Muerte de teniente y suicidio de soldado de la brigada 17 en finca de afrodescendiente
“ No levanten la cabeza, los que merodean, que se ahogan en su propia maldad, el hombre de mala lengua no durará en la tierra y al violento lo herirá de repente la desgracia, yo se que al desvalido, Dios le hará justicia y dará la razón a los pobres (Salmo 141, 10,12)
HECHOS
Ayer martes , 27 de septiembre, en la finca de la familia VELAZQUEZ dentro del territorio Colectivo del Cacarica, hacia las 9:00 horas, un Teniente de la Brigada 17 fue muerto por un soldado que le disparó y luego se suicidó, en el lugar se escucharon 5 disparos.
Los pobladores se encuentran profundamente preocupados, pues es la segunda ocasión en menos de un año que los militares protagonizan hechos que además de atentar contra sus propias vidas, generan altísimo riesgo a la población civil. El año pasado fue herido por un militar el señor VICTOR CUESTA en la comunidad de Bijao , territorio colectivo del cacarica, quien se encuentra aun afectado por los tiros de fusil provenientes de un efectivo de la Brigada 17, y dos jóvenes han sufrido graves secuelas psicológicas por las amenazas, persecución y tiros al aire de los soldados.
Una vez mas se hace evidente cómo la práctica de la política de Seguridad Democrática coloca en riesgo a la población civil, la militarización de la cotidianidad solo genera efectos nocivos sobre las comunidades y sobre los mismos actuantes combatientes que desarrollan sus actividades de control desde un marco doctrinal de seguridad Nacional, que destruye sus propios resortes de humanidad, la ausencia de combates reales, la persecución a la población los lleva al ocio destructivo de sus propias filas.
SOLICITUDES
Al presidente ALVARO URIBE VELEZ, máximo comandante de las fuerzas armadas
• Ordene el desalojo inmediato de la finca de la familia VELAZQUEZ del Consejo Menor Comunitario de El Limón y miembros de CAVIDA.
• Ordene a la brigada 17 definir los lugares de presencia de los efectivos militares fuera de los lugares de habitación, de trabajo y de movilización de la población civil.
LINEAS DE INTERPRETACION
Lo que ha sucedido es absolutamente grave. Poca atención los organismos de control del Estado y el Gobierno Nacional han prestado a las Constancias y Censuras Morales de las comunidades afrodescendientes y de nuestra Comisión de Justicia y Paz. Insistentemente hemos presentado las actuaciones de la Fuerza Militares, desbordadas con técnicas psicológicas de control, disparos, hostigamientos, hostilidades, amenazas, destrucción de bienes de pan coger, destrucción de signos de visibilización de las fincas, consumo de drogas, hostigamiento a los niños y niñas. Claramente hemos señalado a los responsables de de lo que hoy ha sucedido.
Los pobladores del Cacarica que habitan en las Zonas Humanitarias y en Bocas de El Limón han puesto desde hace mas de dos años, en conocimiento de las autoridades estatales y gubernamentales, el preocupante comportamiento de las Fuerzas Militares con los niños y la niñas, con los adultos mayores, la destrucción de bienes de supervivencia, la complicidad con la siembra de coca, el consumo de drogas psicotrópicas por los militares, la utilización de fincas como la de la familia VELAZQUEZ convertida en campamento militar, y la actitud omisiva de actuación frente a la estructuras paramilitares que se encuentran en una nueva etapa de control social, político y económico en La Balsa a dos horas y media de la Zona Humanitaria de Nueva Vida.
La aplicación de la política de seguridad ha desnudado su rostro de represión sobre unos pobladores que construyen alternativas integrales de paz, defendiendo la Vida y el Territorio con propuestas creativas de educación, de economía propia frente a modelos de desarrollo excluyente, a modelos de represión que usan a la población como escudo o como estrategia de guerra.
La política de seguridad ha pretendido hacer costumbre en el corazón la destrucción a fuego lento de la libertad de la población civil afrodescendiente, pero la misma se ha ido desmoronando ante la actitud resistente, la resilencia y la ética de una comunidad que no se doblega ante tanta perversidad.
Al final son los efectos de la práctica de control que se revierten contra ellos mismos. Las órdenes de operaciones de la Comandancia se desmoronan ante la imposibilidad de encontrar reales chivos expiatorios y sustento a su falsa ideología en que conciben a los pobladores como guerrilleros, como terroristas; se erosiona su propia conciencia de destrucción al ser puestos al descubierto en sus procedimientos de dopaje y en su complicidad con las estructuras criminales del paramilitarismo en el nuevo escenario de su institucionalización.
Las comunidades posiblemente serán las culpabilizadas por las muertes. Las lógicas irracionales de la institución militar tendrán que encontrar nuevos argumentos para sostener la militarización cotidiana de los afrodescendientes, y aumentará en las filas la necesidad de maldecir a unos pobladores que se han negado a aceptar la militarización de su territorio, de sus sueños, de su alma, de sus cuerpos.
Bogotá septiembre 28 de 2005
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ