Mundo bizarro
No puedo alardear diciendo que lo que sé lo aprendí de las tiras cómicas. Debo sí reconocer que he aprendido mucho de su lectura.
Parte de las historietas de Supermán tenían lugar en el mundo bizarro, allí los aconteceres sucedían en forma contraria a la lógica o al sentido común. Algo similar parece estar sucediendo en Colombia.
Ante la evidencia inocultable de los denominados eufemísticamente falsos positivos, que en realidad corresponden a las más atroces violaciones de los derechos humanos y a los asesinatos más censurables cometidos por miembros de ejército regular alguno, el Gobierno ha decidido atacar el problema de raíz. En efecto, ha anunciado la judicialización de quienes los denuncien y no logren la plena prueba, la cual en rigor le corresponde buscarla a la Fiscalía; alega el Gobierno que las denuncias son instigadas por ONG, uno de los sectores de la sociedad civil más estigmatizados por el Ejecutivo; a renglón seguido manifiesta que estas denuncias deterioran la moral de las tropas. No se ha tenido en cuenta que la Fiscalía y la anterior Procuraduría han encontrado méritos para investigar más de 1.000 asesinatos fuera de combate cometidos por miembros de las Fuerzas Militares, dentro de los denominados falsos positivos. Como es bien sabido, en pocos meses se elegirá a un nuevo Fiscal, y le corresponde al Presidente seleccionar la terna de los candidatos. Una hipótesis es que los nombres seleccionados correspondan a quienes comulguen con la tesis gubernamental de otorgarle prioridad al mantenimiento de la moral de las tropas, con prelación a los derechos de las víctimas.
En los países normales las autoridades piensan y actúan con el fin de facilitarle la vida al ciudadano; en el país bizarro, por el contrario, se ingenian medidas de mortificación; basta pensar en la pérdida de tiempo para obtener el certificado judicial. En teoría, es posible gestionarlo en línea, pero durante parte del tiempo el sistema no funciona y pone al pobre ciudadano a realizar unos ejercicios de motricidad fina, sin que su correcta ejecución conduzca a un resultado exitoso.
Con amenazas de cuantiosas multas, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte obliga a los ciudadanos a que inscriban sus vehículos en el registro único. En principio el Gobierno tiene todos los datos de matrícula, traspaso, pago de impuestos y puede cruzarlos. El contrato que realizó un consorcio particular debía realizar esta tarea, ¡pero no! Hay que mortificar y lo que debía hacer el Gobierno lo debe hacer el contribuyente. Para hacer más penosa esta labor, el sistema no funcionó. Lo lógico en un país normal hubiera sido ver a los responsables excusándose y en lugar de reiterar las amenazas de multas se han debido extender los plazos, pues el error fue de la administración. Esto no ocurrió en el país bizarro.
En el mundo bizarro se confunden las víctimas y los victimarios, y en no pocas ocasiones se les da mayor reconocimiento a los victimarios que a las víctimas. Sólo así se explica que se tramiten leyes que persiguen a los desplazados si éstos se ven obligados a ejercer el comercio informal o a recurrir a la solidaridad pública. Esto también explica por qué Karina es nombrada gestora de paz, y a Piedad Córdoba, quien no ha cometido ningún asesinato, se le prohíbe participar en la liberación de los secuestrados.
*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano