Medidas efectivas contra la impunidad y el paramilitarismo
La Comisión Internacional de Juristas acaba de hacer público un informe de 78 páginas en el que evalúa las políticas del Gobierno Uribe, llamada de “Seguridad Democrática” justo en el momento en que el Vicepresidente FRANCISCO SANTOS en Bruselas, dentro de la intensa actividad de cabildeo se propone lograr que la Unión Europea apoye como parte de la implementación de la política de seguridad el proceso de desmovilización paramilitar.
El documento analiza como las modificaciones legales en el marco de la política de seguridad blinda de sanción a los responsables de violaciones de derechos humanos, crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra a través de la estrategia paramilitar, como el Decreto 128 de 2003 y la ley 975 llamada de “Justicia y Paz”.
Igualmente, la CIJ hace eco de las decenas de pronunciamientos en los que se ha exigido, se ha exhortado, se ha llamado al Gobierno Colombiano para que de modo efectivo se desmantelen las estructuras paramilitares y los militares comprometidos en esta estrategia e invita a la comunidad internacional a asegurar que toda “estrategia de cooperación esté condicionada a que las autoridades colombianas tomen medidas efectivas contra la impunidad y que garanticen el estado de derecho”
Desde Europa, un informe más, otra voz, otra Constancia que se suma, en medio del silenciamiento, de la tergiversación y del espejismo mediático, a las expresiones de familiares, de víctimas, de organizaciones que afirman el Derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral frente a un proceso en que se legitima, se legaliza y se institucionaliza el paramilitarismo.
Ayer, también, en Bogotá, diversos medios de información convocaron a un Foro sobre el Paramilitarismo, desmovilización y política” en el que participaron integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, entre ellos IVAN CEPEDA y ALIRIO URIBE, el Fiscal General de la Nación MARIO IGUARAN, sectores políticos y asesores del gobierno como JOSE OBDULIO GAVIRIA. Frente a la paramilitarización en el Urabá y el Bajo Atrato en evidente la connivencia con la Fuerza Pública y su interacción con el proyecto agroindustrial de la palma, este asesor respondió expresando que las víctimas solo buscan venganza.
Mientras tanto el engranaje de la institucionalización paramilitar continúa velozmente, el Comandante General de la Policía y el Alto Comisionado de Paz, LUIS CARLOS RESTREPO, presentaron ayer el plan de vinculación a 2000 paramilitares “a actividades de reparación y restauración del orden”, una especie de policía cívica y el Ministro del Interior SABAS PRETEL DE LA VEGA, dio su visto bueno a la readecuación de las instalaciones de la empresa URRA, en la que habitaron más de 800 trabajadores de esta represa ubicada entre Córdoba y Antioquia, para ser el centro penitenciario de “lujo” de los paramilitares que contarán además con 600 hectáreas de tierra para proyectos productivos.
La institucionalización del olvido sustituye la memoria, el pragmatismo se superpone a los derechos. Antes de había dicho que los desmovilizados no harían parte de la Fuerza Pública, a pocos meses de desmovilizados son ya policías cívicos, otros son de empresas de seguridad privada, y otros los que resguardan armas serán el fermento de nuevos esquema de fuerza. Se ha olvidado lo que significó el paramilitarismo como estrategia de desplazamiento de indígenas Emberas y campesinos mestizos de Córdoba y de La Balsita, Esmeralda, Chamuscado en Antioquia, ahora ellos disfrutaran de la infraestructura empresarial
El cinismo institucional sustentado en la política de seguridad no tiene vergüenza, todo se transfiere como responsabilidad a las víctimas, mientras las estructuras criminales se reacomodan, en la nueva fase paraestatal, definitivamente un proceso hecho a la medida de los victimarios, definitivamente el desmoronamiento del Estado de Derecho.
ADJUNTO
Informe Comisión Internacional de Juristas y reporte del diario El Tiempo del foro de ayer
Bogotá, D.C 22 de septiembre de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ