Riosucio, expresó: “lleguen a un acuerdo con el dueño de la finca, miren que las propuestas son muy buenas”. La campesina expresó que la propiedad era del Consejo Comunitario y no del que él llama dueño de la finca que era un ocupante de mala fe.

    El militar decidió entonces retirarse del lugar.

  • Martes 5 de febrero, hacia las 8:00 a.m. arribaron a la Zona Humanitaria de El Tesoro, 6 militares adscritos a la Brigada 15 en actitud intimidante. Uno de ellos se ubicó en la entrada del espacio humanitario y los demás en el entorno de la malla que distingue el lugar.

    Al preguntarse la razón de su presencia los militares, estos guardaron silencio y se retiraron del lugar. Aunque uno de ellos manifestó que se encontraban extraviados.

  • Miércoles 6 de febrero, hacia las 10:00 a.m. a la Zona Humanitaria de El Tesoro se acercó MIGUEL MARTINEZ, quién trabaja con el empresario GABRIEL JAIME SIERRA, y es ocupante de mala fe en predios del caserío de Andalucía. MARTINEZ preguntó por los miembros del Consejo de Buena Vista y el representante del Consejo menor de El Tesoro para solicitar un aval para unos cortes de madera. Este repoblador de Andalucía ingresó a la Zona Humanitaria y merodeo la casa donde habita la representante legal del Consejo mayor del Curvaradó LIGIA MARIA CHAVERRA, recientemente amenazada de muerte por empresarios palmeros.
  • Jueves 7 de febrero en horas de la tarde, en el puente de Caño Claro, donde permanecen los efectivos militares, MIGUEL MARTINEZ ocupante de mala fe en un predio de Andalucía, se encontraba jugando dominó con el Ejército, cuando vio pasar a un habitante de la Zona Humanitaria le preguntó si ya estaba el aval para el corte de madera.
  • Viernes 8 de febrero hacia las 11:00 a.m. arribó MIGUEL MARTINEZ a la Zona Humanitaria de “El Tesoro” preguntando por el representante del Consejo menor de la comunidad de Buena Vista buscando un aval para el corte de madera. Igualmente, preguntó el lugar en que se encontraba la representante legal del Consejo Mayor del Curvaradó, MARIA LIGIA CHAVERRA y la fecha de su regreso.
  • Martes 12 de febrero hacia las 10:00 a.m. frente al puerto de Brisas de Curvaradó sobre el río que lleva este mismo nombre, un grupo de compradores de madera conocidos como PIPE, FELIPE, ANTONIO, JORGE y MARCO, este último reconocido ex o paramilitar de la región, anunciaron que habían conformado una Asociación de Madereros, que cuenta con la exclusividad para la compra el recurso maderable. La Asociación maderera expulsó a los demás personas compradoras, y agregaron que el valor de la madera era menor a la que se pagaba anteriormente, debido a que todos deben colaborar en la seguridad que se presta a través de las “Águilas Negras”, por lo que por cada rastra de madera se entrega un aporte de $1.000 para esta estructura paramilitar.

    Indicaron además, que la Asociación solicitó a la policía de Belén de Bajirá decomisar toda madera que circulara sin haber pagado la cuota estipulada para las estructuras armadas ilegales.

  • Miércoles 13 de febrero hacia las 12:30 fue abordado por la Policía de Belén de Bajirá los compradores de madera que transportaban en un camión aproximadamente 150 rastras de madera. La Policía preguntó si tenían el recibo de pago de la Asociación de madereros, al responderle que no, el vehículo quedó retenido hasta que pagara la cuota exigida por la Asociación. Los transportadores se regresaron a Brisas de Curvaradó, pagaron la cuota obligatoria, luego presentaron el recibo a las Unidades policiales en Belén de Bajirá y pudieron continuar su recorrido.
  • Viernes 15 de febrero hacia las 5:00 p.m. las “Águilas Negras” convocaron a los mototaxistas de Belén de Bajirá a una reunión para el lunes 18 de febrero en horas de la mañana, a eso de las 10:00 a.m. en el caserío de Tierra Adentro, ubicado a dos horas de Belén de Bajirá.

    Hacia las 5:50 p.m. del sábado 16 de febrero el comandante de la Brigada 15 fue informado vía telefónica sobre la realización de la reunión convocada por las “Águilas Negras”. El alto oficial manifestó que averiguaría sobre dicha reunión.

  • Viernes 15 de febrero hacia las 11:00 a.m. llegaron a la escuela del caserío Caño Manso, hoy convertido en la Hacienda Villa Alejandra I y II, el personero del municipio de Riosucio, DARIO BLANDON CAICEDO; el ocupante de mala fe LUIS FELIPE MOLANO, los comisionistas RENE PALACIOS CAICEDO y JORGE FRANCISCO LARA; el secretario de la inspección de policía de Belén de Bajirá; un representante de ASOPROBEBA; el representante legal del Consejo La Larga Tumaradó, NEMESIO CUESTA y un representante de Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, ASCOBA. En la puerta del recinto se instalaron dos soldados de la Brigada 15 comandados por el Teniente RODRIGUEZ.

    El secretario de la Inspección de Policía de Belén de Bajirá manifestó a los habitantes que han regresado a Caño Manso que debían aceptar las propuestas de LUIS FELIPE MOLANO, advirtiendo “que sino aceptaban las propuesta se puede producir más violencia”.

    MOLANO indicó a los integrantes de Caño Manso que no debían prestar atención a los internacionales porque ellos no tienen nada que ver con este Territorio. “Nosotros, no queremos ninguna ONG ni a ningún internacional ni a Justicia y Paz” Insistió el ocupante de mala fe en indicar que “las ONG solo traen problemas, los que tienen facultad de resolver ese problema, son los de Pedeguita y Mancilla, nadie tienen por qué meterse a resolver ese problema”.

    Los integrantes del Consejo Comunitario, propietarios legales y legítimos manifestaron que las ventas que hubo se realizaron bajo presión y amenazas de paramilitares, otros nunca vendieron. Los campesinos de Caño Manso exigieron a los ocupantes de mala fe, que desocuparan las tierras que les pertenecían.

    El personero de Riosucio, BLANDON, programó una próxima reunión para el 4 de marzo. El “defensor de derechos humanos” expresó, que ya era hora de que la comunidad respondiera a la propuesta de LUIS FELIPE MOLANO y dar así inicio al proceso de parcelaciones y de proyectos productivos.

    La reunión concluyó hacia las 2:30 p.m.

  • Viernes 15 de febrero en horas de la mañana observadores internacionales constataron que los empresarios de la palma avanzaron en la destrucción de bosque primario en la propiedad del campesino, ya fallecido, ALFONSO IBAÑEZ, en los límites entre el territorio colectivo del Curvaradó y el Jiguamiandó. A la intensiva destrucción forestal se suma la apertura de canales y el taponamiento de los ríos que han sido usados tradicionalmente por los pobladores del Jiguamiandó. Se ha iniciado la desertización de río Zapayal.
  • Domingo 17 de febrero a partir de las 2:00 p.m. tuvo lugar una reunión el municipio de Carmen del Darién convocada por un consejo menor, sin contar con la junta del Consejo Mayor ni los miembros de los consejos comunitarios que habitan dentro de la cuenca de Curvaradó.

    De acuerdo con la información recaudada la pretensión era reestructurar la junta directiva del Consejo Mayor, cuya representación, reconocida por el Ministerio del Interior, Dirección de Etnias y la propia alcaldía municipal, está en cabeza de la afrodescendiente LIGIA MARIA CHAVERRA.

    Hacia 3:30 ingresaron a la reunión el alcalde de Riosucio, JORGE ISAAC MOSQUERA; el alcalde de Carmen del Darién, ADAN CORDOBA; el representante a la Cámara por Cambio Radical EDGAR ULISES TORRES, y un representante del Ministerio de Agricultura. Cuando hicieron uso de la palabra, en particular el integrante del Congreso, expresó la importancia de implementar los agronegocios y megaproyectos en sociedad empresarial para el cultivo de palma, caucho y maíz. El Representante de la Cámara prometió a los presentes, contactar una audiencia con el Ministro de Agricultura en donde se pueda hacer por parte del gobierno una presentación pormenorizada de esos proyectos.

    Hacia las 4:00 p.m. se retiraron del lugar.

    Posteriormente, MANUEL MOYA LARA, quien ha suplantado la representación legal de LIGIA MARIA CHAVERRA, autorizando la destrucción que realizan las empresas palmicultoras, tomó la palabra y acusó la Comisión de Justicia y Paz de desarticular los procesos existentes, de crear divisiones y de entrometerse en las decisiones que toman las comunidades. Afirmó que las violaciones a los derechos humanos cometidas en la región han beneficiado ha Justicia y Paz de manera directa, porque gracias a ellas ha podido financiase económicamente. Señaló, además, que las violaciones a los derechos humanos cometidos en la región son responsabilidad de los paramilitares, de la guerrilla y de la ONG´s.

    Así mismo, manifestó ser víctima de persecución por parte de Justicia y Paz, porque ha estado detenido, y que nuestra Comisión había adelantado trámites para impedir que él se desplazara hasta Costa Rica, a las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir la verdad. Afirmó, sin fundamento alguno, que sus “enemigos jurídicos son los de Justicia y Paz” y están vinculados con la guerrilla, “mientras la gente se moría de hambre en las veredas, Justicia y Paz, trasportaba comida para la guerrilla”.

    Señaló, además, que el Consejo Mayor fue elegido por el Frente 57 de las FARC, quienes impusieron a LIGIA MARIA CHAVERRA como representante.
    Agregó respecto a la negación de la inscripción de los 6 Consejos Comunitarios de Curvaradó, entre ellos Caño Manso, Caracolí, Buena Vista, Guamo, Villa Luz, Gengadó, que ni siquiera los que solicitaron la inscripción sabían levantar actas, “yo mismo las revise y escribe encima de ellas”, expresó MOYA.

  • Lunes 18 de febrero en horas de la mañana las “Águilas Negras” realizaron la reunión de moto taxistas en el sitio conocido como Tierradentro. Las estructuras armadas indicaron que todos los que prestaran este servicio deberían asociarse, portar un chaleco que los distinga como asociados y pagar una cuota de Asociación a esa estructura paramilitar.
  • Jueves 21 de febrero hacia las 11:00 a.m. se conoció que el ganado perteneciente a los ocupantes de mala fe en la comunidad del Caracolí, ANTONIO, ANDRES Y CLAUIDA ARGOTE, conocido como los GUAJIROS, destruyó dos hectáreas de plátano perteneciente a la familia de la campesina LIRIA ROSA GARCIA.
  • Lunes 25 de febrero hacia las 3:00 p.m. en Belén de Bajirá, el administrador de la empresa “Palmado” y un administrador de Agripalma, JORGE GARCIA, manifestaron a un habitante de ese municipio, con falsas aseveraciones señalaron que los habitantes que regresaron a Caracolí se encontraban armados con escopetas y hechizas esperando a los palmeros para no dejarlos entrar a sus predios donde han invertido mucho dinero.
  • Miércoles 27 de febrero hacia las 11:00 a.m. en Playa Roja, integrantes de Asociación de Pequeños Productores de Belén de Bajirá, Asoprobeba, reunieron a personas que habían sido despojadas de sus territorios. En la reunión propusieron la parcelación de tierras del punto conocido como La Madre, predios ocupados de mala fe por FRANCISCO CASTAÑO, al parecer miembro de la de la familia CASTAÑO GIL. Agregaron que para la parcelación era necesario conformar una Asociación pagar por cada aspirante la suma de $ 1.000 (U.S 50 Centavos) y $ 30.000 (U.S. 15) para adelantar los trámites de papelería para la adjudicación de 5 hectáreas de tierra por familia. A través de la Asociación se canalizarían recursos para agronegocios de palma, de caucho, de maíz, y ganado con posibles recursos del gobierno.
  • Domingo 2 de marzo hacia las 9:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que el sábado 1 de marzo en el municipio de Chigorodó integrantes de las estructuras paramilitares de “Águilas Negras”, abordaron a un poblador de Curvaradó, a quién luego de preguntarle por la devolución de las tierras, le expresaron: “es mejor que acepten el acuerdo que están proponiendo los empresarios, porque si no, el único modo de resolverlo es con plomo y eso se está evaluando”.

Nuestra Constancia y Censura Ética ante las evidentes actuaciones contra derecho que están pretendiendo legalizar lo ilegal, legitimar el crimen y sostener un modelo de desarrollo sobre la base de la impunidad, de la destrucción ambiental, el control social que niega los derechos reconocidos en la Constitución del 91, en las disposiciones internacionales reconocidas por el Estado colombiano como el artículo 169 de la OIT o la Convención Americana de Derechos Humanos.

Ahora si ningún recato, sin el mínimo de distancia, las actuaciones empresariales sostenidas en ilegalidad, en crímenes, en actuaciones fraudulentas, en la mezquindad para imponer modelos de “desarrollo” extractivos, destructores de la biodiversidad, de las posibilidades de supervivencia y sobrevivencia de las comunidades afrocolombianas, siguen su curso con la legitimación de autoridades que tienen sobre su cabeza la responsabilidad de vigilar el respeto por los derechos humanos. Ese el papel contra la moralidad pública que vienen desarrollando el personero municipal de Riosucio, quién funge como Inspector Municipal de Belén de Bajirá CARLOS ELOY ELJACH, de integrantes de la administración municipal de Carmen de Darién que niegan la inscripción de Consejos Comunitarios con argumentos excluyentes y segregacionistas, todo para beneficiar ese formula de “progreso” cimentada en la muerte violenta, la persecución, el terror, la impunidad.

A las actuaciones tolerantes, cómplices del pasado de unidades militares y policiales con la criminalidad, hoy se continúan repitiendo, perpetuando con un modelo de descentralización administrativa, que propicia la legitimación y la legalización de la criminalidad. Los reconocimientos en derecho de la propiedad ancestral como propiedad colectiva realizada por el Incoder no se traducen en la restitución del Territorio.

Los procedimientos legales para la restitución son negados. El Inspector de Policía de Carmen del Darién a la acción instaurada por las comunidades solicitando el lanzamiento por ocupación de hecho en conformidad con el reconocimiento de la titularidad de esos territorios por parte del Incoder, niega el recurso con el falso argumento de la extemporalidad afirmando que los hechos han sucedido desde 2001 y el mecanismo de solicitud de restitución de la propiedad no procede porque eso ocurrió hace casi 80 meses.

Por el contrario, no contentos con toda la trama de ilegalidad, con la planeación de crímenes sobre los líderes comunitarios, con el desarrollo de estrategias de control social, de manipulación, y de falsas acusaciones contra los Consejos Comunitarios que defienden la Vida y el Territorio, contra los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad que concretizan a través de estos mecanismos el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Derechos Protegidos en el Convenio 169 de la OIT, ahora desarrollan estratagemas para negar el Derecho.

Desconociendo la ocupación ancestral del Territorio buscan por todos los medios posibles para que los afrocolombianos y mestizos acepten ser parceleros, acepten proyectos productivos vinculados a agronegocios, y eso en contravía de la sana lógica, de la razón pública y del Derecho.

No siendo suficiente continúan con la extracción del fruto de la palma, con la extensión de la siembra de la palma, con la deforestación mecanizada, la desertización. Y todo a la vista de la autoridad, y con conocimiento de la autoridad, ante tanto atropello, ante tanta indignidad, es propicia la ceguera, la sordera, la mudez, o cuando la “autoridad” se manifiesta pretende legitimar las actuaciones ilegales, como ocurre frecuentemente con las unidades de la Brigada 15 o con las actuaciones policiales o la de “autoridades” civiles

Y en medio de tanto absurdo, las estructuras paramilitares denominadas “Águilas Negras” hicieron explícito su poder de control social, su poder económico en concordancia con las lógicas empresariales. Mientras la institucionalidad en este mismo espíritu negaba los derechos a los afrocolombianos y se ha negado a actuar frente a las actuaciones ilegales que ocurren a su vista, estas estructuras ilegales ejercen control sobre la extracción maderera, la deforestación, los servicios públicos de transporte. E insistimos, eso con conocimiento y en concurso con “autoridades”. Es el imperio de la fuerza criminal. Ninguna autoridad ejerció actuación alguna tendiente a la persecución de los paramilitares

Cerrando el círculo de lo absurdo, se producen cuestionadas e inoportunas intervenciones del Senador EDGAR EULISES TORRES en Carmen del Darién estimulando el desarrollo de proyectos agroindustriales, entre ellos el de la Palma, sin que haya existido una restitución real de la propiedad comunitaria.

Todas las operaciones ilegales continúan desarrollándose como expresión de que el Estado de derecho es una fantasía, un recurso para soñar, para discurrir, mientras el Estado de hecho es la realidad, un estado permanente de excepción criminal en Riosucio, en Belén de Bajirá, en Mutatá, en Chigorodó, en Carmen del Darien. Ese Estado de hecho constituido gracias al terror, a la impunidad, ahora bajo la presión, la seducción pretende imponerse por encima del Derecho como modelo de “desarrollo” y de “progreso”, qué es entonces lo justo? La barbarie hecha costumbre o los principios mínimos de humanidad, de sana lógica?

¿En razón de qué, funcionarios de la alcaldía del Carmen del Darién actuando en contra de sus responsabilidades constitucionales, y la moralidad que sus actuaciones les cobijan, negaron la inscripción de seis consejos comunitarios de Curvaradó? ¿Por qué esa negación de inscripción a los Consejos Comunitarios? ¿A quiénes beneficia? ¿Acaso a los empresarios ocupantes de mala fe? ¿A Los palmeros, los de la extensión ganadera, los traficantes de drogas, ex militares pedidos en extradición? ¿Qué prima? ¿Los derechos o las inversiones? ¿Las de dineros de tráfico de drogas como se presume, y los dineros públicos, cercanos a 6 mil millones de pesos, otorgados por FINAGRO a las falsas Asociaciones? Si existe el conocimiento del uso de dineros públicos en actuaciones ilegales, ¿qué ha hecho la Contraloría? Se han verificado si los mecanismos de tramitación de los créditos se realizaron conforme a la ley, si no fue así, ¿como está probado, qué pasa con los responsables?

¿Por qué las autoridades constituidas para combatir el delito con la fuerza se abstuvieron de realizar acción alguna contra las “Aguilas Negras”, a pesar de ser informados con tiempo de la realización de reuniones de control social, de control económico? ¿Por qué se realizaron dichas reuniones sin operaciones algunas tendientes a evitarlas? ¿Qué operaciones se realizaron a fin de prevenir la consumación de planes criminales?

¿Es labor de los Personeros Municipales y de los Inspectores Policiales oficiar como buenos componedores entre ocupantes de mala fe, que se benefician y se protegen con estructuras criminales? ¿Es posible pensar en conciliación? ¿O debe aplicarse estrictamente la ley, la persecución a la ilegalidad?

Los personeros y las autoridades militares cumplen con su deber constitucional cuando ellos colaboran con un diseño de justicia a la medida de los criminales y de los ocupantes de mala fe, desconociendo los mecanismos institucionales y las decisiones en derecho?

Si las autoridades ambientales regionales no actúan frente a la comisión de nuevos delitos ambientales como la deforestación intensiva, la desertización, el uso de químicos que afectan la vida humana, contaminan las aguas, ¿es deber del Ministerio de Ambiente actuar o no? Si el Ministerio de Ambiente es responsable de la aplicación de la política pública ¿por qué no actúa? Si toma asiento en las Juntas directivas de Codechocó y Corpourabá ¿por qué no actúa?

Es responsabilidad de la Fiscalía, si conoce de la comisión de delitos o de la posible comisión de estos investigar? ¿Qué investigaciones se han adelantado frente a las estructuras paramilitares de las “Aguilas Negras”, ante agentes estatales que les encubren? Qué actuaciones investigativas se han realizado en Belén de Bajirá, Brisas de Curvaradó, Mutatá y sobre las empresas palmeras en donde a la vista de todo el mundo las estructuras paramilitares de nuevo tipo permanecen activas?

¿Qué pueden esperar los afrocolombianos y mestizos del Estado colombiano? ¿A quién pueden acudir para proteger sus derechos? ¿A quién deben dirigirse para que sus derechos sean restituidos y se enfrente la impunidad?

¿Será que el conjunto de estas actuaciones de agentes estatales corresponden a un plan preconcebido, diseñado para negar los derechos de los afrocolombianos y mestizos, y por eso, no es posible esperar nada en Derecho del Estado?

Todo lo aquí consignado, como lo que se ha escrito en decenas de Constancia y Censuras Ética, ¿no merece por los menos un tipo de intervención expedida, extraordinaria sobre la Brigada 15, sobre la Policía de Belén de Bajirá y la policía de Urabá, sobre administraciones municipales?

No han sido suficiente 12 años de violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario, del arrasamiento y destrucción de su vida en los territorios, qué más deben esperar, ante la evidente constitución de un Estado de Hecho Criminal en Curvaradó.

Será posible, que por una única vez para ellos el Estado de Derecho se muestre plenamente, o serán los intereses económicos criminales, los que se impongan sobre el Derecho.

A ustedes nuestra solicitud perentoria, que aunque sea, por una única vez actúen con diligencia, con eficacia en coherencia con el Estado de Derecho, que ustedes dicen representar, pues la mirada humanitaria de la humanidad, alguna vez no solamente tomará atenta nota si no que allanará caminos para que tanta criminalidad consolidada en la impunidad en Crímenes de Lesa Humanidad sea sancionada.

Con profunda indignación,

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ