“Los familiares hemos hecho el trabajo de la Fiscalía”
Los cuerpos de seis víctimas que estaban enterrados desde abril de 1990 en el cementerio de Pueblo Bello, en Turbo (Antioquia), son los mismos que entregará oficialmente la Fiscalía este sábado 6 de abril.
El ente investigador habló para AP sobre la importancia de que las víctimas tengan la certeza de que los muertos son sus parientes. “Creo que es la primera vez que un Estado que ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos encuentra desaparecidos y los entrega dignamente a sus familiares”, afirmó a la agencia Marisol Ariza, fiscal coordinadora del área de exhumaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.
Pero la realidad es que esta entrega se da casi 23 años después de que los familiares recuperaron los cuerpos de esas seis víctimas y los enterraron en el cementerio del corregimiento de Pueblo Bello. “Nosotros hemos hecho, como familiares, el trabajo que le compete a la Fiscalía”, aseguró Katy Fuentes, hija de Wilson Fuentes, uno de los 43 asesinados en la noche fatídica que cobró las vidas de muchos de los habitantes del pueblo.
Por su parte, la Fiscalía asegura que la demora se debe a la falta de personal y al poder político y social que tenían los Castaño, especialmente Fidel, quien impartió la orden de cometer la masacre como venganza a unas reses que se le habían perdido.
Cómo fue la masacre
El 14 de enero de 1990, alrededor de 60 paramilitares que obedecían a Fidel Castaño llegaron a Pueblo Bello para llevarse a 43 personas. Estos insurgentes se hacían llamar los ‘Tangueros’ puesto que provenían de uno de los predios de Castaño, llamado Las Tangas, donde se perpetraron diferentes asesinatos.
“Sacaron a la gente de sus casas y las incendiaron. También sacaron a otras personas de la iglesia y de unas proveedoras donde estaban tomando. Los llevaron a la plaza, los amordazaron y los subieron a dos camiones para llevárselos por la vía que comunica con San Pedro de Urabá, hasta llegar a ‘Las Tangas’. El mensaje que dieron fue que la masacre se cometía por las 43 reses que el EPL le robó a Fidel Castaño”, relató Katy Fuentes.
Al parecer, ese ganado pasó por el pueblo sin que nadie le anunciara a Fidel Castaño que esto estaba sucediendo. Por esa razón, el jefe paramilitar reunió su escuadrón de la muerte para que tomara al azar una persona del pueblo por cada novillo que se le había perdido.
Los dos camiones partieron hacia la finca Santa Mónica, por el camino que lleva a San Pedro de Urabá. Cuando llegaron, a la 1:30 a. m. del 15 de enero, Fidel Castaño dio la orden de que los trasladaran hasta una playa del río Sinú ubicada en la finca Las Tangas, según el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que sentenció al Estado colombiano por la demora judicial en esta masacre.
“Una vez allí, Fidel Castaño Gil dispuso retirar los camiones y que los detenidos fueran divididos en dos grupos de tres a cinco personas para interrogarlos sobre un ganado que se le había perdido días antes (…) Durante dichos interrogatorios, a algunos de los secuestrados les cortaron las venas, las orejas, los órganos genitales o les chuzaron los ojos. Como resultado de esos primeros actos, habrían perdido la vida 20 personas”, asegura el informe de la CorteIDH.
Según esta organización, Castaño siguió con el interrogatorio de las 23 personas que quedaron vivas, hasta matarlas. Esos cadáveres se enterraron en fosas comunes que ubicaron en otra playa del río Sinú, también perteneciente a Las Tangas.
“La búsqueda fue con nuestros propios medios. Entre el 10 y el 14 de abril de 1990, el Cuerpo Élite de la Policía empezó a hacer las exhumaciones en esa finca con retroexcavadoras. Al hospital San Jerónimo de Montería llegaron bolsas con 24 restos desmembrados por la forma tan grotesca como los sacaron los funcionarios. Los familiares duraron tres días reconociéndolos. Yo no fui a ver a mi papá porque en ese entonces yo tenía 14 años”, narra Katy Fuentes.
¿Qué pasó con los cuerpos?
Los familiares sólo pudieron identificar seis personas por objetos que tenían los cuerpos o por restos de las prendas que vestían el día en el que desaparecieron.
Las víctimas que se reconocieron fueron trasladadas al camposanto de Puerto Bello y las otras 18 se supone que fueron trasladadas del hospital al cementerio San Antonio del barrio P5 en Montería.
“A los que reconocieron, los teníamos desde 1990 acá (en Puerto Bello), sin que se les hiciera plena investigación, pero los otros no se sabe dónde están. Tuvieron que pasar casi 23 años para que la Fiscalía hiciera el trabajo que pudo haber hecho desde el momento de las exhumaciones (de 1990)”, asegura Fuentes.
Las familias están en la incertidumbre por los 18 cuerpos que fueron enterrados en Montería y por los otros 20 que, hasta el momento, no han aparecido. Según Fuentes, en 1993 se hizo una exhumación en el cementerio de la capital de Córdoba pero no se encontraron los restos. A pesar de que se han hecho otras excavaciones, no aparecen los demás cuerpos de las víctimas.
“Es una alegría a medias porque se siente bien saber que teníamos la verdad entre nosotros. Estábamos seguros de que los restos que había en el pueblo eran de los familiares de nosotros, pero también da tristeza de que los otros no aparezcan. La Fiscalía se queda en que está haciendo la gestión, pero llevamos 23 años esperando y estamos cansados de eso. Necesitamos resultados”, insistió Fuentes.
Sin embargo, el actual titular del despacho 36 de la Fiscalía de la Unidad de Derechos Humanos, despacho que se ha concentrado especialmente en este caso desde el 2006, explica que el ente investigador sí tiene en su poder esos cuerpos pero que aún no se ha establecido si pertenecen a las víctimas de la masacre. Además, argumenta que en ese entonces los sepultureros hacían unas cuantas excavaciones para enterrar a varias personas, incluso reabrían tumbas para sepultar otros cuerpos.
La Fiscalía explicó que además de los seis restos óseos que se entregarán este sábado, ya se identificó plenamente otro cuerpo y se está trabajando en el cotejo de ADN de otra víctima, ambas enterradas en el cementerio de P5.
A pesar de esto, los familiares le exigen al ente investigador que intensifique su búsqueda para llegar a la verdad sobre lo que sucedió con las otras personas.
La sentencia de la CorteIDH contra el Estado
Hasta el momento, hay 17 condenados por la masacre en Pueblo Bello. Esas condenas se dieron años después de que la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en una sentencia emitida el 31 de enero del 2006, culpó al Estado colombiano por violar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de las personas desaparecidas; y el derecho a la integridad personal, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de los familiares de las víctimas.
El fallo también ordenó que se reparara a los familiares de las víctimas y que se hiciera un acto público de perdón, que fue realizado por el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en marzo del 2009.
El despacho encargado de investigar esta masacre, que tiene tres investigadores dedicados únicamente al caso, dice que hay 60 personas judicializadas: 17 condenadas, dos en juicio, tres en instrucción, 30 preclusiones por extensión de acción por muerte y ocho con orden de captura
Su argumento es que sí se realizan actividades investigativas, pero que víctimas pueden desconocer las complicaciones del proceso, como identificar si los restos óseos pertenecen a las víctimas de esa masacre o a otro asesinato, saber quiénes participaron en exhumaciones e inhumaciones, averiguar dónde están las fosas comunes y hacer los cotejos de ADN.
A pesar de estas explicaciones, los familiares de las víctimas insisten en que son ellos quienes encontraron los cuerpos y los identificaron inicialmente, tarea que le correspondía a la Fiscalía. Precisamente, por esa inoperancia de tantos años atrás, la CorteIDH falló en contra del Estado colombiano y apoyó de hecho el argumento de que las víctimas eran las únicas que estaban trabajando en este caso.
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