Manifiesto por la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral

De diversas regiones del país, con el ánimo de compartir experiencias y construir propuestas frente a la impunidad, mujeres, hombres, en la semana internacional del Detenido Desaparecido, más de 25 organizaciones de víctimas, 10 de derechos humanos y organizaciones sociales, nos encontramos para expresar una palabra, una posición frente a la cualificación de la estrategia de represión del Estado, la institucionalización del paramilitarismo, el desarrollo de una propuesta de articulación y de trabajo frente a la impunidad y sus nuevas dinámicas en estatutos antiterroristas, leyes de alternatividad, el unanimismo mediático que distorsionan el sentido de Verdad, de Justicia y de Reparación Integral.

Aquí el MANIFIESTO POR LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN INTEGRAL construida desde el trabajo de las personas, familias, organizaciones de víctimas o testigos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y organizaciones humanitarias de derechos humanos no gubernamentales.

MANIFIESTO POR LA VERDAD, LA JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL

Nosotras y nosotros, victimas y familiares de los desaparecidos, asesinados, torturados, desplazados, detenidos arbitrariamente… reunidos en el ENCUENTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, durante los días 28 y 29 de mayo de 2004 en la ciudad de Bogotá

 CONSTATAMOS –

• Que las comunidades, organizaciones y personas presentes en este encuentro somos víctimas de la actuación abierta o encubierta del Estado colombiano a través de las fuerzas armadas legales y los grupos paramilitares.

• Que los grupos paramilitares han sido creados, promovidos, amparados y financiados por el Estado colombiano, como hemos podido probarlo en calidad de testigos y víctimas directas y como consta en investigaciones penales, disciplinarias y administrativas, que sin embargo se encuentran muy distantes de alcanzar los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación.

• Que los pronunciamientos y recomendaciones de organismos intergubernamentales de carácter internacional –como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA)- han señalado claramente la responsabilidad estatal por acción u omisión en el desarrollo y consolidación de estructuras paramilitares.

• Que dichos pronunciamientos han sido y son desconocidos reiteradamente por el Estado colombiano, propiciando nuevas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

• Que los propios jefes de los grupos paramilitares han reconocido públicamente que son el Estado colombiano y sus agentes quienes los han fomentado y apoyado permanentemente.

• Que los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos han sido y son perpetrados por los grupos paramilitares en connivencia, complicidad y unidad de acción con fuerzas de seguridad estatales, o que cuentan con su aprobación y tolerancia. Que dichos crímenes atroces han sido y son ejecutados de forma sistemática y planificada contra sectores sociales, populares y políticos que han llevado a cabo acciones de oposición o de reivindicación integral de sus derechos.

• Que hemos comprobado también que unidades de las propias Fuerzas Militares cometen crímenes y abusos, mimetizándose como grupos paramilitares a través de la utilización de sus prendas distintivas.

• Que la administración de justicia ha sido y es funcional al desarrollo de esta estrategia paramilitar y que ello se demuestra en la impunidad en que se encuentran la gran mayoría de las investigaciones emprendidas para esclarecer los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos. Que la impunidad ha posibilitado la repetición de los crímenes, la concentración de la propiedad sobre la tierra, el desplazamiento forzado y la extensión y consolidación de estas estructuras criminales.

• Que la política de “Seguridad Democrática” del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez ha agravado la crisis de derechos humanos, a través del involucramiento creciente de la población civil en el conflicto armado, la militarización de la vida civil, la conformación de redes de informantes, el reclutamiento de soldados campesinos, la generalización de las detenciones masivas y arbitrarias, el impulso del “Plan Colombia” y el “Plan Patriota”, la ejecución de fumigaciones indiscriminadas, las reformas a la Constitución Nacional, la adopción del “Estatuto Antiterrorista” y la promoción de leyes que amparan la impunidad y contravienen los principios internacionales que garantizan los derechos humanos y el derecho humanitario.

• Que el Gobierno Nacional viene adelantando un proceso de supuesta desmovilización con los grupos paramilitares que pretende la institucionalización, legitimación y consolidación de esta estrategia en los campos económico, político, social y jurídico; negando el derecho a la memoria, la verdad, la justicia, la oposición, así como la libertad de expresión de las victimas y la población en general.

• Que la supuesta desmovilización coincide con el desarrollo de nuevos mecanismos de militarización en regiones estratégicas para la implementación de proyectos de telecomunicaciones, agroindustria, infraestructura vial y energética. Que dichos macroproyectos económicos favorecen intereses privados nacionales e internacionales, y niegan los derechos de los pobladores.

• Que el Gobierno Nacional suscribió un convenio con el Secretario General de la OEA para el establecimiento de la Misión para Apoyar el Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) que verificaría las iniciativas de alto al fuego y cese de hostilidades, así como la desmovilización de estos grupos. Que, sin embargo, las estructuras paramilitares continúan cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en todo el territorio nacional, como las ocurridas en los últimos días en los departamentos de la Guajira y Arauca. Que se ha constatado la incursión paramilitar a países vecinos y la expansión de sus técnicas de control con la anuencia de las autoridades.

• Que la Misión de la OEA no está cumpliendo la función de verificación internacional y por el contrario, ha guardado silencio ante las graves violaciones que se están cometiendo por parte de los grupos paramilitares. Que esta actitud legitima la falta de transparencia en un “proceso de negociación” que se adelanta a espaldas de la sociedad, sin garantías reales de observación independiente de la comunidad internacional.

• Que el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para la “reincorporación a la vida civil” de los miembros de los grupos paramilitares que no conduce ni al enjuiciamiento ni a la sanción ni a la reparación integral de sus crímenes atroces y que por el contrario es una puerta abierta para que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; degradando aún más el conflicto armado, promoviendo el afianzamiento de la impunidad y negando los derechos de las víctimas a la verdad, la memoria histórica, la justicia y la reparación integral.

CONSIDERAMOS-

Que se requiere la superación integral de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que garantice los derechos de las víctimas a:

La VERDAD y la MEMORIA HISTÓRICA para que los hechos de violencia no se repitan. La verdad para establecer el por qué, cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades. La verdad para saber quiénes son los máximos responsables de los crímenes y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución. La verdad para conocer las fuentes de financiación y modos de actuación de los criminales. La verdad para demostrar el carácter sistemático y señalar a quiénes han favorecido y quienes se han beneficiado de estos hechos de violencia. La verdad para que se conozca públicamente, a través de los medios masivos de comunicación, el contenido integral de esta historia de horror. La verdad para que se reconozca socialmente a las víctimas.

La JUSTICIA para que se esclarezcan totalmente los hechos. La justicia para que se investigue penal, disciplinaria y administrativamente, sea en el plano nacional o internacional, a los perpetradores intelectuales y materiales. La justicia para que se les procese y castigue con penas proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos.

La REPARACIÓN INTEGRAL que comprenda el restablecimiento de los derechos vulnerados individual y colectivamente. La reparación que permita el retorno y la devolución de las tierras a los desplazados y a las familias de los asesinados y “desaparecidos”. La reparación que entrañe la compensación, indemnización y resarcimiento de los daños de todo orden causados. La reparación que implique la rehabilitación y las acciones orientadas a proporcionar atención médica y sicológica que ayude a la recuperación de las pérdidas y disminuciones físicas y síquicas sufridas. La reparación que incluya la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas. La reparación que disponga la realización de homenajes y la construcción de monumentos para restablecer su dignidad. La reparación que abarque declaraciones públicas acerca de la responsabilidad del Estado y los victimarios, en las que se reconozca el inmenso daño que se ha causado a las víctimas y a la sociedad en general. La reparación que disponga la búsqueda e identificación de cadáveres de las personas asesinadas y el esclarecimiento de todos los hechos relativos a los desaparecidos. Las medidas de reparación que garanticen la no repetición de las violaciones. En fin, la reparación que conduzca a la disolución de los grupos paraestatales, la depuración de los organismos de seguridad estatales y el respeto para el ejercicio de los derechos y libertades del pueblo colombiano.

 DEMANDAMOS-

Al Estado colombiano:

• Que, como primera expresión política de un proceso de esclarecimiento, reconozca públicamente su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos y en la ejecución de crímenes contra la humanidad.

• Que establezca lo antes posible un mecanismo de reestructuración del Poder Judicial en su conjunto para que se pueda adelantar una investigación imparcial, independiente que posibilite el juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos. Que en ese proceso de reestructuración garantice la participación de las víctimas y sus organizaciones.

• Que la desmovilización efectiva y verificable del paramilitarismo en Colombia se realice a la luz pública, con total transparencia y en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos, de modo que los principios de verdad, justicia y reparación se garanticen para las víctimas y la sociedad.

• Que en tal proceso se develen y enuncien explícitamente los nombres de los planificadores, financiadores, encubridores y beneficiarios de las estructuras paramilitares; así como se esclarezcan los métodos y mecanismos de impunidad implementados hasta el día de hoy. Igualmente que se dilucide quiénes han sido las personas, comunidades, organizaciones victimizadas, y las razones por las cuales fueron y continúan siendo atacadas

• Que aclare públicamente cuál será el destino de las tierras, territorios y demás bienes que los grupos paramilitares sustrajeron a los cientos de miles de campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás pobladores que hoy se encuentran desplazados y marginados en los centros urbanos.

• Que tome las medidas necesarias para que los desplazados retornen a sus lugares y sus bienes les sean devueltos. Que adopte las medidas indispensables para que sean respetados los principios humanitarios y los derechos humanos en las zonas y regiones bajo control paramilitar. Que respete, en toda circunstancia, el principio de distinción y se abstenga de seguir promoviendo la vinculación de la población civil al conflicto armado. Que suspenda la política de detenciones masivas y arbitrarias. Y que igualmente respete integralmente los derechos a la vida, al territorio, a los recursos naturales de las comunidades en resistencia tanto en las zonas rurales como urbanas.

• Que se abstenga de hacer señalamientos y estigmatizaciones contra los sectores sociales, populares, de derechos humanos y contra los organismos no gubernamentales e intergubernamentales internacionales.

• Que los agentes de todos los niveles estatales y oficiales se abstengan de justificar o de legitimar de cualquier forma los crímenes contra la humanidad y las formas de violencia contra la población civil.

• Que retire los proyectos de ley tendientes a imponer la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, a otorgar facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares y en general, a promover reformas a la Constitución Nacional que limiten los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.

• Que cumpla en su totalidad con las recomendaciones realizadas por organismos internacionales como la ONU y la OEA, sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Al Estado colombiano y a los grupos Insurgentes:

• Que inicien acercamientos que posibiliten una salida negociada al conflicto social y armado y que suscriban acuerdos humanitarios como muestra de buena voluntad.

A los grupos insurgentes:

• Que respeten, en toda circunstancia, las normas del derecho humanitario y cumplan las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas.

A los medios de comunicación:

• Que suministren en forma veraz e imparcial, de acuerdo a los códigos éticos, información sobre las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de modo que sea posible la realización del derecho a la verdad para la sociedad en su conjunto.

• Divulgar a través de sus espacios informativos los testimonios, las expresiones de las familias, de las víctimas o de los testigos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, respetando la versión y las expresiones de las fuentes.

• Abrir una columna de opinión en la prensa y espacios en televisión y radio, que posibiliten a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad expresar libremente su pensamiento respecto al derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

A la Comunidad Internacional:

• Vigilar y exigir al Estado colombiano el cumplimiento e implementación de las recomendaciones y normas internacionales de derechos humanos y derecho humanitario.

• Velar que la cooperación internacional sea destinada para la paz, el desarrollo y la justicia social y no para la intensificación de la guerra.

A las iglesias

• Acompañar a las comunidades y exigir al Estado el respeto a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad.

A las jerarquías eclesiales

• Que presenten a las víctimas y a la sociedad un informe público sobre su actual papel en el proceso de la llamada desmovilización y sobre las razones éticas y evangélicas y humanistas por las cuales se desconocen las voces de quienes claman justicia en este proceso.

 DECIDIMOS-

• Hacer pública nuestra voluntad de avanzar firmemente hacia la conformación de un movimiento nacional en el que, coordinada y mancomunadamente, converjan las personas, comunidades y organizaciones víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia.

• Reiterar que sin la participación activa de las víctimas no puede haber un auténtico proceso de solución de la violencia en Colombia

• Reiterar que nadie debe asumir nuestra representación ni hablar en nuestro nombre en los procesos de negociación de paz.

¡NO A LAS LEYES DE PERDON Y OLVIDO!
¡VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL: DERECHOS INNEGOCIABLES DE LAS VICTIMAS DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD!

ENCUENTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Bogotá, 29 de mayo de 2004

Bogotá, D.C. junio 3 de 2004

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz