Necesidad de abandonar cualquier propuesta de reactivar la fumigación aérea en Colombia como medida perjudicial y ineficaces

Bogotá, 15 de noviembre de 2019

Señor Presidente de la República Iván Duque Márquez

Bogotá

ASUNTO: NECESIDAD DE ABANDONAR CUALQUIER PROPUESTA DE REACTIVAR LA FUMIGACIÓN AÉREA EN COLOMBIA COMO MEDIDA PERJUDICIAL Y INEFICACES

Nosotros, las organizaciones de los pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades locales, de la sociedad civil, activistas y académicos nacionales e internacionales abajo firmantes, le escribimos con el fin de instar a su persona y su gobierno a retirar la propuesta de reactivar la fumigación aérea de los cultivos de uso ilícito con glifosato. Queremos comunicar nuestra profunda preocupación, recordando que varios estudios y experiencias en el pasado han demostrado que dicha política genera un alto riesgo para los ecosistemas y consecuencias perjudiciales para los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades locales que dependen de la flora y la fauna para su subsistencia física y cultural, violando así sus derechos fundamentales. Los cultivos de uso ilícito son ciertamente un gran problema que requiere una solución urgente, pero las políticas y medidas para enfrentarlos tienen que ser efectivas, sostenibles y no deben causar problemas más graves.

Por esta razón hacemos un llamado para la no reactivación de las fumigaciones aéreas como medida para controlar los cultivos de uso ilícito, garantizando los derechos fundamentales amparados en la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto de Seguimiento 387 de 2019 de la Corte Constitucional, y especialmente el derecho al consentimiento libre, previo e informado y la consulta previa; y otros derechos colectivos conexos de los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y las comunidades locales, en especial los derechos territoriales y el derecho a la salud y al medio ambiente sano, a la integridad cultural, a la seguridad alimentaria.

Antecedentes:

Para combatir los cultivos de uso ilícito el actual gobierno colombiano ha anunciado la intención de reactivar la fumigación aérea con glifosato, como lo manifestó su Ministra de Justicia el pasado mes de julio de 2019, mediante el Auto 387/19, en seguimiento a la sentencia T-236 de 2017.i La audiencia de seguimiento a dicha sentencia ante la Corte Constitucional fue convocada por petición de representantes del Gobierno que solicitaron al Alto Tribunal moderar la decisión de 2017, con el fin de permitir la reactivación de las fumigaciones aéreas, manifestando no solo la preocupación del gobierno por la relación de los cultivos de uso ilícito con problemas de orden público, sino también por el impacto de dichos cultivos en la deforestación.ii

Estas preocupaciones deben plantearse no solo a propósito de los impactos de los cultivos, sino también en relación con las posibles soluciones, evaluando si estas resultan o no sostenibles, justas y eficientes para lograr el objetivo de disminuir la destrucción de los bosques y garantizar el respeto de los DDHH, o si por el contrario empeoran las cosas. Esta evaluación debe considerar si las intervenciones propuestas para detener los cultivos ilícitos tienen el potencial de lograr los objetivos principales de reducir la destrucción de los bosques y garantizar el respeto de los derechos fundamentales. La solución en sí no debe ser perjudicial. En este orden de ideas, el anuncio del Gobierno prende las alarmas locales, nacionales y globales, considerando que existen estudios que han demostrado que la fumigación aérea: 1) exacerba la deforestación por el desplazamiento de los cultivos selva adentro; 2) genera en las zonas asperjadas afectaciones a la salud, al medio ambiente y en general al entorno de las comunidades locales, y 3) vulnera los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques, afectando su supervivencia física y cultural.

La fumigación aérea exacerbaría la deforestación:

Por ejemplo, estudios indican que el aumento significativo de los cultivos de uso ilícito en Nariño en el año 2002 fue el resultado de las fumigaciones aéreas en el vecino departamento del Putumayo, en el marco del Plan Colombia. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) “los cultivos de coca en Nariño cobraron importancia en 2002, cuando se redujeron 40.000 hectáreas en los departamentos de Putumayo y Caquetá y se incrementaron 7.600 en este departamento.”vii Recordemos que en ese año, según las cifras de la Policía Antinarcóticos, el Putumayo fue el departamento que tuvo una mayor fumigación aérea, con un área fumigada acumuladaviii de 71.981 hectáreas (más del doble que en 2001 en el mismo departamento) lo que representó el 55% del área fumigada en todo el país en el 2002.ix Esto generó que los cultivos se trasladaran al vecino departamento de Nariño, que desde entonces se ha convertido en uno de los departamentos con mayor área de plantaciones ilícitas de coca.x De esta manera, la presión por las fumigaciones en Putumayo fue un factor clave que contribuyó a convertir a Nariño en una zona de producción de cultivos de uso ilícito. Años después, al interior del mismo departamento se replicó el efecto “balón”: en el 2016 una reducción de 16 por ciento de cultivos a través de erradicación forzada en Tumaco coincidió con el aumento en la producción de cultivos ilícitos en los municipios vecinos de El Charco, Barbacoas y Olaya Herrera.xi

Políticas defectuosas para combatir la deforestación:

Las cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM),xii indican que en 2015 se deforestaron 124.035 hectáreas, en 2016 aumentó a

179.00 ha, en 2017 se disparó a 219.973 ha, y en 2018 se deforestaron 197.159 ha.xiii Esto muestra un aumento del 158,9% en la deforestación en comparación con 2015. Esto ubica a Colombia como el cuarto país en el que más se deforestó en el mundo en el 2018, y el séptimo en el que más se ha incrementado dicha cifra.xiv La situación de la Amazonía colombiana es especialmente preocupante: en 2018, el IDEAM identificó que en esta región se concentró el 70,1% de la deforestación total del país, reportando una pérdida de 138.176 ha., 131,3% más que en 2015.xv En esta misma región, en el 2018 el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) identificó 38.950 focos de calor, es decir que, entre 2017 y 2018 aumentaron en un 43% los incendios en la Amazonía colombiana, concentrados justamente en la zona norte, donde durante los últimos años ha ido avanzando la expansión de la frontera agrícola: Guaviare, Caquetá, Putumayo, Meta y Vichada.xvi

En 2018, la Corte Suprema de Justicia reconoció que la incapacidad del Estado y de sus organismos de realizar el control, la vigilancia y protección efectivos es uno de los factores claves que ha permitido las cifras alarmantes de deforestación de los últimos años en la Amazonía colombianaxvii, reiterando que la normatividad no ha sido aplicada de manera diligente.

Con la regulación vigente y su deficiente implementación, reactivar la fumigación aérea representaría un incumplimiento de los deberes y obligaciones de Colombia a la luz del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, cambio climático y protección de la biodiversidad,xviii incluyendo órdenes de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, así como de las sentencias aplicables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver más adelante).xix Además, sería adoptar una política que en el pasado demostró no ser efectiva, ya que se concentra en “acabar con el problema de la coca y la deforestación asociada simplemente con un ataque frontal a la causa directa, es decir, el productor de hoja de coca, y no al problema estructural. Este es un marco político que beneficia la explotación a gran escala de los recursos amazónicos [y] la acumulación de tierras por terratenientes, compañías nacionales y transnacionales, mientras que una gran masa de la población rural es condenada legalmente por la posesión [a veces ilegal] de minifundios, el estancamiento en el proceso de titulación, ampliación y saneamiento [de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el reconocimiento jurídico de las tierras campesinas]; la falta de oportunidades de empleo, participación política y social, que entre otras, son finalmente las causas estructurales que obligan a pequeños productores a vincularse a la economía ilícita.”xx

Final Carta Abierta Al Gobierno Colombiano Re Planes de Fumigaciones Esp by Anonymous UeGxFwA on Scribd

Imagen: El Colombiano.