Militares erradican territorio indígena, quebrantando sus derechos y autonomía
El martes 26 de febrero, hacia las 5:00 p.m., comuneros del cabildo Nasa Kwesx Kiwe Chorrolargo, corregimiento de Piñuña Blanco, municipio de Puerto Asís, se percataron de que militares del Batallón de ingenieros, adscritos a la Brigada XXVII de Selva, realizaron labores de erradicación de cultivos de coca en su territorio de manera forzosa y contra derecho.
Desde septiembre del 2018, las autoridades del cabildo Nasa Kwesx Kiwe, radicaron ante el Ministerio de Defensa y Batallón de Ingenieros, las razones y argumentos jurídicos por los cuales exigen respeto de su territorio; mostrando los límites del territorio ancestral pretendiendo evitar actuaciones contra derecho.
La acción de los militares, desconoce la autonomía territorial de los pueblos indígenas, la normatividad constitucional, y la directiva 016 del Ministerio de Defensa acerca de la coordinación entre autoridades indígenas previo ingreso a territorios ancestrales.
Frente a procesos de erradicación de cultivos de uso ilícito dentro de territorios indígenas, la Corte Constitucional en la sentencia SU383/03, estableció claramente el derecho fundamental de consulta y consentimiento previo libre e informado.
Así mismo, la sentencia T-300 del 2017 estableció como precedente que las comunidades Nasa del Putumayo no han sido debidamente consultadas ante el desarrollo de estos procesos en sus territorios, ordenando no desatender este procedimiento como derecho fundamental de las comunidades indígenas en Colombia.
El juez del Juzgado primero civil del circuito, especializado en restitución de tierras de Mocoa, en agosto de 2008, otorgó medidas cautelaras sobre el territorio, estableciendo una especial protección y salvaguarda del mismo, las que deben ser respetadas y acatadas por el conjunto de la institucionalidad.
Urge que el gobierno Nacional, actúe en derecho y respete la normatividad y lineamientos de la Corte Constitucional respecto a los derechos de las comunidades indígenas y la obligación estatal de salvaguardar su integridad física y cultural.
Bogotá D.C., 01 de marzo de 2019
Comisión Interclesial de Justicia y Paz