Memoria profunda
LA MINGA INDÍGENA NACIONAL, Cuyo principal capítulo se está escribiendo en Cauca, ha hecho pronunciamientos que recuerdan el tono del Memorial de Agravios, firmado por los levantiscos criollos en 1810. La diferencia: los firmantes del Memorial pedían que Fernando VII viniera a gobernar desde estas tierras; los indígenas, “caminando sobre el tiempo y el dolor”, piden como primer paso para arreglar el litigio un Consejo Comunal con Uribe que no sea una encerrona.
En 2005 hubo una, y de allí salieron nuevas promesas que no se han cumplido. Desde la masacre de 20 indígenas nasas —llamados antes paeces— en la Hacienda El Nilo en 1991, pasando por la del río Naya en 2001, donde asesinaron a un centenar de indígenas, afrodescendientes y colonos; por la de Gualanday, también en 2001, con 13 indígenas muertos; por la de San Pedro, donde cayeron siete indígenas, las autoridades Nasa y el Gobierno han firmado 13 acuerdos y ninguno ha cumplido el Estado a cabalidad.
El centro del conflicto ha sido y seguirá siendo la tierra, o mejor, la reducción criminal y sistemática de resguardos. Desde cuando Felipe II otorgó los primeros, los blancos, llámense conquistadores o notables, no han hecho más que robarles las tierras. En la República, los resguardos pasaron a manos de terratenientes y comerciantes, lo que obligó a los indígenas a refugiarse en los páramos, a volverse terrajeros o peones de las haciendas. Hoy los Mosquera, los Chaux, los Arboledas et al., sumados a los dueños de ingenios del Valle —los que esquilman a los corteros de caña— continúan la política de sus abuelos y similares. Razón profunda tienen los indígenas cuando dicen que al someter la tierra como propiedad privada para explotarla, “le quitaron la libertad para engendrar vida”.
tierra no es sólo la capa vegetal, sino también el agua, de la que viven los ingenios y alimenta 217 acueductos veredales. (Los nasas tienen registrados 26.200 ojos de agua y 123 lagunas naturales). La Ley del Agua amenaza con expropiarles lo que han cuidado con respeto. La tierra es también territorio, reconocido por la Constitución del 91 como fundamento de la cultura indígena y jurisdicción de sus autoridades ancestrales. Lo amenaza la Ley de Desarrollo Rural, hecha para el TLC, que impediría no sólo la ampliación de los resguardos, sino su disolución.
El argumento de Uribe de que el 25% del país —35 millones de hectáreas— está en manos del 1% de la población indígena es provocador y peligroso; sugiere —como blanco que es y vive— restablecer el equilibrio reduciendo los territorios indígenas al 1% de lo que son hoy, o sea, a poco más de un millón de hectáreas: la quinta parte de lo que los narcoparamilitares se han apropiado con total impunidad. Con ese fin, sin duda, el Ministro de Agricultura acusa a los indígenas de estar infiltrados por las Farc, que en cierto sentido puede ser entendido como una orden por las fuerzas oscuras. ¿Qué tal que los indígenas dijeran que los blancos les han robado 75 millones de hectáreas y que el suboficial del Ejército, castigado con nueve azotes y un “refrescamiento”, como indígena que es, era un infiltrado en la protesta?
La Minga Nacional está movilizando a los nasa, a los guambianos y a los yanaconas; a los embera-chamis y a los sicuanis y piapocos; a los wayuus y a los barí, y a los arhuaco, y a los kogui. Los indígenas tienen una memoria histórica y sus luchas tienen el mismo carácter: negociarán, pero no olvidarán ni cesarán su resistencia. La Panamericana —y no sólo esta vía— volverá a ser tomada, si los acuerdos vuelven a ser burlados y el asesinato de sus dirigentes continúa. Uribe está frente al mayor alzamiento que haya cuestionado sus políticas —de seguridad democrática, tierras y aguas— y sus planes electorales. Los indígenas son la punta de un iceberg que podría trambucar.
Alfredo Molano Bravo
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