Medios Palacio de Justicia
PORTADA
El testigo del holocausto
Por primera vez, 21 años después de los hechos, un testigo cuenta en un video cómo torturaron y desaparecieron a las personas que salieron vivas de la cafetería del Palacio de Justicia.
“Aquí se trata simplemente de reafirmar que el personal de la cafetería salió vivo. Que fue llevado y torturado. Que fueron asesinados y fueron escondidos”. Así, Ricardo Gámez, un ex informante del Ejército, relató en un video su testimonio de cómo ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. El video fue grabado el 9 de diciembre de 2006 por los familiares de los desaparecidos y fue obtenido en exclusiva por SEMANA.
Para los que han investigado a fondo el holocausto del Palacio de Justicia, Ricardo Gámez siempre ha sido una incógnita, desde cuando radicó una declaración en la Procuraduría General de la Nación el primero de agosto de 1989. Allí Gámez, un desconocido, afirmó haber sido testigo de las torturas y las desapariciones de varios civiles por parte de la Fuerza Pública. Gámez, un ex policía que dijo ser informante de las Fuerzas Militares, salió exiliado del país con la ayuda de ONG internacionales. Aunque su versión fue desechada en su momento por la Procuraduría General delegada para las Fuerzas Militares, al no encontrar veraces sus afirmaciones, y por la Fiscalía durante varios años, para algunos siempre ha sido considerado el eslabón perdido, el hombre que podría dar luz a dos de los grandes misterios del Palacio: ¿cuántas personas salieron vivas y luego fueron desaparecidas? y ¿dónde están enterrados sus cuerpos?
Pero desde cuando contó su versión de los hechos, hace ya 17 años, Gámez se esfumó del mapa. No dejó rastro. En cada aniversario, o en libros sobre la tragedia, salían a relucir sus declaraciones. Pero nada más. Era un testigo sin cara ni voz. Hasta ahora.
Según Ricardo Gámez, estos hombres que observaban desde la Casa del Florero la salida de los civiles del Palacio de Justicia, trabajaban con él en inteligencia militar.
El coronel Alfonso Plazas Vega le dijo a SEMANA que los señalamientos del testigo aparecen en el proceso y que llegado el momento, pedirá contrainterrogar a Gámez para desvirtuar sus acusaciones
Esta es la imagen que la televisión española captó cuando Carlos Augusto Rodríguez salió con vida del Palacio de Justicia
En octubre de 2006, de manera sorpresiva, Gámez contactó a uno de los familiares de los desaparecidos y manifestó su interés de colaborar con la investigación penal abierta por la Fiscalía de Mario Iguarán. Luego se puso en contacto con la fiscal del caso, quien se mostró muy interesada en recibir su declaración. Inicialmente, Gámez propuso que fuera en la oficina de un diputado del Parlamento Europeo en Bruselas, pero la fiscal explicó que para que tuviera validez jurídica, se tendría que realizar en un consulado colombiano. Se hicieron todos los preparativos, incluida la provisión de una seguridad especial. Antes de que la fiscal viajara, a principios de diciembre, Gámez pidió que garantes internacionales asistieran a la diligencia y la fiscal explicó que no era posible legalmente.
Unos días después, el 9 de diciembre, Gámez, en una reunión con un familiar de las víctimas, solicitó que se le filmara su declaración. En un video de 32 minutos, Gámez ratifica sus denuncias y agrega detalles inéditos. Dice tener pruebas documentales. SEMANA conoció que existe un video que mostraría a varios de los desaparecidos siendo reseñados en la Casa del Florero.
Ricardo Gámez comienza su relato contando cómo días antes de la toma del Palacio de Justicia, todo el personal de Inteligencia fue acuartelado bajo la advertencia de que algo iba a ocurrir y ya se había montado un comando operativo en la Casa del Florero. Como se sabe, un mes antes, dos guerrilleros fueron detenidos merodeando el Palacio y tenían en su poder planos de la edificación. Las autoridades militares habían encontrado también, en un allanamiento en una residencia al sur de Bogotá, un casete que contenía la proclama que impartía el grupo guerrillero M-19 que se debía dar a conocer en el momento de la toma. Frente al plan descubierto por inteligencia militar, la seguridad del Palacio fue reforzada para proteger las vidas de los más altos dignatarios de la justicia en el país. Durante 21 días se mantuvo la protección especial, pero el 6 de noviembre de 1985 fue desmontada.
Relata el testigo que sobre las 5:30 de la mañana del primer día de la toma, él y varios agentes de inteligencia fueron ubicados en la carrera séptima cerca del Parque Santander, a la espera de lo que iba a pasar. Posteriormente, dice, cuando se desarrollaron los hechos, la orden fue hacer un barrido general que consistía en ver placas, carros y personas que eventualmente tuvieran nexos con los que estaban adentro. Esta operación estaba siendo coordinada desde la Casa del Florero, ubicada en una de las esquinas de la Plaza de Bolívar, a escasas tres cuadras del Palacio Presidencial.
“La situación operativa siempre la llevó a cabo el coronel Alfonso Plazas Vega (comandante de la Escuela de Caballería). En todo momento él fue autónomo en sus decisiones”, dice en el video el testigo. “Recibí órdenes directas de Plazas de torturar y pasarle un informe. Si la persona fallecía, no había ningún problema, ya estaba predestinado para eso”. Cuenta que los interrogatorios se hicieron con rostro descubierto porque siempre se supo que al final había que ‘liquidarlos’. “El primer muerto fue un error de tratamiento con el medicamento que estaban utilizando”.
Gámez, quien se describe a sí mismo como “personal seudo del servicio de inteligencia”, hace énfasis en los desaparecidos de la cafetería de Palacio, quienes, de acuerdo con su versión, fueron repartidos al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano y a las Escuelas de Artillería y Caballería. Durante el transcurso del tiempo se ha logrado establecer que desaparecieron 11 civiles, entre ellos ocho empleados de la cafetería. Existen dos videos de televisión en los que se observan las imágenes de Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería, y de Cristina del Pilar Guarín, la cajera, saliendo vivos del Palacio.
“La orden expresa del coronel Plazas fue llevarlo (a Rodríguez), trabajarlo y darle informes seguidos de lo que el administrador de la cafetería iba diciendo”, es la versión del testigo en el video. Muy poco se ha investigado por la suerte de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia. Sólo después del vigésimo aniversario de la tragedia, la Fiscalía abrió una investigación por desaparición forzada.
Gámez describe, además, en una forma aterradora, el momento en que una mujer embarazada que fue evacuada del Palacio, dio a la luz dentro de un camión militar. Ella desapareció y su bebé quedó en poder de un suboficial militar. “El chico vive. Existe en Bogotá. Trabaja y tengo los documentos para probarlo”. Aunque en el video el testigo no menciona su nombre, se cree que se trata de Ana Rosa Castiblanco, quien trabajaba como auxiliar en la cocina de Palacio. Tenía siete meses de embarazo y dejó un niño de 4 años, que hoy ya tiene 26 años de edad. Éste quedó atónito cuando conoció el video hace unos días (ver recuadro).
Otro de los grandes misterios del Palacio es el incendio de la noche del 6 de noviembre. No se sabe a ciencia cierta cómo empezó la conflagración. Según Gámez, “cuando se llegó a la recuperación del Palacio, se entró a hacer un barrido. Había un grupo que se encargó del estopaje, de recoger las estopas que habían quedado sin quemar y que se utilizarían para avivar el fuego”. Termina Gámez su relato diciendo que el personal militar que participó, según él, en las torturas, en la muerte y en las desapariciones, fue rotado. Los soldados que cumplían labores de inteligencia fueron cambiados un mes después. Había un batallón de pastusos que también se desintegró. Los únicos que quedaron en sus puestos fueron los suboficiales y los oficiales de inteligencia. “Un mes y medio después de los hechos, fuimos remunerados con metal, con dinero. Se nos dieron muchas prebendas. Tanto a nosotros, como a gente que estaba por nómina, a efectivos, activos”. En comunicación con SEMANA, el coronel retirado Alfonso Plazas Vega dijo que los señalamientos de este testigo en su contra aparecen en el proceso que se está desarrollando actualmente y que, llegado el momento, su defensa pedirá contra interrogar a Gámez para desvirtuar cada una de sus acusaciones. Ya en octubre de 1989 el procurador delegado para las Fuerzas Militares, José Plinio Moreno, no halló sustento para ordenar una investigación formal.
El nuevo testimonio de Gámez deja abiertos importantes interrogantes. Gámez habla de situaciones que ocurren en distintos espacios y momentos. La pregunta que surge inmediatamente es cómo pudo esta persona tener acceso a tantos sitios restringidos. No es claro en el relato de cuáles hechos fue testigo y cuáles conoció por otras personas o razones. Esa es una de las preguntas que han estado en el ambiente desde cuando hizo su primera declaración y que le han restado credibilidad judicial. Y por eso el interés de la fiscal para interrogarlo.
Hay preguntas sobre el perfil del testigo. Según su escrito de 1989, se trata de un policía retirado que luego trabajó como informante de las Fuerzas Militares. ¿Puede alguien que se desempeñe como simple informante recopilar información tan exclusiva, amplia y detallada? Una posible explicación obtenida por SEMANA es que para la época de los hechos, Gámez se movía con total libertad porque hacía parte de un pequeño grupo de fuerza especial encargado del trabajo ‘sucio’ de inteligencia y el cual habría sido pagado por una ‘caja negra’ de la institución. Queda una pregunta fundamental: ¿qué lo motiva a regresar a la palestra pública? En su declaración de 1989 dijo que “en los organismos de inteligencia se cometen verdaderos crímenes que me han ido creando un conflicto de conciencia cada vez menos soportable”. Pero ya han pasado 17 años y, según pudo conocer SEMANA, ha logrado rehacer su vida en el exterior. ¿Por qué, entonces, decide romper su aparente tranquilidad y ofrecer aportar su testimonio y adjuntar documentos que, según él, ratifican sus afirmaciones? Un factor parece haber sido el avance de la investigación de la Fiscalía y en particular la llamada a indagatoria al coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, ex jefe del B-2 de inteligencia militar, en agosto de 2006.
Es claro que se trata de un testigo que tiene poco margen de maniobra, y que su relato avanza por el estrecho filo de la auto incriminación en un delito no prescriptible, como la desaparición forzada. El propio Gámez afirma que durante el desarrollo de los hechos estaba a órdenes de quienes señala como verdugos de los empleados de la cafetería. No es coincidencia que en noviembre pasado, durante los fallidos acercamientos a la Fiscalía, dijera expresamente en el oficio de reconocimiento de identidad ante el consulado de Sevilla que “no participé ni en torturas, ni en desapariciones en cuanto al hecho sobre el cual voy a relatar”.
Pero a pesar de la encrucijada en la que se encuentra, en el video Gámez vuelve a ofrecer su testimonio y pruebas a la justicia si se dan las “condiciones”. Según conoció SEMANA, él teme ser capturado durante la diligencia.
Sin duda, Ricardo Gámez sabe cosas muy delicadas. De eso nadie duda hoy. Podría dar elementos a un proceso judicial que por fin arrancó. Se está investigando la responsabilidad de la Fuerza Pública en las desapariciones y ya hay varios militares vinculados judicialmente. Entre ellos, el coronel retirado Edilberto Sánchez está detenido, y el coronel retirado Alfonso Plazas ha rendido indagatoria en varias sesiones. La Fiscalía parece empeñada en esclarecer las desapariciones del Palacio de Justicia y cerrar un capítulo oscuro de la historia colombiana. Gámez podría aportar una necesaria luz para llegar, por fin, a la verdad. Así sea 21 años después.
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=102026
JUDICIAL
El testigo perdido
Un personaje que puede esclarecer qué ocurrió con los desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia apareció desde el exilio y luego se esfumó. SEMANA revela su historia.
Fecha: 03/31/2007 -1300
Unos metros de diferencia, como en una película de misterio, impidieron que un testigo de excepción aportara su testimonio sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia. Luego de 21 años de incertidumbre y precarios avances en el proceso, los familiares de los desaparecidos encontraron a este personaje clave, exiliado durante 17 años, luego de que consignó en un documento hechos reveladores sobre acciones del Ejército posteriores a la toma del Palacio.
Su nombre es Ricardo Gámez Mazuera. Entre 1977 y 1989 hizo carrera como agente de inteligencia del Estado. El primero de agosto de 1989, debido a “un conflicto de conciencia cada vez menos soportable”, Gámez decidió abandonar su cargo y suscribir ante el notario 17 de Bogotá un testimonio que dirigió a la Procuraduría. En el documento producto de esa diligencia hizo una relación de hechos irregulares de los que fue testigo o conoció por su cargo. Son 14 folios en los que Gámez narró con detalles espeluznantes hechos que van desde operativos no autorizados hasta torturas y fosas que ubicó con exactitud a través de tres mapas que adjuntó.
En su versión documentada, Gámez afirmó, entre otras cosas, que el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, fue sacado del Palacio sin ninguna lesión y llevado a la Escuela de Caballería donde “le introdujeron agujas en las uñas y luego le arrancaron las uñas (sic). Él siempre manifestó que no sabía nada de nada, ni entendía lo que estaba pasando”.
• Militares vinculados
Los militares condujeron a la Casa del Florero a los civiles rescatados de la toma. Ricardo Gámez, entonces agente de inteligencia, asegura que algunas personas que creyeron sospechosas, como el administrador de la cafetería, fueron llevadas a guarniciones militares, interrogadas y torturadas hasta la muerte. El ex agente informante tiene 51 años y vive en el exilio
René Guarín viajó hasta Bruselas para conocer de boca del ex agente Gámez qué ocurrió con su hermana desaparecida. SEMANA conoció los documentos que refrendan los trámites adelantados para concretar el nuevo testimonio de Gámez
La historia de la reaparición de este testigo clave comienza hacia finales de 2005, cuando se realizaron emotivas conmemoraciones en todo el país por los 20 años de la toma. El sangriento episodio retornó a la memoria de los colombianos con exposiciones, libros, grabaciones y testimonios que fueron ampliamente desplegados por todos los medios de comunicación y nuevamente se encendió la polémica por la responsabilidad de la guerrilla, los militares y el gobierno. Y se escuchó también la voz de los familiares de las 11 personas que no fueron encontradas ni vivas ni muertas.
El 6 de diciembre, el Fiscal General desempolvó el caso que reposaba en la Unidad de Derechos Humanos. Con el propósito de darle impulso procesal lo remitió a la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia Ángela María Buitrago. El proceso cobró dinámica. En los meses siguientes fueron llamados a indagatoria los principales personajes relacionados con los hechos y los familiares de los desaparecidos. Nuevas pruebas se anexaron al proceso y tres militares fueron detenidos acusados del secuestro y desaparición forzada del administrador de la cafetería, de Cristina del Pilar Guarín y de la guerrillera Irma Franco Pineda. Por todo ello, los familiares de los desaparecidos reconocen que Ángela Buitrago ha hecho lo que muchos fiscales no hicieron en años.
Desde algún lugar del mundo, Gámez siguió estos acontecimientos y decidió ampliar su testimonio ante la fiscal, con el fin de ayudar a esclarecer el histórico caso. Usando métodos propios de la inteligencia, en octubre de 2006 Gámez contactó a René Guarín, hermano de la desaparecida Cristina del Pilar. La sorpresa fue estremecedora. El mensaje del ex agente pronto llegó a la fiscal Buitrago, quien se mostró de acuerdo con elaborar la prueba y aceptó los términos que el testigo pedía. El testimonio sería rendido el 7 de diciembre de 2006 en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, con la presencia de tres delegados de organizaciones internacionales y un familiar de los desaparecidos.
Por petición de la fiscal Buitrago, el ex agente se presentó el 14 de noviembre de 2006 para ratificar su identidad ante el cónsul honorario de Colombia en Sevilla, España. René Guarín, quien representaría a los familiares de los desaparecidos, reunió siete millones de pesos para financiar su traslado y pocas semanas antes de viajar se vio con la fiscal para finiquitar detalles. Entonces las cosas empezaron a enredarse. La fiscal, apoyada en argumentos jurídicos de extraterritorialidad, le dijo que el testimonio se debía rendir en el consulado, no en el Parlamento.
Luego de intercambiar comunicados, por petición de los familiares, el testigo accedió a presentarse en el consulado. Pero otro palo se atravesó. Pocos días antes de concretar la entrevista, la fiscal dijo que los delegados tendrían que quedarse en la puerta del consulado y que sólo ella se reuniría con Gámez, ya que las normas indican que sólo pueden asistir las partes del proceso. Bajo esas condiciones, el ex agente respondió con un rotundo no. La fiscal, que ya tenía la visa y el pasaje, canceló el viaje. El esfuerzo por judicializar el testimonio fracasó.
A pesar de ello, René Guarín viajó para entrevistarse con el testigo bajo las condiciones iniciales. Víctima y victimario se encontraron frente a frente. Según René, a los familiares de los desaparecidos no les importan los esfuerzos que deban hacer para conocer la verdad. “En Colombia nadie va hacer lo que no hagamos por nuestra propia cuenta las víctimas”.
En la entrevista, Gámez se ratificó en todo lo dicho, amplió su narración y agregó importantes detalles que quizá habrían sido útiles a la investigación. Al respecto, René afirma: “Él estaba dispuesto a entregar pruebas documentales que demuestran la responsabilidad directa y personal de los gestores intelectuales que ordenaron las desapariciones”. Concluida la reunión, el ex agente de inteligencia cortó definitivamente los cables de comunicación. Aunque hoy se dieran las condiciones, los familiares de los desaparecidos no tienen cómo contactar a Gámez.
¿Es posible que los metros de distancia que van desde la puerta de un consulado hasta una de sus oficinas arruinen un testimonio tan valioso para este caso? ¿Qué podía aportar alguien que después de tantos años se esforzó por tocar las puertas de la Fiscalía desde el otro lado del mundo? Son las preguntas que hoy se plantean los familiares de los desaparecidos.
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=101896
Información
Crímenes contra la humanidad
FEBRERO 23, 2007
TESTIMONIO POCO CONOCIDO SOBRE LA MASACRE DEL PALACIO DE JUSTICIA Y OTROS HECHOS ILEGALES
Col – Testimonio sobre la masacre del Palacio de Justicia y otras acciones ilegales llevadas a cabo por fuerzas estatales.
Nota del Editor:
Dado la fecha del documento (01 de agosto de 1989) que bajo el título de “Testimonio de Ricardo Gómez Mazuera sobre la masacre del Palacio de Justicia y otras acciones ilegales”, hemos decidido editar (el 08 de febrero de 2007) y distribuir masivamente, creemos necesario hacer una pequeña introducción aclaratoria.
Este documento es reproducción fiel del testimonio prestado por el declarante, Ricardo Gómez Mazuera, en su comparecencia ante el Notario Diecisiete del Circuito de Bogotá en fecha de 01 de agosto de 1989. Durante muchos años se consideró perdido dentro del propio sumario, por eso consideramos de suma importancia su publicación como documento que, por si solo, demuestra la participación del Estado en la organización y comisión de actos que constituyen crímenes contra la humanidad.
Es importante destacar que los crímenes contra la humanidad, según recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y según la jurisprudencia del derecho internacional aplicable en la jurisdicción interna colombiana, no prescriben y no son amnistiables. Estas dos características hacen del presente testimonio una prueba documental de gran importancia judicial, toda vez que un testigo directo -que es, además, agente del propio estado colombiano-, relata en forma pormenorizada hechos ocurridos en Colombia y que tuvieron y tienen una gran repercusión social.
Es un documento que muestra cómo la organización criminal que organizó el propio Estado colombiano y que no tuvo en aquel entonces, como no la tiene hoy día, otra finalidad que el exterminio de población civil, el asesinato selectivo de dirigentes políticos, sociales y sindicales, no es producto de lo que la prensa actualmente ha denominado “parapolítica”, sino una práctica sistemática y organizada desde el ámbito del Estado.
Esperamos sinceramente que este documento sirva como reflexión en los momentos actuales en que se pretende aplicar una solución de ingeniería jurídica con la que se pretende sobrepujar el derecho internacional de derechos humanos y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana.
Equipo Nizkor
22 de febrero de 2007
ii) Testimonio de Ricardo Gómez Mazuera sobre la masacre del Palacio de Justicia y otras acciones ilegales.
Señor
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Bogotá, D.E.
Yo, Ricardo Gómez Mazuera, identificado con c.c. # 3.010.247 de Engativá
(Cund.), pongo en conocimiento de Ud. los siguientes hechos:
1. Ingresé en la Policía Nacional el 31 de marzo de 1977, como alumno de la Escuela de Carabineros “Eduardo Cuevas” de Villavicencio [Meta] , siendo Comandante de la misma el Teniente Coronel Dámaso Ortega Contreras, Subcomandante el Mayor Rodrigo Millán Bautista, y oficiales Los Tenientes Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez, Edilio Cely Prieto, Leonel Hernán Díaz Gutiérrez y William Rojas Giraldo.
Una vez terminado el curso, vinimos a Bogotá donde servimos en la Primera Estación de Policía,luego pasamos a la Sexta, volvimos a la Primera y luego reinauguramos la Quinta Estación.
Entre el 22 de diciembre de 1977 y el 3 de enero de 1978 se presumió que yo había cometido el delito de deserción, pero luego se comprobó que no lo hubo. En testimonio de esto, anexo el original del Paz y Salvo expedido por la Auditoría Auxiliar 35 de Guerra, el 20 de enero de 1988.
Desde 1974 actué como informante de la DIPEC (hoy DIJIN). En-ese momento me conocieron: el Capitán Julio Navarro Rozo (hoy Teniente Coronel y Comandante del Departamento de Policía del Valle) y el Mayor Campos, jefe del Departamento de Estupefacientes (hoy ayudante de la Dirección General de la Policía).
En 1978 pasé a trabajar con el Comando del Ejército.
Durante estos años me han conocido en mi trabajo las siguientes personas: el Mayor Gañán, subjefe de la SIJIN; el Sargento Gaviria, de la sección de Piratería de la DIJIN; el Coronel Alfonso Plazas Vega, director de la Escuela de Caballería; el Capitán Misael Plazas Vega, jefe del S-2 del BAPOM # 1; el Capitán Powels, jefe del S-2 de la Escuela de Artillería; el Capitán Luz, del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Charry Solano”; el Coronel Pradilla, jefe del B-2 Bogotá; el General (r) Fernando Landazábal Reyes, Comandante de la Brigada de Institutos Militares en 1976; el Capitán Quevedo, jefe de automotores de la SIJIN.
Realicé también trabajos con el Capitán Santos, subcomandante de la SIJIN de Cúcuta; en Bucaramanga con el General Farouk Yanine Díaz, a través del S-2 de la V Brigada, en la zona de San Vicente de Chucurí (1986) en Doncello (Caquetá) con el Capitán de la Policía Heriberto Infante Ramírez.
2. Durante estos años de trabajo con los servicios de inteligencia del Estado, me he ido convenciendo poco a poco de que los métodos allí utilizados son violatorios de las mismas leyes de la República y de que en tales organismos se cometen verdaderos crímenes que me han ido creando un conflicto de conciencia cada vez menos soportable.
Por estes razones y a pesar de los altos riesgos que esto implica para mi seguridad personal y la de mi familia, he decidido abandonar mi trabajo y solicitar a las autoridades competentes que investiguen los métodos utilizados por los organismos de seguridad del Estado para combatir la subversión o la delincuencia, y que se ponga fin a cuanto en ellos hay de violatorio de la Constitución y las leyes y de los Convenios sobre Derechos Humanos.
En particular quiero denunciar los siguientes hechos:
2.1. Como participante activo en tareas de inteligencia durante los hechos del Palacio de Justicia, ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, doy testimonio de lo siguiente:
a) La señora Ruth Mariela Zuluaga de Correa, secretaria del magistrado Carlos Medellín, fué sacada del Palacio y llevada con quemaduras graves al Hospital Simón Bolívar, donde fué atendida por el Doctor Cristóbal Sastoque Melani, jefe del Pabellón de Quemados de dicho hospital.
Algunos informes de inteligencia dieron cuenta de que “habían sacado una guerrillera y la tenían en el Hospital Simón Bolívar”. Fué enviado, entonces, un sargento de nombre Juan (apellido posiblemente Rodríguez), de 1,60 mts. aproximadamente de estatura, delgado, de ojos cafés claros, nariz pronunciada, que usaba entonces barba y vivía en Ciudad Kennedy, con 3 soldados del S-2, para sacarla del hospital y llevarla a la Escuela de Caballería.
El Dr. Sastoque se opuso a que la sacaran, pero el sargento presionó, diciéndole que si no lo permitía, sería acusado de complicidad con la guerrilla. Entonces lo permitió y lo señora fué llevada a la Escuela de Caballería donde fué sometida a torturas, golpeándola con guantes de caucho mojados sobre las quemaduras. La señora Zuluaga murió en medio de las torturas.
b) EL señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, salió del Palacio y fué llevado a la Casa del Florero sin ninguna lesión. De allí fué enviado a la Escuela de Caballería por orden del Coronel Alfonso Plazas Vega, quien dio las siguientes instrucciones: “me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe”.
El Coronel Plazas se basó en la hipótesis de que en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto y por ello ordenó torturar al señor Rodríguez “por cómplice”.
El señor Rodríguez Vera fué sometido a torturas durante 4 días, sin suministrársele ningún alimento ni bebida. Fue colgado varias voces de los pulgares y golpeado violentamente en los testículos mientras colgaba; le introdujeron agujas en las uñas y luego le arrancaron las uñas. El siempre manifestó que no sabía nada de nada ni entendía lo que estaba ocurriendo.
Quienes estuvieron al frente de estas torturas fueron: el Capitán Luz, de aproximadamente 1,78 mts. de estatura, 80 kilos de peso, cabello crespo negro, bigote, acento cercano al costeño, y otro capitán de pelo rubio, quien manejaba entonces un Nissan Patrol azul y blanco.
El señor Rodríguez murió durante las torturas. Su cadáver fué enterrado en secreto, probablemente en “los polvorines”, cerca al sitio donde se hacen prácticas de polígono, en lo misma escuela.
c) El día 7 de noviembre, en la mañana, el señor Andrés Almarales, del Comando Superior del M-19, fué sacado con vida del Palacio, solo herido en una pierna, y trasladado en una ambulancia a la Escuela de Apoyo Logístico, donde funciona el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Charry Solano”. Allí el señor Almarales fué asesinado y su cadáver devuelto al Palacio para ser sacado de allí entre los muertos.
En la ambulancia que transportó al señor Almarales iba un señor Becerra, adscrito al F-2, hoy conductor de la SIJIN-Bogotá; Dicho señor aparece ‘fotografiado en la primera página de El Tiempo del 9 de noviembre de 1985, cargado el féretro del Capitán Héctor Aníbal Talero (“Halcón-2”).
El periodista Jorge Enrique Pulido tuyo en su poder tomas de video, donde se puede comprobar la salida con vida del señor Almarales del Palacio de Justicia.
d) El domingo 10 de noviembre, después que el Palacio de Justicia había sido inspeccionado, evacuado y barrido, apareció en el primer piso otro cadáver. Correspondía a uno de los visitantes del Palacio, portador de una cédula que no era la suya y que por tal motivo había sido llevado al Batallón Charry Solano, donde murió en medio de las torturas. Su cadáver fué llevado al Palacio por agentes del mismo Batallón.
e) El mismo 10 de noviembre de 1985 se hizo un operativo en el barrio Quiroga (calle 32 sur con carrera 21), en la residencia de la señora Myriam Vásquez, de quien se decía tenía lazos familiares con Fabio Vásquez Castaño (antiguo Comandante del E.L.N.) y que habría tenido algo que ver con los hechos del Palacio de Justicia.
El Coronel Moreno, jefe de inteligencia del Charry Solano, ordenó que la capturaran en forma de “secuestro”, es decir, en forma ilegal, fingiendo ser secuestradores comunes.
No se la pudo capturar, porque hubo confusión con otra señora de nombre Myriam, que en el momento estaba en la misma residencia, y porque los vecinos habían informado a la Policía del barrio Quiroga que había carros extraños en la zona. Dado que la Policía de Bogotá no estaba informada sobre este operativo, y que los agentes del barrio Quiroga acudieron al sitio, el operativo fué desmontado.
2.2. Al señor Samuel Aguilar, Inspector de Policía de Los Maracos, Granada (Meta), se le montó una persecusión, por ser de la U.P., hasta que se le asesinó.
Días antes del atentado, perpetrado el 25 de julio de 1988, el señor Aguilar fué víctima de un atraco, pudiendo él reconocer al atracador, que era un sargento del Ejército. Dos niñas fueron testigos del atraco y una de ellas fué asesinada posteriormente.
El señor Aguilar acusó al sargento ante el Comandante de la Base de Apiay, pero solo recibió en respuesta amenazas e intimidaciones.
La escolta del DAS que él tenía, no apareció el 25 de julio. Ese día llegaron a su casa otras personas que se identificaron como del DAS y le dijeron que lo necesitaban en Villavicencio.
Sospechando lo que iba a ocurrir, un hijo suyo salió a defenderlo con un arma, pero fué desarmado por los agentes. También su mamá salió y lo abrazó, pero los agentes la arrastraron del pelo y a él se lo llevaron. En el camino le hicieron tiros, pero él no murió enseguida. Murió 3 días después. El tipo de bala con que fué asesinado coincide con las empleadas por el grupo de sicarios que el 3 del mismo mes había asesinado a 17 personas cerca de Granada.
2.3. El sacerdote belga, Padre Daniel Hubert Gillard, de la comunidad asuncionista, Párroco de la Parroquia del Santo Evangelio, en el barrio Antonio Nariño de Cali, también fué objeto de investigaciones y seguimientos por parte del B-2 de Cali, pues se consideraba que su trabajo concientizador llevaba a la gente a hacer demasiadas exigencias ni gobierno.
Un operativo conjunto del DAS y el Ejército preparó y perpetró el atentado de que fué víctima el 10 de abril de 1985. Esa noche lo esperaron cerca de la Parroquia, lo dejaron pasar en su carro y a 10 metros le dieron la orden de “alto” que él ya no podía oir, entonces dispararon contra él. Uno de los agentes que participó en el atentado fué el agente Méndez, apodado “la yegua” quien fué desplazado desde Bogotá con esa intención.
El Padre Gillard no murió en el atentado pero quedó inconciente y fué hospitalizado durante muchos días. Más tarde, el Capitán Rodríguez, del S-2 del Batallón de Cali dio orden de quitarle el oxígeno “para ayudarlo a bien morir”.
2.4. También puedo atestiguar la existencia de alianzas entre miembros de las Fuerzas Armadas e industriales y narcotraficantes, para constituir y financiar grupos de “mano negra” o “escuadrones de la muerte” que realizan trabajos de “limpieza social”. En concreto:
a) En Tuluá (Valle), el Mayor de la Policía Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez (hoy Teniente Coronel, destacado en Arauca) constituyó uno de estos grupos que tenía como ámbito de operaciones: Cali, Tuluá, Palmira y Yumbo, dando muerte por lo menos a 30 personas.
El Mayor Suárez escogía personal de la Policía y los sometía a un “bautizo”, consistente en que todos participaran en un crimen, con el fin de que nadie pudiera hablar. Así en junio de 1985, hicieron una matanza nocturna de homosexuales en Tuluá y botaron sus cadáveres al río Cauca. Un carnicero fué testigo de la matanza y luego fué asesinado por el mismo grupo.
Para financiar estas operaciones de “mano negra”, el Mayor Suárez recibía dinero de industriales del Valle. El señor Pablo Hamerleng, Jefe de seguridad de la firma Carvajal, de Cali, (tel: 2675011) aportó más de dos millones de pesos.
El Director Operativo de la Policía Nacional, General José Luis Vargas Villegas, tuvo conocimiento de esto pero no hizo nada para impedirlo.
El hoy Teniente Coronel Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez (Dirección: calle 19 C sur # 55-54, tel: 2609138) recibe dinero de narcotraficantes, posiblemente para implementar operaciones similares. En un día de junio o julio de 1987, yo mismo lo acompañé personalmente, en un Toyota blanco, a la empresa “Taxis Verdes” de Bogotá (carrera 15 por calle 15) y allí recibió 25 millones de manos del Señor Gustavo Gaviria Riveros, narcotraficante ligado a Pablo Escobar. Un ex-oficial de la Policía que trabajó en la Escuela “Eduardo Cuevas” de Villavicencio, el ex-cabo Linares, quien conducía entonces un taxi de la empresa “Taxis Verdes”, pudo darse cuenta de esta cita, pues estaba allí y me saludó.
b) El Mayor Gañán, hasta 1988 Subcomandante de la SIJIN (Tel: 439810) , también recibe dinero de narcotraficantes. Su casa que posee en Bogotá (en la calle 122) está evaluada en más de 30 millones de pesos. Este Mayor proveía de armamentos para atracos que realizaba el personal de la SIJIN, en unión del Doctor Tarazona, asesor jurídico del F-2.
Por orden suya fueron asesinados los secuestradores del señor Ricardo Valencia, industrial de cueros. El Mayor Gañán dio orden de matar a los secuestradores del señor Valencia después de que ellos se habían entregado, como lo atestiguó el mismo señor Valencia.
c) El Mayor Beltrán Mogollón, antes jefe de automotores de la SIJIN-Bogotá y ahora jefe de la SIJIN-Cali, también organizó un “plan limpieza” en Bogotá, en 1988. Por orden suya fueron asesinados 17 haladores de carros, operaciones ejecutadas por la Patrulla 1010, por personal del grupo de automotores de la SIJIN y por patrullas al mando de los sargentos Sosa y Valdeleón y del agente Aldana (el cual resultó lesionado cuando el atentado al Ministro de Gobierno Jaime Castro).
d) En Cúcuta, el Capitán Santos, segundo en mando de la SIJIN-Cúcuta, ha constituido un grupo con un suboficial y dos agentes para efectuar operaciones “de limpieza”.
Esta grupo mató a un ladrón en la Residencia Avila. Con la colaboración de la dueña de dicha Residencia, reúnen información sobre supuestos miembros o colaboradores de grupos guerrilleros que se hospedan allí y luego buscan matarlos. Así ocurrió con Rodolfo Quenzá González (cc. # 17.586.254 de Arauca) quien después de haberse hospedado allí, fué seguido por el grupo del Capitán Santos hasta Arauca donde fué asesinado en enero de 1988.
e) En esta clase de operaciones ilegales se cuenta con ayuda de personal extranjero. El Señor Vigam, jefe de seguridad de la Embajada de Israel en Bogotá, dicta cursos sobre métodos de seguimiento y tácticas de espionaje y similares, a miembros del Batallón Charry Solano, en compañía de un Señor Yossia, también del equipo de seguridad de la misma Embajada.
Para esta clase de operaciones se cuenta también con un proveedor de Placas y papeles para vehículos: el señor Carlos Cuadros (tel: 2778700, ext. 49) y con una proveedora de documentos falsos: la “Señora Ester”, o la “Señora Edelma” (carrera 12 # 8-35, tel: 2546911) cuyos servicios utiliza el F-2.
2.5. Otro método que resulta violatorio de la Constitución y las leyes es el de infiltrar a organizaciones de izquierda con el objetivo de asesinar a sus dirigentes. A este respecto, denuncio lo siguiente:
a) En el caso de la muerte de Gustavo Arias Londoño, alias “Boris”, del Comando Superior del M-19, la Dirección de la Policía tuvo conocimiento previo sobre su desplazamiento a Caldas (Ant) para una reunión y ordenó montar un operativo “por lo bajo”. En efecto, Arias Londoño fué detenido mientras viajaba a Caldas, el 23 de julio de 1986, a las 11.30 P.M., y conducido al cuartel de la VIII Estación donde le aplicaron la “ley de fuga”. En un informe posterior, la Policía declaró que había sido identificado posteriormente, pero, en realidad, el operativo fue montado con plena intención de asesinarlo.
b) En el caso de Alvaro Fayad, jefe del M-19, el GOES sabía, con tres días de anticipación, que él iría ese día, 13 de marzo de 1985, al apartamento situado en la carrera 42 C # 22-A-30, Apto. 202, y por ello montaron el operativo para asesinarlo.
c) En el caso de Afranio Parra, un informante de la DIJIN que estaba in filtrado en el M-19, había informado sobre su presencia en Vistahermosa, al sur de Bogotá. Cuando salieron a hacer un negocio de armamento, el informante los fué llevando hacia el CAI de Vistahermosa, de la III Estación de Policía, donde los interceptaron 3 agentes que estaban bebiendo cerca de la cancha. En el camino, uno de los que acompañaban a Afranio Parra se escapó, hubo un forcejeo y Ios agentes, entre ellos el identificado con la Placa # 19364, asesinaron a Afranio y a los acompañantes, entre ellos al informante. El que escapó dio aviso a los escoltas de los voceros del M-19 en el diálogo con el gobierno y por ello el caso fué conocido públicamente casi de inmediato.
2.6. Quiero poner igualmente en conocimiento de Ud. la existencia de algunos sitios utilizados como cementerios, para sepultar a víctimas de estos procedimientos ilegales.
a) En la vía a Villavicencio, en dirección norte-sur saliendo de Bogotá, pasando el Retén de “La Alemana”, hay un camino que sube hacia el oriente. Subiendo por dicho camino unos 300 metros, en medio de una arboleda, a mano derecha, hay un área de unos 100 metros donde se ha sepultado a varias personas, víctimas de procedimientos ilegales de represión. (Ver Gráfico 1)
Un caso en el cual me tocó participar, fué el siguiente:
Entre febrero y marzo de 1983 se perdió una cámara de fotografía que se utilizaba para libretas militares en el Distrito de Kennedy. Por informaciones que llegaron a la Brigada, se acusó a Luis Alfonso Muñoz Cabanzo, quien era informante pero también era ladrón, y a otro de nombre Héctor.
A muñoz se le capturó en el barrio Marco Fidel Suárez y a Héctor en el barrio Quiroga. Ambos fueron llevados al sitio indicado (cementerio de La Alemana), vendados con balletillas mojadas y untadas de tierra para que no pudieran abrir los ojos. En el sitio mencionado fueron sometidos a torturas y Héctor fué asesinado y enterrado allí.
A Muñoz Cabanzo lo torturaron quemándolo con un cigarrillo y dándole golpes en el estómago con un bate de base-ball. En un momento dado, él dijo: “yo canto”. Entonces le soltaron las manos y le permitieron limpiarse la cara. Pero como comenzó a dar evasivas, lo arrodillaron y le montaron una subametralladora para matarlo, pero él salió rodando. Le hicieron tiros pero él se escapó hacia la vía a Villavicencio. Esta persona, quien hoy vive de nuevo en el barrio Marco Fidel Suárez, puede testimoniar lo ocurrido y señalar el sitio.
b) Otro cementerio existe en los llamados “Polvorines” de la Escuela de Caballería de Usaquén. En el extremo norte de la Escuela, hacia el oriente, detrás del sitio donde se hacen prácticas de polígono, hay un sitio donde se entierra a personas que mueren bajo tortira en la misma Escuela. Allí es posible que hayan sido sepultados algunos de los desaparecidos durante los hechos del Palacio de Justicia. Allí fué enterrado, muy probablemente, Carlos Augusto Rodríguez Vera, y también la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda. (Ver Gráfico 2).
c) En Montería (Córdoba), saliendo de la ciudad por la vía al mar, está la hacienda de la familia Kergelene. Avanzando unos 300 metros aproximadamente hacia dentro de la hacienda, hay una casa de los trabajadores. Siguiendo de allí hacia el río (unos 250 metros aproximadamente) nacen los bebederos del ganado. Unos 50 metros antes del río se encuentra un cementerio en donde, antes de 1988, que yo sepa, se ha sepultado a 6 personas sindicadas de subversión.
El 8 de junio de 1987, en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla, capturamos a 2 personas sindicadas de pertenecer a un grupo de finanzas de alguna organización guerrillera y que supuestamente habían extorsionado a un ganadero de Montería. Los llevamos a dicha finca para reconocimiento y allí fueron asesinados y sepultados.
La noche anterior a dichas capturas estuvimos con Alonso Luna (tel: 355539) y Ovidio Lozano (Dirección: carrera 6 B # 18-45, tel: 369539) en Barranquilla, integrantes del grupo de mariachis “Cien Años de Soledad”.
d) También tengo conocimiento de que en el corregimiento La Floresta, entre Cúcuta y Puerto Santander, en la salida del caserío hacia el occidente, existe un cementerio donde se entierra a muchas víctimas de acciones ilegales de la Policía. El agente de la Policía Julio Ángel Rojas Peñarate, conoce dicho sitio.
e) En el Batallón de Policía Militar # 13 de Puente Aranda, en Bogotá, al lado derecho del casino de los soldados, después de atravesar una zona reservada, está la Sección del S-2, dentro de la cual existe un cuarto de interrogatorios utilizado para torturas. Allí fué llevado, por ejemplo, el señor Hernando Muñoz (Dirección: calle 24 sur por carrera 13 A), un señor a quien le faltan ambas piernas. El Señor Muñoz fué capturado en un operativo dirigido por el Capitán Misael Plazas Vega. (Ver Gráfico 3).
2.7. Finalmente, quiero poner también en su conocimiento los nombres de algunas personas que actualmente son objeto de investigaciones y seguimientos par parte del Batallón Charry Solano y cuyas vidas, por lo tanto,
pueden estar corriendo graves peligros:
El Señor Manuel Zapata Olivella, líder de un movimiento de negritudes.
El Señor Víctor Diusaba, periodista del diario El Siglo.
El Señor Ángel Tolosa, líder de un movimiento campesino (ANUC).
EL Doctor Eduardo Umaña Mendoza, abogado que trabaja con grupos de
Derechos Humanos.
El Señor Alberto González, periodista del diario El Mundo, de Medellín.
El Señar Jesús Castañeda, periodista de una agencia internacional de noticies cuyas oficinas están en la Plazuela de Las Nieves.
Un Señor que trabaja con Amnistía Internacional, de nombre Edgard, alto, de barba.
2.8. Quiero dejar constancia, en último término, de que en el mes de mayo de 1989 solicité un extracto de mi hoja de vida en la Policía Nacional y se me comunicó que no existía en los archivos, es decir, que había desaparecido. Con qué fin ?
Hago constar que todos los datos aportados a través del testimonio rendido son auténticos y que están basados, ya sea en mi experiencia personal de trabajo durante estos 12 años, ya en el relato de compañeros de trabajo que han estado más directamente relacionados con algunos hechos, para corroborar lo cual me suscribo, con firma autenticada en notaría.
Atte.
Ricardo Gómez Mazuera
c.c. 3.010.247 de Engativá (Cund)
C.C.
Dirección Nacional de Instrucción Criminal.
Ministro de Justicia.
Juzgado 26 de Instrucción Criminal.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Comiisión Episcopal por la Vida, la Justicia y la Paz.
Nota documental del Equipo Nizkor: Este documento es reproducción fiel del testimonio prestado por el declarante, Ricardo Gómez Mazuera, en su comparecencia ante el Notario Diecisiete del Circuito de Bogotá en fecha de 01ago89. Durante muchos años se consideró perdido dentro del propio sumario, por eso consideramos de suma importancia su publicación como documento que, por si solo, demuestra la participación del Estado en la organización y comisión de actos que constituyen crímenes contra la humanidad.
LA SUSCRITA AUDITORA AUXILIAR 35 DE GUERRA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA BOGOTA,
HACE CONSTAR:
Que revisados los libros radicadores de sumarios de este Despacho, figura a Tomo II, folio 545, el proceso No. 687, adelantado por el delito de DESERCION contra el ex-agente Auxiliar GOMEZ MAZUERA RICARDO, por hechos ocurridos entre el 22 de diciembre de 1977 al 03 de enero de 1978 y consta con fecha 16 de noviembre de 1978 que el mencionado proceso pasó al ARCHIVO definitivamente por haber confirmado el H. Tribunal Superior Militar la sentencia absolutoria proferida en primera instancia en favor de GOMEZ MAZUERA RICARDO. En consecuencia de lo anterior se colige que el mencionado ex-agente GOMEZ MAZUERA RICARDO, quien se identificó con c.c. No. 3’010.247 de Barrio Boyacá-Engativá (Cund), no tiene cuentas pendientes con este despacho.
Se expide la presente en Bogotá, D.E., a los Veinticinco días del mes de Enero de Mil Novecientos Ochenta y Ocho, a solicitud verbal del interesado.
Dra. EUGENIA GUTIERREZ GIRALDO
Auditora Auxiliar 35 de Guerra