Manifiesto Encuentro Internacional Triatlón por la Vida del Darién.
Comunidades y organizaciones de base de toda Colombia que contamos con la presencia fraterna de movimientos sociales, universidades públicas y privadas de nuestro país, como también con la presencia de comunidades, organizaciones y movimientos sociales de Brasil, Bolivia, Ecuador, México, El Salvador, España, Francia y Los Estados Unidos, nos reunimos en la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en Dios en el Cacarica, Chocó, en el marco de la Triatlón: Por la vida del Darién, Cacarica, el 26 y 27 de junio de 2010.
La Triatlón manifestación de personas en bicicleta, a pie y a nado ha sido una iniciativa creativa de manifestación pública ante el proyecto inconsulto de construcción de la carretera Panamericana, ahora llamado Transversal de las Américas, que afecta de manera directa a las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas de Cacarica. Pero también es un reflejo de nuestra habitación en el planeta, por eso esta obra afectará el patrimonio de la humanidad.
La Triatlón ha sido la ocasión para construir desde la memoria colectiva una mirada en prospectiva del bicentenario. El sentido de la independencia no puede definirse desde las historias oficiales, ella debe cotejarse, confrontarse y controvertirse con los sujetos libertarios, las epopéyicas populares, las historias negadas o silenciadas por la ignorancia, la autocensura, la censura, la represión. Historia de los de abajo frente a los intereses sobre el territorio, la impunidad y el conflicto armado interno.
Nosotros somos sujetos sociales, somos actores políticos que víctimas de la guerra estatal, víctimas de un modelo de desarrollo, víctimas de la destrucción ambiental hemos construido historias desde la resistencia, la afirmación y la transformación.
Y así como hemos interlocutado con el gobierno y el Estado colombiano hemos definido hacerlo con parlamentarios y con gobiernos vecinos, la paz, el intercambio son parte de la fraternidad que nos deja como derrotero la independencia.
Las comunidades organizadores del encuentro, invitamos a participar a las comunidades y organizaciones sociales que a lo largo y ancho de nuestro país y el continente construyen el sentido de una independencia incluyente, de libertades reales de las comunidades y de los colectivos en los territorios donde habitamos multiplicidad de etnias y de ecosistemas, no todas lograron llegar pero están aquí en estas palabras.
También invitamos a miembros del Senado y de la cámara o candidatas que han interpretado los intereses comunitarios y de amplios sectores de la sociedad, que son excluidos en los ejercicios del poder. A la Senadora Piedad Córdoba, quien se hizo presente en este territorio colectivo, al Senador Jorge Robledo, Gloria Ramírez, Alexander López; al representante electo a la cámara, Iván Cepeda Vargas y a la ex candidata Aida Quilcué.
Todas y todos adelantamos nuestro análisis de la realidad y propuestas entorno a tres grandes situaciones que vivimos, ante las que construimos y afirmamos nuestra dignidad: los intereses sobre el territorio, el conflicto armado interno y la impunidad.
Consideramos como principio de cohabitación de y en nuestros territorios en el planeta tierra, que cualquier proyecto de agroindustria, de obras de infraestructura, de extracción de recursos naturales debe preservar y permitir la reproducción de la vida, la natural y la de los seres humanos.
Valoramos como Ilegítimo e ilegal todo tipo de operación multinacional o nacional privada que se desarrolle en los territorios sin que se conozca abierta, pública o transparentemente, a quién pretende satisfacer, a que costos humanos, sociales y ambientales. Y a partir de tal información este debe ser deliberado, discutido y negado en su implementación si son evidentes que son más altos los costos que las ganancias en términos de la vida.
La distribución de la riqueza se debe definir de esa relación armónica con los ecosistemas, y propiciando el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores excluidos, de los sectores medios de la población y no solamente de los tradicionalmente beneficiados y enriquecidos. No se trata de una lógica acumulativa sino del bien común con reducción de los consumos innecesarios.
La guerra persiste en nuestro país sus afecciones sobre nosotros la población son evidentes, constatables y algunas de ellas irreparables. El gobierno ha pretendido desconocer la existencia del conflicto armado y bajo este falso presupuesto nos ha judicializado, se nos ha señalado, se nos ha criminalizado.
La paz es fruto de la justicia. Esto significa hoy en los nuevos tiempos profundización de democracia, equidad en los mecanismos y espacios de discusión, democratización de la información y del derecho a tener medios y a divulgar, justicia ambiental, justicia jurídica, justicia social.
Mientras se reconoce el conflicto armado y la necesidad de una salida creativa en el diálogo político hay que humanizar la guerra, enderezar las situaciones inhumanas que padecemos las comunidades.
Igualmente, la paz solo será posible si se construye un proceso de reconciliación sobre la base de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición que nacerá en los cimientos de una nueva democracia.
Territorio
Nuestras comunidades y organizaciones tenemos la fortuna de habitar en territorios biodiversos con múltiples ecosistemas, con vida natural renovables y no renovables, y sistemas energéticos, aguas y bosques. Para nosotros/as el territorio es el suelo, el subsuelo, el agua, el aire, la vegetación, y todo lo que recreamos en él y por él. El territorio es multiplicidad de vidas, fuente de toda vida en interacción con el planeta y con todo lo existente.
Nuestros territorios se han convertido en objeto de codicia de las empresas nacionales y extranjeras, muchas de ellas beneficiarias de las actuaciones militares y paramilitares que han permitido quedarse con nuestras tierras,
Algunas de estas empresas, además de estas estrategias criminales armadas, amparadas en las estructuras estatales las han patrocinado, las han financiado y se ha beneficiado de estas.
En el desarrollo del control social territorial los empresarios bajo la estrategia paramilitar han trasladado pobladores a nuestros territorios con el fin de que estos participen en estrategias de seguridad, al lado de desmovilizados, y con su presencia en nuestros territorios se insertan en procesos comunitarios afines a los intereses empresariales.
A indígenas, afrodescendientes, mestizos de diferentes regiones del territorio nacional, se nos ha negado el derecho a la titulación legal de las áreas que ancestralmente hemos habitado. También se ha usado la formalidad legal para hacer un reconocimiento de derechos, pero que son desconocidos con nuevas leyes y con las políticas públicas de privatización de los bienes energéticos, acuáticos, ecosistemas.
Las políticas públicas a través de las zonas francas, leyes de ordenamiento social, de hidrocarburos, la ley de aguas, formalizan la explotación de recursos petroleros, mineros, forestales y agronegocios, obras de infraestructura, telecomunicaciones, que además cuentan con el apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que benefician con creces a empresas privadas nacionales y transnacionales.
Los reconocimientos contemplados en el derecho internacional, como por ejemplo, la Consulta Previa, se han ido convirtiendo en un simple mecanismo de información, de manipulación y del uso del derecho de participación para legitimar las operaciones empresariales privadas nacionales o internacionales
A pesar de tan diversos mecanismos censurables y penalizables, las organizaciones y comunidades de base hemos logrado en algunos casos, regresar y permanecer en nuestro territorio. Otros/as permanecemos como desplazados forzados en ciudades del país, con la intención de regresar a las tierras de donde nunca debimos ser desplazados.
Hemos adoptado diferentes iniciativas tendientes a evitar el avance de los proyectos agroindustriales, de extracción minera, de extracción agroforestal, de infraestructura vial, energética y de telecomunicaciones que están en contravía de la dignidad de nuestros pueblos, de la biodiversidad y ecosistemas que posibilitan la supervivencia del planeta y de nuestra especie.
En vista de la crisis regional y con el propósito de reestablecer las relaciones de convivencia en medio de las diferencias ideológicas y políticas, nuestras comunidades y organizaciones se ofrecen como puente de buenos oficios en el proyecto de unidad y de inclusión.
1. Invitamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de la República del Ecuador en el reestablecimiento de las relaciones con Colombia, el que se considere y se discuta la ampliación de los actores y sectores de intercambio comercial incluyendo a nuestras comunidades. Así mismo, el eventual establecimiento de relaciones entre sus gobiernos y las comunidades locales presentes en este encuentro.
El reestablecimiento de las relaciones con nuestros vecinos debe ser una oportunidad para la fraternidad. Nuestras comunidades y organizaciones ofrecemos productos alimentarios orgánicos y otros con uso racional de algunos químicos, de alta calidad nutricional, a los pueblos de Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay. Esto requiere que el escenario de MERCOSUR y del ALBA.
2. En tanto, existen proyectos de infraestructura en el que participan y se benefician a las naciones como Venezuela, Ecuador, Brasil invitamos a que tengan en cuenta:
* Solicitar al gobierno colombiano información sobre la tenencia de la tierra, sus usos tradiciones y propietarios, en los que se desarrollan o se desarrollaran dichos proyectos, a fin de que estos no se desarrollen en espacios territoriales despojados con violencia y trámites fraudulentos
*Exigir estudios de impacto social y ambiental con veeduría de las organizaciones locales.
Si llegará a ser inevitable la realización de obras de infraestructura, los llamamos a generar acuerdos para que se maximicen los mecanismos que amortiguen los impactos sociales, ambientales. Igualmente invitamos a que se adopten relaciones bilaterales con las comunidades y que se adopten medidas que permitan los aportes de regalías conforme a los proyectos de Vida de las comunidades y organizaciones.
3. A las y los legisladores que asuman dentro de sus propuestas una reglamentación precisa sobre el derecho a la consulta con previo estudios de impacto social y ambiental y se profundice en el sentido del derecho al consentimiento que debe ser realizado por las comunidades directamente afectadas.
Deben ser excluidas de operaciones extractivas las zonas de páramos, las zonas de reserva forestal por las graves tragedias que ocasionan sobre las comunidades y sobre la humanidad.
Un nuevo estatuto de desarrollo rural debe asumir que los territorios habitados ancestralmente son inembargables imprescriptible, inajenable, por lo que deben reconocerse derechos comunales como resguardos, territorios colectivos, las zonas de reservas campesinas. En esta discusión se debe incluir los límites, y las zonas territoriales que deben ser excluidas de operaciones extractivas petroleras y mineras. Igualmente debe definirse con precisión los territorios que debe ser protegidos por ser fuentes de agua, los ojos de agua y debe potenciarse la comprensión del agua como un derecho humano y las gestiones colectivas del agua.
Urge el establecimiento de mecanismos expeditos para la restitución de las propiedades individuales otorgadas por reforma agraria, y de los predios colectivos de comunidades negra e indígenas y despojados por operaciones paramilitares y empresariales.
Los intereses territoriales son una de las causas de la guerra militar contra las comunidades, la titulación de los predios individuales y colectivos son una necesidad para garantizar los derechos a la alimentación, a un ambiente sano.
Conflicto armado interno
Nosotros habitamos en territorios en donde persiste el desarrollo del conflicto armado interno. Hemos sido víctimas de la persecución estatal a través de sus estrategias regulares y las paramilitares, y de las empresas nacionales y trasnacionales que han tenido interés en nuestro territorio.
La seguridad democrática no ha significado una mejoría sustancial en el respeto a los derechos de nuestras organizaciones, Hemos sido objeto de persecución judicial, de crímenes a sangre fría, de bombardeos y señalamientos, de torturas y de desapariciones forzadas, de desplazamientos.
Objetamos el acuerdo militar del gobierno Uribe con los Estados Unidos. Concebimos una seguridad basada en la protección de la producción alimentaria, la protección ambiental para enfrentar la crisis alimentaria y ambiental y las causas que alimentan la violencia. Apoyamos las iniciativas del SOAW.
Hemos denunciado las violaciones sobre derechos humanos, y los planes sistemáticos de persecución y exterminio y hemos denunciado también las graves infracciones de derecho humanitario que han cometido los grupos disidentes.
En nuestra historia, a partir de las graves consecuencias de la guerra hemos construido diversas formas de resistencia como población civil. Hemos construido, Asambleas de Paz, Zonas Humanitarias, resguardos humanitarios ambientales y refugios humanitarios.
En medio del conflicto armado interno entre el Estado y las guerrillas hemos afirmado nuestros derechos Y hoy, desde esa historia que padecemos, volvemos a ratificar que la mejor solución para el conflicto social y armado interno que vive el país, es la salida política negociada. Ninguna de las partes va a derrotar definitivamente a la otra, y la continuidad de las salidas militares está prolongando el dolor y generando más y más secuelas sobre la población en un circuito de desesperanza o de acostumbramiento paralizante.
Cualquier salida en el diálogo político debe posibilitar la participación directa en las discusiones y en las propuestas de alternativas las que hemos construido y sostenido nuestras comunidades y organizaciones en búsqueda de equidad, de inclusión, de justicia integral en lo democrático, en lo ambiental, en lo social, de equidad de género y el acceso a la propiedad de los medios.
El conflicto armado que vivimos en Colombia ha traspasado las fronteras. De ahí que la Paz de Colombia es la Paz de la Región. Aquí nos hemos encontrado, por ejemplo, comunidades de la zona fronteriza con Ecuador, con Venezuela y con Panamá. Somos testigos que la confrontación armada influye en las económicas y en la vida de las poblaciones de estas fronteras en los países vecinos. Al mismo tiempo, a pesar de las fronteras compartimos identidades culturales.
Por eso creemos que no se puede pensar en una salida a la confrontación armada si no se enfrentan sus causas y con creatividad se debe buscar la participación de los países del sur del continente, los Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea.
1. La paz debe cimentar las bases de una democracia con justicia integral en un proceso de país de mediano y largo plazo, profundizando el espíritu de la constitución de 1991 y alimentando presupuestal y financieramente iniciativas de equidad en la educación, en la salud, en la educación, en la vivienda, en el campo rural y en los medios dde información y las nuevas tecnologías.
En Colombia se viene utilizando como argumento el combate a la insurgencia y al final las víctimas somos nosotras y nosotros y se siguen cometiendo asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados para el control de nuestro territorio; en donde se implementan proyectos y mega proyectos sin el aval de los verdaderos dueños.
2. Compartimos la necesidad de que se establezca acuerdos humanitarios parciales los cuales garanticen que las comunidades podamos continuar o regresar a nuestros territorios en medio de la confrontación armada entre el Estado y las guerrillas.
3. Hacemos un llamado a los gobiernos de Brasil, la República Bolivariana de Venezuela y el Ecuador que están siendo afectados por el conflicto colombiano; para que contribuyan en la búsqueda de una salida humanitaria y de diálogo político con el nuevo gobierno y las guerrillas.
Invitamos también a los gobiernos de Perú y Panamá para que contribuyan a buscar una salida política negociada y un acuerdo humanitario concreto.
Cualquier iniciativa de diálogo político debe contar con nuestra participación y de diversas organizaciones de la sociedad.
4. Al nuevo gobierno lo invitamos a reconocer en Colombia la existencia del conflicto armado interno y ha adoptar una nueva política en materia de enfrentamiento del tráfico de drogas, partiendo de la depuración de las mafias en el poder político y económico.
También exigimos al gobierno que nos respete como población civil y que no nos involucre con estrategias criminales.
5. Invitamos a las guerrillas dar a conocer abiertamente sus principios y criterios éticos en desarrollo de sus accionar militar, evaluar los impactos sobre la población de técnicas y de mecanismos que carecen de eficacia en sus pretensiones estratégicas.
Impunidad
Nosotras y nosotros las organizaciones aquí presentes y comunidades víctimas de crímenes contra la humanidad en los que es responsable el Estado constatamos que a pesar de avances en algunos casos, la violación sistemática de nuestros derechos continúa en la impunidad.
La impunidad aumenta mostrando como se oculta la responsabilidad de algunos importantes dirigentes del gobierno vinculados con estructuras paramilitares; también para ocultar la responsabilidad de empresas que se valieron del paramilitarismo para apropiarse de los territorios en función del llamado desarrollo.
Los avances logrados en la lucha contra la impunidad como el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, la parapolítica no han logrado impactar y derrumbar la estructura criminal y sus beneficiarios.
Desde ahí comprendemos que la intención de una reforma a la justicia que comprende el nombramiento directo del Fiscal General de la nación; el revivir la justicia penal militar para el juicio a militares responsables de violaciones de derechos humanos; la intervención sobre la Corte Suprema de Justicia cuando ha querido mantener su autonomía e independencia; el rechazo del gobierno a las decisiones de la Corte Constitucional res`pecto a tierras y territorios cuando ha impedido que nuestras tierras sean entregadas a representante impuestos por empresarios, son parte de los mecanismo políticos para asegurar la impunidad desde el ejecutivo.
Los mecanismos de impunidad se incrementaron con la ley 975, mal llamada de justicia y paz, que quería hacernos creer que se iba a dar el desmonte de los paramilitares, pero en la practica solo fue una estrategia para confundir y solo se dio la legalización y cambio de nombre. Hoy continúan en operaciones permanentes con el ejército y la policía, controlando el movimiento de la población civil amenazando a lideres comunitarios planeando asesinatos y cometiendo crímenes.
La extradición a Estados Unidos, de mandos paramilitares postulados por el gobierno a la ley 975, cuando empezaron los desacuerdos entre el gobierno y los paramilitares, cuando estos comenzaron a decir la verdad sobre sus vínculos con políticos, empresarios y altos mandos militares y el asesinato de más de 2400 desmovilizados se erigen como mecanismo de impunidad-
1. Como exigencia de nosotros como parte de diversas expresiones de víctimas el Movice y las víctimas de organizaciones sociales consideramos que se tiene que garantizar el acceso a la verdad desde los lugares donde están encarcelados.
2. Respaldamos la creación de la Comisión de Garantes para que escuchen las versiones y cotejen la existencia de testigos y de pruebas y se busquen los mecanismos para el quehacer de la justicia.
3. Insistimos en un desmonte real de las estructuras y las lógicas paramilitares,parapoliticas y paraempresariales, para que se generen garantías para que la verdad no sea desvirtuada y acomodada a los intereses de los victimarios que se agazapan y continúan ejerciendo el poder real político, económico y militar.
4. Nuestra palabra sobre la justicia que queremos y la reparación en que creemos sea reconocida, como lo ha venido observando y documentando la Comisión Ètica y como debe explicitarse al crearse una Comisión de la Verdad.
5. Cualquier ley de víctimas debe tener en cuenta nuestros planteamientos, debe definir mecanismos de participación de los sectores rurales, de las comunidades especificas locales.
Suscribimos,
ADISPA, Perla Amazónica, Putumayo
ASOCAB, Las Pavas, Sur de Bolivar
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACVC.
Asociación Campesina Inzá, Cauca, ACIT.
Asociación Agroecológica Ester Cayapú, Cauca, ASOESPC,
Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES
Comunidad indígena de Ullucos, Toribio, Cauca
Comunidad Indígena Joun Puur, Cacarica, Chocó
Consejo Indígena Kwesx Sxaw
Comunidad de Vida y de Trabajo La Balsita
Comunidad Civil de Vida y Paz, departamento del Meta
Consejo Comunitario del bajo Naya Consejos menores asociados en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Curvaradó y Jiguamiandó
Empresa Cooperativa La Alemania, San Onofre.
JUBCA, Bajo Calima, Buenaventura
Marcha Nacional de Mujeres, AMEP.
Resguardo Indígena de Peranchito, Cacarica, Chocó
Resguardo Indígena Chidima y Pescadito
Resguardo Indígena Urada, Jiguamiandó
Desplazados de la Argelia Cauca – Pro Retorno
Organizaciones nacionales que respaldan:
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC,
Marcha de Mujeres Campesinas, CIC, ANUC UR
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, PLATAFORMA DESC.
Minga CRIC
Estudiantes Universidad de Antioquia.
Fundación Cultural Somos Tierra, Cauca.
Contagio Radio
Meridiano 74 Universidad Distrital – Universidad Nacional de Colombiana
Estudiantes Universidad Javeriana participantes de la Triatlón por la Vida del Darién.
Estudiantes Universidad Distrital participantes de la Triatlón por la Vida del Darién.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice Antioquia-
Comité Operativo Movimiento Nacional de Víctima de Crímenes de Estado -Colombia-
Grupo Interuniversitario: Educadores para la resistencia Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital y Universidad Nacional de Colombia.
Pedaleando por el Mundo
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Colombianas y Colombianos por la Paz
Organizaciones Internacionales presentes que Respaldan.
ARIC UUID, Chiapas México
Movimiento Trabajadores Rurales sin Tierra del Brasil, MST.
Madres de la Plaza de Mayo de Argentina -Línea Fundadora-
Comité Francia América Latina, Francia, FAL.
Frente Nacional de Resistencia de Honduras
H.I.J.O.S Argentina.
Fundación Pueblo Indio de Ecuador.
Entre Pueblos – Taula Catalana por Colombia, España
Comunidades Eclesiales de Base de El Salvador,FUNDHAMER
Missionários do Sangue de Cristo – Brasil
Iniciativa Solidaria Internacionalista de Burgos España
Comunidad de Santo Tomás, Madrid.
Movimiento por el cierre de la Escuela de las Américas, Estados Unidos, SOAW
Consejo Mundial de Iglesias, CMI.
Asociación Amigos de San Isidro,ASIC – El Salvador
Centro de Documentación e Información de Bolivia CEDIB.
Comisión Ética de la Verdad en Crímenes de Lesa Humanidad
Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del Mercado
Cacarica, Zonas Humanitaria Nueva Esperanza en Dios, 26 de junio de 2010
En el bicentenario independencia es inclusión
Evitemos una nueva fase de exterminio y colonización