Marcha 18 de julio de 2008 a las 12:00m encuentro en el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar Para exigir y defender los derechos de los desplazados
TODOS LOS DESPLAZADOS A LA CALLE EL 18 DE JULIO DE 2008
Las Organizaciones Nacionales de Población Desplazada, CONVOCAN a todas las organizaciones Regionales, Departamentales, Municipales y a los desplazados no organizados a marchar el día 18 de julio de 2008, a nivel nacional las organizaciones locales determinan el sitio y la hora de salida de la marcha y en la Capital de La república nos concentraremos a las 12:00 m en el Parque Nacional movilizándonos hacia la plaza de Bolívar a las 2:00, pm, por la defensa de los derechos:
Exigiendo:
• La Defensa de la vida y un trato digno
• Respeto y reconocimiento de los procesos organizativos de OPD,s
• Vivienda Digna
• Salud Integral en todos los niveles
• Educación Gratuita – (primaria, secundaria, técnica y universitaria)
• La recuperación de la Tierra arrebatada
• Un Retorno con dignidad garantía y no repetición
• La generación sostenible de ingresos.
• Verdad, Justicia, Reparación Integral y garantías de no repetición
• El cumplimiento de la normatividad vigente (Ley 387/97, Sentencias – T-025 y sus Autos, Sentencia 811, Sentencia C-278, y respectivos Autos; Decreto 250.
Rechazando
• La política asistencialista
• La Ley 975 de Justicia y Paz
• El Decreto 1290 de Reparación vía Administrativa
• El Estatuto de Desarrollo Rural
• La Ley Forestal
• La judicialización de la protesta y movilización social
• Las amenazas y asesinatos a población desplazada en el ámbito nacional.
Acción Campesina Colombiana – ACC, Asociación Nacional de ayuda solidaria – ANDAS, Asociación Nacional de Desplazados Colombianos – ANDESCOL, Coordinación Nacional de Desplazados – CND, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC- UR, Movimiento Nacional de Victimas – MOVICE, Mesa de Interlocución, Gestión y Desarrollo de Soacha, MIGD – Organización Nacional de Población Desplazada y Desarraigada Independientes, OPDDI, Mesa Nacional de Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada, OPDs.
PLIEGO NACIONAL DE EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA FORZOSAMENTE
Sobre la prevención: EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL.
Adoptar medidas para que respeten a la población civil y no la hagan objeto de ataques, señalamientos y amenazas que generan nuestro desplazamiento. El Estado debe garantizar que la fuerza pública respete el DIH y hacer un llamado a los actores armados para el mismo propósito.
Desarrollar una estrategia integral, con base en las obligaciones generadas por el derecho Internacional de los Derechos Humanos y el DIH, para contrarrestar las causas estructurales del desplazamiento forzado.
Sancionar a las empresas multinacionales que generan desplazamiento e impedir que empresas con antecedentes en otros países sobre usurpación de tierras, puedan asentarse en nuestro territorio.
Aceptar que la realización de “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales presentadas como muertes en combate, así como las detenciones arbitrarias masivas, realizadas en el marco de la presión por resultados del programa de gobierno de Seguridad Democrática, también son causa de desplazamiento forzado de las víctimas y sus familiares y en consecuencia desistir de este tipo de prácticas.
Reconocer que políticas públicas ligadas a la seguridad también causan desplazamiento forzado, tales como las políticas antidrogas enfocadas en la fumigación aérea y en la erradicación manual forzada y la puesta en marcha de operativos militares sostenidos como el Plan Colombia, Plan Patriota, ahora Plan Victoria y que por lo tanto el gobierno debe desistir de dichas políticas.
Castigar a los funcionarios y agentes estatales que patrocinen, promuevan y respalden el desplazamiento forzado bien sea de forma directa o mediante el apoyo a agentes privados cualquiera que sea su naturaleza. Para ello es importante que se tenga en cuenta las versiones libres de los postulados a la ley 975, que han señalado la participación y apoyo de funcionarios y autoridades del gobierno nacional.
Sobre nuestros derechos humanos y la paz: EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL
Ceder a una solución política y negociada al conflicto armado que vive el país y firmar el acuerdo humanitario para la liberación de los secuestrados.
Dar cumplimiento inmediato a la sentencia T- 025 de 2004 sobre el estado de cosas inconstitucional del desplazamiento forzado, sentencia T- 821, y la C- 278 de 2007 que elimina la restricción de la ayuda humanitaria de emergencia de tres meses.
Que se respeten y reivindiquen nuestros derechos humanos fundamentales (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) y en especial que se nos garanticen los derechos y garantías previstos en la carta básica de derechos de la población desplazada.
Impedir las discriminaciones y maltrato en nuestra contra por parte de Acción Social. Y que en su lugar se adopten las medidas pertinentes para impedir el trato despreciativo al que nos someten en la entrega de la ayuda humanitaria y demás trámites ante esa entidad.
Establecer mecanismos eficaces, ágiles y sencillos que nos permitan controvertir, los informes presentados al Gobierno y a la comunidad nacional e internacional por parte de las instituciones responsables de nuestra atención y de la misma manera poder controvertir las decisiones adoptadas por las entidades del SNAIPD que van en detrimento de nuestros derechos.
Aplicar una política de atención especial para la niñez, el adulto mayor y las personas discapacitadas en situación de desplazamiento.
Dar cumplimiento a lo establecido en el auto 092 de 2008, proferido por la Honorable Corte Constitucional sobre la atención a las mujeres en situación de desplazamiento.
Que se nos garantice nuestro derecho a la salud de forma integral, y de manera inmediata de acuerdo a las necesidades de cada paciente.
Aceptar que el desplazamiento forzado es una situación de hecho que no requiere de formalidades para su reconocimiento.
Dar cumplimiento a lo establecido para los jóvenes en situación de desplazamiento, eximiéndolos de prestar el servicio militar obligatorio, otorgándoles sin dilaciones y de manera gratuita su libreta militar.
Destinar de manera inmediata e incondicional las partidas presupuestales requeridas para atender la satisfacción de nuestros derechos.
Ordenar a las entidades territoriales y sus autoridades la inmediata formulación y desarrollo de los planes integrales únicos PIU, con la participación efectiva de la población desplazada en la proyección y elaboración de los mismos.
Proteger nuestro derecho a la participación en la definición y ejecución de la política pública, en las normas que regulan el desplazamiento forzado y en general en las decisiones que definen o determinan nuestros asuntos.
Modificar el articulo 1° de la ley 387 de 1997 en el sentido de incluir otras causas generadoras de desplazamiento como: las operaciones militares, las fumigaciones de cultivos ilícitos, la explotación de megaproyectos, la actividad de las multinacionales, las detenciones judiciales individuales y masivas, temor infundado, y confrontación entre grupos armados legales e ilegales, etc. Así mismo deben incluirse los desplazamientos intra-urbanos.
Sobre la impunidad: EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL
Garantizar de manera efectiva nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Los desplazados tenemos derecho a conocer quienes son los responsables de las amenazas, persecuciones, homicidios, desapariciones y demás causas que generaron nuestro destierro forzoso; a que el Estado investigue, juzgue y sancione a los responsables de estos delitos de lesa humanidad y a que adopte medidas para garantizarnos la restitución de las tierras como forma prioritaria y preferencial de reparación integral. Igualmente, los desterrados tenemos derecho a que el Estado nos repare a través de mecanismos de compensación, rehabilitación y satisfacción simbólica de nuestros derechos y a que nos ofrezca garantías de no repetición mediante el desmonte efectivo del paramilitarismo.
Que todas las investigaciones que se adelanten por desplazamiento forzado sean asumidas directamente por la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía general de la Nación; y que se adelanten de forma eficaz con el fin de establecer las medidas necesarias para impulsar un programa contra la impunidad frente a este delito, para tal propósito entre otras medidas, se debe exigir a Acción Social que reporte a la Fiscalía todos y cada uno de los casos de desplazamiento forzado para que ésta inicie de oficio las investigaciones del caso.
Respetar nuestro derecho a participar a través de un mecanismo efectivo de acceso a la justicia en los procesos donde se investiga a los responsables de nuestro desplazamiento.
Asegurar a nuestras familias la identificación y ubicación de nuestros desaparecidos forzadamente y entregarnos sus restos para darles la debida sepultura.
Investigar penal y disciplinariamente la desviación de recursos destinados a la atención de la población desplazada y presentar resultados al respecto.
Reconocer que la impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad de los que es responsable el contubernio militar – paramilitar, entendida ésta como la falta de respuesta de los órganos de justicia, ya sea por la no iniciación de investigaciones o su permanencia en diligencias previas es responsabilidad del Estado y que también genera desplazamiento forzado.
Sobre el reconocimiento político: EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL
• Reconocer nuestra existencia como sector de la población diferenciado y con unas necesidades específicas, ya que representamos cerca del 10% del censo nacional.
• Aceptar las cifras de desplazamiento forzado presentadas por las OPDs y ONG especializadas en la materia.
• Exigir mayor respeto por parte de las autoridades civiles y militares en los sectores rurales y urbanos de los cuales provenimos y hacer un llamado a las mismas para que cumplan con sus respectivas obligaciones frente a la protección y garantía de nuestros derechos.
• Garantizar mecanismos efectivos de participación a las OPDs y ONGs acompañantes en la decisión de la inclusión en el SUR.
• Poner en funcionamiento el Observatorio Nacional del Desplazamiento Forzado, constituido con la participación de las OPDs.
• Apoyar la constitución de OPDs mediante la asignación de recursos y la facilitación de los respectivos trámites, en el marco por supuesto, de una política de respeto incondicional a su autonomía e independencia. El Estado no podrá condicionar la asignación de recursos al cumplimiento de requisitos o exigencias de tipo político o de interés para el gobierno de turno.
• Respetar nuestros derechos a la reunión, a la manifestación, y a organizarnos sin ser objeto de señalamientos, persecuciones, estigmatizaciones y represalias.
Sobre la usurpación y concentración de la tierra: GOBIERNO NACIONAL
Derogar inmediatamente el Estatuto de Desarrollo Rural porque no prevé ninguna medida encaminada a eliminar la concentración de tierra en el país ni su inadecuada explotación. Estamos en contra de la empresarización del campo y a favor del fortalecimiento de la economía campesina.
Desarrollar una política de reforma agraria participativa y conforme a los derechos y necesidades de la población desplazada, campesina, indígena y afrodescendiente.
Crear mecanismos legales para condonar las deudas que mantenemos sobre nuestras tierras.
Cumplir y hacer cumplir las normas relativas a la protección de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de nuestras tierras.
Respetar los territorios colectivos de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Fomentar y reconocer las zonas de reserva campesina dentro de la frontera agrícola como mecanismo para el asentamiento de comunidades campesinas y el restablecimiento de persona desplazadas.
– Adjudicar a nuestro favor tierras como mecanismo para obtener reestabilización socioeconómica sostenible y duradera.
Sobre el retorno ó reubicación: EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL
Otorgar a nuestro favor subsidios directos para la adquisición de tierras productivas, ubicadas dentro de la frontera agrícola y con acceso a las redes de mercado urbano -rural.
Garantizar el retorno o reubicación de las familias desplazadas en condiciones de seguridad, divinidad y voluntariedad. Requerimos la adopción de programas estratégicos para recuperar el tejido social, conforme a las características culturales de los grupos desplazados.
Crear programas integrales de estabilización socioeconómicos individuales y colectivos con garantías de acceso a mercados entre los sectores urbanos y rurales respetando la autonomía y soberanía alimentaria y el modo de producción campesina.
Reconocer la reubicación como una medida excepcional en el caso que las personas afectadas con el desplazamiento forzado no quieran retornar y que la tierra adjudicada en estos casos sea apta para la producción agropecuaria conforme a los usos y costumbres de los campesinos y grupos étnicos desplazados.
Diferenciar nuestra atención y protección de la ofrecida a los desmovilizados y reinsertados.
Acción Campesina Colombiana – ACC, Asociación Nacional de ayuda solidaria – ANDAS, Asociación Nacional de Desplazados Colombianos – ANDESCOL, Coordinación Nacional de Desplazados – CND, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC- UR, MOVIMIENTO Nacional de Victimas – MOVICE, Mesa de Interlocución, Gestión y Desarrollo de Soacha, MIGD – Organización Nacional de Población Desplazada y Desarraigada Independientes, OPDDI, Mesa Nacional de Fortalecimiento de Población Desplazada.