Los acuerdos de paz: falta lo más difícil
El “mandato por la paz” en las urnas no garantiza el final del conflicto. Vienen ahora los temas más sensibles con las FARC y el comienzo de los diálogos con el ELN. Faltan años -y no meses- de movilización ciudadana.
Una gran coalición por la paz
Con la reelección de Santos aumenta la probabilidad de culminar con éxito las conversaciones de paz en La Habana y de un proceso similar con el ELN. Sin embargo, y aunque existen condiciones políticas excepcionales para seguir avanzando, todavía no puede decirse que se pasó el punto de no retorno o que la paz esté a la vuelta de la esquina.
Mucho se ha dicho- y con razón- sobre el “mandato de paz” del pasado 15 de junio.
El apoyo a la vía negociada se consolidó no solo por los votos por Santos sino por el paso a la defensiva de los opositores desde la derecha, quienes se vieron obligados a cambiar su discurso: mientras Zuluaga en primera vuelta llamó a cerrar la mesa de La Habana desde el 7 de agosto, en la segunda, siguiendo a Ramírez, habló más bien de proseguir la negociación bajo nuevas condiciones.
De este modo, una lectura de las cifras electorales permitiría decir que por lo menos el 66 por ciento de los ciudadanos activos se pronuncio a favor del “mandato por la paz”, que sin duda será el sello del segundo periodo de Santos.
Desde otra perspectiva también pueden advertirse la fuerza y variedad de factores de poder que se aliaron en defensa de la paz: grupos económicos, medios de comunicación, iglesias, partidos de la coalición de gobierno y hasta la oposición de izquierda, amén de los movimientos reivindicativos más importantes de los últimos años (campesinos, estudiantiles, grupos étnicos, de mujeres, LGTB). Y la concurrencia de la Unión Patriótica y de la Marcha Patriótica es bien diciente.
Además se han añadido los apoyos internacionales desde la OEA o los gobiernos de UNASUR y la postura notable de Estados Unidos, ratificada por el vicepresidente Joe Biden durante su visita a Colombia, cuando dijo: “los hemos acompañado en el campo de batalla y ahora estaremos a vuestro lado en la vía de la paz”.
Con todo y eso el entusiasmo por la paz debe hacer frente a las dificultades en la mesa de negociación y a la beligerancia uribista en contra del proceso.
La justicia
El llamado de las FARC a votar en blanco y el tono fuerte de su carta a los candidatos – con más críticas a Santos que a Zuluaga- puede tener muchas interpretaciones e incluso puede contrastarse con el voto a favor del presidente en muchas zonas donde tiene presencia esta guerrilla-. Pero esa carta en todo caso anuncia una fase de tensiones fuertes en la mesa de negociación.
Cada uno de los temas tratados hasta la fecha ha exigido alrededor de seis meses para llegar a acuerdos parciales. Los dos temas que siguen no son más fáciles.
El punto más complejo es precisamente el de justicia y no impunidad, que dividió opiniones en la campaña electoral y que atraviesa todos los otros, en especial los relativos a las víctimas, el esclarecimiento histórico, la comisión de la verdad, las inhabilidades políticas, el proceso de dejación de las armas o el cese al fuego.
Sobre este asunto crucial de la justicia se han pronunciado tirios y troyanos, y el comunicado conjunto gobierno–FARC sobre principios para abordar los derechos de las víctimas habla de reconocimiento de responsabilidades y rechazo al “intercambio de impunidades”. Pero para sacar esto adelante, resulta necesario responder algunas preguntas sobre amnistía o indulto para crímenes de guerra y de lesa humanidad:
¿Habrá sanciones penales y privación de la libertad de los máximos responsables de esos delitos atroces y de otros en contra de la humanidad?
¿Se aplicarán a los mandos de todas las fuerzas combatientes y a los máximos responsables políticos, económicos e intelectuales de la violencia durante seis décadas o más?
¿Existen condiciones para admitir que las penas de cárcel sean de corta duración y afecten solo a un pequeño grupo de individuos escogidos a título ejemplarizante?
La verdad
La comisión para el “esclarecimiento histórico” tendrá la tarea delicada de establecer un marco común de interpretación sobre el origen del conflicto armado y las responsabilidades de diversos sectores por todo lo ocurrido.
Más que una discusión académica sobre un siglo de historia se tiene un difícil escenario donde las guerrillas quieren mostrar que el Estado y los gobernantes han sido los principales responsables del conflicto. Por su parte, los negociadores del gobierno se verán obligados a repartir culpas sin llegar a comprometer a grandes poderes ni llevar al límite las tensiones con los militares o con los promotores ocultos del paramilitarismo y la parapolítica.
“Los pendientes”
Los negociadores del gobierno le han restado importancia a los “pendientes” que han venido quedando en cada tema con la idea de darles una solución fácil si hay un conjunto aceptable y si se logran acuerdos sobre la justicia y la participación política.
Semejante optimismo no puede desconocer que los pendientes en materia rural, de ampliación de la democracia o de drogas incluyen temas de fondo de las propuestas de las FARC, muchas de ellas retomadas de programas y elaboraciones aportadas por la academia y los movimientos sociales.
Así que al final, cuando se revise todo para que todo quede pactado, y a condición de haber resuelto los asuntos penales, los temas más álgidos serán trasladados a otros escenarios, incluido el Congreso.
En ese momento cobrará fuerza la discusión sobre una asamblea constituyente de temario parcial para tramitar los desacuerdos y como escenario complementario al de ratificación de lo pactado; y en ese debate el uribismo tendrá también la palabra.
“Fin del conflicto”
En medio de este itinerario agitado, el buen funcionamiento de la subcomisión técnica acordada para preparar un borrador sobre el punto de la agenda que se llama “El fin del conflicto”, puede contribuir a mantener al optimismo ciudadano.
Entre los puntos que debe analizar la subcomisión se incluyen el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, la reincorporación de las FARC a la vida civil, asuntos de seguridad, libertad de presos de las FARC y combate al paramilitarismo.
El solo enunciado de temas llama a entender que las conversaciones bien pueden extenderse hasta mediados del 2015 y a un cronograma para refrendar y poner en marcha los acuerdos que tomaría buena parte del segundo período de Santos.
La otra guerrilla
A esta consideración sobre los tiempos hay que agregar la posible y necesaria vinculación del ELN al proceso, lo que todavía se encuentra en conversaciones preliminares para definir temario y metodología de negociación.
El comunicado anterior a las elecciones se entendió como expresión de la voluntad de buscar acuerdos pero también mostró lo mucho que falta por definir entre las partes. Aunque esta otra mesa de negociación se instale pronto, será difícil que sus plazos y procedimientos se aceleren tanto que en este mismo año lleguen a converger con los avances de La Habana.
El ELN reclamará espacios de participación y tratamiento de temas que han sido sus banderas irrenunciables, pues de otro modo su paso a la vida civil no sería viable.
El “frente por la paz” vs. Uribe
Avances sostenidos en la negociación con las guerrillas permitirán que el gobierno gane el tiempo necesario para llegar hasta el pacto final, pero será inevitable la confrontación con un uribismo radicalizado que cuenta con una importante bancada en el Congreso y una tercera parte de opinión favorable entre los colombianos.
En estas circunstancias serán cruciales la permanencia del llamado “frente por la paz” y la movilización a favor del proceso a través de los medios, manifestaciones públicas y nuevos pactos políticos.
La izquierda y los movimientos sociales, que fueron decisivos para reelegir a Santos, oscilan entre mantener esa alianza por la paz o situarse desde ya en la oposición, apoyando puntualmente los diálogos de paz y las iniciativas para aplicar los acuerdos logrados.
En los círculos más heterodoxos de esa izquierda o centro izquierda se contempla la posibilidad de una convergencia “a la chilena”, que implicaría entrar al gobierno para defender políticas hacia la paz. Para los movimientos sociales la respuesta a los pliegos de las marchas y paros y el contenido del Plan de Desarrollo darán la medida de los pactos o de la oposición al nuevo gobierno.
La primera vuelta en las elecciones se constató que la coalición de Unidad Nacional no puede neutralizar por sí sola al uribismo para sacar adelante el proceso. Por eso se impone mantener la alianza por la paz y procurar un dialogo nuevo con los conservadores que siguieron a Marta Lucia Ramírez, para explorar puntos de acuerdo e incorporar incluso los temas humanitarios que defendió en su campaña sobre desminado, no reclutamiento de niños o niñas y suspensión de sabotaje a la infraestructura.
Desde el uribismo radical solo se anuncian nuevas formas de polarización y la inevitable prueba de fuerza en el Congreso o por la influencia sobre las Fuerzas Armadas. Pero de llegarse al cese de hostilidades no se pueden descartar espacios para fórmulas que permitan tramitar los desacuerdos con este sector.
Este panorama nos recuerda que estamos ante la gran oportunidad de un pacto paz que tiene por delante muchos retos antes de volverse realidad y abrir paso a la fase 3, la de ejecución de acuerdos y de construcción de otros para la paz duradera. Así que el nombre de la paz también es paciencia, tenacidad y perspectiva de mediano plazo.
* Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ)
http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/7708-los-acuerdos-de-paz-falta-lo-m%C3%A1s-dif%C3%ADcil.html