Maraña de ilegalidades
La fuente que le reveló a la revista Semana que el DAS continúa chuzando a la Corte Suprema afirma que el interés de quienes lideran las interceptaciones está centrado ahora en el destino del referendo reeleccionista.
La fuente que le reveló a la revista Semana que el DAS continúa chuzando a la Corte Suprema afirma que el interés de quienes lideran las interceptaciones está centrado ahora en el destino del referendo reeleccionista.
Debe ser cierto, pero es obvio que hay otros motivos de igual importancia. No de otra forma se explica que el aparato presidencial de inteligencia, hoy en la mira, se arriesgue a seguir espiando al más alto tribunal de la justicia. En la maraña de ilegalidad en que está inmersa Colombia, es fácil confundirse y olvidar los orígenes de los escándalos. Así que es útil volver a aquéllos: la persecución sistemática y el intento de desprestigio que ha sufrido la Corte con el concurso del Ejecutivo y de buena parte del Legislativo, no es por nada distinto a que ella asumió con independencia el proceso de la parapolítica.
Justo la semana pasada, la Sala Penal ordenó la privación de la libertad de tres congresistas, dos de ellos fieles servidores del uribismo: el primero, Odín Sánchez, miembro del partido creado por y para el Primer Mandatario, la U. Sánchez fue quien como vicepresidente de la Cámara manejó —manipuló, según denuncias del momento— la cuestionada sesión de una madrugada de diciembre de 2008 cuando se aprobó el proyecto de referendo, todavía manchado de dudas jurídicas. El segundo capturado es Édgar Eulises Torres, que fue acogido con alborozo hace unos días en las toldas de la U, después de retirarse de Cambio Radical porque este movimiento no apoya la actual reelección. Ambos, Sánchez y Torres, financiaron sus campañas con dineros entregados por los grupos paramilitares, de acuerdo con las declaraciones de alias El Alemán ante la Corte. Y ambos han sido señalados una y otra vez de ser receptores de generosos cupos de cargos oficiales en sus regiones, por demostrarles su fidelidad a las administraciones Uribe.
Sánchez se entregó. Pero Torres tenía salida judicial preparada. El viernes anterior a su captura, desechó su preciada curul en la Cámara con lo cual logró trasladar la investigación de la severa Corte, a la cómoda Fiscalía. ¿Cómo y por qué vía se enteró con anticipación de la orden impartida por la Sala Penal que iba a cumplirse el lunes siguiente? ¿O debemos suponer que sólo la buena suerte lo hizo renunciar en tan feliz oportunidad? ¿Qué relación existe entre las interceptaciones y las noticias que logran saber los sectores políticos de lo que se discute, bajo reserva, en la Corte?
Refresquemos de nuevo la memoria: Édgar Eulises Torres es —o era— el honorable representante investigador del Presidente en el caso de la yidispolítica. Torres tenía que juzgar con su exuberante imparcialidad, si el Jefe de Estado tuvo que ver o no con el cohecho por el que condenaron a Yidis. Pero no creyó necesario declararse impedido por haber sido beneficiario de un esquema similar. En efecto, un ahijado político de Torres había sido nombrado en el apetecido cargo de liquidador de la Electrificadora del Chocó, que aprovechó para negociar, a bajo precio, un lote de la entidad con la tía de su padrino; y el gerente de una empresa que distribuía los licores de su departamento, le pidió para “Édgar Eulises… un porcentaje”, al extraditable por narcotráfico Olmes Durán. Torres era también el encargado, en la Comisión de Acusaciones, de investigar a por lo menos cinco magistrados de la Sala Penal (!), entre ellos, a dos de las víctimas de las interceptaciones ilegales: Yesid Ramírez y Alfredo Gómez. ¿Cómo se entremezclan unos hechos con los otros? ¿Pura casualidad o una maraña de ilegalidades?
Cecilia Orozco Tascón