¿Montaje comisionado?
La supuesta desmovilización de 62 guerrilleros de las Farc en 2006 tiene ante la Fiscalía al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y a dos altos militares y puede enredar la embajada del general en retiro Mario Montoya.
Parece que los ‘falsos positivos’ en Colombia no se limitan a la macabra práctica de presentar muchachos inocentes ejecutados como guerrilleros muertos en combate. Se acaba de abrir indagación preliminar para decidir si la Fiscalía investigará a Luis Carlos Restrepo, el alto comisionado de Paz del gobierno Uribe, a un general y a un coronel del Ejército por la presunta desmovilización simulada, en 2006, de 62 guerrilleros de un bloque de las Farc. Esa apertura arroja nueva luz sobre lo que muchos sospecharon entonces: la creatividad de los interesados en presentar resultados contra la guerrilla podría haber llegado hasta organizar un evento que, si se comprueba, añadiría a los ‘falsos positivos’ la modalidad de inventarse una desmovilización. En ese caso, la gran pregunta que deberá responder la justicia es: ¿quién la habría comisionado?
La historia original parece de Ripley; lo que cinco años más tarde está destapando la Fiscalía -y que La FM radio reveló la semana pasada- es que podría tratarse de un montaje de la propaganda oficial. Lo que, de ser así, plantea la urgencia de llevar a sus autores a los estrados judiciales, pues, del presidente Álvaro Uribe para abajo, muchos altos funcionarios y militares reivindicaron esa desmovilización como un gran triunfo de la seguridad democrática.
El 6 de marzo de 2006, con bombos y platillos, fueron presentados por el gobierno en La Tebaida, Tolima, 62 guerrilleros de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc, encabezados por ‘Biófilo’, un curioso ‘comandante’ de boina roja y cola de caballo (un corte de cabello que las Farc no permiten en sus combatientes, todos de pelo al rape). La columna era desconocida hasta entonces, e incluía 26 fusiles, otras armas y una avioneta. Se felicitaron el presidente, el alto comisionado, el general Mario Montoya: “¡El primer frente de las Farc desmovilizado en bloque”!, dijeron, mientras saludaban la genialidad de la inteligencia militar, capaz de tales golpes a la moral de la guerrilla. Pero no bien proclamado, el nuevo ‘positivo’ de la seguridad democrática empezó a hacer agua.
Los desmovilizados lucían uniformes nuevos e impecables; algunas de las botas estaban marcadas con insignias de la VI Brigada; algunos de los fusiles que entregaron eran hechizos, otros no funcionaban y los demás no eran la dotación regular de las Farc. Pronto se supo que el líder del grupo, Raúl Agudelo, conocido como ‘Olivo Saldaña’, había estado preso los dos años anteriores a la desmovilización, que habría organizado desde la cárcel, donde se habría reunido varias veces con Restrepo. El grupo, que el gobierno en su momento calificó como muy cercano a ‘Alfonso Cano’, entregó una avioneta, supuestamente comprada por la guerrilla en tiempos del Caguán para transportar munición, pero a los pocos días se descubrió que había sido decomisada por las autoridades y estaba en una base militar en Corozal. Cómo llegó al otro lado del país a manos de una pequeña compañía de las Farc de la que nadie había oído hablar y que no figuraba en ningún registro de guerra, es uno de los misterios que deberán aclarar el comisionado y quienes lo acompañaron en esa pintoresca desmovilización. En todo caso, Uribe nombró ‘gestor de paz’ a Saldaña, condición de la que acaba de ser destituido por el presidente Juan Manuel Santos, ante el escándalo.
Si el anuncio quedó denunciado por SEMANA hace cinco años como un ‘oso’, lo que han contado dos desmovilizados a la Fiscalía, quienes, además del comisionado Restrepo, han involucrado al general retirado Lelio Suárez Tocarruncho y al coronel Jaime Joaquín Ariza, insinúa que podría haber un montaje mayúsculo detrás de esta historia.
SEMANA habló en la cárcel de Chiquinquirá con uno de los dos testigos del caso. José Alfredo Pacheco, alias ‘Dairo’, insistió en que los supuestos guerrilleros habían sido en realidad reclutados en las cárceles, reunidos en Bogotá, llevados a una finca en la región de Alvarado, Tolima, cerca del Batallón de Roux, y entrenados durante un mes por un exintegrante de las Farc que él mismo habría reclutado para ello. “Mi hermano -dice-, además, negoció las armas en Santa Marta a través de un narco que le decían ‘Alvarito’. Por tierra traen 33 fusiles en una camioneta; los paran varias veces en el camino, pero igual siguen porque todo lo coordinaban desde la oficina del comisionado. Un sargento del Ejército ayudó a conseguir 70 uniformes, botas, reatas y pistolas”. Él mismo habría conseguido 18 ‘candidatos’, a los que les prometieron un pago por desmovilizarse que nunca recibieron.
Pacheco cuenta cómo los militares les habrían dicho que “tocaba decir” que los desmovilizados eran de un mismo grupo, al que se les ocurrió ponerle el nombre de Cacica La Gaitana, pues así se llama el frente 21 de las Farc. Afirma que el coronel Ariza, ahora investigado, decía en un video “que esto tenía que salir bien, que todo tocaba perfecto”. Y concluye: “De todo esto sabían el general (Mario) Montoya y el general Suárez Tocarruncho”. Si se abre investigación formal, nada de raro tiene que vea perturbado por la justicia su apacible retiro como embajador en República Dominicana el general Montoya, gran promotor de esa desmovilización y quien salió a rectificar la información sobre la avioneta entregada por la supuesta compañía después de que se descubrió que el aparato llevaba tres años inmovilizado en una base militar.
El comisionado Restrepo ha negado tener conocimiento de las que llamó en RCN Televisión “esas irregularidades”, y dijo que el proceso se hizo con apoyo del Ejército. ‘Saldaña’ insiste en que la desmovilización fue real, no un montaje. SEMANA entrevistó a ‘Biófilo’, el presunto comandante del grupo, quien afirma lo mismo que ‘Saldaña’, aunque acepta que el gobierno “exageró”. “(Alfonso) Cano no tenía ni idea de nosotros”, dijo, y admitió que al menos nueve de los desmovilizados fueron traídos por la hermana de Pacheco.
Una pregunta clave es de dónde habría salido el dinero para financiar el hecho, y las respuestas lucen tan escandalosas como la propia desmovilización. Ya sea, como dijo Pacheco, que el narco Hugo Alberto Yepes hubiese pagado por todo para que lo incluyeran a él o que los genios detrás del montaje hubiesen usado dinero de los contribuyentes para su pequeña representación por donde se lo mire el asunto no solo sería penal, sino que hablaría infinidades sobre la estatura moral de los autores del presunto engaño.
De probarse que lo fue, estos tienen merecidas dos cosas. La primera es, por supuesto, el más drástico veredicto de los jueces. La otra es un premio: con tan protuberantes contradicciones, evidentes desde el día mismo en que tuvo lugar la desmovilización, esta es la favorita para el primer puesto en el campeonato de la pieza de propaganda oficial más torpe en la historia reciente. Porque el problema con los montajes es justamente ese: cuando ‘falsos positivos’ como este se descubren, ponen a todo el mundo a dudar de los verdaderos.
Cinco años después, de los 62 desmovilizados de ese grupo 36 siguen en proceso de reintegración; los demás, o lo abandonaron o están en la cárcel por delitos posteriores. Seguramente si la investigación prospera, muchos serán llamados a declarar y podrán (o no) contribuir a establecer la verdad. Lo único lamentable de este caso es que a la Fiscalía le haya tomado cinco años abrir investigación por un ‘oso’ denunciado, como lo hizo SEMANA, desde el momento en que tuvo lugar. Ojalá no le tome otros cinco contarle al país quién fue su autor intelectual.