Los cuestionamientos a bananeros detrás del No

VerdadAbierta.com encontró que varios promotores de la campaña de oposición a los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y las Farc son empresarios antioqueños señalados por exparamilitares de haberlos financiado. Algunos, incluso, ocupan tierras que son reclamadas por víctimas en Urabá.

Los nombres de varias empresas y particulares que donaron dineros a la campaña que promovió el No durante el Plebiscito por la Paz del 2 de octubre tendrían relación con la guerra que se vivió en la región del Urabá antioqueño en los años noventa.

Aunque estaban en todo su derecho de apoyar económicamente cualquier opción, su decisión evidencia un posible conflicto de intereses con algunos puntos que propone el Acuerdo Final alcanzado entre el gobierno y las Farc, entre ellos la Reforma Rural Integral, que promete la recuperación de baldíos, y una Jurisdicción Especial para la Paz, que podría juzgar a quienes financiaron grupos armados ilegales.

VerdadAbierta.com revisó la lista de 37 donantes del comité La paz es de todos, gerenciado por Juan Carlos Vélez, un ‘pura sangre’ del uribismo, publicada en la aplicación Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. En ese listado aparecen los nombres de varias empresas que aportaron recursos a las campañas presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), como Banafrut, de cuya junta directiva hace parte Nicolás Echavarría Mesa, un viejo conocido de Uribe Vélez desde su tiempo como gobernador de Antioquia, quien, además, gerenció la recta final de la campaña a la Presidencia de la República de Óscar Iván Zuluaga en 2014, aportó recursos al Centro Democrático para las elecciones legislativas, así como para las regionales y locales, y dio dinero en 2010 al entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos. (Ver lista)

También figuran como donantes Rodrigo Posada Echeverri, un empresario de Urabá quien ha apoyado en otras elecciones al Centro Democrático; Agrochiguiros S.A.S. y la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), que agrupa a comercializadoras de banano como Banacol S.A, Proban S.A y Uniban S.A.

Tras buscar la representación legal y los miembros de junta de esas empresas en el Registro Único Empresarial y en la Superintendencia de Sociedades, y analizar expedientes judiciales, documentos oficiales y páginas web de las empresas y del Estado, este medio encontró que algunos de estos bananeros comparten un pasado que los vincula presuntamente con la financiación del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), organización armada que se desmovilizó el 25 de noviembre de 2004 bajo los acuerdos con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Algunos de estos empresarios, además, están al parecer involucrados en la adquisición de predios en el territorio ancestral del Consejo Comunitario de Puerto Girón, en el Urabá antioqueño, donde se proyecta la construcción del Puerto Bahía Colombia de Urabá, conocido como Puerto Antioquia.

De acuerdo con Juan Camilo Restrepo Gómez, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), este respaldo económico -que solo dieron a la campaña del No- no significa que el gremio se haya casado con una de las posturas en el plebiscito. “Claro que el gremio aportó, pero no abanderó ni el Sí ni el No. Sus afiliados tenían la libertad y tenían afiliados que defendían el Sí y el No. Y el último evento que hizo el presidente Santos en el Urabá lo organizó este gremio y este servidor, y en ese evento el Presidente dijo que había que respaldar el Sí y este servidor estaba en la tarima. Entonces en eso no puede haber duda”, aseguró el directivo. (Ver entrevista completa: “Los aportes fueron en aras de fortalecer la democracia”: Augura)

Hay que aclarar que este listado no es definitivo, pues los comités impulsores del Sí y del No tienen plazo hasta el 2 de diciembre para hacer públicas sus cuentas de campaña. De hecho, el comité La paz es de todos ha reportado algo más de 650 millones de pesos, pero según dijo Vélez Uribe en entrevista al diario La República los aportes fueron cercanos a los 1.300 millones.

¿Impulso a las Auc?

En el reporte inicial del comité La paz es de todos coinciden varios bananeros: La Fundación Social Banafrut, que hace parte de la comercializadora que lleva el mismo nombre, hizo un aporte de 10 millones de pesos; Agrochiguiros S.A.S. donó otros diez millones -empresas de la misma familia donaron otros 12 millones más-; Rodrigo Posada Echeverri puso 3 millones de pesos y Augura entregó 33 millones. En la junta de esta asociación de bananeros convergen el exsenador Jaime Henríquez Gallo con representantes de tres de las empresas mencionadas, Nicolás Echavarría Mesa [de Banafrut] y Gabriel Harry Hinestroza [de Agrochiguiros e Industrial Agrícola].

Entre estos empresarios hay otra coincidencia. Henríquez Gallo, Echavarría Mesa, Harry Hinestroza y Posada Echeverri fueron señalados por Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, exjefe paramilitar del Frente Árlex Hurtado del Bloque Bananero de las Auc, como financiadores de ese grupo paramilitar.

En una versión libre rendida el 3 de septiembre de 2010, Hasbún le entregó a una fiscal de Justicia y Paz el listado detallado con los nombres de las fincas, las agropecuarias dueñas de los predios, las personas a cargo de esas empresas, así como de las comercializadoras de banano asociadas a las fincas, que hicieron pagos al grupo paramilitar bajo su mando durante varios años.

Según el listado consolidado por la Fiscalía, Jaime Henríquez Gallo, su hermano Guillermo Henríquez Gallo fallecido en septiembre de 2016] y otros dos socios habrían aportado dinero por 14 fincas explotadas por Agrícola Santamaría, asociadas a la comercializadora internacional C.I. Uniban. A su vez, Jaime Henríquez hizo aportes por otra finca explotada por la Agropecuaria Los Cunas asociada a la misma comercializadora. ([Ver lista)

El mismo listado indica que Nicolás Echavarría Mesa habría hecho aportes por otras 8 fincas explotadas por diferentes Agrícolas como Bahamas Ltda., Galápagos, Antillas, Luisa Fernanda, Hacienda Velaba Ltda. y Otraparte E.U., asociadas a la comercializadora Banafrut. (Ver lista)

Por su parte, Agrochiguiros, para entonces representada por Luis Alberto Sanín, quien en la actualidad es el representante suplente de Gabriel Harry Hinestroza, al parecer hizo aportes, de acuerdo con el documento, por 6 fincas asociadas a la comercializadora Banacol. (Ver lista)

Rodrigo Posada Echeverri, quien no hace parte de la junta de Augura, habría entregado dinero por dos fincas explotadas por Agrícola Futuraba S.A. y otra explotada por la Agropecuaria La Docena, de la cual no es gerente desde hace cinco años. (Ver lista)

Sin embargo, hasta el momento la justicia no se ha abierto ninguna investigación penal contra estos empresarios por las declaraciones del exparamilitar.

VerdadAbierta.com se contactó con Nicolás Echavarría y Rodrigo Posada, quienes coincidieron en que no conocen ningún proceso judicial en su contra y niegan haber hecho algún aporte económico a Raúl Hasbún.

Restrepo Gómez, presidente de Augura, asevera que el gremio bananero no puede ser acusado de ninguna ilegalidad por apoyar cooperativas de seguridad privada: “Es público el aporte que en su momento el sector bananero le daba a una institución que estaba cobijada bajo el amparo del Estado, las empresas de vigilancia y seguridad y servicios especiales, y contablemente las empresas bananeras le otorgaban unos recursos a estos servicios especiales, o como se conoce con el término de Convivir”.

En efecto, en la sentencia proferida el 30 de octubre de 2013 contra Hébert Veloza alias ‘HH’, exjefe paramilitar del Bloque Bananero de las Auc, el Tribunal de Justicia y Paz advirtió que los aportes realizados por varios bananeros al grupo armado ilegal se hacían a través de las Convivir, en particular de la Convivir Papagayo.

“En la creación y funcionamiento de las Convivir, y en especial de la convivir Papagayo, tuvo especial protagonismo el también postulado Raúl Hasbún, comandante del Frente Árlex Hurtado y conocido con los alias de ‘Pedro Bonito’ o ‘Pedro Ponte’. Así, esta Sala conoció en audiencia de legalización de cargos que el señor Hasbún concertó el impuesto de 3 centavos de dólar con las empresas bananeras Chiquita Brands, Dole, Banacol, Uniban, Proban y Delmonte, a título de impuesto por la prestación del servicio de seguridad”, se lee en el fallo. (Lea sentencia, página 300)

Tal como lo indica el representante de Augura, estas cooperativas de seguridad y vigilancia eran legales, pues fueron creadas por el Decreto 356 de febrero 11 de 1994, durante la presidencia de César Gaviria. Sin embargo, como explica la sentencia del Tribunal de Justicia y Paz, los exparamilitares han aceptado que las usaron como ‘fachada’ para canalizar recursos hacia las Auc. (Ver: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

El papel de los empresarios bananeros durante las épocas más duras del conflicto de Urabá también fue documentado en la sentencia proferida el 31 de julio de 2015 por el Tribunal de Justicia y Paz contra José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, exjefe paramilitar del Frente William Rivas del Bloque Norte de las Auc.

“En conclusión, la economía, los gremios y los sindicatos bananeros fueron determinantes para iniciar y prolongar el conflicto armado en la región de Urabá. Por un lado, las guerrillas de inspiración marxista encontraron en los trabajadores afiliados de Sintagro, Sintrabanano y posteriormente de Sintrainagro, una base social favorable para impulsar su proyecto revolucionario…”, indica la sentencia.

Y agrega esta decisión: “Y por otro lado, los grupos paramilitares encontraron en las compañías extranjeras (como Chiquita Brands) y las comercializadoras nacionales de banano (como Sunisa S.A., Conserva S.A., Tropical, Uniban S.A, Proban, Banafrut, Bagatela S.A., y Agrícola Rioverde), una fuente permanente de apoyo logístico y financiero que les permitió no sólo expandirse territorialmente, sino también lograr por las vías de hecho que la producción y exportación de guineo no se paralizara por efecto de las huelgas, paros laborales y acciones de saboteo promovidos por la insurgencia”. (Lea sentencia, página 549)

A pesar de estar mencionados en sentencias judiciales proferidas por magistrados de Justicia y Paz, las investigaciones contra la mayoría de los mencionados por los exparamilitares no han prosperado en la justicia ordinaria.

Esa ineficiencia de la justicia fue una de las razones por las que el Acuerdo Final entre el gobierno y las Farc propuso la creación de una Jurisdicción Especial que no solo juzgue a los excombatientes, sino “las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual” en la comisión de los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desplazamiento y reclutamiento de menores”. (Ver: Las empresas que podrían responder ante el Tribunal de Paz)

Esa propuesta no fue bien recibida entre el sector empresarial, e incluso, fue una de las críticas que el vicepresidente Germán Vargas Lleras le hizo al Acuerdo Final. Tales circunstancias llevaron a que algunos empresarios apoyaran el No.

“Para mí la aplicación de la justicia no era la adecuada (…) Estoy de acuerdo con el Fiscal General que no es necesario crear nuevas secciones de justicia puesto que Colombia ya las tiene todas establecidas y suficientes para que haya una paz estable y duradera”, dice Rodrigo Posada Echeverri, uno de los financiadores de la campaña del No.

Por su parte, para el vocero de Augura la financiación al comité La paz es de todos no implica que el gremio bananero se oponga a un futuro Tribunal de Paz y, por lo tanto, no hay ningún conflicto de interés en su aporte a la campaña del No: “Ahí no hay ningún conflicto de intereses. Se están mezclando temas (…) dar unos aportes al fortalecimiento de una democracia a una campaña de manera pública y transparente no tiene nada que ver con circunstancias que van inmersos en el proceso de paz”.

Telón de fondo: ¿las tierras?

Dos de los empresarios antes nombrados, Henríquez Gallo [por medio de Agrícola Santamaría] y Posada Echeverri [por medio de Agropecuaria La Docena], están relacionados con la adquisición de predios en un territorio ancestral que es reclamado en restitución por víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño.

VerdadAbierta.com accedió a un documento de caracterización realizado por la Unidad de Restitución de Tierras sobre la reclamación de derechos territoriales de la comunidad afrodescendiente de Puerto Girón, integrada por 2.350 familias y que exige el reconocimiento y respeto sobre 10 mil hectáreas de su territorio ancestral entre los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó. Ésta hace parte de otras 40 solicitudes de restitución étnica que aún están en etapa administrativa, a la espera de ser presentadas en demanda ante un juez especializado de tierras. (Ver mapa de restitución étnica)

Según este documento, la comunidad afrodescendientes lleva 17 años esperando diligencia del Estado en la titulación de su territorio colectivo como Consejo Comunitario de Puerto Girón. Pero no ha sido así. Aunque solicitó la titulación en 1999 ante el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), esta entidad -que pasó a llamarse Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)- solo aceptó la petición en marzo de 2004. Si bien los afros esperaban una respuesta positiva, en 2006 esa agencia estatal les respondió que no podía titularse por problemas de “forma” en la solicitud.

La comunidad de Puerto Girón ha sido afectada por el conflicto armado. Desde la década del setenta, con el Frente 5 de las Farc, luego en los noventa con el Frente 57 de esa guerrilla, y también por grupos paramilitares.

En 1994 los hermanos Carlos y Vicente Castaño crearon las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y enviaron un grupo de paramilitares al Urabá antioqueño, dando origen al Bloque Bananero que operó hasta 2004, financiándose, en gran parte, con aportes que recibieron de las empresas bananeras de la región.

El documento de caracterización advierte que el año 2000 fue el más violento, cuando comenzaron a ser recurrentes las muertes selectivas en la zona central de Urabá y en los alrededores del embarcadero de Zungo, en Carepa. En septiembre de ese año, por ejemplo, fue asesinado Pedro Antonio Betar, un líder reconocido que para entonces era candidato al Concejo Municipal de Apartadó. La violencia siguió con crudeza durante los siguientes años, generando olas de desplazamiento. En julio de 2004, otro de los líderes más representativos, Manuel Chiquillo Rumaña, fue acribillado por desconocidos.

La comunidad de Puerto Girón pensó que tras la desmovilización del Bloque Bananero, en noviembre de 2004, la situación mejoraría, pero no fue así. Entre agosto y noviembre de ese año funcionarios del Incoder les informaron que realizarían varias visitas técnicas para continuar con el trámite de titulación. Uno de ellos fue Clímaco Chamorro, funcionario señalado por varias víctimas reclamantes de tierras en el Urabá de facilitar el despojo. (Lea: El polvorín desatado por la Ley de Tierras en Necoclí)

Estas titulaciones tendrán que ser estudiadas por un juez especializado en restitución de tierras, quien, una vez reciba el caso de Puerto Girón, tendrá que valorar las pruebas aportadas. Sin embargo, a la comunidad afro le preocupa que su reclamo aún no llegue a los estrados, pues desde 2010 en su territorio comenzaron nuevos estudios técnicos y ambientales, esta vez, para darle vía libre al proyecto Terminal Portuario de Graneles Sólidos de Gran Calado.

El Terminal Portuario es impulsado por la Sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., que tiene como miembro en la junta directiva a Jaime Henríquez Gallo. El empresario es el gerente de la Zona Franca Multipropósito de Urabá, ubicada sobre la Autopista al Mar, uno de los proyectos de Cuarta Generación priorizados por el vicepresidente Germán Vargas Lleras. (Ver video de la Zona Franca y anuncio de la Agencia Nacional de Infraestructura)

El texto de caracterización cuestiona la forma cómo ha ocurrido el trámite de la licencia ambiental; según documentaron, la Coordinación del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia emitió un concepto indicando que en la zona de Nueva Colonia, es decir en el territorio ancestral reclamado, “no se registra presencia de comunidades étnicas”. Por ello, el 24 de enero de 2012, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) emitió la Resolución 0032, otorgándole la licencia al proyecto portuario, sin que se hiciera la consulta previa que exigían las comunidades.

Sin embargo, en junio de 2013 el concepto del Ministerio de Interior cambió y aprobó el Consejo Comunitario de Puerto Rondón, según lo reportado en su página web. La Anla, por su parte, se negó a aceptarles un recurso de reposición frente a la licencia, argumentado que no hicieron la reclamación en los tiempos estipulados.

La Corte Constitucional ha advertido la urgencia de proteger a las comunidades afrodescendientes. El Auto 005 de 2009 exigió a diversas instituciones del Estado desarrollar planes en la política pública que prevengan, atiendan y protejan los derechos de estas comunidades víctimas del desplazamiento. Pese a que ha insistido en que hay una “persistencia y agravamiento” de la crisis humanitaria de las comunidades afro, entre otras razones porque carecen de títulos sobre sus territorios colectivos, sus órdenes no han prosperado.

El Alto Tribunal señaló mediante el Auto 310 del 14 de julio de 2016, que “a la fecha no se ha diseñado y por ende implementado un plan específico para la atención de las comunidades chocoanas y antioqueñas”. (Lea Auto 310)

Como seguimiento a tal pronunciamiento, la Corte emitió el Auto 460 del 22 de septiembre de 2016 en el que esta vez requirió a la Unidad de Restitución de Tierras para que informe sobre el estado en que se encuentra el proceso de restitución del Consejo Comunitario Puerto Girón, así como la urgencia de adoptar medidas cautelares para la protección de sus derechos territoriales. La Oficina de Comunicaciones de la Unidad quedó de dar una respuesta al respecto. (Lea Auto 460)

En esta última decisión, el Alto Tribunal volvió a requerir a la Fiscalía para que investigue los delitos de desplazamiento y apropiación de territorios colectivos de las comunidades afro del Urabá. Y es precisamente este tipo de llamados los que atemorizan a quienes promovieron y financiaron el No en esta región por cuanto piensan que las compulsas de copias, es decir los listados que remite la Fiscalía sobre presuntos financiadores y auspiciadores del paramilitarismo, lleguen a la Jurisdicción Especial para la Paz que creaba el Acuerdo Final alcanzado con las Farc.

Con el resultado del Plebiscito por la Paz, los empresarios que aportaron a las campañas por el No desde el Urabá antioqueño respiran tranquilos por cuanto saben que hay una gran presión política de varios sectores políticos para que se revisen, entre otros puntos, la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, los señalamientos en su contra proferidos por exparamilitares están empolvándose en los anaqueles de los despachos de la justicia ordinaria sin que se avance en aclarar quién miente.

Ese año, Chamorro sugirió que en el territorio lo que debía aplicarse era la titulación individual, desconociendo los derechos colectivos de los afros. Tres años después en un nuevo informe, Chamorro y otros funcionarios concluyeron que las comunidades afro desconocían la legislación y que requerían capacitación. Mientras el Incoder dilataba la solicitud del Consejo Comunitario de Puerto Girón, su territorio fue titulado a terceros entre 2004 y 2009.

El informe de caracterización señala que la Agrícola Santamaría S.A., de la familia Henríquez Gallo, adquirió dos predios en la vereda Zungo Abajo en el territorio ancestral de la comunidad afro. Estas dos fincas son cercanas a otros cinco predios de propiedad de la misma empresa. El documento indica que las adjudicaciones ocurrieron después de agosto de 2004.

Otras de las titulaciones de baldíos reclamados por la comunidad afro relacionan a Rodrigo Posada Echeverri. El informe indica que la Agropecuria La Docena S.A., que tiene como representante a su hermano Gustavo Adolfo Posada Echeverri, aparece como dueña de cinco fincas en la vereda Las Quinientas, con títulos adjudicados entre el 29 y 30 de noviembre de 2007.

Al respecto, el representante de Augura aseguró que el gremio no ha sido notificado sobre ninguna decisión que se haya tomado con respecto al Consejo Comunitario de Puerto Girón por el Ministerio del Interior, a pesar de que en la página del Ministerio la solicitud de la comunidad afro aparece como aprobada. Por su parte, Rodrigo Posada le dijo a VerdadAbierta.com que no posee tierras en Puerto Girón y que, por lo tanto, desconoce la problemática en la zona.

Fuente: http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6445-los-cuestionamientos-a-los-bananeros-detras-del-no