Medellín y Córdoba
En Medellín van cerca de 2.000 asesinatos este año y en el departamento de Córdoba más de 800.
Cifras alarmantes que se presentan en dos lugares íntimamente ligados a la vida personal y política del presidente Álvaro Uribe, y en donde, según el discurso oficial, se había logrado llevar a la práctica con éxito el modelo de la seguridad democrática y el llamado “proceso de reconciliación”.
En Medellín está en curso la feroz disputa por la jefatura de la ‘Oficina de Envigado’, la estructura narcoparamilitar que han utilizado los clanes familiares para buscar el control de la ciudad y sus negocios lícitos e ilícitos. Las investigaciones que se están realizando han revelado la identidad de quienes forman parte de esos clanes y han utilizado los servicios de esas estructuras. Uno de tales personajes es el caballista Santiago Gallón Henao, quien tuvo negocios con empresas familiares del presidente Uribe y ha sido cercano a la familia Valencia Cossio. Al reconocer ante los jueces el cargo de concierto para delinquir agravado, Gallón Henao admitió su papel como financiador de grupos paramilitares. Pero ésta no fue su primera aparición en las páginas judiciales: se le había acusado además de haber asesinado, en compañía de su hermano, al futbolista Andrés Escobar. Otro personaje que logró pasar inadvertido por largo tiempo fue Guillermo Ángel. Como lo mostró el periodista Daniel Coronell, Ángel fue parte del grupo de narcotraficantes denominado ‘Los doce del patíbulo’ y dueño de una empresa de helicópteros que ha tenido entre sus clientes varias entidades estatales, al paramilitar Vicente Castaño y a “usuarios menos afortunados, como el trágicamente fallecido Pedro Juan Moreno Villa”. El presidente Uribe ha reconocido los vínculos de su familia con los hermanos Ángel. Los clanes familiares que triunfaron en la guerra con Pablo Escobar son los mismos que aparecen hoy en el trasfondo de la nueva guerra por el control de ‘La Oficina’.
Las muertes en Córdoba están ligadas a la batalla por el control territorial. Se trata de la guerra que libran estructuras paramilitares por adueñarse de zonas aptas para las rutas del narcotráfico. Denuncias que provienen del departamento señalan que municipios costeros como San Antero, San Bernardo del Viento, Puerto Escondido, Los Córdobas y Moñitos, son utilizados como puertos por donde pasan las rutas del narcotráfico. Según esos testimonios, toda la zona está copada por grupos paramilitares que mantienen sus nexos con políticos y miembros de la Fuerza Pública. Todo esto sucede en la misma región en la que se encuentra ubicada la hacienda presidencial El Ubérrimo y en la que tienen sus propiedades amigos del Presidente de la República que han sido investigados por sus vínculos con el paramilitarismo, como William Salleg Taboada, director de El Meridiano de Córdoba, y el ex gobernador Jesús María López Gómez, condenado por pertenecer a las Auc.
Para desgracia de la ciudadanía en Medellín y Córdoba, los nexos entre los políticos, los narcotraficantes y los paramilitares siguen siendo los factores que determinan la historia de violencia que causa la muerte de cientos de personas cada año. En las elecciones que tendrán lugar en 2010, el sentimiento de indignación que provoca la catástrofe social que ha generado el régimen de criminalidad y enriquecimiento mafioso que nos gobierna debería transformarse en una consciente participación política.
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Iván Cepeda Castro