Manifiesto de la marcha “Entierro de la violencia en Buenaventura:Para vivir en dignidad”

Buenaventura, tanto en su zona urbana como rural, pasa por un momento de crisis humanitaria y social. Las muertes violentas no disminuyen, según la personería en el 2013, se registraron 144 homicidios y durante el mes de enero del 2014 se presentaron 20 casos de asesinatos; en el 2013 la personería registró 39 casos de desapariciones forzadas. En lo que ha corrido este año, las desapariciones y las fronteras invisibles continúan; el control territorial, el chantaje, la extorsión y las amenazas se acentúan; el desplazamiento de la zona rural e interurbana aumenta con los días…

Según la Personería Distrital, en el 2013 fueron víctimas de desplazamiento forzado interurbano 1.455 familias equivalente a 4.745 personas y desde lo rural se desplazaron 224, que constituyen 75 familias. Según boletín 091 de la Personería Distrital, en solo el barrio San José hasta enero 28 de este año fueron censadas 95 familias desplazadas. La balacera del 31 de enero en San Cipriano deja 14 familias desplazadas que corresponden a 59 personas de las cuales 25 son menores de edad. La atención a los desplazados es muy deficiente al extremo de que gran parte de esta población es revictimizada.

En cuanto a las comunidades rurales, además de las ya conocidas afectaciones fruto del accionar de los actores armados, en los últimos meses, vienen padeciendo permanentes atracos en la bahía, esteros, entre otros sitios de paso obligatorio para hacer la conexión con el casco urbano de Buenaventura.

La tasa de desempleo es alta, un estudio de la Cámara de Comercio arroja que hay 63% de desempleo y los que hay son mal remunerados, especialmente los trabajadores portuarios que no tienen contratación directa, continúa la mediación laboral y sin ninguna garantía de sus derechos salariales y prestacionales.
La gravedad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios: saneamiento básico, acueducto, alcantarillado y aseo se han empeorado, especialmente el agua, prácticamente no tenemos seguridad en la prestación de este fundamental servicio, solo en el mes de enero de este año hubo 6 cortes generales a la población (según boletines de Hidropacifico).

Se liquidó de forma inconsulta y sin planeación el Hospital departamental dejando a Buenaventura y gran parte de la población del pacifico sin nivel 2 de salud pública; los pensionados y el resto de la población padecen, a diario el paseo de la muerte y en general la mal atención en salud.

Ante esta situación Manifestamos que el Gobierno Nacional, Departamental y Distrital deben cumplir el deber constitucional de velar por la seguridad y bienestar de la población, salvaguardando sus derechos y cumplir con la sentencia de la corte constitucional T-025 del 2004 y los autos 004, 005 de 2009, 100 de 2010, 234 del 2013 y otras disposiciones relacionadas. Porque son derechos de la población bonaverense, la cual es digna de los mismos por hacer parte de Colombia y por el aporte que hace al fisco Nacional a través de las dinámicas productivas que se desarrollan en su territorio. En el año 2013, se movilizaron 9.192.449 toneladas de mercancía solamente por la sociedad portuaria Regional de Buenaventura y aportó al fisco nacional 4 billones de pesos.

SOLICITUDES

1. Al Estado, considerando la situación, se requiere una intervención estructural en nuestra ciudad, declarando la emergencia social, teniendo en cuenta la realidad y potencialidades culturales, naturales, legislativas y territoriales entre otras; a corto, mediano y largo plazo, que apunte a la real transformación de los factores que impiden el logro del bienestar colectivo, basado en las potencialidades de su población.

2. Que se ponga en vigencia la propuesta del Defensor Nacional del Pueblo, de nombrar una Gerencia social Nacional para el Distrito de Buenaventura que permita agilizar los trámites con el Estado, tanto en lo local como en lo regional y nacional, para que se atienda la grave situación humanitaria.

3. Formulación e implementación de una agenda de inversión social inmediata, por parte de las entidades del Estado (salud, educación, recreación, generación de ingresos, entre otros) en los sectores donde se concentra el conflicto.

4. Que la Fuerza pública cumpla su deber Constitucional de garantizar la vida, honra y bienes de la población (el monopolio de las armas sea exclusivo de la fuerza pública) e implementación de un plan de desarme.

5. Se impulse, se acompañe y apoye desde las entidades estatales, acuerdos de convivencia y movilidad comunitaria en los barrios donde se concentra la violencia. Se apoye y financie actividades de fortalecimiento organizativo, atención humanitaria, educación comunitaria y manual de convivencia.

6. Que se formule e implemente una estrategia de atención a las víctimas de la violencia (menores de edad, viudas, viudos, familias y comunidades) desde el enfoque étnico, generacional y de género.

7. Acompañamiento Humanitario permanente a las comunidades mayormente afectadas por la violencia actual, por parte de las entidades estatales y el concurso de las ONGS nacionales e internaciones defensoras de derechos humanos.

Para concertar, planear y definir la estrategia de seguimiento a estas propuestas se convoca para el mismo día 19 febrero a las 3:00 p.m., una mesa de trabajo con la defensoría Nacional, departamental y Distrital del Pueblo, Ministerio del Interior, Alcalde Distrital, Director Nacional, regional y Distrital de Bienestar Familiar, Personero Distrital, Cruz Roja internacional, SJR, el señor Obispo de Buenaventura, representantes de las organizaciones sociales, medios de comunicación entre otros actores.

+ HÉCTOR EPLAZA QUINTERO
Diócesis de Buenaventura

VICTOR VIDAL
Concejal del PDA

NARCILO ROSERO CASTILLO
Comité del agua

JUDIH SEGURA VALVERDE
ACODIARPE

HUMBERTO HURTADO P
Coordinador CUT

ISAIAS CIFUENTES
COES

MARIO ANGULO
PCN

JHON REINA RAMÍREZ, Pbro.
Pastoral Social Buenaventura

JOSÉ ADRIEL RUÍZ GALVAN
Fundescodes

MANUEL GONZÁLEZ SOLIS
Pastoral Social.