Masacre en el Naya
Masacre de cinco integrantes de una misma familia por parte de las FARC en el bajo Naya, abusos de autoridad, persecución a líder comunitaria de bajo Naya, por parte del batallón de la brigada 2, retención y secuestro de afronayeros por parte de las FARC
Bogotá, D.C 10 de mayo de 2011
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidencia de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
ANGELA MARÍA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
VIVIAN MORALES
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
WOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
“Cómo voy a seguir contemplando a mi sangre que se va extinguiendo, lentamente se va extinguiendo. Me cuentan que hacia el sur hay selvas impenetrables. Ahí podemos refugiarnos y rehacer nuestras vidas en libertad, autonomía, hacer esas tierras nuestras para trabajar. Son espacios nuestros, espacios negros. Sabe que hemos nacido libres y libres debemos seguir siendo” Amilkar, de la tribu Carabalí, esclavo en Cartagena, dirigida a Pedro Claver
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la repudiable ejecución de cinco afrodescendientes de una misma familia por parte de la guerrilla de las FARC en el bajo Naya.
Cuando terminábamos de escribir este texto integrantes del Consejo Comunitario de bajo Naya e integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz confirmaron que la guerrilla de las FARC asesinaron a JOSÉ ELDER VIVEROS DELGADO, de 24 años, , GUEIMAR ALEXIS VIVEROS DELGADO, de 36 años, JOSÉ EIMER VIVEROS DELGADO, de 30 años, JAIME VIVEROS DELGADO, 40 años de edad y RÓMULO VIVEROS de 58 años, luego de sacarlos de su casa en la comunidad de La Vuelta, el pasado sábado 7 de mayo.
De acuerdo con el reporte, los cuerpos sin vida se encuentran en una pequeña playa cercana a la población de la que fueron sacados. Además de repudiar este crimen, exigimos a la guerrilla de las FARC el cese de estas acciones contra la dignidad humana, contra los derechos de los pueblos, crimen que desconoce el derecho humanitario y desdice de la llamada ética del hombre y de la mujer nueva.
Este nuevo hecho doloroso para los afrodescendientes es una expresión más de la degeneración de la guerra interna que continúa convirtiendo a los civiles en blanco de las paranoias militaristas de las partes en conflicto.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario por parte de las Fuerzas Militares y de la guerrilla de las FARC EP en la conflictiva región del Naya.
La persecución al lider afronayero MANUEL GARCÉS, por decisión de la asamblea comunitaria para buscar la elección como alcalde de López de Micay, le ha significado una persecución a él y su familia en estrategias de tipo paramilitar pero también de la brigada 2; abusos de autoridad que se han ampliado a integrantes del consejo comunitario por la posición de estos y de las comunidades indígenas frente a la instalación de un campamento, sin consentimiento de la población en el caserío de Santa Ana, que los coloca en riesgo ante eventuales ataques de la FARC ,como ya se han venido produciendo.
Las operaciones de la guerrilla de las FARC EP no ajustadas a la ética de transformación que dicen representar y en contra del derecho humanitario se ha expresado en operaciones armadas en que se ha usado a civiles que operan como kamikazes y con la retención de pobladores en bajo Naya.
Nuestra Constancia Histórica ante los siguientes hechos que son responsabilidad de la Fuerza Pública y a través de ella del Estado en estos abusos.
*Lunes 11 de abril hacia las 2:30 p.m. integrantes del consejo comunitario del bajo Naya fueron abordados por unidades del Batallón de Asalto No.1 de la Brigada II de Infantería de Marina, fotografiados, requisados y registrados en cuaderno sus nombres de todos los pasajeros en el sitio conocido como Santa Ana, predios colectivos de Manglares, río Micay, en donde han instalado un campamento sin el consentimiento de los pobladores y al lado de estos colocándoles en riesgo ante un eventual ataque de la guerrilla de las FARC.
A eso de las 3:00 p.m. en el punto conocido como “Río Viejo“, JOSÉ DEL CARMEN fue blanco de abusos de autoridad, luego de continuar la marcha de la embarcación con el resto de los afronayeros.
JOSÉ conductor de la embarcación fue abordado por los militares del batallón de Asalto No.1 de la Brigada II de Infantería de Marina. Los regulares lo retuvieron durante dos horas. Los efectivos regulares apuntaron a JOSÉ DEL CARMEN y lo bajaron a la fuerza de la embarcación comunitaria y lo subieron en la piraña militar.
Ante la exigencia de los afronayeros de una respuesta, un militar respondió: “lo llevamos porque dio un número de cédula falsa”. Otro manifestó que quizás no es que sea falsa sino que le falta un número o “quizás sea equivocado”. Los militares se comunicaron por radio y expresaron: “Ya lo tenemos y vamos para allá”.
JOSÉ fue llevado a la base militar en Santa Ana, allí preguntó por la razón de su detención. Un efectivo regular manifestó que “su número de cédula no correspondía con su nombre”.
El afronayero fue interrogado por los militares acerca del líder afronayero MANUEL GARCÉS, postulado por la comunidad negra como candidato a la alcaldía del municipio de López de Micay. En el interrogatorio expresaron: “Vos andas con un político y llevas toda esa gente para él, ¿cómo se llama tu político?”. JOSÉ respondió que MANUEL era el candfidato de la comunidad y que era el calmor comunitario que quiere respeto de derecho humanos, respeto al territorio y calidad de vida. Agregó, que eso no es un acto contra la ley. Uno de los militares sacó de su bolsillo un almanaque con la publicidad política de MANUEL, donde aparece su fotografía y expresó: “es éste”.
Luego de dos horas de permanecer allí fue dejado en libertad. Nunca se clarificó la situación de su documento de identidad.
Ante el hostigamiento de los militares, JOSÉ preguntó nuevamente si era un delito o un error andar con un político nacido y seleccionado por la comunidad. Un militar respondió: “no es un error, pero eso depende de quién sea el candidato”, y lo dejaron ir.
La situación que se presentó contra JOSÉ estuvó antecedida de abusos contra pobladores de Santa Ana y restricciones a la libre movilización y abusos de autoridad de unidades militares del batallón de Asalto 1, brigada 2 de Infantería de Marina.
*Martes 25 de enero hacia las 3:00 p.m. estos efectivos regulares se trasladaron desde el campamento militar úbicado en la comunidad de Santa Ana, Consejo Comunitario de Manglares – Río Micay, hasta el caserío de la Comunidad Indígena de Belén de Iguana.
Allí, de acuerdo con sus habitantes, ocuparon lugares de habitación, realizaron registros fotográficos de los miembros de la comunidad durante tres horas.
Las unidades militares se retiraron del lugar luego que toda la comunidad indígena de Belén de Iguana se ubicó a su alrededor y exigió su salida.
El jueves 10 de febrero hacia las 8:00 a.m., unidades militares de este batallón abordaron una embarcación en la que se movilizaban pobladores afrodescendientes de la comunidad de Boca Grande, quienes se dirigían al casco urbano del municipio de López de Micay a una Asamblea extraordinaria de Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas del Río Micay para analizar la situación de instalación del campamento militar.
Sus ocupantes fueron requisados y requeridos para presentar sus documentos de identidad. A tres de los afrodescendientes los militares les registraron en un cuaderno. Luego los dejaron a todos continuar su recorrido.
Este mismo día, en horas de la tarde, las unidades militares intimidaron a una mujer afrodescendiente cuando dispararon al aire, para obligarla a detener la embarcación en la que se movilizaba. Al escuchar los disparos entró en un ataque de nervios y perdió el control de la embarcación.
La afrodescendiente había participado de la Asamblea extraordinaria en el municipio de López de Micay.
Las unidades militares del Batallón de Asalto No. 1 adscritas a la Brigada II de Infantería de Marina manifestaron a los pobladores que hay restricción a la libre movilidad por el río Micay a todas las embarcaciones de pasajeros y carga, desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m..
*Viernes 11 de febrero hacia las 10:00 a.m. fueron objeto de registros fotográficos por parte del Infante de Marina de apellido GÓNZALEZ, los concejales del municipio de López de Micay, MARIO MARINO TOVAR VIVEROS y MEREJILDO GARCÉS, este último afronayero y tío del candidato a la alcaldía MANUEL GARCÉS.
El registro fotográfico se realizó en el campamento de Santa Ana, Consejo comunitario de Manglares en el Río Micay, en desarrollo de una reunión donde los dos concejales junto a otros pobladores de los Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas del Río Micay le exigieron a las unidades militares que se retiraran de la comunidad de Santa Ana.
En relación con la persecución al líder MANUEL GARCÉS se han constatado los siguientes graves situaciones.
* Jueves 10 de marzo hacia las 12:00 p.m. fue amenazado el afronayero MANUEL GARCÉS, miembro del Consejo Comunitario del bajo Naya, habitante del corregimiento de Puerto Merizalde y candidato a la alcaldía del municipio de López de Micay, departamento del Cauca, a través de una llamada telefónica a su celular. El amenazante sostuvó: “retírese de la campaña, ya te tenemos ubicada a tu familia”.
*Martes 22 de marzo a eso de las 4:00 p.m. Nuevamente fue amenazado el líder MANUEL GARCÉS, quien recibió una llamada a su teléfono celular. El amenazador le manifestó: “retírese de la campaña, ya te tenemos ubicada a tu familia, ya se lo hemos advertido”. En octubre 19 de 2010, el afronayero MANUEL GARCÉS recibió amenazas de muerte en su lugar de habitación en el municipio de Buenaventura, los hombres que le abordaron, le expresaron: “debe abandonar la contienda electoral, si no se muere usted y su familia”.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las graves actuaciones de la guerrilla de las FARC que afectan con daños irreparables y vulneración de derechos fundamentales a la población afronayera y se convierten en graves delitos contra el derecho humanitario.
*Viernes 28 de febrero una embarcación explotó en la base militar ubicada en el caserío de Santa Ana, causando la muerte de un suboficial y heridas a tres militares pertenecientes al Batallón de Asalto No. 1 adscrito a la Brigada II de Infantería de Marina.
De acuerdo con la información reportada por medios de información en este violento hecho murió un civil.
*Sábado, 7 de mayo hacia las 4:00 p.m. en el caserío de la comunidad de La Vuelta, parte baja de la cuenca del bajo Naya, milicianos del 30 frente de las FARC retuvieron, secuestraron y privaron de la libertad a los afrodescendientes JOSÉ ELDER VIVEROS DELGADO, de 24 años, , GUEIMAR ALEXIS VIVEROS DELGADO, de 36 años, JOSÉ EIMER VIVEROS DELGADO, de 30 años, JAIME VIVEROS DELGADO, 40 años de edad y RÓMULO VIVEROS de 58 años, todos miembros de una misma familia.
Los afrocolombianos fueron llevados para una supuesta reunión de aclaración. El padre de los cuatro hermanos, el señor RÓMULO VIVEROS, se opuso a tal reunión y también se lo llevaron.
Nuestra Censura Ética ante las operaciones de efectivos regulares y la instalación del campamento en Santa Ana en contra del consentimiento de las comunidades afros e indígenas por el alto riesgo que les implica para su vida e integridad personal. Desde el 2 de enero del presente año, las unidades militares del batallón de Asalto No. 1, adscritos a la brigada 2 de Infantería de Marina, de la Armada Naval, instalaron ese campamento, a menos de 80 metros de los lugares de habitación de la población civil, en terrenos sagrados por estar al lado del cementerio comunitario y en área de prácticas tradicionales de siembra, recolección de madera, tránsito en las labores de pesca y cacería, vulnerando los derechos a la vida, al territorio, al principio de distinción y a la consulta previa. En el lugar donde se establecieron los militares, todas las embarcaciones comunitarias son obligadas a detenerse y los pasajeros sometidos a interrogatorios, sus documentos de identidad son fotografiados y registrados en celulares y hojas de papel. Las lanchas de carga que trasladan alimentos y materiales de construcción desde Buenaventura deben pasar la noche en el retén pues por el largo recorrido no alcanzan a pasar antes de las 6:00 p.m., hora establecida por los militares como restricción de la libre movilidad por el río Micay.
El pretexto de lucha contra la guerrilla de las FARC y contra el tráfico de drogas se ha usado para atacar a la población civil, para estigmatizarla y perseguir sus expresiones de afirmación de derechos en medio de la guerra interna que se continúa viviendo.
Nuestra Censura Ética ante los abusos de autoridad del batallón adscrito a la brigada 2 que se han hecho permanentes desde enero pasado, desconociendo el derecho humanitario, los derechos de la población y el temor fundado de la población que se presenten hecho como el del 2 de Mayo de 2009, en el caserío de Rotura, consejo comunitario de La Mamuncia, donde 5 helicópteros artillados ametrallaron indiscriminadamente atacando a la población. En este momento el niño AURELIANO TOVAR TOVAR, de 13 años de edad, se encontraba en una canoa en labores de pesca, fue impactado por un proyectil. Sin la autorización de familiares y del consejo comunitario el menor fue trasladado en un helicóptero, argumentando la urgencia de sacarlo para brindarle atención médica.
A los 4 días, sus restos mortales fueron llevados por los militares a la comunidad y entregados a la familia, argumentando que se trataba del cuerpo de un guerrillero dado de baja en combate, a pesar de que toda la comunidad fue testigo de la manera cómo fue muerto por la acción militar regular.
Nuestra Censura Ética ante las graves infracciones al derecho humanitario por la guerrilla de las FARC que ha usado de civiles para atacar blancos legitimos, pero que por el uso de medios y de técnicas que deniegan la libertad y la vida de no combatientes es absolutamente censurable.
Nuestra Censura Ética y repudio ante la ejecución de JOSÉ ELDER VIVEROS DELGADO, de 24 años, , GUEIMAR ALEXIS VIVEROS DELGADO, de 36 años, JOSÉ EIMER VIVEROS DELGADO, de 30 años, JAIME VIVEROS DELGADO, 40 años de edad y RÓMULO VIVEROS de 58 años, todos miembros de una misma familia, su vida e integridad es de su absoluta responsabilidad.
Ante la comisión de esta masacre por parte de la guerrilla de las FARC, hecho absolutamente condenado por el consejo comunitario del bajo Naya, exigimos el esclarecimiento y la sanción de los responsables de este hecho.
Ante las situaciones gravísimas aquí escritas, reflejo del desconocimiento y desprecio por el derecho humanitario de las partes en conflicto, en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional:
1. La orden a las fuerzas militares de acatamiento del derecho humanitario y el cese de las operaciones contra la restricción de derechos, señalamientos contra la población y cese de hostigamientos y uso desproporcionado de la fuerza
2. De acuerdo con los tratados internacionales y órdenes de la Corte Constitucional se adecue el uso legítimo y legal de la fuerza con su presencia y operaciones en acatamiento del respeto debido a la población civil. En tal sentido, el campamento de Santa Ana, en tanto, no es de consentimiento de los consejos y resguardos en su ubicación en un espacio territorial colectivo, sea trasladado.
Con profunda preocupación ante las consecuencias que sobre la población están teniendo las operaciones de la fuerza pública y de la guerrilla de las FARC, les apelamos a que las iniciativas de protección de la población civil como los espacios de refugio y las de protección territorial, sean respetadas, fortalecidas y valoradas.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz