Masacre del Aro

El aro es un corregimiento ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, siendo históricamente uno de los más antiguos y uno de los más prósperos hasta la llegada de actores armados que provocaron la destrucción de parte de su territorio y que costó la vida de algunos de sus habitantes en 1997. El aro se encuentra frente a la cordillera occidental al oeste del río Cauca, sobre el Nudo de Paramillo, en un macizo montañoso que los armados utilizaron por su ubicación estratégica como un punto de libre tránsito entre cinco departamentos, el océano pacífico y Atlántico, vías claves para el narcotráfico, sustento de su financiación.

El conflicto armado se materializó en El Aro con la presencia de los frentes 5,18 y 36 de las FARC quienes transitaban desde los años 80 por sus senderos. Durante ese tiempo se forjaron relaciones sociales, extorsiones, sometimientos, pero también una presencia protectora del territorio por parte de dicho grupo armado que controlaba además la distribución del narcotráfico, sin atentar contra la vida de los habitantes, quienes anticipadamente sabían que la presencia de la guerrilla acarrearía inconvenientes posteriores.

Es así como desde 1996, grupos paramilitares empezaron a gestar un proyecto para sacar a la guerrilla del territorio y tomar control del mismo. Empezando con una incursión a las regiones antioqueñas de Urabá, Bajo Cauca y Córdoba, sembrando terror con su presencia en La Granja, Santa Rita y Santa Lucía, lugares donde perpetraron masacres. Finalmente, el 22 de octubre de 1997, el paramilitarismo se tomó a El Aro, acusando a sus pobladores de guerrillero o auxiliadores de los mismos.

Aproximadamente 150 hombres de las denominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) conocidos como los “Mochacabezas” llegaron al corregimiento entre el 22 y el 26 de octubre, aunque la presencia de los paramilitares se mantuvo durante 17 días. Con lista en mano, fueron asesinando, según diversas versiones, entre 15 y 19 habitantes del corregimiento, además torturaron a adultos y niños, secuestraron a campesinos, violaron a las mujeres, hurtaron y desplazaron toda la población hacia Ituango, Puerto Valdivia e incluso a la ciudad de Medellín.

Los habitantes recuerdan particularmente el asesinato del tendero del pueblo Marco Aurelio Areiza, de 64 años, a quien amarraron, torturaron, le sacaron los ojos, los testículos y el corazón. Andrés Mendoza quien era dueño de la cantina del pueblo, agonizo en frente de sus vecinos, Elvia Rosa a quien violaron, le partieron la cadera e hicieron que varias reses pasaran por encima de su cuerpo, o a Wilmar de Jesús Restrepo de 14 años, a quien hirieron y obligaron a que subiera morrales pesados a lo alto de la montaña, cuando se sentó a descansar lo mataron.

Otras víctimas como Fabio Antonio Zuleta, Omar de Jesús Carmona, Omar Iván Gutiérrez, Olguín Jair Díaz, Otoniel de Jesús Tejada, Nelson Palacio Cárdenas, Nelson Cuadrado Urrego, Wilson Padilla, Arnulfo Sánchez, José Darío Martínez y Guillermo Mendoza Posso, fueron convertidos en fragmentos depositados en bolsas plásticas dejados en medio del camino de herradura o en la fosa común del corregimiento.

Mientras todo ocurrió, las mujeres fueron obligadas a cocinar mientras lloraban e incluso mientras rezaban por la vida ya acabada de sus seres queridos, algunos paramilitares incluso violaron a las mujeres en la escena del crimen de sus esposos o hijos. El luto para los habitantes ni siquiera fue posible, tras la quema de 42 de las 60 casas del corregimiento, solo quedaron 8 casa de pie, junto con la escuela y la iglesia; se robaron 1.200 reses y secuestraron 17 campesinos para que arriaran el ganado hurtado, de esa forma ocasionaron el desplazamiento forzado de 702 habitantes de la región.

En términos de justicia y reparación, la masacre de El Aro ha sido uno de los procesos más complejos e impunes en la historia del conflicto armado en Colombia, a pesar de completar más de 20 años de declaraciones, sentencias y dictámenes, esto por la cantidad de actores involucrados entre lo legítimos e ilegítimos, las omisiones por parte del Estado y la Fuerza Pública que dejó en total desprotección a la población y aún más porque la historia del paramilitarismo es un capítulo inconcluso porque nadie sabe qué sucedió con los hombres desmovilizados en el proceso de Justicia y Paz.

El 13 de febrero de 1998, el paramilitar Francisco Villalba, alias “Cristian Barreto”, decide entregarse voluntariamente a las autoridades, para aliviar su conciencia y por no encontrarse de acuerdo con los planes para cometer magnicidios por parte de grupos paramilitares, en connivencia con miembros de la Fuerza Pública y narcotraficantes. El exparamilitar declaró que el entonces, gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, participó en reuniones con paramilitares, preparando la incursión y además una vez realizada la masacre, se reunió con ellos para felicitar la acción armada, que había sido un éxito, llegando a realizar incluso una celebración por la operación, testimonio que no fue solo aportado por Villalba, sino por otros paramilitares en versiones libres en el marco de la ley de Justicia y Paz.

Dentro del mismo periodo de tiempo, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle hizo graves declaraciones, afirmando que entre el comandante de la IV Brigada el general Alfonso Monsalva Flórez, junto con el comandante de la Policía de Antioquia de aquel entonces, el gobernador Uribe Vélez, Pedro Juan Moreno y Carlos castaño habían consolidado un poder entre el gobierno, el estamento policivo, los banqueros y los terratenientes para hacer control de forma ilegal sobre algunos territorios y cometer violaciones de derechos humanos. Él mismo le había solicitado al entonces gobernador y a Monsalva proteger a la población frente a los asesinatos ocurridos entre 1996 y 1997. Después de sus denuncias y declaraciones el 27 de febrero de 1998 Jesús María Valle fue asesinado por sicarios en Medellín.

Entonces, en 2005 se da paso a la Ley de Justicia y Paz, o Ley 975, promovida por el gobierno de Uribe para facilitar el proceso de desmovilización paramilitar. Durante las versiones libres, Salvatore Mancuso, aseguró que la incursión fue ordenada por Carlos Castaño y coordinada por Carlos Mauricio García alias “Doblecero”; primero afirmó que la incursión se hizo como una operación antisubversiva contra integrantes de la guerrilla, que habían secuestrado personas y hurtado ganado, los sobrevivientes, arremetieron y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), afirmaron que no asesinaron a guerrilleros sino a gente honesta Y trabajadora, sin ningún vínculo con la guerrilla o los paramilitares. Segundo, Mancuso declaró que efectivamente se celebró después de la masacre, se condecoró a los comandantes que participaron en la operación y tercero, en 2007 afirmó que cuando ocurrió la masacre cuatro helicópteros sobrevolaron la zona, uno de los cuales pertenecía a la gobernación de Antioquia, lo que vincula aún más al expresidente Uribe, desde entonces, varios son los cuestionamientos frente a la responsabilidad del actual senador de la república, pero nada ha pasado.

En 2007, Gustavo Petro realizó un debate en el congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia, señalando las fincas La Carolina y Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez donde se cometieron y planearon crímenes, desde entonces, Álvaro Uribe se ha encontrado cuestionado por el vínculo con el paramilitarismo, primero, por las declaraciones de Francisco Villalba, la muerte de Jesús María Valle, y los cuestionamientos de Petro, luego por las audiencias del paramilitar Diego Fernando Murillo Alias “Don Berna”, quien aseguró que los grupos paramilitares financiaron la campaña presidencial de Uribe, y por los vínculos que también ha tenido su hermano Santiago con la creación del grupo paramilitar “Los 12 apóstoles” y “Los R-15”. Adicionalmente sobre las denominadas “Convivir”, impulsadas desde la gobernación de Uribe, sin que tuviera las facultades para conformar empresas de “seguridad privada”; y por su vinculación por acción y omisión en la masacre de El Aro, ejecutada para supuestamente rescatar a su primo Mario Uribe y para que el Estado ejerciera presencia en el territorio, que en realidad fue entregar su control al paramilitarismo.

Tras los testimonios aportados y como solución para silenciarlo, el 23 de abril de 2009 fue asesinado Francisco Villalba por sicarios en Medellín frente a su esposa e hija de cuatro años, atentado contra la verdad, que se completaría con la extradición de varios de los jefes paramilitares que atestiguaron frente a los casos incluyendo a Salvatore Mancuso. Los procesos no han terminado allí, pese al homicidio de Villalba se condenó a Mancuso y a Castaño a 40 años de cárcel por la masacre y ya en julio de 2006 la Corte IDH había condenado al Estado colombiano por los hechos ocurridos en El Aro y La Granja, obligándolo a investigar para responsabilizar a los culpables y ordenando reparar e indemnizar a las víctimas.

Así, desde el año 2014 se ha transitado entre órdenes para compulsar investigaciones contra Álvaro Uribe, incluso durante 2018 las investigaciones ordenadas y las citaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia han estado en el centro de discusión del escenario político. Sin embargo, no se ha realizado un procedimiento serio frente a tales pesquisas, puesto que, los procesos son anulados o burlados de alguna forma.

El problema, además de las claras evidencias y del cinismo frente al procedimiento jurídico, es la personalización que se ha dado sobre la responsabilidad de la masacre, que además de no presentar resultados contundentes, se suma a la intención del actual gobierno, afiliado al partido de Uribe Vélez, de modificar el sistema de justicia para brindar inmunidad vitalicia al expresidente.

En 1998, algunos sobrevivientes retornaron a El Aro, pero se encontraron cenizas, escombros y dolor, incertidumbre sobre cómo reconstruir sus vidas, sus hogares. El retorno no ha sido fácil, la población hace muchos esfuerzos para superar las condiciones adversas en las que quedó su territorio, luego de ser uno de los corregimientos más prósperos de la región, ahora se vive en condiciones paupérrimas, las casas alojan huérfanos, viudas y sobrevivientes, aún con goteras, no cuentan con servicios de salud, ni carreteras, electricidad, agua potable o alcantarillado; ni siquiera hay posibilidades de futuro o relevo generacional porque el nivel de escolaridad es muy bajo.

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas no pierden la esperanza, ni la dignidad, aun no renuncian a que se haga justicia y que el país en su conjunto mire su territorio, así como pusieron atención cuando se divulgaron las atrocidades cometidas. Después de 20 años, en 2017, la Fiscalía General de la Nación exhumó los restos de una fosa común en el corregimiento, también sobre el camino de herradura y la vía que está construyendo las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Las víctimas de El Aro, esperan que el Estado cumpla con el fallo de la Corte IDH, que ordenó indemnizar a los habitantes, dando mejoramiento las viviendas, proporcionando un retorno seguro y pagando a las víctimas 3.500 millones de pesos, pero aún no se ha cumplido, la única reparación fue una cruz fabricada de madera que está en la mitad del pueblo, que aunque se valora para recordar a las víctimas, tuvo un costo de 40 millones, por ello, las víctimas no lo consideran como una reparación, porque pudo ser una inversión para arreglar el centro médico o mejorar la escuela.

A pesar de que hoy viven con una gran incertidumbre, desconfianza, y temor porque los grupos armados continúan haciendo presencia en el corregimiento; conservan la esperanza, de ser reparados individual y colectivamente, y que por medio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas encuentren mecanismos para hacer justicia, recibir algo de verdad y hallar a quienes nunca pudieron retornar a su hogar.