Mientras la justicia no sea contundente, los despojos y asesinatos continuarán
La noche del domingo 6 de octubre, Carlos Olmos de 45 años de edad, recibió siete disparos por cuenta de dos hombres en motocicleta quienes lo buscaron en su lugar de trabajo, un puesto de comidas rápidas. Horas antes había participado junto con otros campesinos en una reunión acompañada por el representante a la Cámara, Iván Cepeda.
BOGOTÁ, octubre 08/13. El asesinato de Carlos Eduardo Olmos Cárdenas, miembro de la Mesa de Víctimas del municipio Los Palmitos en Sucre, demuestra que quienes reclaman su derecho a la tierra son altamente vulnerables y se convierten con facilidad en objetivos militares de actores armados.
La noche del domingo 6 de octubre, Carlos Olmos de 45 años de edad, recibió siete disparos por cuenta de dos hombres en motocicleta quienes lo buscaron en su lugar de trabajo, un puesto de comidas rápidas. Horas antes había participado junto con otros campesinos en una reunión acompañada por el representante a la Cámara, Iván Cepeda; allí importantes denuncias fueron escuchadas con relación a las constantes amenazas que reciben reclamantes de tierras arrebatadas de manera ilegal, entre otros hechos violentos ocurridos en la región.
Para el Movice resulta preocupante que después de una reunión donde se conocieran denuncias de este tipo, asesinen a un líder comunal, pues demuestra la falta de garantías para defender los DDHH en el país.
“Las amenazas y los ataques persistentes son absolutamente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados que reclaman tierras” (…) “Los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas contra reclamantes de tierras desplazados y sus líderes en represalia por sus esfuerzos de restitución”. Aseguró recientemente José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en el informe titulado: El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia1.
Por otro lado, una constante campaña mediática impulsada desde el alto gobierno, para demostrar las bondades del proceso de restitución de tierras planteado en la Ley 1448 de 2011 ha llevado a que, según las encuestas, ésta sea la política de mayor aceptación entre la población colombiana. Sin embargo, la realidad de las víctimas, las limitaciones para el retorno de los desplazados, la insignificante proporción de tierras entregadas a los despojados y la persecución que enfrentan los reclamantes de tierras demuestra que no hay un verdadero interés de la administración Santos en que campesinos, indígenas y afrocolombianos víctimas del despojo recuperen su derecho a la tierra y a permanecer en sus ancestrales territorios.
Según Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, su despacho ha recibido más de 40.000 reclamaciones que suman más de 3’000.000 de hectáreas que fueron usurpadas a la fuerza en el país. En dos años de aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, los procesos judiciales sólo han terminado en 180 sentencias que benefician a 500 familias y sólo una ha terminado con éxito todo el proceso, lo cual, aunque se convierta en un avance importante en materia de derechos de las víctimas, es absolutamente insuficiente de cara a la verdadera magnitud del despojo y a las necesidades de más de 4’500.000 personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado y otros crímenes atroces, en los que el Estado colombiano ha tenido un alto índice de responsabilidad o ha participado directamente, en una cadena de hechos que aún no termina y permite augurar nuevos despojos. A este paso, la restitución de la totalidad de lo usurpado demoraría 62 años o más. ¿Cuánto deben seguir esperando las víctimas? ¿Cuántas nuevas víctimas dejará el desbordado despojo?2
El reclamo de justicia de las víctimas no es sólo un asunto de cifras: buscamos que se sepa la verdad y que existan garantías para los reclamantes de tierras. En agosto de 2013, la Fiscalía General de la Nación informó que estaba investigando 49 casos de asesinatos de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” cometidos en la mitad de los 32 departamentos de Colombia desde el año 2000. Estos casos reportados incluían 56 homicidios; Además 3 de las personas asesinadas habían iniciado algún tipo de proceso jurídico con el acompañamiento de la Unidad de Restitución.
Desde el Movice consideramos apropiado que se restituya en iguales o mejores condiciones aquello que fue usurpado. Hemos advertido que las tierras “restituidas” bajo la ley de víctimas no son la mismas que fueron arrebatadas, que estos predios no son suficientes para las necesidades de las víctimas y que los anuncios sobre estas medidas buscan ampliar la frontera agrícola para beneficiar a los grandes monopolios y trasnacionales agroindustriales y minero energéticas, más no para que la justicia actúe sobre el gigantesco despojo que durante décadas se ha llevado a cabo en Colombia.
Recomendamos al presidente Santos no utilizar la restitución como “caballito de batalla” de su aspiración reeleccionista, dado que este derecho ha sido parte integral de los reclamos de las víctimas desde hace muchos años y que los avances que reconocemos en la materia, que se esgrimen a través de los grandes medios de comunicación como logros extraordinarios de su administración, no llegan siquiera a palear las consecuencias de un despojo del que hasta ahora el país está haciéndose una idea y que sigue produciéndose en numerosas regiones de Colombia.
Notas:
1. De las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscalía que se ocupa de estos delitos en toda Colombia, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena. Human Rights Watch también documentó más de 80 casos de reclamantes de tierras que habían recibido graves amenazas, y más de 30 nuevos casos de desplazamiento, en los cuales los reclamantes debieron abandonar su hogar una vez más tras sufrir abusos vinculados con sus intentos de restitución o activismo. La organización asegura que desde enero de 2012, más de 500 reclamantes y líderes de restitución de más de 25 departamentos han informado a las autoridades que recibieron amenazas. Las autoridades han determinado que más de 360 reclamantes y líderes amenazados se encuentran en una situación de “riesgo extraordinario” debido a sus actividades vinculadas con la restitución de tierras. (…)
2. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en Cúcuta -Norte de Santander, ya son 474 las personas que se encuentran desplazadas desde el 25 de septiembre, provenientes del Corregimiento de Palmarito y veredas aledañas. (…)