Mesa de sociedad civil solicita a la CIDH y organismos internacionales incluir el rol de empresas durante protestas en sus informes
Mesa Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA VISITA DE TRABAJO DE LA CIDH EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL Y LAS OPERACIONES EMPRESARIALES EN COLOMBIA
A propósito de las múltiples y diversas expresiones de la sociedad colombiana que, desde el pasado 28 de abril, intensificaron sus demandas al Estado por el cumplimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y el cese de la respuesta desproporcionada de la Fuerza Pública (en coordinación con civiles armados), responsables de violaciones masivas, sistemáticas y deliberadas de derechos humanos; las organizaciones abajo firmantes llamamos la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organismos del Sistema Universal de Derechos Humanos, sobre nuestras preocupaciones relativas al rol de empresarios, empresas, grupos y gremios empresariales, socios comerciales e inversionistas durante el paro nacional en el país.
Operaciones empresariales en el contexto de la protesta social En el contexto de graves impactos de la pandemia de la Covid-19, en el que miles de personas perdieron sus empleos y medios de vida, el gobierno propició medidas para el favorecimiento a sectores económicos, como incentivos, permisos para operar, pese a los riesgos de contagios y, finalmente, proponiendo una reforma tributaria que imponía obligaciones fiscales a la clase media, así como incremento de impuestos en artículos básicos para la vida. Posteriormente, sugirió también una reforma a la salud que, sin atender las desigualdades históricas, la corrupción y la falta de cumplimiento de recomendaciones internacionales en la materia, afectaba aún más a los sectores empobrecidos.
Es en ese contexto, en el que persisten altos riesgos para los territorios y las comunidades rurales, especialmente, asociadas a los extractivismos, con el desconocimiento del derecho a la participación ciudadana, (particularmente por los límites cada vez mayores a las consultas populares y la consulta previa, libre e informada), que se sucede el estallido social en el que diferentes grupos sociales protestan en las calles y vías del país, en especial en lugares de tránsito terrestre de grandes empresas importadoras y exportadoras. La violencia que se venía experimentando en zonas rurales se ha trasladado de manera más cruda, directa y abierta en las últimas cinco semanas en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Facatativá, Gachancipá, Medellín, Pasto, Pereira y Popayán.
Acontecimientos de especial preocupación
El argumento que usó el gobierno nacional para ordenar la militarización de todos los lugares de protesta en siete departamentos se basó en el supuesto desabastecimiento, anunciado por distintos sectores empresariales. Si bien se vivió la falta de combustibles en algunas regiones del país, en realidad lo que el Paro afectó fueron los grandes capitales que mueven, por el puerto de Buenaventura, el 85% de los productos importados y exportados de Colombia. Este argumento fue reproducido por las empresas de medios de comunicación masivos durante las últimas semanas, alegando interrupciones a los servicios de salud, de alimentos y otros, para justificar “mano dura” contra las personas manifestantes, tal y como lo hizo el Consejo Gremial Nacional. Además, se evidenciaron casos de especulación de precios y de acaparamiento de mercancías, que buscaron favorecimientos indebidos a algunos actores económicos y agravaron la conflictividad asociada a la protesta social.
Durante el desarrollo de la protesta social, preocupa igualmente la participación de empresarios en acciones contrarias a los derechos humanos. Por ejemplo, las denuncias contra supermercados Éxito (desmentidas por la empresa), en la ciudad de Cali, en donde habrían ocurrido presuntas torturas, retenciones ilegales y arbitrarias y el asesinato de al menos una joven mujer, que requieren ser investigados. Es importante que se señale la complicidad de empresas de seguridad privada en estos hechos y que se investigue la participación de empresarios en el suministro y uso de armamentos usados contra personas manifestantes desarmadas.
Por otro lado, empresas como GoodYear y Levapan, en el occidente colombiano, decidieron suspender los contratos laborales para las personas trabajadoras, siendo esta una medida de último recurso que no favorece escenarios de consenso en un contexto de alta conflictividad social y que busca afectar a las personas
trabajadoras.
En relación con denuncias de torturas, abusos sexuales y golpizas en cañaduzales de municipios como Palmira, Yumbo, Zarzal y otros municipios del Valle del Cauca, con plantaciones de monocultivo de caña de azúcar, es importante determinar la responsabilidad de los ingenios azucareros de la zona y de las empresas de seguridad privada a su servicio.
De otra parte, manifestantes en los puertos y línea férrea de Cerrejón, en el departamento de La Guajira, fueron intimidados por la empresa y cesados en sus funciones por su participación en las protestas, tras el despliegue de cientos de miembros de la Fuerza Pública, principalmente del ejército y la armada nacional Igualmente, en el municipio de Villagarzón, Putumayo, agentes de la policía antinarcóticos y del ejército nacional dispararon contra manifestantes, cuando estos protestaban en las inmediaciones del Pozo Costayaco 10 de la empresa canadiense Gran Tierra Energy, principal empresa de explotación de petróleo en el departamento. Esta situación de abuso de la fuerza dejó como saldo varios campesinos e indígenas heridos y el asesinato de Jhordany Estrella Rosero, joven campesino de 22 años.
Así mismo, se ha reportado que Facebook y otras plataformas virtuales han bloqueado y censurado por momentos contenidos de vídeos, audios o mensajes de texto que revelan la barbarie de asesinatos a plena luz del día o en las noches, cometidas por civiles armados con la connivencia de la Policía Nacional. Pese a que la Relatora de Naciones Unidas sobre la situación de defensores recomienda a las empresas de medios sociales “reconocer públicamente a los defensores de los derechos humanos, condenar los ataques contra ellos y celebrar consultas sustanciales con ellos”, se han presentado situaciones irregulares que denotan una acción deliberada en contra del diálogo y de las organizaciones defensoras de derechos humanos, en un contexto en el que las instituciones de control del Estado (Defensoría del Pueblo, Procuraduría General y Fiscalía General de la Nación), han sido cooptadas en el nivel central por el gobierno actual.
Obligaciones de derechos humanos de las empresas Como señala la Relatoría DESCA de la CIDH, en su informe temático sobre empresas y derechos humanos, los estándares interamericanos ponen de presente que los actores económicos pueden jugar un rol de garantes de los derechos humanos, ya sea porque se abstienen de ejercer una influencia indebida en los Estados o por no poner “obstáculos, realizar maniobras dilatorias u ocultar información” cuando esto implique impedimentos o imposibilite el ejercicio de los derechos humanos. Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en 2019, señaló que la protesta social se encuentra plenamente reconocida en los estándares interamericanos y, para ello, establece como criterio de análisis la dimensión contextual, estableciendo como referentes tanto el objetivo como los sujetos a los que va dirigida, razón por la cual, en ocasiones, puede orientarse hacia actores privados y tener un carácter disruptivo, sin perder sus características de asunto de interés público. En este sentido, los actores privados se constituyen en garantes de los derechos a la libertad de expresión y reunión, por lo que sus obligaciones inmediatas se relacionan con la implementación de medidas de diligencia debida, encaminadas a un diálogo preventivo y un tratamiento pacífico de los conflictos sociales y comunitarios.
Distintos pronunciamientos públicos de empresas y grupos empresariales han manifestado su apoyo irrestricto a la actuación de la Fuerza Pública, omitiendo deliberadamente los evidentes excesos de fuerza, abusos a los derechos humanos y demás hechos ilícitos que han quedado claramente registrados y son de conocimiento público. Del mismo modo, empresarios y empresas han utilizado indistintamente el lenguaje de la institucionalidad para deslegitimar las justas reclamaciones de derechos de la sociedad civil, con expresiones como “vándalos” o “saboteadores económicos”, que desconocen las garantías constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la protesta social y sus beneficios para el fortalecimiento de la democracia.
Empresas y gremios empresariales han intentado equiparar los sistemáticos abusos de derechos humanos de la Fuerza Pública con algunas acciones de hecho aisladas que han sido subrayadas por el discurso gubernamental y parecen más preocupados por sus actividades económicas, las presuntas afectaciones por los bloqueos a sus capitales y la “libre movilidad” de sus mercancías, mientras cientos de personas que reivindican sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en las calles, han sido detenidas arbitrariamente, desaparecidas forzosamente, torturadas, violentadas sexualmente, golpeadas, lesionadas, amenazadas y asesinadas.
En tal sentido, instamos a las empresas que operan en Colombia, sus socios comerciales e inversionistas a respetar los derechos humanos y no estigmatizar la protesta social, incrementando los riesgos de las personas que se manifiestan legítimamente y quienes son defensoras de derechos humanos. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores ha sido clara en manifestar que las empresas deben desempeñar un rol en el apoyo y la promoción de personas defensoras de derechos humanos y abstenerse de apoyar cualquier acción directa o indirecta que pueda incidir negativamente en los derechos de las personas defensoras, a su libertad de expresión, de asociación y de reunión.
Las empresas no pueden olvidar que tienen la obligación de abstenerse de actuar en contra de las normas internacionales de derechos humanos y deberían condenar abiertamente y sin objeciones la violencia estatal y de algunos actores privados que ha sido ampliamente denunciada por la sociedad civil local e internacional, los medios de comunicación y los organismos internacionales de derechos humanos. Como afirma el Director Ejecutivo del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, refiriéndose al reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, “las empresas no son neutrales; por tanto, en una situación de conflictos como la colombiana, tienen obligaciones reforzadas de respetar los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación”.
Las protestas se producen en muchos centros de actividad empresarial de Colombia y, por lo tanto, deben formar parte de las consideraciones empresariales prioritarias para aplicar la diligencia debida obligatoria y reforzada. Con tal escala de inversión en lugares donde ha habido tan expresas violaciones de derechos humanos y ataques contra personas defensoras de derechos humanos, en el marco del paro nacional, las empresas deberían implementar procedimientos de diligencia debida para la prevención de daños y abusos de los derechos humanos de las personas, las comunidades y el medio ambiente, reconociendo explícitamente los riesgos asociados a hacer negocios en contextos de violencia generalizada contra las protestas sociales legítimas.
4 de junio de 2021
MESA NACIONAL DE OSC SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
La Mesa Nacional de OSC sobre Empresas y Derechos Humanos es un espacio de confluencia de plataformas y diversas organizaciones no gubernamentales ambientales, sociales y de derechos humanos de Colombia, para el diálogo, la disertación, los aprendizajes mutuos y la búsqueda de propósitos comunes, alrededor de la conducta empresarial en el país
FIRMAN
Asociación Ambiente y Sociedad
Asociación MINGA
Centro de Investigación y Educación
Popular/Programa por la Paz – CINEP/PPP
Centro Socio jurídico para la Defensa Territorial –
SIEMBRA
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca –
COSAJUCA
Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comité ambiental en defensa de la vida del Tolima
Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta –
CCDHM
Comité por la defensa del agua, la vida y el territorio
del Cauca
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares –
CODACOP
Corporación Defensora del Agua, Territorio y
Ecosistemas – CORDATEC
Corporación Geoambiental Terrae
Corporación Jurídica Libertad
Fuerza Mujeres Wayuu
Fundación Estrella Orográfica del Macizo
Colombiano – FUNDECIMA
Grupo de Política y Derecho Ambiental / Universidad
Nacional de Colombia
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –
Indepaz
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un
derecho Alternativo – ILSA
Mesa Ambiental de Jericó
Mesa departamental para defensa del agua y el
territorio del Caquetá
Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la
Paz
Mesa social y ambiental de el Carmen de Atrato
Movimiento Nacional Ambiental
Movimiento Social en defensa de los Ríos
Sogamoso y Chucuri – Movimiento Ríos Vivos
Observatorio de Expansión Minero-Energética y ReExistencias – OMER
Pensamiento y Acción Social – PAS
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos
Democracia y Desarrollo – PCDHDD
Proceso de Comunidades Negras – PCN
Red Iglesias y Minería / Nodo Colombia