Masacre de La Granja
La Granja es un corregimiento ubicado en el municipio de Ituango, al norte del departamento de Antioquia. En junio de 1996, un martes 11, incursionaron aproximadamente 30 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) obligando a que la población cerrara los establecimientos y que salieran todos de sus casas.
Cuando reunieron a toda la población torturaron en frente de todos los pobladores, a cinco campesinos, algunos de ellos líderes sindicales, acusados de ser auxiliadores de la guerrilla de las FARC. Los familiares de William de Jesús Villa García, Graciela Arboleda, Jairo de Jesús Sepúlveda y Héctor Hernán Correa García vieron sufrir y morir a sus familiares en manos del grupo paramilitar al mando de Carlos Mauricio García alias “Doble Cero”, asesinado en 2004 y por ordenes de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, quienes también serían los presuntos autores intelectuales del crimen.
Junto a la Masacre de El Aro y San Roque la población abandonó su tierra, más de 700 personas fueron desplazadas forzosamente y perdieron sus cosechas de pancoger, sus viviendas y los espacios comunitarios se deterioraron, el puesto de salud, la institución educativa, el tejido social fue afectado, se dio una desintegración familiar e incluso perdida de sus costumbres. Los hechos ocasionaron graves daños individuales y colectivos.
Esta masacre fue promovida por un grupo de comerciantes y ganaderos que tenían de referente esta zona como un territorio controlado por las FARC, los patrocinadores era supuestas víctimas del grupo guerrillero y por ello promovieron la masacre, ofrecieron 300 millones de pesos a los paramilitares para asesinar a los campesinos, además se contó con la complicidad del Ejército, siendo señalado el general Monsalva.
Luego, el 27 de agosto de 2001, la población volvió a escuchar un rumor que decía “Ya vienen los paras.” Los pobladores comenzaron a huir, algunos se encerraron y a las 6 de la tarde comenzó un enfrentamiento entre las Autodefensas y las FARC, por segunda vez, se dio otra masacre dejando a seis personas muertas y nuevamente la comunidad fue desplazada.
La Fiscalía general de la Nación determinó que las víctimas eran solo campesinos y que estos nada tenían que ver con los grupos subversivos.
Años más tarde durante la desmovilización de los paramilitares con la Ley de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso y Franciso Villalba vincularon a Álvaro Uribe de ser uno de los autores intelectuales de la masacre, junto a los hechos ocurridos en El Aro, quien para aquel entonces era gobernador de Antioquia e indicaron que este tenía conocimiento de las incursiones armadas, Mancuso confesó que las campañas presidenciales de Álvaro Uribe en 2007 fueron financiadas por paramilitares en ciertas regiones del país y además se afirmó que se buscaba mantener el control de estos corregimientos por ser parte de un corredor estratégico para la circulación de narcóticos.
En 2015, la magistrada María Consuelo Rincón reiteró investigar a Uribe por acción u omisión en esta masacre y el Tirbunal Superior de Medellín también ordenó que se le investigara por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien habría advertido de la llegada de los paramilitares a El Aro, La Granja y San Roque, en Ituango.
En las acciones armadas se vinculó al comandante de la IV Brigada, el general Carlos Alberto Ospina, el comandante de la Policía de Antioquia, Carlos Emilio Gañán, al exgobernador y a Pedro Juan Moreno exsecretario de la gobernación de Antioquia. En 2011, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos profirió resolución de acusación en contra del Mayor de la Policía, José Vicente Castro, quien era comandante de una subestación de policía, la cual figura como cómplice de lo ocurrido.
El 1 de julio del 2006 a través de la sentencia “Las Masacres de Ituango VS. Colombia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se condenó al Estado por la masacre y ordenó pagar una indemnización de 3.400 millones de pesos a los familiares de las víctimas. En 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaro el homicidio de Jesús María Valle, la masacre de la Granja, El Aro y San Roque como Crímenes De Lesa Humanidad.
Pese a las acusaciones, testigos, testimonios, sentencias y demás pruebas, la impunidad persiste y el silenciamiento de la verdad ha sido uno de los limitantes principales para la reparación de las víctimas y para una verdadera paz. Hoy los jóvenes del corregimiento luchan por mantener viva la memoria de quienes fueron torturados y asesinados para que la historia nunca más se repita.
Víctimas de Masacre de La Granja en la Memoria.
Víctimas de Masacre de La Granja Sin Olvido.
Imagen: Luis Benavides. EL ESPECTADOR.