Mientras Uribe miente, la justicia lentamente devela
El pasado 20 de julio habló con vehemencia de su eficaz labor en materia de atención a desplazados y restitución de los predios colectivos en Curvaradó y Jiguamiandó.
Todo parece ser vanagloria y las investigaciones tal vez, alguna vez,si son eficaces y diligentes, tocarán a su gobierno.
Ayer los medios de información indicaron que Gabriel Jaime Sierra, propietario y gerente de Palmas de Curvaradó, se acogió a sentencia anticipada por el delito de concierto para delinquir.
Sierra inicialmente pretendió lograr beneficios carcelarios, para tal efecto acreditó ante medicina legal que sufría enfermedades graves. Sin embargo, medicina legal desestimó tal alegación por lo que cuando se reciba la autorización de salida de la clínica Medellín este empresario será trasladado a la cárcel de Bellavista. Sierra tomó la decisión de ampliar su indagatoria.
De acuerdo con informaciones de las propias fuentes gubernamentales Sierra era de los empresarios protegidos por Álvaro Uribe Vélez. Acogerse a esta figura de la sentencia es reconocer una conducta punible, la duda es si Sierra hablará o no de sus conexiones con la Casa de Nari.
En septiembre de 2009, el reconocido paramilitar Jesús Antonio Roldán Pérez, conocido como alias “Monoleche” entregó a la unidad de extinción de dominio una lista de bienes y testaferros de los paramilitares. Se conoce que Monoleche ha estado ligado a la empresa Agropalma, asociada estratégica y comercialmente con Urapalma, a través de su cercana familiar Sor Enid Ospina Rendón, quien fungía como gerente. Esta le entregaba regularmente informes de gestión, en medio de la ocupación ilegal de los predios comunitarios de Cetino y Andalucía.
Detrás de Urapalma y Palmura, de acuerdo con las informaciones recaudadas, se encontraba Vicente Castaño, conocido como “El Profe” y entre ellos se benefició la reconocida familia Zúniga Caballero, propietaria a su vez, de la Extractora Bajirá S.A. Algunos de los Zúniga están vinculados en investigaciones por lavado de activos y estuvieron involucrados en la reunión secreta” sostenida por Job en la Casa de Nariño.
Se ha conocido igualmente que “Monoleche”, recibía el dinero de los empresarios para adquirir los predios colectivos en el bajo Atrato. El mando paramilitar, acogido por la ley 975, Raúl Hazbún ha sostenido que Ramiro Porras, alias “Napo”, Wilson Cardona Restrepo, alias “Palillo” y Sor Teresa Gómez, hacían parte de la organización paramilitar encargados por Vicente Castaño para negociar tierras.
Confrontando las versiones dadas en la ley 975 se ha constatado que la Fiscalía no ha hecho absolutamente ninguna indagación respecto a otros beneficiarios de la violencia paramilitar y tampoco ha vinculado militar alguno. Estos mandos suscribieron recientemente una carta a Gustavo Petro para referirse a los problemas de las tierras en su poder, y en particular de sus beneficiarios.
La Fiscalía en mayo recientemente resolvió proferir medida de aseguramiento consistente en detención preventiva a todos los mencionados como posibles coautores responsables de los punibles de Desplazamiento Forzado en concurso homogéneo, sucesivo y heterogéneo con los delitos de Concierto para Delinquir agravado e Invasión de Tierras de Especial Importancia Ecológica.
Efectivamente, el pasado 18 de mayo, mientras los empresarios en el Ministerio del Interior, con el concurso del gobierno de Uribe y de Germán Marmolejo, que se ufana, falsamente, de ser representante legal de Curvaradó, pretendían firmar un contrato de usufructo por 50 años y evitar una restitución real de los predios comunitarios, la Fiscalía ordenó la captura de varios empresarios y entre ellos se ha logrado la captura de Mario León Villa Pacheco, Carlos Daniel Merlano Rodríguez, Danilo José Pacheco De La Hoz, Luis Alberto Flórez Pérez, Remberto Manuel Alvarez Vertel, Juan José Palacios Palacios, Manuel Gregorio Denis Blandón (Comisionista De Tierra), Sor Enid Ospina Rendón, hermana de Jesús Ignacio Roldan Alias “Monoleche”, Katia Patricia Sanchez Mejía y Javier Morales Estrada. El resto de personas se encuentran prófugas.
A Katia Patricia Sánchez Mejía se le suspendió la detención preventiva debido a que según la Fiscalía, su enfermedad le imposibilita permanecer en establecimiento carcelario. Sánchez, quien presionó al campesino Enrique Petro y otros integrantes de los consejos menores, se le ordenó prestar caución prendaria y hacer un acta compromisoria.
Carlos Daniel Merlano, asesor de Sánchez, en la tramoya judicial, abogado y socio accionista de Urapalma, le otorgaron la detención domiciliaria en Barranquilla por acreditar ser padre soltero cabeza de hogar para atender a su hijo que cuenta con retraso mental. Merlano no acepta los cargos por desplazamiento forzado.
Por otra parte, como los ha sostenido la Comisión de Justicia y Paz ha reconocido que Asoprobeba y Funpazcor, se crearon como parte de la estrategia paramilitar para adquirir empréstitos a cargo de Sor Teresa Gómez miembro de la familia Castaño, quien tiene orden de captura en el proceso y se encuentra prófuga de la justicia.
El capítulo de la paraeconomía no se ha descubierto integralmente. En este proceso judicial solamente se ha identificado a una porción de empresarios, existen muchos otros peces, grandes muy grandes, que se encuentran ocultos. Igualmente, los militares responsables de la persecución y exterminio de la población afrocolombiana en Curvaradó y Jiguamiandó que siguen sin descubrirse y sin ser sancionados, también participaron en este criminal negocio.
El rechazo de los habitantes de las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad de los Consejos Menores de Curvaradó y Jiguamiandó a las afirmaciones del presidente Uribe, quien presentó públicamente como éxito de su gobierno la restitución de predios colectivos es justa.
Hoy persiste el paramilitarismo empresarial, la complicidad de la Brigada 17 y 15 del ejército en el control social territorial y no existe una restitución real de la propiedad, este es el otro rostro, no existoso, más bien repudiable, de la seguridad democrática
Bogotá, D.C julio 23 de 2010
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz