Los asesinatos de desmovilizados

En los últimos años, cerca de 2.000 desmovilizados paramilitares han sido asesinados.

Según cifras de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, tan solo en 2009 en Antioquia, 113 de ellos murieron en forma violenta. El comisionado Frank Pearl atribuye estos hechos a un “ajuste de cuentas” o a disputas territoriales por el control de las rutas del narcotráfico

Una explicación que omite reconocer que buena parte de los homicidios se están ejecutando por encargo de quienes les ordenaron crímenes y temen hoy ser delatados.

Algunos casos ejemplares así parecen demostrarlo. Francisco Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, mando medio de las Auc, estaba acusado de ser uno de los perpetradores de la masacre de El Aro. Fue baleado en Medellín cuando gozaba del beneficio de casa por cárcel, en abril de este año. En el proceso de esclarecimiento de los móviles y los autores intelectuales de esa masacre, testimonió acerca de la presunta participación del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y de su hermano Santiago en ese crimen. Para diseñar esa operación, los hermanos Uribe se habrían reunido en una finca en Tarazá, Antioquia, con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, con coroneles, tenientes y soldados de la IV Brigada del Ejército. También mencionó que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia fue utilizado en desarrollo de la incursión. Después de esa declaración apareció una carta en la que al parecer Villalba se retractaba de la acusación, pero al darse a conocer la misiva, él mismo negó su autenticidad y denunció amenazas en su contra. El 28 de julio de 2008 fue asesinado Antonio López, alias Job, lugarteniente de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. López visitó la Casa de Nariño para entrevistarse con altos funcionarios del Gobierno en compañía del ex gobernador Juan José Cháux, de quien era asesor. Los temas tratados en esa reunión aún no han sido aclarados. La muerte de alias Job se produjo días después de conocerse la realización del encuentro secreto en el palacio presidencial. Hace algunas semanas fue envenenado en la cárcel La Picota el ex comandante del bloque Tolima de las Auc Diego Martínez, alias Daniel. El envenenamiento se produjo en la víspera de una declaración en la que había anunciado que iba a implicar a políticos y mandos paramilitares.

Los homicidios, envenenamientos en las cárceles y amenazas contra los desmovilizados que se muestran dispuestos a colaborar con la justicia son parte de una estrategia de impunidad. De ella también hacen parte los obstáculos para poder visitar en las cárceles a los jefes paramilitares extraditados, los atentados en contra de sus familiares, la negación de los permisos especiales para que ellos ingresen a los Estados Unidos y las trabas de toda índole que interponen los funcionarios judiciales en ese país para que se puedan efectuar las diligencias. Esa estrategia busca poner un punto final al proceso de verdad y justicia. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó en un pronunciamiento reciente: “La Corte considera que en las decisiones sobre la aplicación de determinadas figuras procesales a una persona debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos. La aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad”.

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