Los pecados terrenales de Sor Teresa Gómez Álvarez

La mujer, cercana a los hermanos Castaño, no sólo tiene a cuestas el asesinato de Yolanda Izquierdo en Montería. También ha estado involucrada en despojo de tierras y delitos relacionados con el tráfico de drogas. Hizo parte de las ACCU desde sus inicios y hoy se desconoce su paradero.

La vida delictiva de Sor Teresa Gómez Álvarez, mujer de confianza de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, está ligada a la tierra. Desde comienzos de la década del noventa, en Córdoba; luego en el Urabá Chocano, a comienzos del 2000, y, finalmente, como responsable intelectual del asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo, sus acciones no han perdido el eje que liga el proyecto de expansión contrainsurgente con la expropiación ilegal de predios rurales.

Nacida en el municipio de Amalfi, Antioquia, de donde eran oriundos los hermanos Castaño Gil, se casó con Manuel Gil, hermano medio de estos jefes paramilitares y es suegra de Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’. Según investigadores de organismos de seguridad, ella se vinculó a comienzos de los noventa con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a través de los proyectos sociales que esta organización armada ilegal impulsó en Córdoba.

El papel de Gómez Álvarez en esta región del país se centró en sacar adelante, como representante legal, la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una organización no gubernamental creada en 1991 a través de la cual los jefes paramilitares donaron miles de hectáreas de tierras para adelantar una particular “reforma agraria” con labriegos afectados por las guerrillas de las FARC y el EPL.

Uno de los miembros de la junta directiva de Funpazcor fue Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, quien comandó el Bloque Metro de las ACCU. En una entrevista publicada por el antropólogo Aldo Civico, dejó constancia del significado de ese trabajo: “un gran proyecto de trabajo social que fue reconocido en su momento a nivel nacional e internacional”. Según este jefe paramilitar, “personas del gobierno nacional y del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) también lo visitaban continuamente y asesoraban dichos proyectos”.

Las autoridades tuvieron referencia de Funpazcor y de Sor Teresa Gómez Álvarez luego de un allanamiento realizado el 30 de abril de 1998 en un parqueadero ubicado en el centro de Medellín, conocido como Padilla. Allí, un grupo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía detectó el centro de operaciones financieras de las ACCU y desde donde se coordinaban todos los asuntos económicos de esta organización ilegal.

Tras un dispendioso análisis de los documentos físicos y electrónicos encontrados en el lugar, se comenzaron a identificar cientos de personas que giraban y recibían cheques, entre ellas estaba Gómez Álvarez y su fundación, lo que llevó a las autoridades a realizar el 24 de mayo de 2001 la Operación Monserrate, que consistió en el allanamiento de la sede de la organización no gubernamental en la ciudad de Montería.

En el procedimiento judicial se logró la incautación de documentos sobre la fundación y la captura de Tarquino Morales Díaz, miembro de la junta directiva, y el supuesto conductor Antonio Adonis González, quienes fueron procesados por el delito de concierto para delinquir. En el lugar no se encontró Gómez Álvarez, quien desde ese momento se convirtió en prófuga de la justicia.

No obstante, las pesquisas judiciales no avanzaron con eficiencia, y Funpazcor no sólo fue útil para consolidar una base social al servicio del paramilitarismo, sino que se convirtió en una fachada para la adquisición ilegal de tierras, tráfico de armas y lavado de activos provenientes de actividades ligadas al narcotráfico.

Por estas últimas razones, la fundación y su representante legal fueron relacionadas con actividades del narcotráfico e incluidas el 8 de febrero de 2004 en la lista conocida como Designados como Narcotraficantes (SDNT por sus siglas en inglés) que elabora la Oficina de Control de Bienes y Finanzas del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.

Lo paradójico de la historia criminal de Gómez Álvarez ligada a la tierra es que mientras las autoridades la buscaban en Montería, ella estaba creando en Mutatá, Antioquia, la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), con el objetivo de participar del proyecto de cultivo de palma africana impulsado ilegalmente por Vicente Castaño en los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó, a través del despojo y titulación fraudulenta de predios.

Asoprobeba se registró ante la Cámara de Comercio de Urabá el 2 de julio de 2001 como una entidad sin ánimo de lucro y definió que su objeto social como “la defensa gremial del campesino productor de la comunidad asociada”. Al iniciar el proyecto agrupó a 164 familias, para el 2009 ascendía a 250.

Las tierras del proyecto, que hacen parte de la larga lista de predios despojados de manera irregular a los pobladores de los territorios colectivos del Curvaradó y Jiguamiandó, fueron adquiridas por Gómez Álvarez a Hugo Fenel Bernal Molano, según consta en la escritura número 220, registrada en la Notaría Única de Carepa, Antioquia, el 6 de marzo de de 2002. Se trata de un predio de 1.100 hectáreas ubicado en la vereda Caño Manso, cuenca del Curvaradó, y transado por 100 millones de pesos.

Esta compraventa tuvo dos particularidades: según directivas de Asoprobeba, su proyecto productivo tuvo el respaldo de Uniban y de algunas entidades del Estado, y la compra fue avalada por el antiguo Incora, que supuestamente habría subsidiado el 70% de la inversión; además, Bernal Molano, al momento de la venta, estaba siendo buscado por la justicia norteamericana para que respondiera por delitos asociados al tráfico de drogas. Fue capturado el 2 de marzo de 2007 en una finca en Tierralta, Córdoba, y extraditado en julio de 2008.

A través de Asoprobeba, Gómez Álvarez suscribió diversos contratos de comodatos, varios de ellos incluso bajo amenazas de muerte, con campesinos en territorios colectivos para adelantar allí el proyecto productivo de siembra de palma africana, asunto que está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso de la apropiación ilegal de predios por parte de una veintena de empresarios apoyados por fuerzas paramilitares del Urabá Chocano y antioqueño.

Uno de los testigos de este despojo de predios que ha referenciado a Gómez Álvarez es el labriego Enrique Manuel Petro Hernández, quien el 12 de abril de 2007, le indicó a la Fiscalía que años atrás había sido presionado por esta mujer y el empresario Jaime Sierra Moreno para ceder los derechos de una finca de 150 hectáreas, ubicada en la comunidad de Caño Claro, y cuyas tierras fueron sembradas de palma sin su autorización.

Una vez denunció el hecho, Petro Hernández recibió presiones e intimidaciones y perdió parte de su finca: “me dejaron el territorio sin trabajarlo, pero lleno de palma, sin árboles y toda la tierra canalizada, con muchas carreteras pasadas por el medio de mi finca sin mi permiso, ya por lo menos todo mi trabajo que hice en los 40 años, lo perdí, tenía 110 vacas, hoy no las tengo, tenia 9 bestias, hoy no las tengo, tenia 20 marranos, 5 hectáreas de plátano, yuca, arroz, hoy no las tengo, mi esposa tenía más de cien gallinas, mis hijos trabajaban y hoy no tienen donde trabajar, todo por causa de las empresas y los paramilitares”.

Las investigaciones de la Fiscalía no cesaban contra Gómez Álvarez. Durante un proceso de extinción de dominio realizado en mayo del 2008 contra 74 bienes del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, los funcionarios judiciales establecieron que buena parte de esas propiedades, varias de ellas representadas en tierras y en sociedades comerciales, estaban a nombre de esta mujer.

A su prontuario criminal también se anexó el asesinato de Yolanda Izquierdo, una líder campesina de Córdoba, baleada por sicarios en la puerta de su casa el 31 de enero de 2007, momentos después de haberle solicitado protección a un juez de Montería porque las amenazas en su contra se habían incrementado.

Esta líder campesina, de 43 años de edad y madre de cinco hijos, fue despojada de una finca en Valencia, Córdoba, a comienzos de la década del noventa por el paramilitar Fidel Castaño, quien haría con esas tierras y muchas más un proyecto de “reforma agraria” que lideraría Sor Teresa Gómez Álvarez a través de Funpazcor.

Armada de valor, Yolanda Izquierdo se registró como víctima de despojo de tierras ante la Unidad de Justicia y Paz, creada por la Ley 975 para adelantar los procesos penales contra los paramilitares desmovilizados, y decidió además representar a unas 800 familias en las versiones libres para reclamar verdad, justicia y reparación integral. Centró su atención en los predios que les fueron arrebatados y reclamó por su devolución durante varias versiones libres de Salvatore Mancuso en Medellín.

Fueron varias las llamadas que recibió esta líder en las que una voz siempre le decía “Cállate mija, no sigas con eso de la reparación que te vamos a quebrar”. Y como persistió en su reclamo y no tuvo la suficiente protección por parte de las autoridades, fue asesinada. En el ataque armado, su esposo fue herido.

La justicia logró determinar que detrás de ese crimen estuvo Sor Teresa Gómez Álvarez, quien en días pasados fue condenada a 40 años de prisión por el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir.

Hoy se desconoce el paradero de esta mujer, que ha trasegado en el paramilitarismo desde la creación de las ACCU. Si bien aparece como desmovilizada del Bloque Elmer Cárdenas, ha logrado burlar a las autoridades y aparece en diversas regiones del norte del país liderando procesos sociales. Nadie se explica cómo ha pasado desapercibida en notarias y oficinas estatales hasta donde ha llegado a firmar escrituras y registros asociativos. Lo cierto es que ahora la buscan las autoridades, esta vez con una condena en la mano, para hacerla efectiva; no obstante, la historia revela una capacidad de ocultamiento que ninguna fuerza estatal ha logrado desentrañar.
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