Mientras más se habla del Premio Nacional de Paz Amenazas, desapariciones, asesinatos
Consolidándose, ampliándose, extendiéndose, la estrategia de control sobre la población del Ariari a través de la estrategia militar encubierta. Técnicas y métodos de todo tipo se usan con la pretensión de imponer un modo de sociedad.
Ninguna actuación estatal desde lo civil enfrenta lo que hoy es una estructura criminal en metástasis debido a esa inacción de lo civil sobre lo militar, al paramilitarismo que desea copar todas las esferas de la vida social y comunitaria, las propuestas de retorno y de resistencia. Metástasis en la mente, en el alma, en el pensamiento que se mimetiza en los Premios Nacionales de Paz, en las alternativas de retorno a los desplazados, que niegan el terror instaurado en cada lugar urbano desde Villavicencio hasta Lejanías y Mesetas.
• Martes 27 de mayo, el campesino ANCIZAR MENDEZ, presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío Los Alpes, corregimiento de Puerto Esperanza, fue retenido por un grupo de miembros de las estructuras militares encubiertas, acusado de ser colaborador de la guerrilla. ANCIZAR fue obligado a trasladarse con los paramilitares a un lugar cercano, donde permaneció amarrado hasta el viernes 30 de mayo, día en que fue dejado en libertad.
• Sábado 31 de mayo, los “civiles armados” dentro de la estrategia paramilitar obligaron a reunirse a todos los pobladores del caserío de la Cima, corregimiento de Puerto Esperanza. Los armados afirmaron que la condición para que “todo estuviera en paz”, era cambiar de vida. Agregaron: “con nosotros llegó el progreso y la participación, hemos ajustado los planes de trabajo, vendrán la educación, la salud, las carreteras… Ustedes están invitados a participar”.
Este mismo tipo de reuniones se han realizado en los poblados de La Macarena, Caño Claro, Caño Dulce, El Encanto, todos del corregimiento de Nueva Esperanza.
Desde la incursión paramilitar en Puerto Esperanza, luego del saqueo de bienes, apropiación de viviendas, robo de ganados, asesinatos y desapariciones y la presencia permanente vestidos de civil y con armas cortas o vestidos de camuflado y con armas largas, a veces en presencia de unidades militares del batallón 21 Vargas o en cercanías de estos, instalaron sitios de diversión, entre ellos cantinas y prostíbulos.
• Domingo 1 de Junio: Es desaparecida MARINA ROBAYO, líder campesina del Ariari quien había sido desplazada del Ariari por amenazas de los paramilitares.
• Sábado7 de junio a las 10:00 horas, dos integrantes de las estructuras militares encubiertas, de tipo paramilitar, retuvieron al poblador SILVADO SANABRIA PIÑEROS, quien se encontraba con un hijo que sufre retardo mental, en un potrero cercano al casco urbano del corregimiento de Medellín del Ariari.
• SILVADO fue trasladado, por la fuerza, al caserío de Malabar, vía Cumaral Abajo, allí fue asesinado con arma blanca. El campesino recibió tres heridas con puñal en el pecho, al lado del corazón y su cadáver mostraba señas de haber sido quemado en el brazo derecho y presenta heridas en su mano derecha y en el labio.
Hacia las 17:30 horas, la Policía Nacional buscó el cuerpo de SILVADO, por un corto tiempo, informando a su familia que no lo habían encontrado. Minutos después al observar la actitud dilatoria de las unidades de Policía, un grupo de campesinos de Medellín del Ariari, levantaron el cadáver de SILVADO y lo trasladaron a la cabecera municipal.
Mientras se preparaba la velación, las unidades policiales se hicieron presentes en el lugar y al mismo tiempo los “civiles armados” circulaban enfrente de ellos y alrededor de todo el pueblo.
SILVADO había sido intimidado y amenazado por los paramilitares quienes el lunes 2 de junio lo acusaron de ser propietario, de tener en su poder y a su cuidado semovientes de la guerrilla. Los civiles armados se negaron a aceptar las pruebas que el campesino entregó para demostrar que sus bienes eran propios.
Todo lo aquí descrito ocurre en medio de una alta militarización de los perímetros urbanos de los municipios del Castillo y Granada y los corregimientos de Medellín del Ariari y Puerto Esperanza, en los que también existe presencia policial.
Hoy, mientras en la Comunidad Internacional se publicita el valor civil de los alcaldes del Ariari, conocidos por el Premio Nacional de Paz, sus ciudadanos están siendo sometidos a una sistemática persecución, exterminio y control en desarrollo de las operaciones militares abiertas y encubiertas del Batallón 21 Vargas, adscrito a la VII Brigada del Ejército Nacional.
Las pruebas de la existencia de una política estatal de aniquilamiento, se encuentran en cada esquina, en cada paraje, en cada cementerio a donde arrojan a quienes son desaparecidos. El aparato de justicia objetará, como siempre, las evidencias argumentando que necesita testimonios por que carecen de valor probatorio y las pruebas que puedan reunir con una simple observación, de unas cuantas horas, no serán suficientes para expedir órdenes de captura.
De tiempo atrás todo es tan evidente que no hacer lo que es posible hacer para evitar la repetición de tantos crímenes es pasar de la sordera, de la ceguera y de la mudez institucional a la responsabilidad.
Los crímenes, los atentados hoy no son responsabilidad exclusiva de las estructuras militares, son por esa “pasividad” activa responsabilidad de los poderes civiles locales -premiados nacionalmente como gestión de paz e internacionalmente visibilizados- y esos crímenes y atentados y esas propuestas de progreso labradas en el control y la muerte son la expresión concreta de las políticas de seguridad democrática y de Estado Comunitario.
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
Bogotá, Junio 9 de 2003