Los lazos entre la clase política y los paramilitares en Magdalena
Mientras en el Municipio de Algarrobo se preparaban para las Fiestas Patronales de San Martín de Loba, que se realizaran en noviembre, la Fiscalía 15 de la Dirección Nacional Especializada contra el Terrorismo de Bogotá, expedía orden de captura contra la exgerente del Hospital María del Socorro Andrade Cortés, por sus presuntos vínculos con grupos narcoparamilitares y el robo continuado a la salud.
Victor Garavito [[Víctor Garavito es corresponsal de Actualidad Regional, una plataforma de información de los hechos noticiosos de los municipios del Valle del Río Ariguaní, en el departamento del Magdalena. Es colabrador de Colombia Informa.]]
Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación en un escueto comunicado de prensa el pasado 3 de noviembre. De tal manera, que investigadores de la Subdirección Seccional CTI Magdalena, en las últimas horas llevaron a cabo la detención de Andrade Cortés, contra quien pesaba una orden judicial vigente para cumplir medida de aseguramiento preventiva en su lugar de residencia.
Igualmente, la misma decisión judicial ordenó medida de casa por cárcel al exgerente del Hospital del Municipio de Concordia, Alonso Felipe Redondo Iglesias.
Por su parte, el ente investigador señaló que tras las indagaciones realizadas, como lo contempla el Código de Procedimiento Penal, Ley 600 del 24 de junio de 2000, a María de Socorro Andrade Cortés, se le imputan hechos entre los años 2003 y 2004, “donde al parecer incurrieron en irregularidades en la celebración de contratos con la Fundación Mujeres de la Provincia”, mientras se desempeñaba como gerente del Hospital de Primer Nivel de Algarrobo.
Los narcoparamilitares y Clase Política del Magdalena
Para nadie es un secreto como en la región del Valle del Rio Ariguaní, los narcoparamilitares decidían quienes iban a ser los Alcaldes de los municipios; así quedó confirmado cuando al país conoció el verdadero entramado entre la clase política del Magdalena y el confeso comandante del Bloque Norte, Rodrigo Escobar Pupo, “Alias Jorge 40”.
Este tejido de corrupción, asesinatos, despojo de tierras de campesinos y robo continuado de los presupuestos municipales, quedó sellado en los Pactos de Chivolo y Pivijay, entre los narcoparamilitares y la clase política del Valle del Rio Ariguaní y del Magdalena.
En el Pacto de Chivolo, firmado el 13 de septiembre de 2000, participaron 13 candidatos a alcaldías y 395 dirigentes políticos y sociales de la subregión del centro del Magdalena; en este macabro acto se acordó apoyar la candidatura de José Domingo Dávila Armenta a la Gobernación, más conocido como “Chelo Dávila”, bajo el movimiento “Provincia Unida”.
Dávila Armenta, del Partido Liberal, asumió como mandatario regional en el periodo 2001 – 2003 y posteriormente fue condenado en sentencia ratificada por la Sala de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia, con el Acta No. O60 del 23 de febrero 2011, a 90 meses de prisión y al pago de una multa de cerca de $3.500 millones de pesos.
Los cargos por los que fue condenado el exgobernador del Magdalena, José Domingo Dávila Armenta, fueron como “coautor responsable del comportamiento punible de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover grupos armados al margen de la ley”, según consta en la determinación ratificada del 25 de agosto de 2009. Es preciso señalar que su hijo y heredero político es José Domingo Dávila Morales, “Chelito Dávila”, quien actualmente se desempeña como diputado en la Asamblea del Magdalena por Cambio Radical, con una votación de 15.158.
Para la época en que fue capturado el exgobernador José Domingo Dávila Armenta, un 30 de noviembre del 2008, la clases política del departamento del Magdalena, atravesaba una de sus peores crisis de la que parece aún no recuperarse; prueba de ello es que en esos días se encontraban en prisión los senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge de Jesús Castro Pacheco y Luis Vives Lacouture; también, los representantes a la cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres. Así mismo, ante la gravedad de las evidencias el ex gobernador Trino Luna Correa, no le quedó más que acogerse a sentencia anticipada por cooperación con la justicia con la Fiscalía General de la Nación. Y para acabar de completar el panorama, José Francisco “Chico’ Zúñiga”, exalcalde de Santa Marta y esposo de la actual Gobernadora, Rosa Cotes Vives, también fue condenado por parapolítica.
Así mismo, el Pacto de Pivijay, promovido por alias “Jorge 40” y que se escenificó en ese municipio el 10 de marzo de 2002, garantizó la elección al Congreso de Dieb Nicolás Maloof Cuse y Jorge de Jesús Castro Pacheco, hermano del condenado paramilitar Cesar Augusto “El Tuto” Castro Pacheco, quien actualmente reside en El Difícil, Municipio de Ariguaní; además de la candidatura del exrepresentante de Cambio Radical por el Magdalena José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco. Todos ellos condenados dentro de los procesos de parapolítica que juzgó la Corte Suprema de Justicia.
Cabe señalar que la alcaldesa del municipio de Ariguaní, Carmen Cecilia Castro Pacheco, una de las mandatarias firmantes del del Pacto de Pivijay, fue condena por este hecho.
Los narcoparamilitares y la Fundación Mujeres de la Provincia
Pieza clave de la estrategia de saqueo de los recursos públicos por parte de los narcoparamilitares, consentida y patrocinada por la clase política del Valle del Rio Ariguaní, lo constituye la Fundación Mujeres de la Provincia.
Y con la Fundación aparase la supuestamente peligrosa figura de Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias “Sonia”, “La Sombrerona” o “La Paraca”, excomandante y jefe de finanzas del Bloque Norte de los narcoparamilitares; además, de ser la nefasta mano derecha, comandante del Bloque Norte, Rodrigo Escobar Pupo, “Alias Jorge 40” y eje central para el desarrollo de los Pactos de Chivolo y Pivijay.
Alias “La Paraca”, ingreso a las la filas de las criminalidad de los narcoparamilitares como trabajadora social a finales de los años 90 en el Municipio de San Ángel, lo revela el portal verdadabierta.com .
La que fuera considerada como muy distinguida señora, era ampliamente conocida en todos los círculos sociales y productivos de la subregión del Valle del Rio Ariguaní, porque representaba a la Fundación Mujeres de la Provincia; entidad que sirvió para firmar y ejecutar todo tipos de contratos fantasmas para saquear los presupuestos de los entes territoriales; hecho que causó el atraso en el desarrollo y el crecimiento acelerado de la pobreza de todos los municipios del centro del Magdalena.
No obstante, Neyla Alfredina Soto Ruiz, a sus 64 años, fue capturada un sábado 15 de noviembre del 2008, en una finca del Municipio de Sabanas de San Ángel, bajo los presuntos cargos de conformación de bandas criminales, desaparición forzada y desplazamiento; así como, concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y hurto calificado.
Además, en el momento de su aprehensión a alias “Sonia” se le acusaba de haber ordenado la muerte el 5 de junio del 2002 del agricultor Manuel Antonio Suárez Ramírez y de su hijo, a quienes al parecer les habría amordazado, asesinado y robado más de 400 cabezas de ganado, así como varias hectáreas de tierra después de haberlos ejecutado. De esta forma, los narcoparamilitares despojaban a campesinos, con la supuesta complicidad con algunos notarios; aunque estos vínculos aún están por investigar y llevar ante la justicia colombiana; a pesar de ello, estos casos se encuentran en el silencio del olvido en la Corte Suprema de Justicia.
Un reflejo de esta situación y como operan los mecanismos de impunidad, se escenificó el pasado 5 de abril, precisamente a Sabanas de San Ángel, donde Neyla Alfredina Soto Ruiz, había supuestamente asesinado y desplazado a campesinos; sin embargo, fue en este municipio, donde el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado y el actual presidente de Fedegan José Félix Lafaurie, iniciaron la cruzada uribista para legalizar el hurto de los llamados “compradores de buena fe”.
De esta misma forma, que el senador Álvaro Uribe, se opuso al Plebiscito Por La Paz, para que hechos como estos quedaran en la impunidad; así lo confirman sus propuesta de renegociación los del No frente a los Acuerdos de La Habana; al mismo tiempo, el Centro Democrático, acaban de presentar un proyecto de Ley para que legalice y reconozca la tierras a quienes las adquirieron fraudulentamente y fruto del proceso de despojo y a punta de los asesinatos a campesinos cometidos por los narcoparamilitares en el todo el país. Así se pretenden burla la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras.
A pesar que en la región del Valle del Rio Ariguaní, todos conocían muy bien el accionar de Soto Ruiz, alias “Sonia”, en el 2013 quedó en libertad por falta de pruebas; además, la justicia se abstuvo de procesarla por el delito de concierto para delinquir y dentro del proceso por homicidio, desplazamiento, desaparición forzada y extorsión. Esta decisión la profirió la Jueza Encargada Única Penal, Ana Joaquina Cormane Goenaga, del Circuito Especializado de Santa Marta. De esta forma, opera la impunidad en nuestro país y las víctimas del conflicto armado se quedan sin que exista verdad, justicia y reparación.
Soto Ruiz, alias “La Paraca”, murió a los 71 años, sobre las 4 de la tarde, el pasado lunes 8 de febrero del presente año, en la clínica La Asunción de Barranquilla, víctima de una deficiencia respiratoria y una falla sistémica, producto de una anemia severa, generada por un cáncer metastásico avanzado que padecía y que comprometido su sistema óseo y otros órganos vitales.
Finalmente, aunque la Neyla Alfredina Soto Ruiz muriera, la memoria sigue viva en las comunidades afectadas por los narcoparamilitares en el Valle Rio Ariguaní, quienes aún viven entre el miedo y la zozobra por la presencia del llamado “Ejercito Antirestitución de Tierras” que se pasea a sus anchas sembrando la muerte en la región, sin que las autoridades se den por enter
adas.
Fuente: http://www.colombiainforma.info/clase-politica-de-magdalena-y-paramilitares/