Los Ruíz en el territorio donde mana leche y miel

“Regresamos no porque la cosa este buena sino porque estamos cansados de mendigarle al gobierno”, así se expresó la familia Ruíz Gallo semanas atrás al constatar la ausencia de respuesta del gobierno Santos a su solicitud de re ubicación temporal.
“No somos limosneros, tenemos una tierra tan buena que no es justo esperar lo que no es una realidad sino palabras muertas” expresaron una y otra vez.

Por eso, a pesar de las amenazas de los paramilitares que siguen mandando bajo las órdenes de los empresarios, prefirieron asumir el riesgo y regresar.

Si, a aquella tierra del territorio colectivo de Curvaradó por la que fue asesinado su padre, esposo, suegro y abuelo Manuel Ruíz. Manuel el líder que murió en un ardid, junto con su hijo Samir, hace poco más de un año, luego de que los retuviera la policía en Mutatá.

Suescún la mirada vigilante de los empresarios

Las 18 personas de la familia Ruíz regresaron encontrándose con Leonel Suescún conocido con el alias de “El Mono”, uno de los amenazantes y quien se le conoce por sus vínculos con los empresarios y los paramilitares.

Poco antes de llegar había pasado lento en su moto en sentido contrario a la pequeña caravana que acompañó el regreso de la familia a su tierra.

De él se sabe que trabaja a las órdenes de Lopera, Montoya, Quintero, Ramírez, Ríos, empresarios “paisas”, con tierras bananeras y ganaderas en Urabá que aprovecharon el desplazamiento forzado para acrecentar su riqueza acaparando algunas de las tierras de Curvaradó y Jiguamiandó.

Como paramilitar hizo parte del grupo comandado en la zona de Currulao por su tío alias “El Palomo” quien murió en su ley, haciendo de las suyas en el Urabá. Hoy día, sin que se haya desmovilizado, anda con un calibre treinta y cinco dispuesto a cualquier “mandado” de los empresarios, dicen en la región.

Siempre ha sido amigo de las armas. Poco antes que la familia Ruíz saliera desplazada, les despertaba en las madrugadas a punta de tiros al aire, algunos de ellos golpeaban las tejas de zinc. La distancia de la casa de los Ruíz no está a más de cuatrocientos metros de la de Suescún.

Testigos que perdieron su fe en la Fiscalía han confirmado un hecho aterrador. El día en que fue asesinado el también reclamante de tierras del Curvaradó, Argenito Díaz, hace tres años y medio, Suescún les mostró a pobladores, como un trofeo, las cascarillas de las balas con las que él mismo lo había asesinado. “Con estas los maté”, les dijo riendo.

Pero en su perversión ha reclutado jóvenes para “sicariar” que se traduce en andar con él porque “para eso hay plata”.

La lideresa María Henry de Apartadocito, quien antes que Manuel Ruiz estuvo al frente del proceso del censo ordenado por la Corte Constitucional, liderando la comunidad como adulta mayor, debió desistir de su función por la amenaza de Suescún, “si sigue reclamando las tierras de los patrones, usted se muere” y ella prefirió sobrevivir, se retiró del censo.

En las actas de las comisiones del gobierno consta que Suescún identifica lideresas y líderes, razón por la que debieron suspender en una oportunidad las cesiones de trabajo que se adelantaban en Llano Rico. Luego vino Manuel a remplazar a María y se encontró con la muerte.

Suescún se mueve entre Pavarandó, Llano Rico, Apartadocito y Mutatá como “Pedro por su casa”, gozando de la amistad con la policía que tienen su base en Pavarandó a quince minutos en moto de su casa y con el ejército que montó la base militar en Llano Rico en áreas invadidas por Darío Montoya, uno de los beneficiarios de sus actividades criminales.

Así que para la población de la región es natural desconfiar de las autoridades represivas, y de la Fiscalía poco pueden esperar.

La fuerza de la solidaridad

El día del regreso Nadie se animó a caminar los trescientos metros que separan la carretera principal de la finca de los Ruíz. Pasó una hora hasta que llegaron delegados de las Zonas Humanitarias de Caño Manso, Camelias, Nueva Esperanza, y de las comunidades de Bijao Onofre y del Guamo.

Su presencia estimuló la andadura, fue un rompimiento con la parálisis y con el miedo. Juntos llegaron hasta la casa que dejaron hace un año, ya doblada por la edad.

La familia saludó: “Soy hijo de Manuel y Hermano de Samir, venimos a trabajar en lo que nos dejo mi papá”. “Soy la esposa de Manuel y mamá de Samir, vengo resuelta pero tengo miedo, no nos dejen solos. De acá salieron muchas amenazas contra mi, de las que me enteré mientras estaba desplazada”.

Ligia Chaverra la animó: “No se vaya a acobardar por las amenazas, yo vivo amenazada y aquí estoy, por encima de Dios no hay nadie”. Todo era memoria, catársis y afirmación. Y venían a borbotones las palabras del alma. “Esta casa me la construyó Manuel”. “A mi papá le decían el puro no se embarraba sino la parte amarilla de las botas de caucho cuando caminaba”.

“Llegaba a las 11:30 de trabajar y se sentaba en esta mesa que estaba corrida un poquito para allá, la golpeaba y decía ’ya saben a que vine’. Si no le servían a esa hora, ya no comía, era muy estricto”. “Este pedazo fue el que rocé con mi viejo”. “Por este camino de tierra se ganó mucho problema con los repobladores, por eso tocó pedir salida por otro lado”.

Seis niñas y un niño de la familia, nietos de Manuel, sobrinos de Samir, desempacaron juguetes guardados por un año en una caja de madera, se metieron a la quebrada por horas y vistieron ropa limpia. Las mujeres pendientes del fogón y de la limonada que llevaban al combo que hacia la trocha, los huecos, y clavaban postes para templar el alambre de la Zona Humanitaria Costa Azul.

No descuidaban el teléfono, que pareciera ser un seguro, o la posibilidad de escuchar la solidaridad de otros en la distancia. “Ya estoy por aquí en la tierrita” reportaban a los amigos.

En el día las palabras fueron el encuentro para inhumar el miedo, para exhumar la esperanza de cómo vivir en medio de la guerra, del paramilitarismo, de los ocupantes de mala fe y de la negligencia del gobierno Santos para hacer realidad tantas palabras.

En esas cuatro hectáreas delimitadas y visibilizadas con la inscripción “zona humanitaria Costa azul protegida por el derecho internacional humanitario”, en el acompañamiento nacional e internacional, los Ruíz cifran sus esperanzas de no volver a ser desplazados.

Revictimizados y excluidos por el Ministerio del Interior

Al llegar les esperaba otra mala noticia. El Ministerio del Interior decidió, contrariando lo ordenado por la Corte Constitucional, que personas como ellos no podían participar en la toma de decisiones sobre su territorio. Manuel y Samir habían muerto por defender su tierra, por guiar una comisión del Incoder que delimitaba las áreas de los empresarios ocupantes de mala fe, y ahora los herederos no pueden decidir sobre lo que les pertenece. Así de un tajo a ellos y centenares de personas de Curvaradó, como Don Enrique Petro, el gobierno de Santos, el de las victimas, les cercenaba la posibilidad de decidir sobre su presente y su futuro en el territorio. Tan absurda interpretación era la exclusión a más de 50 años de habtación en el territorio y era la asunción del discurso discriminatorio y racista en las formas de la prosperidad democrática.

La decisión la tomó el gobierno cuando convocó en el municipio de Cármen del Darién a los adultos mayores para conformar un comité importante para el futuro de la cuenca. Los miembros de las comunidades conocieron un correo electrónico en el que desde Bogotá definió sin escrúpulos que “solo las personas mestizas que reúnan los cuatro requisitos señalados en la orden judicial, pueden participar como órgano de decisión”. El primero es que tenga relación con la comunidad, el segundo que hayan apropiado los rasgos y las características culturales, económicas, religiosas y sociales, el tercero que existan estrechos vínculos familiares y el cuarto que hayan sido aceptados por la misma comunidad como parte de ellas.

El problema está en que el Ministerio del Interior se basó solo en el tercer criterio ignorando los demás, provocando un espectáculo segregacionista, revictimizante y de exclusión, en contra de lo establecido por la Corte Constitucional que señala sin ambages que ese no es el único principio sino que cualquiera de los cuatro es suficiente para el reconocimiento como comunidad negra.

La Corte reiteró que “la protección constitucional para estas comunidades surge (sic), no depende exclusivamente de la raza a la que pertenezcan los individuos o de la mayor o menor manifestación del las características externas típicas de una raza específica. Por ese motivo debe quedar claro que los derechos colectivos de las comunidades negras en Colombia son una función de su status en tanto grupo étnico, portador de una identidad propia que es digna de ser protegida y realzada, y no del color de la piel de sus integrantes.”

Lo ocurrido en el caserío del Cármen del Darién con adultos mayores de las comunidades del Curvaradó fue humillante, según expresaron los que allí estuvieron.
Los funcionarios del Ministerio del Interior dijeron que iban a “hacer un ejercicio”. Tomaron por el brazo a los adultos de piel negra y los separaron de los demás. Pasaron al frente a un hombre y preguntaron al auditorio si cumplía con las cuatro características de la Corte y si se consideraba miembro de la comunidad negra a lo que él asintió y todos aplaudieron. Llamaron luego adultos mayores de piel menos negra, le pidieron la cédula, le preguntaron por su esposa, y si se sentía de la comunidad negra y el respondió “llevo más de 40 años viviendo en el territorio”, preguntaron de dónde era su esposa y él contestó que ella venía de Córdoba. Ante esta respuesta el funcionario dijo al auditorio “entonces él no tiene derecho por no cumplir con el tercer requisito”, vinieron las risas y las burlas al excluido integrante del consejo comunitario.

Uno de los miembros de las comunidades de piel negra se levantó indignado “es vergonzoso, una falta de respeto con mis compañeros, nos están humillando”. Sin embargo, los funcionarios no hicieron caso. En seguida pasaron al frente a otro miembro de la comunidad, de piel menos negra y lo sometieron al mismo procedimiento, pero cuando respondía que llevaba cerca de 50 años en el territorio, que su familia tenía derechos, estalló en llanto. El funcionario concluyó, indolente: “si no se vive con una negra de piel entonces no tiene ni voz ni voto”, ante esto 16 comunidades de las 23 decidieron marcharse para evitar el escarnio público.
Una vergüenza total, una expresión del doble discurso institucional ley de victimas y desprecio por ellas. Así sucede con las del Palacio de Justicia, con las de Cacarica, con las de Mapiripán, con las de Las Pavas.

¿La muerte de Orlando Valencia, Walberto Hoyos, Argenito Diaz, Manuel Ruiz y su hijo Samir por defender los territorios, fue en vano? Se preguntan con razón. También se preguntan por los lideres de este proceso que soportan las más duras amenazas catalogadas por el mismo gobierno como personas con riesgo extraordinario, como son Liria Rosa García, Ledys Tuirán, Enrique Petro, Guillermo Diaz, Enrique Cabezas, Eustaquio Polo. Ellas y ellos, junto a más de 40 lideres amenazados y los familiares de los líderes asesinados por defender sus territorios, quedarían fuera de juego por la decisión del Ministerio de Interior.

Así de un tajo, con la burla expresa, con la ausencia de sinderesis se revictimizó y en el fondo se favoreció a los empresarios vinculados con la criminalidad que siguen ocupando el territorio y que pretenden no ser afectados con una restitución que, si no se corrige el rumbo por parte del gobierno, no será mas que una farsa.
Así agridulce ha sido el regreso de los Ruíz. Sin embargo, es la realidad, mejor vivir con ella y no con el encanto de lo que no es, una ley de victimas, una prosperidad democrática que es para unos, no para todos.

Y es la memoria de su padre, compañero, hermano, la de la epopéyica colectiva, que como un imán los hala a esa tierra tan hermosa donde mana en medio de todo, leche y miel

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz