Masacre de Santo Domingo: doce años de impunidad

El pasado 13 de diciembre se conmemoraron doce años uno de los crímenes más atroces cometidos en este país, un hecho que sembró el dolor y el luto no solo a 17 familias, sino a todo el tejido social y comunidad araucana. Ese día, 13 de diciembre de 1998, el Estado colombiano a través de la fuerza aérea con el apoyo de la OXY, perpetró un bombardeo al caserío de Santo Domingo, municipio de Tame departamento de Arauca, en el que murieron seis niños y niñas, al igual que once campesinas y campesinos

Ese día, 13 de diciembre de 1998, el Estado colombiano a través de la Fuerza Aérea con el apoyo de la OXY, perpetró un bombardeo al caserío de Santo Domingo, municipio de Tame departamento de Arauca, en el que murieron seis niños y niñas: Jaime Castro Bello 4 años, Edna Margarita Bello Tilano 5 años, Luis Carlos Neite Mendez 5 años, Deicy Katerine Cárdenas Tilano 7 años, Oscar Sneider Vanegas Tulivila 13 años y Giovanny Hernández Becerra 14 años; al igual que once campesinas y campesinos: Nancy Ávila Abaunza 20 años, María Yolanda Rangel 35 años, Carmen Antonio Díaz Cobos 23 años, Edilma Leal Pacheco 27 años, Tereza Mujica Hernández 43 años, Luis Enrrique Parada Ropero 21 años, Arnulfo Arciniegas Calvo 23 años, Luis Orlando Martínez Carreño, Pablo Suarez Daza 26 años, Rodolfo Carrillo Mora y Salomón Neite de 58 años.

El niño Wilfran Gaitán Serrato, murió posteriormente producto de una munición abandonada sin explotar, convirtiéndose en la decimoctava víctima, y el 25 de enero del 2002 fue asesinado a nombre de paramilitares el dirigente social, víctima y testigo de la masacre, Ángel Trifilo Rivero Chaparro.

Además resultaron 25 personas heridas, algunas casas de la población civil averiadas o destruidas y se generó el desplazamiento de las familias que allí habitaban. Cuando se trató de sacar los heridos para que recibieran atención médica desde un helicóptero se persiguió y disparó contra los vehículos en los que los trasportaban.

Una de las bombas descargadas sobre la población corresponde a un dispositivo Clúster de fabricación norteamericana, cuyo uso se encuentra prohibido al tratarse de un artefacto tipo racimo. En esta acción criminal tuvo una decidida participación la trasnacional OXY, pues desde un avión SKY máster de propiedad de la empresa norteamericana Air Scan que trabajaba al servicio de la petrolera se suministraron las coordenadas; y el mismo imperialismo que financiaba la base militar de Palanqueros desde donde despegaron algunas de las aeronaves que participaron en la acción.

El Estado desde el momento de la masacre ha hecho uso de todos los métodos y mecanismos de impunidad para evitar que haya verdad, justicia y reparación integral. Inicialmente el comandante de la FAC, General Héctor Fabio Velazco, afirmó que sus hombres no habían bombardeado el caserío, y se intentó confundir la investigación haciendo recaer la autoría en una de las organizaciones rebeldes que supuestamente habría hecho explotar un artefacto camuflado en un carro. La Justicia Penal Militar peleó y asumió la competencia como si tuviese que ver con actos propios del servicio y finalmente archivó la investigación. Se ha utilizado presuntos reinsertados de las FARC para que afirmen que efectivamente no fue responsabilidad del Estado sino de ese grupo armado.

La comunidad araucana, sus organizaciones sociales, su dirigencia y esta fundación, con el apoyo de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del orden nacional y la comunidad internacional, no hemos cesado en nuestra cruzada para impedir que este Crimen de Lesa Humanidad quede en la impunidad. En esta dirección hemos realizado jornadas de dignidad y memoria histórica, movilizaciones, denuncias, etc., convocamos y adelantamos el Tribunal Internacional de opinión en Chicago (Estados Unidos) que condujo a una condena ética y política al Estado colombiano por la masacre, se instauró una acción de tutela por parte del abogado representante de las víctimas que finalizó con el pronunciamiento de la Corte Constitucional de que la Justicia Ordinaria era la competente para adelantar la investigación ! declarando la nulidad del archivo del asunto.

Finalmente se ha logrado la condena de los autores materiales, dos de ellos el Capitán Cesar Romero Pradilla y el Teniente Johan Jiménez Valencia, comandantes de la aeronave de las FAC, a 33 años de prisión como coautores del homicidio múltiple agravado en persona protegida, y al Técnico de la misma, Héctor Mario Hernández acosta, a 6 años por su participación en los hechos. De la misma forma se ordenó la investigación de algunos militares adscritos a la Brigada 18, los cuales fueron vinculados a indagatoria sin que a la fecha se hubiese terminado la recepción de las mismas.

Frente a los autores intelectuales y determinadores del crimen no se ha tomado ninguna decisión, el General Héctor Fabio Velazco luego de terminar su carrera militar, fue nombrado como embajador en Israel; la trasnacional OXY aun no ha sido condenada ni en nuestro país ni en las cortes norteamericanas donde se presentaron algunas demandas; la base de Palanqueros si bien tuvo suspendida la ayuda económica gringa por algún tiempo, ésta ha continuado; se ha investigado como un hecho aislado, no como lo que es; Un Crimen de Lesa Humanidad para proteger y expandir los intereses económicos trasnacionales.

De cara a la seguridad de no repetición todas las muertes violentas, masacres, desapariciones, desplazamientos y judicializaciones, demuestran que al contrario, se ha venido agudizando la crisis humanitaria, afectando de manera significativa a las niñas, niños y adolescentes, ya que después de estas siete muertes, son muchas los infantes víctimas de las políticas estatales y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

El Movimiento Regional de Víctimas de Crímenes de Estado, el pueblo araucano, las organizaciones sociales del centro oriente de Colombia y la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, continuaremos en la lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral, la garantía de no repetición y por la ejecución del Plan Alternativo de Equilibrio Regional y con ello la construcción de un mundo mejor.