Los líderes sociales encarcelados, también tienen Derechos
Los líderes sociales encarcelados, también tienen Derechos !!
1 de abril de 2020
Ser líder social no es delito
¡Libertad ya !
Defender la vida, los derechos humanos, la organización social, en territorio, el medio ambiente y hasta el derecho a pensar críticamente en Colombia, es motivo de asesinatos, de generar el exilio de dirigentes y hasta de judicializaciones que terminan en condenas.
Pareciera que los días de la violencia no tuvieran fin ni tregua; diariamente son asesinados líderes y lideresas sociales; señalados y judicializados en todo el territorio colombiano. Ni los acuerdos internacionales de derechos humanos, las recomendaciones de la ONU y ONG internacionales, o las interminables denuncias que ocupan los escritorios de la Defensoría del pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría y la Presidencia, son suficientes para frenar esta avanzada de muerte y persecución que se ensaña en contra de los defendemos la Vida Digna, el Territorio y la Organización popular; la estigmatización, la persecución, la cárcel y la muerte amenazan con exterminar toda expresión organizada que pretenda defender la vida.
De 2016 a esta fecha se suman cerca de 800 líderes y lideresas asesinadas; más de 100 casos de judicialización (vinculación a procesos penales) y, cerca de 16 líderes nos encontramos privados de la libertad en cárceles de alta seguridad; sin contar los cientos de amenazados, perseguidos y exiliados. Este comportamiento genocida se configura como una política de Estado que condena a muerte, y no de una forma figurativa sino literal, valiéndose de las fuerzas militares y paramilitares, así también, valiéndose de montajes judiciales fabricadas por la Fiscalía y Policía Nacional, que conducen al confinamiento carcelario bajo condiciones inhumanas.
Esta situación se agrava mucho más cuando por parte del gobierno se ignoran los llamados de atención en temas del respeto a la vida, la participación política y el ejercicio de la democracia, y por parte de la sociedad se normaliza el silencio y la injusticia como pago por la supervivencia.
Siendo esta una práctica de Estado, la de perseguir, asesinar y silenciar; legalmente en Colombia la pena de muerte no ha tenido lugar, y desde allí como líderes sociales privados de la libertad queremos hacer un llamado al Gobierno, a la Sociedad, a las organizaciones populares y a los organismos internacionales veedoras de los derechos humanos.
a) El sistema de Salud de nuestro país, está en crisis desde hace varias décadas, la Salud Pública fue desfinanciada a tal grado que hoy no se presta a un porcentaje muy alto de la Población.
b) En los Sitos de reclusión la atención y el Servicio médico siempre ha sido sumamente deficiente. Que esperamos con la llegada del virus SARS-COV-2 a Colombia? Que nos espera a las personas privadas de la libertad, si además de no disponer de servicio médico nos encontramos con un hacinamiento superior al 54%?; la alimentación no cumple con unos mínimos nutricionales para que el cuerpo adquiera las defensas necesarias para resistir el virus o una bacteria?; las condiciones sanitarias y salobres son proclives a la propagación de vectores; y los puntos de sanidad o de atención médica son ineficientes ante la cantidad de población que habitamos estos lugares?.
c) La crisis humanitaria al interior de las cárceles ha advertida por diferentes Organismos Humanitarios, por ONGs y hasta ha sido objeto de innumerables pronunciamientos de la Corte Constitucional, donde se ha declarado el Estado de Cosas Inconstitucionales y se ha increpado al Estado y a las instituciones responsables a resolver dicha situación. Sobra ilustración para entender que una pandemia como la que hasta ahora llega a Colombia, al ingresar a una cárcel equivaldría a una catástrofe nacional.
d) Los procesos judiciales por los cuales hemos sido privados de la libertad, en algunos casos ya llevan más de dos años sin lograr probar la teoría de la Fiscalía, en cambio sí se nos ha sometido al detrimento de la salud física y psicológica, y hoy se exponen nuestras vidas junto con las de más de 130 mil personas privadas de libertad, a la muerte, sin tener opciones reales de protección de nuestra integridad.
e) La declaración de Emergencia Carcelaria por parte del gobierno nacional, después de las manifestaciones en varias cárceles del país y la solicitud de atención a esta situación hecha por organizaciones protectoras de los derechos humanos, es menos que un pañito de agua tibia, puesto que atiende sólo al 7% del total de la población privada de la libertad, y no toca siquiera los problemas acusados en la declaración de Estado de Cosas Inconstitucionales que seguidamente la corte ha proferido. Y mucho menos los que se pueden prever al entrar el coronavirus en la cárcel. El problema será también la aplicación de los decretos subsecuentes a la declaración de emergencia carcelaria, ya que se prevé que las cerca de 6 mil solicitudes se resolverán vía de audiencia, lo que necesariamente implica que los jueces no podrán procesarlas. Mientras en casos de mayores de 60 y de madre gestantes por ejemplo, se les podría facultar a los directores de cárcel otorgar de oficio las libertades.
f) De otro lado , y según hemos podido conocer los borradores del Decreto que regularía la Detención y Prisión Domiciliaria transitoria por 60 días, excluye muchos delitos entre los cuales están por los cuales nosotros nos encontramos vinculados a los procesos penales; es decir esos beneficios, aún transitorios, no los podremos tener nosotros.
g) Desde el 16 de marzo los términos judiciales están suspendidos, medida que impide la liberación de miles de presos que podría permitir descongestionar las cárceles y por lo tanto disminuir el riesgo de contagio en las cárceles, además de violar los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad.
h) Ser líder social no es delito, por tanto no debe ser castigado con la cárcel y mucho menos con la pena de muerte; y lo que nosotros podemos evidenciar es que en este momento se cursa en nuestra contra una condena anticipada a muerte.
Por estas razones llamamos a la solidaridad nacional e internacional, para que se proteja nuestras vidas, se respete el derecho a organizarse, defender y cuidar la vida, el Territorio y pensar críticamente.
Sumamos nuestra voz a la de cientos que desde organizaciones carcelarias, de derechos humanos y familiares, que claman por las vidas de los que hoy tras las rejas nos encontramos desprotegidos a la merced de la letalidad del coronavirus y las políticas de muerte del Estado Colombiano.
¡¡¡ Ser líder social no es delito ¡¡¡
Líderes y lideresas Sociales privados de la Libertad. Cárceles de Colombia.