Movilización de tipo paramilitar hacia el Jiguamiandó Nuevo Riesgo a la vida e integridad de los afrodescendientes

“Como un collar lucen su orgullo, por ropa llevan puesta la violencia, transpiran por sus poros la maldad, su corazón desborda de planes ambiciosos, se burlan mientras traman sus maldades, con soberbia profieren amenazas, hablan como dueños del cielo y pretenden guiar a todo el país” Salmo 73, 6-9

RESUMEN

Hace dos días, miércoles 26 de enero, según fuente de alta confiabilidad, un grupo de 500 hombres armados de la estrategia militar encubierta se dirigieron del municipio de Belén de Bajirá en 5 camiones hacia la cuenca del Jiguamiandó en donde se ubican las tres Zonas Humanitarias. Entre los “civiles” armados vestidos de camuflado se encuentran varios exguerrilleros que se acogieron al programa de reinserción del gobierno nacional y varios paramilitares.

En los primeros días del mes de Enero, en el sitio conocido como La Grande, militares adscritos al Batallón Fluvial 20 han sostenido su actitud hostil contra los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias. Las detenciones temporales sin órdenes judiciales, las falsas acusaciones con testigos falsos, los señalamientos contra los afrodescedientes persisten por agentes estatales, al tiempo, la movilidad de “civiles” armados de la estrategia paramilitar por el río Atrato continúan sin ningún tipo de reacción de la Fuerza Pública. Simultáneamente se ha percibido el avance de la deforestación ilegal dentro del Territorio Colectivo como preparatorio de la siembra de palma aceitera.

Es de anotar que después de la realización de la Comisión de Verificación de los cultivos de palma aceitera dentro de los Territorios del Curvaradó adelantada del 25 de octubre al 1 de noviembre, los “civiles” armados de la estrategia paramilitar anunciaron que ingresarían a la cuenca, cogerían a todos los que estuvieran en las zonas humanitarias y a los que tienen en lista dentro de la Zonas humanitarias y también cogerían a alguno de sus acompañantes.

DETALLES

* Jueves 27 de enero a eso de las 4:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció que el miércoles 26 de enero cerca de 500 “civiles” armados de la estrategia paramilitar se movilizaron desde Belén de Bajirá en dirección hacia el río Jiguamiandó en 5 camiones. Dentro de los armados de acuerdo con la fuente se reconocieron varios ex guerrilleros de las FARC que se acogieron al programa de reinserción gubernamental y “civiles” armados de la estrategia paramilitar.

Según la información, la operación militar se dirige en dirección de Bella Flor Remacho y esperarían que subieran efectivos procedentes del casco urbano de Murindó para sitiar el punto conocido como Caño Seco, la pretensión es controlar el movimiento de la población y asegurar el avance de proyectos agroindustriales dentro del Territorio Colectivo.

El mismo día a las 15:00 horas en el antiguo caserío de Nueva Esperanza, al frente de la actual zona humanitaria del mismo nombre, fue observado un civil armado de la estrategia paramilitar uniformado y armado. Durante el transcurso de la tarde en ese lugar se escuchaban sonidos de conversaciones y movimientos en ese lugar.

* Jueves 6 de enero desde las 9:00 a.m. y hasta las 3:00 p.m. se escuchó a menos de 20 minutos de la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza” la extracción de madera de manera mecanizada, como preparación a la siembra de Palma Aceitera

* Lunes 10 de enero, hacia las 3:00 p.m. dos integrantes de los Consejos Comunitarios de Bella Flor Remacho que llegaron a La Grande fueron abordados por dos soldados que les ordenaron dirigirse hacia donde el sargento.

Los dos campesinos fueron trasladados a una casa deshabitada, ubicados en una pieza vacía “si la gente nos ve conversando, la gente empieza a decir lo que no es”. En una de la piezas contiguas, dos personas que oficiaron como informantes se encontraban observando a los pobladores a quienes señalaron de ser guerrilleros.

El teniente ordenó separar a los dos integrantes del Consejo Comunitario, al que obligó a quedarse en la pieza, el oficial le hizo quitarse el sombrero y mirar de frente entre una rendija donde era observado por sus falsos acusadores. Minutos después ordenó ingresar al otro integrante del Consejo Comunitario.

A los campesinos, mientras los mantuvieron separados, los sometieron de ellos a un largo e incisivo interrogatorio en el que fueron señalados como cómplices de la guerrilla y en ocasiones como guerrilleros, afirmaron que en Santa Fé de Churima, si los querían. A uno de ellos, en el interrogatorio personal le hicieron quitarse las botas, las camisas, soltarse el cinturón, mientras era acusado de ser guerrillero. A pesar de que exigieron respeto ante los maltratos verbales y los abusos, los militares los obligaron a guardar silencio. A uno de ellos, un militar expresó: “Cállese, haga silencio, aquí no venga con carita de bravo, cuál es su monda. Sabe qué, el precio suyo son dos millones”.

Durante el interrogatorio, los pobladores fueron requisados en todas sus pertenencias. Los militares anotaron todos los datos y números telefónicos que se encontraban entre sus documentos, entre ellos, el de la Defensoría del Pueblo, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Aproximadamente, dos horas después volvieron a juntar a los dos campesinos. Un soldado que los estaba cuidando preguntó a un oficial: ¿entonces qué?. El oficial respondió “deje esos pelaos que se vayan”.

Cuando habían sido dejados en libertad, nuevamente uno de ellos fue llamado e interrogado por una hora más. El sargento expresó: “me han dicho que usted es guerrillero” (…). El campesino exigió que le trajeran a sus acusadores, que le manifestaran si estaba o no detenido, “soy campesino, soy trabajador, no soy guerrillero” (…) El campesino agregó: “ tráigame al que me acusó o lléveme para donde usted le de la gana”. El sargento entonces lo dejo ir.

* Martes 11 de enero hacia las 10:00 a.m., el casco en el que se movilizaron miembros del Consejo Comunitario y un voluntario de las iglesias cristianas de los Estados Unidos hacia Murindó.

A su regreso, cerca del punto conocido como La Ciénaga la embarcación es obligada a detenerse por disposición de integrantes del Batallón Fluvial que se encuentran en una Barcaza. Allí los efectivos regulares solicitaron a los integrantes del Consejo Comunitario llevar dos soldados al caballito. A esta petición los campesinos respondieron negativamente pues la embarcación es de uso exclusivo de la población civil.

Los militares molestos dejaron continuar el recorrido de la embarcación.

Minutos después en la vuelta del Cativo, abajo del punto conocido como La Bonga sobre el río Jiguamiandó aguas arriba, un exguerrillero de las FARC, junto con dos soldados exigieron al motorista del Consejo Comunitario, que se bajaran los pasajeros para regresar a los tres armados a La Barcaza. El motorista se negó, agregando que al Capitán, todo los integrantes del Consejo Comunitario saben que no lo van a hacer.

El militar expresó: “aquí el que manda soy yo en toda esta mierda” (…) “si nos llevan tienen buen viaje, por lo demás no sabemos, no respondemos” y los dejan seguir.

* Miércoles 12 enero, en horas de la mañana integrantes de los “civiles” armados de la estrategia paramilitar informaron que entre el 20 y el 30 de Enero habría una movilización armada hacia Santa Fe de Churima y las Zonas Humanitarias.

* Viernes 21 de enero en el lugar conocido como el encierro, cerca de la zona humanitaria de Nueva Esperanza, fue observado un grupo de militares.

* Miércoles 26 de enero a las 15:00 horas en el antiguo caserío de Nueva Esperanza, al frente de la actual zona humanitaria que tiene el mismo nombre, fue observado un “civil” armado de la estrategia paramilitar uniformado y armado.

Durante el transcurso de la tarde en ese lugar se escucharon los movimientos de decenas de personas, al parecer armadas.

LINEAS DE INTERPRETACION

Desde noviembre pasado dentro de la estrategia de tipo paramilitar, los afrodescendientes del Jiguamiandó y las familias de Curvaradó, que se encuentran afirmando integralmente sus derechos a la Vida y al Territorio son nuevamente objeto de amenazas de muerte tendientes a lograr desalojarlos de su territorio y posibilitar la ampliación de proyectos agroindustriales que se desarrollan en el Curvaradó y avanzan hacia el Jiguamiandó.

La actual movilización de más de 500 hombres armados vestidos de camuflado, y que se ha producido en varios camiones a la vista de todo el mundo, con la participación de exguerrilleros desde el municipio de Belén de Bajirá evidencia la ausencia de una política transparente de respeto a los Derechos Humanos e incoherente con el cumplimiento de las Recomendaciones de Naciones Unidas respecto al combate a los paramilitares y la desvinculación de agentes estatales comprometidos en estructuras armadas de tipo paramilitar.

La movilización de tipo paramilitar es coincidente con la ampliación de la frontera agroindustrial que de facto ha negado los derechos de los afrodescendientes y que pretende imponer un modo de desarrollo excluyente y negador de los derechos reconocidos por el Estado colombiano a los afrocolombianos del Jiguamiandó y Curvaradó. La ampliación ilegal e ilegitima de la frontera agrícola para siembras industriales de palma aceitera de acuerdo con cálculos de expertos ya alcanza a cerca de 18 mil hectáreas en Curvaradó y evidencian la erosión del Estado de Derecho

Las amenazas de tipo paramilitar se han incrementado desde Belén de Bajirá en particular luego del desarrollo de la Comisión de Verificación de la siembra de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo y de la constatación de cordones de seguridad de unidades regulares de la Brigada XVII y de “civiles” con radios de comunicación y armas cortas. Coincidentemente desde el Municipio de Belén de Bajirá hasta Mutatá y pasando por Barranquillita, donde se encuentra un peaje de tipo paramilitar, hay una presencia significativa de efectivos militares y policiales sin que las estructuras de tipo paramilitar se sientan afectadas. Igualmente, por el río Atrato, la movilización de paramilitares a través de embarcaciones de fibra con motores de alta potencia se ha hecho frecuente desde Murindó hasta el municipio de Turbo, mientras las unidades militares o policiales mantienen controles estrictos sobre los pobladores civiles.

El crematorio continúa a fuego lento, como hace 6 décadas en otro lugar del planeta, los territorios de los afrodescendientes e indígenas son negocio en el mercado global, las vidas de los empobrecidos son insignificantes ante las ganancias proyectadas, aquí no es posible la ética ni el derecho, los principios de respeto a la humanidad y a la tierra, a la solidaridad y a la supervivencia de la especie humana y del planeta son una quimera. El negocio del mercado no soporta ni la verdad, ni la justicia ni la reparación integral. El mercado no soporta la reconstrucción del Estado de Derecho ni una paz con dignidad. El mercado es coherente con una cooperación internacional del silencio, del formalismo solidario. El mercado es complaciente con una pacificación e institucionalización del paramilitarismo que asegure la ganancia, la privatización territorial

Bogotá, D.C enero 27 de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ