Los extremos de la injusticia
Visité a Carmelo Agámez en la prisión de Corozal hace unos meses. Se encontraba en un pequeño patio rodeado de los jefes paramilitares y de los políticos corruptos que había denunciado ante los fiscales.
Le pregunté cómo podía lidiar él —un caracterizado líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado— con esa peligrosa convivencia. Me respondió: “Con inteligencia”. Esa tarde vi la tristeza en su mirada cuando se despidió de su nieto, quien lo visitaba junto al resto de su familia. Carmelo, el líder de las víctimas de San Onofre, Sucre, cumple en estos días un año de haber sido encarcelado. Luego de organizar a los campesinos y de encabezar la revuelta para acabar con la parapolítica en esa región del país, se desató en su contra una brutal persecución. Los constantes hostigamientos llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas de protección especial para garantizar su vida y la de otros 15 activistas del Movimiento de Víctimas en Sucre. Entonces la venganza tomó la forma de un montaje judicial. Sus enemigos lo acusaron de haber participado en la alianza criminal que precisamente combatió toda su vida. A mediados de este año se abrió una investigación penal contra el fiscal segundo especializado de Sincelejo, Rodolfo Martínez, por la manera arbitraria en que estaba conduciendo el caso de Carmelo. Se logró el traslado del expediente a Bogotá. Pero de nada sirvió. Esta semana la fiscalía 28 especializada perteneciente a la Unidad contra el Terrorismo lo llamó a juicio por concierto para delinquir agravado.
Mientras tanto, en Córdoba sigue desarrollándose un plan para acabar con las organizaciones de mujeres desplazadas. Primero asesinaron a Yolanda Izquierdo, quien dirigió la recuperación de más de 800 hectáreas de la finca Las Tangas. Luego de ese homicidio, el presidente Álvaro Uribe anunció en un discurso, con tono firme, acciones para entregar la tierra arrebatada a los desplazados y medidas para garantizar su protección. Ninguno de esos anuncios se cumplió. Por el contrario, la situación de las víctimas ha empeorado. La principal acusada de la muerte de Yolanda, Sor Teresa Gómez, no ha sido aún capturada. Este año fue asesinada Ana Isabel Gómez, integrante de la junta directiva del Comité de Familiares Víctimas de la Violencia en Córdoba, Comfavic. Su homicidio ocurrió una hora después de que terminó en Montería un consejo de seguridad en el que estuvieron el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, y el director de la Policía, general Óscar Naranjo. Hace pocos días, Mario Montes de Oca, asesor jurídico de Comfavic, fue herido por sicarios en las calles de Montería. Alberto Luis Pastrana Soto, mensajero de la misma entidad, murió en el atentado.
A los líderes de las asociaciones de víctimas se les asesina o persigue judicialmente. A los máximos responsables del aparato criminal que ha usurpado la tierra y desplazado a los campesinos se les garantizan la impunidad y otros beneficios. En zonas como Montes de María, Urabá y Córdoba, las tierras robadas están siendo legalizadas mediante compras masivas que realizan consorcios cercanos al Gobierno y a la familia presidencial. No sólo legalizan el despojo por medio de redes de testaferros. Han creado un aberrante sistema que premia a quienes se lucran de la concentración violenta de la tierra con subsidios y créditos flexibles. Son los extremos de la injusticia.
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Iván Cepeda Castro