Militares anuncian operaciones paramilitares contra la población, persisten hostigamientos contra Aldemar Lozano y familia
Nuevamente nuestra Constancia y Censura Ética ante lo que se puede concebir como una persecución contra ALDEMAR LOZANO y su familia, así como contra la Comunidad Civil de Vida y Paz, por su labor legitima en la protección de los derechos humanos y la exigencia a las estructuras armadas institucionales a actuar conforme a los principios que identifican un Estado de Derecho.
Bogotá, D.C. Abril 8 de 2008
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior
FERNANDO ARAUJO
Ministro de Relaciones Exteriores
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref. Militares anuncian operaciones paramilitares contra la población, persisten hostigamientos contra ALDEMAR LOZANO y familia
“Y quieren proteger con vaciedades? Sus respuestas son puro engaño”. Job 21, 34
Reciban un respetuoso saludo.
Nuevamente nuestra Constancia y Censura Ética ante lo que se puede concebir como una persecución contra ALDEMAR LOZANO y su familia, así como contra la Comunidad Civil de Vida y Paz, por su labor legitima en la protección de los derechos humanos y la exigencia a las estructuras armadas institucionales a actuar conforme a los principios que identifican un Estado de Derecho.
Las actuaciones institucionales de las Fuerzas Militares en Puerto Esperanza han estado signadas por operaciones criminales, las que pretenden ser encubiertas, silenciadas con las presiones sobre las familias o los líderes que se han atrevido superando las intimidaciones a exigir verdad y justicia.
La ausencia de actuaciones eficaces de los mandos superiores de las Fuerzas Militares refleja la complacencia con los abusos de autoridad, la cadena de mando y el espíritu de cuerpo brinda una falsa legitimidad a las nuevos abusos y amenazas de muerte, en las que se anuncian operaciones de los grupos paramilitares.
Pero no siendo suficiente, los montajes judiciales y la presión psicológica, se combinan para propiciar el silenciamiento y la parálisis colectiva.
Ante ustedes nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las actuaciones institucionales que en vez de asumir los correctivos necesarios desarrolla nuevas técnicas bajo las cuales se revictimiza a quiénes han sido sus víctimas.
* Miércoles 14 de noviembre de 2007, hacia las 10:00 a.m., un Sargento de apellido RAMIREZ, del Batallón 21 Vargas, se dirigió a uno de los establecimientos públicos del casco urbano de Puerto Esperanza con un interrogatorio a su propietaria para vincularla al Plan Buen Vecino. Las preguntas se dirigieron a conocer con precisión el núcleo familiar, los números de celular y de documentos de identidad. El militar indicó que “el plan Buen Vecino consiste en que la población brinda ayuda con la entrega de información cuando vea gente rara o cosas raras. La habitante se negó a ser parte del Plan.
El mismo interrogatorio de datos familiares lo realizó el Sargento RAMIREZ por orden del Teniente CABALLERO en cinco sitios donde existe venta de minutos de celular y en establecimientos comerciales. Afirmó que estaban brindando seguridad desde el día anterior, 13 de noviembre, a una comisión de la Fiscalía que estaba investigando la muerte de GENARO POTES.
Este mismo día, 14 de noviembre, los militares salieron del corregimiento de Puerto Esperanza hacia Medellín del Ariari,
* Sábado 24 de diciembre de 2007, un poblador informó a nuestra Comisión de Justicia y Paz que unidades policiales del municipio de El Castillo están buscando a ALDEMAR LOZANO expresando que “es el duro de la UP – Unión Patriótica- en Puerto Esperanza, pero no se deja ver”.
ALDEMAR viajó el día 22 de diciembre desde Bogotá a Puerto Esperanza, luego de permanecer desde el 27 de agosto desplazado en Bogotá ante las amenazas y hostigamientos realizados por el ejército contre él.
* Lunes 14 de enero de 2008 en el perímetro urbano del municipio El Castillo un poblador manifestó su preocupación por ALDEMAR “la policía lo está buscando con un volante, un escrito en un papel que parece una citación o una orden de captura”. Tres días antes, el 11 de enero unidades policiales en Medellín del Ariari estuvieron preguntando por ALDEMAR en varias casas.
* Viernes 18 de enero, ante los nuevos hechos que se presentaron con su regreso a la región, la insistencia por parte de unidades de Policía del municipio El Castillo de ubicar el paradero de ALDEMAR y los señalamientos realizados contra él desde el mes de diciembre pasado. ALDEMAR se vio obligado a salir de Puerto Esperanza y el 23 de enero regresó a Bogotá después de permanecer unos días en Villavicencio.
* Jueves 7 de febrero, en horas de la noche se observó la llegada al caserío de Puerto Esperanza de unidades militares del Batallón 21 Vargas.
De acuerdo con los militares, llegaron al caserío para brindar seguridad a una comisión del DAS que adelantaba diligencias sobre denuncias realizadas por ROCIO SANTIBAÑEZ.
El ejército no hacía presencia en este caserío desde el 14 de noviembre pasado cuando el sargento FERRO, del Batallón 21 Vargas, intimidó y hostigó a ROCIO SANTIBAÑEZ señalándola de tener vínculos con la guerrilla y anunciando que ellos iban a ser judicializados.
Las unidades militares forzaron a un empadronamiento de la comunidad, a involucrar a la población civil dentro de acciones militares a través de redes de cooperantes o informantes que denominan “Plan Buen Vecino”.
* Viernes 8 de febrero, a las 10:55 a.m. 4 hombres que se identificaron como agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, del municipio de San Martín, llegaron a la puerta de la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz, CIVIPAZ, transportándose en una camioneta de color blanco.
Uno de los agentes se identificó con la placa 0744 de San Martín expresando que estaban buscando a la señora ROCIO SANTIBAÑEZ para una declaración por “una denuncia que ha realizado la Comisión de Justicia y Paz y venimos a tomar la declaración de la señora ROCIO”.
Uno de los acompañantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, ELKIN SARRIA expresó que deberían dirigirse a Justicia y Paz, el integrantes del DAS expresó, sin ser verdad, que “esos trámites ya se habían realizado y ordenó a los demás salir de allí”. Pobladores de la Zona Humanitaria constataron que los agentes estatales estaban realizando una grabación en video del diálogo con el defensor de derechos humanos y del entorno de la Zona Humanitaria.
Algunos integrantes de Civipaz y otra acompañante de la Corporación Claretiana que se encontraban en la puerta de acceso fueron interrogados por otro agente del DAS acerca de la producción de pan coger, el trabajo comunitario, y luego aseveró en tono despectivo: “Yo conozco una comunidad como esta en San José de Apartadó y se cómo es que funcionan”.
El agente del DAS 0744 se dirigió nuevamente al acompañante de nuestra Comisión solicitando su documento de identidad, segundos después dio la orden de grabar en video a un integrante de Civipaz, y a los defensores de derechos humanos de la Corporación Norman Pérez y de nuestra Comisión de Justicia y Paz.
El defensor de derechos humanos de nuestra Comisión cuestionó la grabación y su uso, a lo que el agente del DAS 0744 manifestó: “no los grabe solo a ellos, grábeme a mí también”.
A las 11:15 a.m., los funcionarios del DAS se dirigieron a la casa de ROCIO SANTIBAÑEZ, ubicada a menos de dos minutos de la Zona Humanitaria. Allí expresaron: “Sabemos que usted es ROCIO y venimos desde San Martín a tomarle una declaración” refiriéndose a Constancia que se hizo sobre las amenazas del integrante de la Fuerza Militares FERRO. El funcionario del DAS reiteró: “Y usted conoce a Ferro”. – Sí, lo conozco. “Y usted habló con él”. – Sí. “Y él la amenazó?”. – Sí, “pero ya le dije que todo es a través de Justicia y Paz así que deje de preguntarme cosas. El agente del DAS solicitó entonces su nombre y número de cédula de identidad, datos que ROCIO entregó
El ejército se mantuvo durante el resto del día en el caserío y en horas de la noche se fueron por la vía que comunica hacia el corregimiento de Medellín del Ariari.
* Martes 12 de febrero, a las 4:35 p.m. unidades policiales que se transportaban en una camioneta con el número 17044 se ubicaron enfrente de la Zona Humanitaria de Civipaz en Puerto Esperanza. Desde uno de los extremos de la Malla que identifica los límites de la Zona Humanitaria, algunas unidades policiales observaron con binoculares el interior del lugar.
Minutos después regresaron al caserío de Puerto Esperanza y en el bailadero le preguntaron a un poblador: “¿Sabe si la señora MARIA MEDINA es la que coordina la comunidad que está allá arriba -señalando hacia la Zona Humanitaria-?, el campesino expresó: no sé.
Las unidades policiales siguieron hacia uno de los restaurantes del caserío, ingresaron al sitio y preguntaron por alguna persona de la Comunidad Civil de Vida y Paz. Allí una habitante expresó que sí conocía. Los agentes le preguntaron entonces por el nombre del presidente, de la labor de la comunidad, y uno de ellos anotó: “nadie nos atendió. Después si pasa algo que no vayan a decir que la policía por acá no se asoma”.
Entre las unidades policiales, según algunos pobladores, se encontraba uno de apellido SEPULVEDA, quien preguntó a por la comunidad de la Zona Humanitaria, que si eran desplazados y si eran acompañados por la ONG que pone las denuncias.
Pasadas las 5:00 p.m., la camioneta con las unidades de Policía se fueron con dirección hacia el corregimiento de Medellín del Ariari.
* Viernes 22 de febrero, ALDEMAR LOZANO presentó un derecho de petición de Habeas Data a la Policía Nacional y a la Fiscalía General, solicitando se le informara si existe investigación alguna en su contra, pues durante el mes de enero miembros de la Policía del municipio El Castillo estuvieron indagando por él, y según testimonios, estos portaban un papel con una supuesta citación o una orden de captura.
* Jueves 28 de febrero, ROCIO SANTIBAÑEZ llegó a realizar unas compras al casco urbano del municipio El Castillo y fue abordada por un funcionario de la Personería quien le manifestó que estaba citada para declarar en el Batallón 21 Vargas. ROCIO, esposa de ALDEMAR, al recibir la carta expresó que no existían garantías de seguridad para declarar en el Batallón y agregó los escritos están firmados por Justicia y Paz, ellos tienen nuestro aval y representación deben buscarlos a ellos. “Yo no voy a ir”.
* Lunes 17 de marzo, ALDEMAR LOZANO regresó al caserío de Puerto Esperanza debido a las condiciones infrahumanas que ha vivido en condición de desplazado, la inatención institucional, y los hostigamientos de que ha sido objeto su familia
* Miércoles 19 de marzo, nuevamente ROCIO SANTIBAÑEZ es citada por intermedio de la Personería, en esta ocasión a la Procuraduría Regional del Meta, para que rinda declaración por las Constancias presentadas por nuestra Comisión.
Este día se tiene conocimiento de la respuesta al derecho de Petición de Habeas Data, presentado por ALDEMAR LOZANO el 22 de febrero, la cual indica que se ha ido “estableciendo no tener indagaciones preliminares en este Organismo, igualmente el gabinete de antecedentes penales, informa que en su contra no registra órdenes de captura vigentes” suscrita por el Coronel NICOLAS MUÑOZ MARTINEZ, Subdirector de Investigación Criminal de la Policía.
* Martes 25 de marzo a eso de las 2:45 p.m., cinco unidades militares adscritas al Batallón 21 Vargas tomaron fotografías del interior de la Zona Humanitaria de Comunidad Civil de Vida y Paz, Civipaz.
* Sábado 29 de Marzo hacia las 10:00 p.m., cuatro hombres vestidos de negro, con armas cortas y con sus rostros cubiertos con pasamontañas, arribaron a la vivienda del campesino NELSON PALOMINO, ubicada a 10 minutos del caserío de Puerto Esperanza, sobre la vía que comunica al corregimiento de Medellín del Ariari.
Los armados golpearon insistentemente la puerta y las ventanas exigiendo al campesino salir de allí, expresando en tono amenazante: “sabemos que está adentro, salga que necesitamos hablar con usted”. Mientras gritaban, golpeaban a los perros que les ladraban.
La casa de NELSON está ubicada a menos de 200 metros del lugar donde desde el 24 de marzo pasado, tropas adscritas al Batallón 21 Vargas acamparon.
A las 11:00 p.m., los armados se retiraron del lugar.
* Domingo 30 de Marzo, hacia el medio día, el campesino NELSON PALOMINO se dirigió al Teniente de apellido MARÍN, del Batallón 21 Vargas, para manifestarle su preocupación por los hechos del día anterior. Al respecto el militar respondió: “Yo no tengo control sobre toda la tropa, yo los dejo en sus puestos y no se que hagan, es como si usted tiene 20 gallinas y se acuesta a dormir no sabe que hacen las gallinas durante la noche, pero yo no creo que sean ellos”.
Luego el Teniente MARÍN realizó una llamada telefónica y dijo estar comunicando con el comandante de la Policía del municipio de El Castillo, y narró lo sucedido la noche anterior. Según el Teniente MARÍN, el comandante de la Policía le expresó que se trataba de delincuentes comunes, no había de que preocuparse porque la región está protegida con la presencia del ejército y la policía. Y agregó: “Esos mismos individuos esa misma noche hacia las 10:00 p.m., robaron una motocicleta en la vereda Caño Claro”.
Ante la respuesta de la Fuerza Pública NELSON y su esposa se vieron obligados a abandonar su casa de habitación.
* Martes 1 de abril, hacia el medio día, en el caserío El Retiro, ubicado a tres horas de camino del caserío de Puerto Esperanza, unidades militares pertenecientes a una Móvil de Contraguerrilla del ejército, ingresaron por la fuerza a la vivienda de la familia TRIVIÑO LÓPEZ.
Los militares hurtaron dos machetes, un martillo, un juego de llaves para guadañadora, una llave para motosierra, veinticinco botellas de miel de panela, un galón de 4 litros con gasolina, un galón con mixtura para motosierra y medio galón con ACPM.
Los uniformados, según testimonios de varios pobladores, ingresaron de manera violenta a la vivienda, donde luego de revolcaron todo iniciaron el robo de los bienes de trabajo, incluyendo además, ropa y enseres. Al llegar a la puerta de una de las habitaciones y encontrarla con seguro, forzaron la cerradura e ingresaron al interior saqueando y dañando bienes de la familia.
La misma situación se presentó en otras dos casas vecinas del mismo caserío, donde además arrojaron al piso bienes de supervivencia de los campesinos.
Este mismo día, hacia las 7:00 p.m., llegaron al caserío de Puerto Esperanza cerca de cien unidades militares de la Unidad Móvil de Contraguerrilla del Ejército, provenientes del caserío El Retiro.
Uno de los uniformados expresó: “esos de esa comunidad, y otros líderes son unos sapos, todo lo que nosotros hacemos lo dan a conocer por todo el mundo. Nosotros tenemos que respetar a esa comunidad o sino nos meten a la cárcel, pero cuando lleguen los paras esos si no van a respetar, porque les tienen bronca a esa gente por lo que han hecho.”
* Lunes 7 de abril, a las 4:55 p.m., unidades militares que se encontraban ubicadas en un puesto de control a la entrada del corregimiento de Puerto Esperanza, realizaron registros fotográficos a los pobladores que se movilizaban en los vehículos de servicio público. Entre las personas que fueron fotografiadas se encuentra la profesora de la escuela en la Zona Humanitaria de Civipaz.
Nuestra Constancia y Censura Ética ante las actuaciones permanentes y sistemáticas de hostigamiento contra ALDEMAR LOZANO y su familia; frente a los procedimientos inadecuados para adelantar investigaciones por crímenes y abusos de autoridad que comprometen la responsabilidad de las Fuerzas Militares del Batallón 21 Vargas.
Nuestra Censura Ética ante la impunidad en que se encuentra el Crimen de GENARO POTES y otras personas ejecutadas extrajudicialmente por estructuras armadas de la Brigada 7. Gracias a la impunidad en que se encuentran todas las actuaciones criminales cometidas antes y después del 2002, hoy los riesgos a la vida y a la integridad personal de los pobladores de Puerto Esperanza persiste, pues son los militares hoy, quiénes como en el pasado anuncian el desarrollo de nuevas operaciones de tipo paramilitar sobre la población.
Nuestra Censura Ética frente a los procedimientos inadecuados para la recepción de declaraciones o testimonios, y la ausencia de otro tipo de mecanismos investigativos para asumir una investigación. Igualmente, nuestra profunda preocupación por el uso en contra derecho de de videos y fotografías que se encuentran en poder de las Fuerzas Militares y de agentes del DAS, de integrantes de las comunidades campesinas, y de defensores de derechos humanos que acompañan a estos pobladores de Puerto Esperanza y de Civipaz.
Los apelamos a evitar que las amenazas pronunciadas por unidades militares de nuevas operaciones criminales de tipo paramilitar se vayan a consumar, esto significa la intervención inmediata sobre la Brigada 7; el cese del estado de impunidad en que se encuentran las investigaciones que comprometen de modo directo la responsabilidad del Estado, entre ellos el Crimen de GENARO POTES, los desplazamientos forzosos de la población del Ariari; el cese de hostigamientos a ALDEMAR LOZANO y su familia y el abstenerse de realizar montajes judiciales a un campesino que ha afirmado como expresión de su carácter virtuoso la exigencia de respeto integral a los derechos de los campesinos, la verdad y la justicia como posibilidad real de reconstrucción del Estado de Derecho.
De toda consideración,
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ