Michicatos y paranoicos

Desde el instante mismo en que el gobierno de Samper habló de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), el general Bedoya gritó: ¡Son repúblicas independientes!

Un sello que robó a Primo de Rivera, el fundador de la Falange, para estigmatizar el sueño catalán de autonomía en 1934. El generalato y los sectores más retardatarios del país siempre han criminalizado la figura de las ZRC, creadas por la Ley 160 de 1994. Uribe las persiguió y desmontó las que, con plata del Banco Mundial, se abrían paso como un recurso pacífico para defender la economía campesina de la voracidad terrateniente.

Porque en realidad las ZRC no son más que eso: una manera de impedir que en ciertas y determinadas áreas se concentre en pocas manos la propiedad rural. A la derecha se le paran los pelos cuando le es interpuesta una talanquera legal, porque están acostumbrados a desconocerlas a las buenas o a las malas.

Ahora, por ejemplo, el candidato del uribismo, señor Lafaurie, dice que nos van a quitar el departamento del Caquetá. Le faltó decir que perderemos la soberanía sobre el sur, que Venezuela es expansionista y que habrá que declararle la guerra. En fin, el hombre babosea hasta por los codos.

Cada vez es más claro que los acuerdos sobre tierra que se cocinan en La Habana están a punto de salir del horno y que incluyen las ZRC como uno de los fundamentos del arreglo, que tiene, no se debe olvidar, un carácter histórico y un alcance territorial. Histórico en cuanto la lucha de los campesinos por la tierra viene desde mediados de los años 20, para no hablar de la pelea del hacha contra el papel sellado que
caracterizó la colonización cafetera. Es territorial porque, según la citada ley: “Las Zonas de Colonización, y aquellas en donde predomine la existencia de tierras baldías, son Zonas de Reserva Campesina”. Más claro: “En las Zonas de Reserva Campesina la acción del Estado tendrá en cuenta, además de los anteriores principios orientadores, las reglas y los criterios sobre ordenamiento ambiental territorial; la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los
campesinos; su participación en las instancias de planificación y decisión regionales, y las características de las modalidades de producción”.

Las Farc están pidiendo nueve millones de hectáreas para ser declaradas ZRC. Para avaluar esta cifra se debe decir que las tierras robadas desde el año 80 para acá suman unos seis millones. Es decir, están pidiendo tres millones más de la superficie usurpada, reconocida incluso por la ONU. Es una cifra muy baja si se compara con los 34,5 millones de hectáreas que hay en ganadería, de las cuales 22 millones
no son aptas para tal actividad. Si de La Habana sale —como debe salir— un proyecto de reforma tributaria basada en renta presuntiva, esas tierritas, que mucho le dolerían a Lafaurie, pasarían a otros usos: reforestación natural o agricultura. O mejor aún si con ellas se crearan ZRC. Más aún, hay 1,5 millones de hectáreas baldías
susceptibles de ser entregadas a campesinos.

La oposición beligerante de los terratenientes, de sus socios políticos y de algunos generales a este arreglo se basa en el hecho de que los campesinos pueden organizarse al amparo de las ZRC y demandar sus derechos. Y votar, claro está. En el fondo, es lo que temen. ¿Acaso no fue este miedo la razón para liquidar a balazo limpio la Unión Patriótica? El Gobierno acepta las ZRC siempre y cuando los
campesinos sigan siendo votos cautivos de los gamonales y no representen intereses políticos distintos. Altos funcionarios se erizan al oír que las ZRC podrían llegar a ser entidades territoriales como son los municipios, los resguardos indígenas y los territorios negros. Temen que los intereses de campesinos, indígenas y negros
compitan con los propios y deban compartir con ellos el poder político. Si así se miran las cosas, no puede uno dejar de preguntarse: ¿Qué está dispuesto a dar el Gobierno a cambio de la paz? Todo indica que poco. O nada. ¿Será posible la paz en las condiciones en que quiere dictarla el señor Lafaurie?

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