Los mandados del procurador
Está marcha un complot giganteso orquestado por quienes se empeñan en buscar la absolución del coronel (r) Plazas Vega, en el que el papel del procurador Ordóñez ha sido fríamente calculado.
Los conspiradores de este plan han contado con Édgar Villamizar Espinel, personaje siniestro que hace cuatro años voluntariamente declaró incriminando a Plazas, pero recientemente, como caído del cielo, apareció en el despacho del procurador, para señalar que nunca había declarado contra el oficial, que no se llama Édgar Villamil, ni es de Pamplona, como quedó consignado en el acta de la diligencia. El procurador recibe en conciliábulo el testimonio rectificatorio que le llevaron sus amigos, da por cierta su nueva versión, y sin más pide que se exonere a Plazas, para que en su lugar quemen en la hoguera a la valiente y pulcra fiscal Ángela Buitrago.
Lo que no ha dicho el procurador, estando en la obligación de hacerlo, es que siendo magistrado del Consejo de Estado suscribió el 11 de febrero de 2005 el fallo que anuló la condena disciplinaria que le había sido impuesta al general Arias Cabrales, también vinculado a los hechos del Palacio de Justicia (expediente No 25000-23-25-000-1991-6832-01-0919-02). Es decir, la misma persona que como magistrado dijo en esa sentencia exculpatoria del comandante del operativo, que “ello explica la actuación del Ejército y lo legitima en su actuación de recuperación no solo de las instalaciones del edificio, sino de la institucionalidad, utilizando la fuerza, pues no se puede desconocer que es ínsito a las Fuerzas Militares el uso de ésta con el fin de defender el orden constitucional”, ahora como procurador, con sospechosa precipitud, concede crédito ilimitado a la rectificación de un testigo, todo para pedir que se absuelva a quien además lo acusan otras contundentes pruebas, algunas de ellas provenientes del propio Plazas.
Contrario a lo que mediáticamente han pretendido sembrar los defensores a ultranza de Plazas, Villamizar sí declaró, como les consta a varias personas, se identificó con su cédula de ciudadanía y a falta de un acta firmó dos. Que en una de esas actas haya quedado trastocado su apellido Villamizar por Villamil, obedeció a un error de digitación o al mecanismo de autocorrección del computador, que en modo alguno puede significar que fue suplantado, como con ligereza mayúscula lo pregonan Ordóñez y sus consuetas.
Tampoco cuenta el procurador que Villamizar fue dragoneante en el Batallón “Charry Solano” y que allá también, en el acta de su posesión, se incurrió en otro error de transcripción en un número de su cédula, sin que ello lo hubiese convertido en otra persona. Tampoco quiso advertir el jefe del Ministerio Público que, contrario a lo que afirman los amigos de Plazas, en el sentido de que no hubo helicópteros para transportar soldados de la Brigada XIII el día del asalto del Palacio de Justicia, el informe No 45979 rendido por la Fiscalía a solicitud de la jueza 51 penal del circuito, confirmó que sí “se realizaron vuelos helicoportados, vuelos de reconocimiento en coordinación con la Brigada XIII y el 7 de noviembre de 1985 se trasladaron ocho pasajeros de la misma”.
Un procurador decoroso habría empezado por declararse impedido en este asunto, pues como consejero de Estado legitimó la actuación del Ejército en el operativo, pero claro, ni siquiera lo intentó, porque se trata de un libreto donde cada quien tiene un papel que representar. El de Ordóñez fue oír al testigo, creerle ciegamente y montar el escándalo al que le han hecho eco los estafetas de la impunidad. Pero se le olvidó que la misma Procuraduría, en octubre de 2010, pidió que archivara la investigación contra la exfiscal Buitrago, la que él ahora pretende revivir, en vez de haber pedido que se investigara al testigo Villamizar, bien por haber engañado a la Fiscalía o por retractarse acudiendo a la mentira de sostener que nunca declaró, cuando sí lo hizo.
Razón tenía el presidente Santos. Aquí hay una “mano negra de la ultraderecha”, y está cerrando el puño.
Adenda. Angelino Garzón sostiene que los nueve millones de personas que votaron por él para vicepresidente, no lo hicieron para que cuidara “un puesto”. No deja de tener razón, no es un solo puesto, son muchísimos, pues su movimiento “Centro Independiente”, es dueño de la más alta cuota burocrática en el Gobierno.
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