Los ‘paras’ extraditados, Justicia y Paz
La semana pasada, en un encuentro organizado por la Fundación Ideas para la Paz, se discutieron los efectos de la extradición a Estados Unidos de 14 jefes paramilitares sobre el proceso de Justicia y Paz.
El Gobierno explicó que de no haberlos extraditado, estos hombres habrían seguido orquestando sus organizaciones delincuenciales desde las cárceles, y no se les hubiera podido garantizar a las víctimas que no se repitieran los atroces crímenes. Un argumento que, sin embargo, no termina de justificar la súbita e improvisada extradición de mayo de 2008.
En efecto, la mayoría concluyó que dicha extradición masiva había quebrado el proceso de Justicia y Paz. Para empezar, cada teleconferencia para hacer audiencias es costosa y compleja. Además, el incentivo de rebajarles las penas a cambio de colaboración con la justicia, la verdad y la reparación, se disolvió, porque a los fiscales estadounidenses sólo les interesan las delaciones que hagan los reos en contra de otros narcotraficantes. La escasa motivación de estos hombres para hablar —menos aún sabiendo que sus familias en Colombia pueden pagar caro por ello— ha resultado en pocas audiencias, pocas verdades, casi nada de interés en reparar y una justicia a medio camino.
Es verdad que las cabezas visibles del aparato de terror ahora pagarán más años de cárcel que si hubieran cumplido con Justicia y Paz, que les ofrecía una pena máxima de ocho años. Pero también lo es que sin la confesión de los jefes, seguirán en la impunidad la gran mayoría de sus cómplices militares, ganaderos y empresarios.
Es más, que los ex jefes ‘paras’ pasen la vida que les queda en una estricta cárcel gringa puede no ser el peor castigo para ellos. Más difícil, quizás, y más edificante para la sociedad, es que hubieran tenido que mirar de frente a cada una de sus víctimas; más humillante, enfrentar a fiscales informados que desnudaran los intereses económicos y políticos detrás de sus grandilocuentes discursos antisubversivos; más beneficioso para la paz es el bálsamo reparador que para miles de ciudadanos significa verse menos impotentes ante unos victimarios obligados a responderles.
Entendiendo que el peso de los procesos de Justicia y Paz debe estar del lado de los derechos de las víctimas, la Corte Suprema suspendió la extradición de quienes estén efectivamente colaborando con Justicia y Paz. Forzado, el Gobierno sacó un decreto en que posterga por un año las extradiciones, para darles tiempo a que cuenten lo que saben ante la justicia.
Pero ninguna de las medidas remedia el hecho de que los principales jefes del paramilitarismo ya están con un pie afuera del proceso de Justicia y Paz. Quizá Mancuso sea una excepción pues, según dijo en el foro su abogado Joaquín Pérez, insiste en seguir activo en Justicia y Paz, y espera que el fiscal de su caso tenga en cuenta su colaboración.
Quedan sólo dos salidas: la primera, que propone la Comisión Colombiana de Juristas, es que Estados Unidos los devuelva a Colombia para que enfrenten sus procesos aquí. La otra, más viable, es que el gobierno de Santos convenza a Estados Unidos de que ponga en marcha junto con sus fiscales federales, que allá nombra el Ejecutivo, una política que dé beneficios a los paramilitares a cambio de colaboración efectiva y comprobable con el proceso de Justicia y Paz colombiano. Esa política le convendría a una paz de largo plazo en Colombia, y es parte del interés estratégico regional estadounidense que la paz en Colombia sea sostenible.
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María Teresa Ronderos