MARIA LUCERO HENAO Y YAMID DANIEL HENAO
Memoria y Justicia
Han pasado cuatro años, desde aquel viernes 6 de febrero de 2004, cuando eran las 10:30 de la noche en el caserío de Puerto Esperanza, municipio El Castillo, y a la puerta de la casa de MARIA LUCERO HENAO, llegaron varias unidades de la estrategia militar encubierta amenazando con tumbar la puerta si ella no abría.
LUCERO ya sabía de las amenazas contra su vida y por ello se rehusó a abrir. Pero ella no estaba sola, se encontraba con su madre y varios de sus hijos, por ello, seguramente pensando en ellos, abrió la puerta.
MARIA LUCERO fue conducida a la fuerza a pocos metros de la casa, la intentaron amarrar con nylon en más de una ocasión. Ella se abalanzó al cuerpo de uno de los armados impidiendo que la ataran. La insultaron y gritaron “desde hace tiempo le teníamos ganas pero no se había presentado la oportunidad” y a la familia que intentaba arrebatarla de las manos de los armados, le decían: “ustedes son unos h.p guerrilleros”.
Al llegar al lugar del martirio, en la parte posterior del caserío, obligaron a las niñas y abuela a regresar a la casa, mientras que forzaron que se quedara YAMID DANIEL HENAO, de 16 años de edad, estudiante de la Unidad Educativa el Encanto de Puerto Esperanza.
Madre e hijo, gritaron, la abuela y las niñas escucharon desde lejos. Minutos más tarde varios disparos. Por temor a la presencia paramilitar, nadie salió de la casa hasta la madrugada del siguiente día, en que se encontraron los cuerpos sin vida de Madre e Hijo. El rostro de YAMID se encontraba desfigurado, con impactos en la boca y con una oreja amputada.
A lo largo del día 7 de febrero, se presentaron enfrentamientos entre civiles armados de la estrategia paramilitar y las FARC-EP en la vereda la Esmeralda, distante a tres horas de camino de Puerto Esperanza. Enfrentamientos que llevaban varios días, desde el martes 3 de febrero. Guerrilleros de las FARC-EP atacaron los campamentos de los paramilitares, ubicados en la parte alta del municipio El Castillo, en los alrededores de las veredas Caño Embarrado y Campo Alegre, pertenecientes al corregimiento de Puerto Esperanza. Las unidades paramilitares respondieron al ataque y una hora más tarde se presentaron operaciones de refuerzo del Batallón 21 Vargas de la Brigada VII y aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, junto con el avión fantasma, contra blancos guerrilleros. La presencia de unidades militares regulares del Batallón 21 Vargas de la Brigada VII, se mantuvieron en los alrededores de Puerto Esperanza hasta el día 13 de febrero, cuando las pocas familias que quedaban en el caserío de Puerto Esperanza salieron desplazadas de la región.
Han transcurrido cuatro años y nada ha cambiado, la impunidad se mantiene, la mayoría de los crímenes cometidos entre el 2002 a la fecha no han sido investigados y los pocos que lo han sido están archivados.
Impunidad constatada a través de la respuesta dada a un derecho de petición presentado en el mes de septiembre por nuestra Comisión de Justicia y Paz, solicitando el estado de las investigaciones realizadas por hechos ocurridos entre enero del 2002 a agosto del 2007 en la zona rural de la parte alta del municipio El Castillo, departamento del Meta.
Según la respuesta de la Seccional de Fiscalías de Villavicencio, se han realizado 67 investigaciones y según la Dirección Nacional de Fiscalías son 57, a la fecha del 3 de noviembre del 2007. Solo 57 o 67 investigaciones, a pesar que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la mayoría de los hechos sucedidos desde enero del 2002 a la fecha a través de Constancias Histórica y Censuras Éticas que dan cuenta de más de 130 casos, cerca de 200 víctimas de desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, detención arbitraria, amenazas. Más de 900 familias desplazadas forzadamente, entre el 2002 al 2004.
La cifra irrisoria de investigaciones, lo es más aún al saber que de las 57 investigaciones de la Dirección Nacional de Fiscalías, 40 se encuentran con resolución inhibitoria, once en etapa de Instrucción y de seis no se establece el estado en que se encuentra. Mientras que de la información del estado de las investigaciones remitida por la Dirección Seccional de Fiscalías de Villavicencio, de las 67 investigaciones 52 ya se les dictó resolución Inhibitoria, una fue suspendida, una fue precluida, dos fueron trasladadas a la Penal Militar, una en investigación previa, una en práctica de pruebas, una se encuentra en investigación contra el ejército por lo cual muy probablemente pronto pasará a la Penal Militar como las anteriores donde la Fiscalía se atrevió a dar apertura a una investigación hasta su traslado por colisión de competencias.
Solo cinco investigaciones se encuentran en Instrucción entre ellas la del asesinato de LUCERO y YAMID, bajo el radicado 1891, remitida a la Fiscalía 29 de Derechos Humanos en Bogotá, por el delito de Homicidio Agravado, siendo sindicados Manuel de Jesús Pirabán conocido como “Jorge Pirata”, Edilson Cifuentes Hernandez conocido como “Richard”, Luis Arango Cárdenas conocido como “Chatarro” y Daniel Rendón Herrera conocido como “Don Mario”. Con excepción de “Don Mario”, todos se acogieron a la Ley 975 y se encuentran gozando de sus beneficios.
En el caso de “Richard”, quien en versión libre del mes de noviembre del 2007, en el marco de la Ley 975, reconoció ser responsable del asesinato de LUCERO y YAMID, goza de los beneficios de la ley a pesar que después de desmovilizarse como miembro del “Bloque Héroes de los Llanos” en Casibaré el 12 de abril del 2006, continuó el accionar paramilitar con las estructuras comandadas por Ever Velosa, conocido como “H.H.” en los Llanos Orientales y fue capturado el 15 de octubre del 2006 por la Policía en Casanare.
Aunque “Richard” dijo ser responsable de los hechos sucedidos el 6 de febrero del 2004 en Puerto Esperanza, cuando era miembro del “Bloque Centauros”, según testimonios de pobladores de la región, las estructuras paramilitares que actuaron desde enero del 2002 a la fecha de la desmovilización estaban articuladas con operativos militares del Batallón 21 Vargas de la Brigada VII y otras unidades militares.
Las estructuras paramilitares estaban al mando del comandante “OMAR” de las ACCU, quien según testimonios es de contextura gruesa, piel negra, de alta estatura y de origen costeño, otros comandantes eran los conocidos como “DUMAR”, “RUGEL” y “El POLÍTICO” también conocido como “JERONIMO”. El comandante paramilitar del municipio El Dorado conocido como “COLACHO”. ELVER ACOSTA NIETO y-o ELVER ROBAYO ACOSTA a quien apodan “CARA DE GARRA” o “Comandante Andrés” que actuaba como informante del Ejército y habitaba en Medellín del Ariari. Durante el 2002, ELVER ACOSTA NIETO o ELVER ROBAYO ACOSTA, acompañó la mayoría de los operativos militares en los caseríos de la parte alta del municipio El Castillo. Otro de los “civiles” armados de la estrategia paramilitar es “PECAS” o “CHISPIADO”, hermano de “CARA DE GARRA”. Desde Medellín del Ariari operaron los paramilitares conocidos como “CAMILO”, uno de nombre ONESIMO conocido como “EL PAISA”, otro conocido como “JERÓNIMO” o “EL POLITICO” y “SANGRE”.
¿Estos paramilitares están desmovilizados? ¿Gozan de los beneficios de la Ley 975? ¿Por qué no son vinculados a las investigaciones? ¿realmente “Richard” si actuaba en la región del Alto Ariari, en la zona rural del municipio El Castillo en el año 2004? ¿por qué no se ha indagado por la responsabilidad por Acción y Omisión de las unidades militares que hacían presencia en la región desde el 2002 y en particular durante los primeros días de febrero del 2004 cuando asesinaron a LUCERO y YAMID?
A pesar de la verdad procesal del expediente con el radicado 1891, la verdad real se mantiene oculta, amparada en la impunidad que garantiza los beneficios de la Ley 975 “Para la Justicia y Para la Paz”. No se ha esclarecido el crimen de LUCERO y YAMID, no existe Justicia, lo único que pueden afirmar hoy sus familiares, amigos, vecinos, comunidad es la memoria, la vida de una defensora de los derechos de los pueblos, de una militante del Partido Comunista desde la juventud, que se sumo a los sueños, algunos construidos en la región, desde la militancia en la Unión Patriótica. Y en los últimos años, liderando desde la Junta de Acción Comunal, la afirmación de los derechos de los campesinos a un territorio, a la vida y a la dignidad, muriendo como defensora de los derechos humanos, defensora de los derechos de los pueblos.
La familia de MARIA LUCERO HENAO era una de las diez familias que se mantuvo en el caserío Puerto Esperanza, después de la incursión paramilitar del 2 de agosto del 2002 en la que los armados de la estrategia paramilitar con la complicidad del Batallón 21 Vargas obligaron a desplazar a sus pobladores. MARIA LUCERO como Defensora de Derechos Humanos y Presidenta de la Junta de Acción Comunal, ante la ausencia de la actuación pronta y oportuna de las autoridades competentes, debió realizar el levantamiento de por lo menos 7 cadáveres de vecinos de su vereda. En varias ocasiones como Defensora de Derechos Humanos MARIA LUCERO HENAO se entrevistó con representantes de delegaciones diplomáticas con asiento en Colombia como la embajada de Austria, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Francia y con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con la Defensoría del Pueblo para presentarles la grave situación de los pobladores de Puerto Esperanza luego del desplazamiento y de la presencia paramilitar permanente.
A nombre de la comunidad MARIA LUCERO intervino ante Comisión Interinstitucional que visitó la zona en el primer semestre del 2003, relatando los hechos de agresión paramilitar de la que venían siendo víctimas, en medio de la presencia militar que permanecía en la zona.
Las verdades enunciadas por LUCERO siguen vivas, resuenan en la conciencia de los pobladores que resisten en medio de la militarización de la región. Sus palabras siguen vigentes a pesar de procesos de desmovilización o removilización parainstitucional, los campesinos que llegaron al Ariari en búsqueda de tierra donde vivir, donde trabajar, hoy la mayoría de ellos desarraigados, algunos como los que se encuentran en la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz, regresando a la región, recuperando y protegiendo sus tierras, tratan de reconstruir junto con los demás pobladores retornados a las veredas, sus proyectos de vida, de sociedad sin exclusión, a partir de la conservación de la memoria de lo sucedido, la memoria y dignidad de MARIA LUCERO, YAMID y decenas de campesinos y campesinas víctimas de crímenes de lesa humanidad.
En la memoria de la juventud cegada de YAMID, nuevas generaciones crecen con nuevas voces que llevan la palabra, la vida, la dignidad y la justicia, por eso en El Meta aún está viva la resistencia, la impunidad no ha sido la última palabra, aún existe la memoria.
Bogotá D.C., 6 de febrero de 2008
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz