Los colombianos y las víctimas
En Colombia, hoy se contabilizan más de 1,5 millones de hogares —alrededor de seis millones de personas— afectadas por alguna violación al Derecho Internacional Humanitario, como secuestro, desplazamiento, asesinato, tortura o desaparición forzada. Estos hogares representan cerca del 18% de la población urbana.
Los datos, que provienen de la encuesta nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz?, un esfuerzo conjunto de la Fundación Social, la OIM, la Universidad de los Andes, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas del Departamento de Prosperidad Social, son inquietantes por la magnitud de la victimización que sugieren y por el tamaño de la tarea que enfrentan el Estado y la sociedad en términos de reparación.
Además, los datos plantean la pregunta acerca de qué y cuánto estamos dispuestos a dar para reconocer y reparar el sufrimiento causado a tantos hogares a lo largo de varias décadas de enfrentamiento armado. Frente a ello, la encuesta arroja resultados ambiguos: un 71% de la población opina que “en general, las víctimas del conflicto eran personas inocentes que fueron injustamente afectadas”, y un 86% cree que “aunque hay personas con muchas necesidades en el país, para hacer justicia es necesario que las víctimas reciban reparaciones”.
Más del 70% de los encuestados ve favorablemente la posibilidad de tener a una víctima de vecino, compañero de colegio de sus hijos, en el lugar de trabajo y en un puesto público. Este espaldarazo contundente y masivo a la causa de las víctimas contrasta con otras opiniones: un quinto de la muestra piensa que, “en general, las víctimas eran personas vinculadas con grupos armados ilegales o que realizaban actividades ilícitas, y por eso fueron afectadas”. Un 52% opina que “son personas que se hacen pasar por víctimas para recibir beneficios”.
Los datos sugieren una tensión en las opiniones y actitudes de los colombianos. Por un lado, muestran un progreso moral en términos de rodear a uno de sus grupos sociales más vulnerables. Por el otro, sin embargo, apuntan también al escepticismo por parte de una fracción no despreciable de la población, tanto acerca de la condición de las víctimas como objetos indefensos del daño, como acerca de la sinceridad de las intenciones y motivaciones de muchos de los beneficiarios de la reparación en el país.
Ambos hallazgos son importantes. La mayoría de las personas que hoy se registran como víctimas lo son y deben contar con nuestra solidaridad y con el apoyo del Estado. Al mismo tiempo, algunos casos aislados en los que personas han engañado para acceder a beneficios reservados a las víctimas, han hecho mella en la opinión pública. Juntos, estos datos brindan el contexto dentro del cual las autoridades podrán diseñar y buscar la legitimidad de las políticas públicas de atención a las víctimas. E ilustran también las resistencias que, desde la sociedad, habrá que superar.
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