Militarización erradicación y explotación petrolera.
El sábado 18 de junio hacia las diez de la mañana la entrada de la Plataforma 1 de la empresa Británica Amerisur, militares de la Brigada 27 de Selva detuvieron por varios minutos a Edwis Ramírez presidente de la comunidad de El Baldío, integrante de la ZRCPA.
Al directivo, le pidieron sus documentos de identificación para ser comparados con un listado que los militares tenían en sus manos de supuestos sospechosos.
Minutos después de identificarlo, le ordenaron:continuar su camino. Esta situación ha sido recurrente por parte de los militares en las comunidades de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica
la cual ha generado temor y no entienden el por qué de la existencia de ese tipo de listados.
La Plataforma extractiva está ubicada en la comunidad de la Alea, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, Municipio de Puerto Asís, Putumayo,
Los pobladores se ven frecuentemente sometidos a este tipo de control sin que se les haya explicado la razón de el listado. Durante los últimos días, las comunidades han observado con preocupación el incremento del pie de fuerza militar en sus comunidades
Se presume que estos militares de refuerzo en la Brigada 27 de Selva, al mando del Sargento Segundo Mahecha, serían los que el martes 28 en horas de la mañana, realizaron acciones de erradicación en el caserío de Camelias, afectando los cultivos de 3 familias y amenazando con la continuidad de las erradicaciones.
El miércoles 29 de julio en horas de la mañana, las comunidades en diálogo con el Sargento Segundo Mahecha, le explicaron el proceso que adelantan con gobierno nacional, los diferentes espacios que se han habilitado en lo regional para este tipo de situaciones y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre procesos de erradicación. El mando militar solo manifestó que la erradicación continuaría porque es una orden del gobierno Nacional.
El gobierno nacional continúa desconociendo los acuerdos para suspender las erradicaciones mientras se adelantan diálogos con la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo con el fin de construir una propuesta de sustitución de los cultivos de coca para las comunidades de la región.
Al mismo tiempo se están desconociendo autos y sentencias de la Corte Constitucional que establecen la obligación previa, a cualquier proceso de erradicación, aplicar planes de contingencia que permitan a las familias no quedar en un estado de insubsistencia evitando así la generación de nuevos desplazamientos.
Para los pobladores es lamentable la coincidencia que donde se militariza y erradica, sean las mismas áreas donde la empresa Amerisur quiere ampliar su rango de explotación, con la apertura de nuevas plataformas y la exploración sísmica de un nuevo bloque petrolero.
Bogotá D.C. 21 de junio de 2016
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz