Movimiento paramilitar en el territorio colectivo del Cacarica Situación crítica en el Jiguamiandó
1. El pasado lunes 27 de mayo se conoció del movimiento de varias unidades pertenecientes a la estrategia encubierta paramilitar desde la base de LA BALSA, Territorio Colectivo del Cacarica. De acuerdo con las versiones reunidas, ese movimiento de hombres se ha dado por una parte hacia el sitio conocido como Clarita, distante a menos de una hora y media del Asentamiento Nueva Vida y a dos horas y media del asentamiento Esperanza en Dios. Otro grupo de los armados se ha camuflado entre los bajos de los ríos, dejando la base parcialmente desocupada.
No ha sido posible precisar si dicho movimiento obedece a la incursión anunciada a las zonas humanitarias o el despliegue en ocultamiento pretende distraer las acciones que la comunidad internacional ha venido exigiendo frente a la base armada allí existente y que cobijó hasta hace pocos días a cerca de mil hombres armados, entre ellos varios menores de edad reclutados y pagados en los colegios del puerto de Turbo.
2. Al mismo tiempo, en desarrollo de la estrategia de control sobre el Medio y Bajo Atrato se mantiene el control por parte de unidades de civiles armados dentro de la estrategia paramilitar incluyendo, en el municipio de Riosucio y Carmen del Darién, la prohibición de la circulación de bienes de subsistencia para las comunidades del Jiguamiandó que desde el año pasado se vieron obligadas a desplazarse dentro de su territorio ante las acciones militares, las aparentemente legales y las ilegales, entre ellas el asesinato de varios de miembros de las Comunidades de las Cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, los ametrallamientos y bombardeos indiscriminados y la persistencia del bloqueo económico desde 1996. Persiste la crisis humanitaria en estas comunidades, donde se encuentran mas de 2500 entre afrocolombianos y mestizos enfrentando el impedimento a la satisfacción de sus necesidades básicas y las amenazas de una nueva ofensiva contra sus vidas.
Desde la presentación de exigencias de las Comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó respecto a la JUSTICIA e indemnización el cese a las acciones de Urapalma en relación con la implementación de la Palma Africana, nada se ha avanzado y por el contrario las acciones de ataques y de presión se han mantenido. Las comunidades del Jiguamiandó siguen a la espera de la respuesta estatal y del seguimiento de las negociaciones que eviten nuevos daños irreparables.
3. En el último año en relación con la comunidad del Cacarica, durante 3 ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ha conocido de informaciones precisas, frente a instituciones oficiales, sobre el accionar encubierto y clandestino en Tumaradó y la base de La Balsa , y en una ocasión del actuar armado en el río Jiguamiandó, solicitando respuestas dentro de la política de derechos humanos de combate a las «autodefensas »
Recientemente, el 23 de abril, en seguimiento a las medidas cautelares, la CIDH tomó atenta nota de la situación que se vive en el Cacarica y el Bajo Atrato, entre ellas la amenaza de una nueva incursión, la solicitud de la entrega o rescate de EDWIN SALAZAR, detenido desaparecido el 22 de abril, y de justicia por el desplazamiento generado por la operación Génesis en 1997 y los ya 90 crímenes contra la Comunidad.
4. Persiste el control sobre el río Atrato en el sitio conocido como Tumaradó, en Riosucio y en Carmen del Darien, donde se impone a la población la obligación del pago de impuestos por la circulación de bienes y de personas. Se ha cumplido más de un mes desde la detención desaparición de EDWIN y se desconoce acción alguna del Estado frente al reten de Tumaradó y la base de La Balsa. Se han cumplido 9 meses desde la reunión con el Ministro del Interior ARMANDO ESTRADA VILLA, delegado por el Presidente ANDRES PASTRANA ARANGO y no se ha dado respuesta a los 17 puntos allí planteados por la Comunidad. Se han cumplido mas de dos años de la reunión con el Ministro del Medio Ambiente JUAN MAIER, y no cesa el corte de la empresa Maderas del Darien desde La Balsa; han transcurrido más de 5 años desde el desplazamiento y no hay nadie sancionado y juzgado por su vinculación a la Operación Génesis.
Mientras esta es la respuesta del Estado las comunidades persisten en la construcción de su proceso de resistencia como población civil defendiendo su territorio y su proyecto de Autodeterminación, Vida, Dignidad, a pesar del asesinato de RAMIRO VASQUEZ, de la desaparición de EDWIN SALAZAR, de los tres torturados entre ellos, TOMAS MONTERROSA, obligado a salir de su territorio, a pesar del desplazamiento de tres familias ante la tensión de ser asesinados o desaparecidos como lo han anunciado los paramilitares, a pesar de la destrucción del territorio colectivo por parte de la Empresa Maderas del Darien.
Bogotá, junio 4 del 2002
COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ