Los marginados al paro
La cuestión agraria es uno de los orígenes del conflicto social y armado en el país. Cada uno de los nombres que ha ocupado la silla presidencial en las cinco últimas décadas en Colombia, ha hecho hasta lo imposible por profundizar más la crisis campesina.
El abandono estatal, ignorar al campesino como sujeto político, la ausencia de desarrollo integral rural, la firma de los tratados de libre comercio, las políticas públicas agrarias en beneficio de grandes propietarios de tierra y el modelo económico, son apenas una muestra de las razones del campesinado para afirmar que el campo está quebrado.
No hay sector de la producción agrícola que se salve de la crisis y se una al paro del próximo 19 de agosto. La movilización nacional no tiene marcha atrás a pesar de los menudos esfuerzos que hace el gobierno por desarticular la movilización con el mismo criterio de siempre “no hay razones para protestar”.
Los cafeteros, algodoneros, paperos, lecheros, medianos ganaderos y en general el campesinado excluido de las política agraria de desarrollo han dicho que es la oportunidad histórica de reclamar lo que se les ha negado por años. “Ya nos reunimos en cada departamento con la base social para movilizarnos y hacernos presente en el paro nacional que arranca el 19 pero va más allá” le dijo a VOZ, Eberto Díaz, presidente de Fensuagro.
Hoy un litro de leche producido en el país cuesta más que el mismo litro de leche de las vacas norteamericanas o la leche producida en el viejo continente, con el agravante de la entrada en vigencia los TLC, y sin la protección adecuada de la producción nacional “ya ni siquiera vamos a alimentarnos los colombianos de nuestra tierra”, explica Juan Álvarez, lechero del Sumapaz.
Soberanía alimentaria
Pero más allá de las percepciones de los campesinos en su quehacer diario, es importante echar un vistazo a las cifras de la Defensoría del Pueblo, que revelan un hecho significativo para Colombia. El 40% de los colombianos, unos 20 millones de personas, están en condiciones de inseguridad alimentaria. Por ello la importancia de volcar los esfuerzos por la transformación real del campo colombiano con nuevos modelos de producción agropecuaria.
Y es que las peticiones campesinas son a lugar. La ONU en su estudio anual sobre desarrollo social en 2011, titulado: Colombia Rural Razones para la Esperanza, afirmó que la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema aunado a que el 75,5% de los municipios que conforman el país son rurales. Hechos y cifras significativas para atender una necesidad: el desarrollo integral.
Lo que se busca con la movilización es que el gobierno replantee las políticas del campo colombiano, que hoy estás encaminadas a un modelo de desarrollo económico de gran escala con los agronegocios que se encuentran en manos del capital financiero y especulativo. Es una falacia el modelo de asocio, gremio-campesino, que presenta como alternativa de modernidad para el campo el presidente Santos.
El modelo híbrido de desarrollo no va funcionar, aseguran voceros del campesinado. Las intenciones de apropiarse de extensiones de tierra cultivable o de baldíos en Colombia por parte del gran capital juegan en favor de la profundización de la crisis.
Los recientes levantamientos del campesinado en El Catatumbo exigiendo una Zona de Reserva Campesina, es parte de la solución al infarto agrario. Lo que no está bien visto, dicen analistas, es que los dueños de la industria o la banca se apropien ilegalmente de baldíos y se les premie con una ley a su medida. Así no puede ser una política agraria.
¿Pero cuál puede ser el modelo de desarrollo capaz de integrar la soberanía alimentaria y la producción campesina? La respuesta es apenas obvia, una reforma agraria. Pero mientras ésta llega, una alternativa que bien vale la pena aplicar es justamente las Zonas de Reserva Campesina, que según datos de la ANZOR, la asociación que integra los 58 procesos campesinos en todo el país, estos serían capaces de producir un 70% por ciento de la producción de alimentos para los colombianos.
El paro es una movilización amplia de muchos sectores “afectados con la política neoliberal, las privatizaciones, la política de cierre de empresa e industria nacional, por la desatención de la salud pública en el país como efectivamente los trabajadores de la salud han dicho que entran al paro” dijo Eberto Díaz, explicando el carácter nacional de la protesta.“Donde existan campesinos vamos a parar”.
En ese sentido amplio de la protesta los mineros se harán presentes. Los medianos, pequeños y tradicionales mineros han sido desplazados y criminalizados por defender su trabajo ancestral o artesanal contra la explotación de subsuelo por grandes compañías mineras.
Desde Marmato, Caldas, pasando por Antioquia, hasta Chocó han reiterado que al paro nacional agrario se suman porque en esencia sus peticiones no han sido escuchadas por el gobierno.
La Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, presentó ante el Ministerio de Agricultura seis peticiones concretas. El campesinado espera que el gobierno no repita su nefasto actuar: represión, judicialización y persecución a los campesinos “y que tampoco nos eche el cuento que lo que pedimos está negociándose en La Habana”, reiteró, Eberto Díaz, al precisar que los campesinos tienen sus propias reivindicaciones. “Somos los marginados del poder los que estaremos en las calles”, indicó el dirigente de Fensuagro.