Masacre de 11 jóvenes en el barrio “Punta del Este”

Los jóvenes y niños son víctimas del reclutamiento forzado, desapariciones forzadas, de la red de informantes y cooperantes de la política de Seguridad Democrática, de abuso sexual, traslado de armas, de la miseria y el desempleo, de las amenazas cotidianas, del desplazamiento de los barrios de bajamar y el consecuente despojo de su territorio. En territorios colectivos y rurales del municipio y se reclutaron en el 2009 alrededor de 40 niños y jóvenes, cuyo ofrecimiento es el de pagarles $2.000.000.oo mensuales. Este año inició con con 54 muertes violentas de las cuales 28 son de jóvenes. Ante esta situación los jóvenes hacen propuestas de defensa de la vida y el territorio, han iniciado conmemorando y recordando a las y los jóvenes que han sido desaparecidos y asesinados de sus comunidades, se resisten a ser parte del conflicto armado y a continuar siendo víctimas de crímenes de Lesa Humanidad.

Por ello, jóvenes en el barrio Punta del Este y en el Bajo Calima conmemoran a los 17 años de la masacre de 12 jóvenes ocurrida el 19 de abril del 2005, afirmando el derecho a la no repetición, al esclarecimiento de la verdad de la responsabilidad de la Policía y los militares en las prácticas de exterminio juvenil en Buenaventura, en una afirmación de la memoria ante la impunidad Hace 17 años, un martes 19 de abril, en la ciudad de Buenaventura, departamento del Valle, fueron asesinados 11 jóvenes, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados dos días después junto a un joven más asesinado el día anterior. El asesinato de estos 12 jóvenes corresponde al accionar de estructuras de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar en Buenaventura, en un contexto de aplicación de la política de “Seguridad Democrática”, de la red de informantes y cooperantes implementada por el gobierno colombiano.

Han pasado 17 años, y se mantiene en la impunidad esta masacre. Han pasado 17 años, desde aquel martes 19 de abril, cuando dos hombres llegaron hacia el medio día al barrio Punta del Este de la ciudad de Buenaventura, y bajo engaños sacaron del barrio a 11 jóvenes, entre 18 y 21 años de edad, diciéndoles que iban a jugar un partido de fútbol en la localidad de Dagua, departamento del Valle, con la promesa de pagarles la suma de doscientos mil pesos.

Los jóvenes fueron sacados uno por uno del barrio Punta del Este en una motocicleta y reunidos frente a una casa ubicada en el barrio Santa Cruz, de Buenaventura. Allí los esperaban varios hombres, quienes los invitaron a abordar un colectivo de servicio público que los llevaría al sitio donde supuestamente se realizaría el partido de fútbol.

Los jóvenes RODOLFO VALENCIA BENITEZ, VICTOR ALFONSO ANGULO MOSQUERA, LUIS MARIO GARCIA VALENCIA, HUGO ARMANDO MONDRAGON VALENCIA, PEDRO LUIS ARAMBURO CANGA, RUBEN DARIO VALENCIA ARAMBURO, CARLOS JAVIER SEGURA BELALCAZAR, MANUEL CONCEPCIÓN RENTERIA VALENCIA, MANUEL JAIR ANGULO MONDRAGÓN, CARLOS ARBEY VALENCIA GARCIA y LEONEL GARCIA, inocentes de la situación, abordaron el vehículo de transporte público.

A las afueras de la ciudad el vehículo fue desviado de su ruta, y abordado por cuatro hombres más, armados y quienes se identificaron como paramilitares. Las unidades de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar, desviaron el vehículo hacia el estero de San Antonio – Bodegas de Cilano, sitio conocido en Buenaventura como cementerio clandestino creado por las estructuras paramilitares.

Al llegar al sitio, los 11 jóvenes fueron obligados a bajar del vehículo, les ataron las manos a la espalda utilizando los cordones de sus propios zapatos, obligados a tirarse al piso y posteriormente asesinados con disparos de bala en la cabeza.

Los cuerpos sin vida de los 11 jóvenes fueron arrojados al mar por sus victimarios.

Dos días después, los cuerpos sin vida de los 11 jóvenes fueron hallados junto a un cadáver más de otro joven asesinado por las mismas estructuras, al parecer el 18 de abril y quien a la fecha no ha podido ser identificado.

Han pasado 17 años y la impunidad del crimen la consolidó el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga (Valle), al no reconocer que la autoría de la masacre fue de las estructuras paramilitares que actuaron y siguen actuando en este puerto del pacífico con la complicidad de la Fuerza Pública.

En la investigación iniciada con el radicado No. 2164 por parte de Fiscalia 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía con sede en Cali. El ente investigador dijo tener los méritos suficientes para decidir la ruptura de la unidad procesal, y pasar a juicio, en la premura de mostrar resultados, a nueve paramilitares, varios de los cuales habían participado en procesos públicos de desmovilización con el gobierno colombiano.

Bajo el radicado No. 2006-00117, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga, adelantó la etapa de juicio y el pasado 31 de julio profirió sentencia condenatoria contra cuatro de los paramilitares, aunque dejo tajantemente claro que para él no hay méritos dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía que prueben la pertenencia de los condenados a estructuras paramilitares, dando a entender que su actuación obedeció a lógicas de delincuencia común. Los condenados a cuarenta años de prisión fueron JOSE RAMON RENTERIA VALENCIA, GUIDO FRANCOIS MATAMBA MANYOMA, CARLOS JAVIER CAICEDO GRANADOS Y DAGOBERTO CAICEDO BENITEZ por los delitos de Homicidio Agravado, Concierto para delinquir y fabricación, trafico y porte de armas de fuego o municiones, imponiéndoles una pena de cuarenta años de prisión.

Al mismo tiempo, el juez absolvió a los restantes cinco paramilitares, uno de los cuales se reconoció como desmovilizado del “Bloque Calima” y conocido como “El Chespi”, cuyo verdadero nombre es JEFERSON BONILLA GOMEZ. También fueron absueltos los paramilitares EVERT GONZALEZ VALENCIA, MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ, GOBERT CARABALI GOMEZ Y HAROLD WILSON CASTILLO FIGUEROA. Decisión tomada por el juez al decir que no se encontraron méritos que demostraran su pertenencia a un grupo paramilitar ni la participación en la masacre.

La Sentencia fue apelada por la defensa de los victimarios y fue remitida al Tribunal Superior del Distrito de Buga- Valle, quien confirmó la sentencia el pasado 15 de octubre de 2008. Tres de los cuatro condenados interpusieron recurso extraordinario de casación contra la decisión del Tribunal, el cual fue concedido el 02 de marzo del presente año, corriendo traslado a los sindicados para que presentes la respectiva demanda ante la Corte Suprema de Justicia en un plazo de 30 días hábiles. Posteriormente se correrá traslado de la demanda de casación a los sujetos procesales, incluida la parte civil, para presentar los alegatos correspondientes.

Han pasado 17 años y los familiares siguen sin respuestas sobre el por qué fueron masacrados sus hijos, quiénes dieron la orden, quiénes se han beneficiado con este crimen.

Mientras se consolida la Impunidad, la Fiscalia 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía con sede en Cali, mantiene abierta la investigación con el radicado No. 2164, aún en etapa de instrucción, sin ninguna vinculación. Investigación sinuosa que nunca ha dado cuenta de cómo se puede explicar la ocurrencia de una masacre a plena luz del día en una ciudad altamente militarizada. Nunca ha dado cuenta de la responsabilidad por Acción y Omisión de las instancias locales de Gobierno y Estado, no ha tenido en cuenta los serios indicios de la participación de redes de cooperantes en este hecho.

La Fiscalía dentro de la investigación, tan solo ubicó la “responsabilidad”, con débil material probatorio, en nueve paramilitares pertenecientes al denominado “Bloque Calima”, pero nunca vinculó a ella a quienes se han reconocido públicamente como sus comandantes, como el caso de Diego Murillo conocido como “DON BERNA” y de Éver Veloza o Hernán Hernández conocido como “H.H.”.

La impunidad de la masacre de los jóvenes de Punta del Este, garantiza la repetición una y otra vez de los crímenes, en la continuidad de la política de “Seguridad Democrática”. Queda en las familias y en los pobladores afrodescendientes del barrio Punta del Este en Buenaventura, la afirmación de la memoria como resistencia a la impunidad que se impone desde el aparato de la No-Justicia, como respuesta a la militarización de la vida de los afrodescendientes, como denuncia ante los anuncios de repetición a través de la mal llamada “limpieza social”.

Por ello, nuevamente andará la memoria por los barrios de Buenaventura y en el Bajo Calima, cuando se encuentren jóvenes sobrevivientes entre el 24 y 25 de abril de 2010 en una afirmación de la verdad, de la justicia y la exigencia de no repetición. Se encontrarán jóvenes pertenecientes al grupo juvenil de base llamado Jóvenes Unidos por el Bienestar de Calima (JUBCA) conformado por 130 jóvenes del Territorio Colectivo del Bajo Calima, en Grupo de 15 Jóvenes de la Parroquia del Barrio San Francisco y el Grupo de 25 jóvenes y niñas – os de la Parroquia del Barrio Lleras y adultos interesados en la danza y formación en derechos humanos igual que en desarrollar acciones para el rescate de la memoria colectiva con los abuelos, abuelas, niños y niñas.

11 jóvenes en el barrio “Punta del Este”, en la Memoria.

11 jóvenes en el barrio “Punta del Este”, Sin Olvido.